Se reivindica la firma electrónica aplicable a las resoluciones dictadas por los jueces en las causas sometidas a sus conocimientos, en el marco de un proceso de digitalización de las actuaciones judiciales para todos los operadores jurídicos y de implementación de la oralidad en las etapas del proceso, resaltándose además que no son desdeñables las consecuencias de índole operativa que generarían una eventual anulación o declaración de inexistencia de las resoluciones o sentencias definitivas suscriptas electrónicamente.
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