Se hace lugar a la demanda por daños y perjuicios iniciada por la actora, habida cuenta de que resultó completamente antijurídico que durante el lanzamiento de un desalojo, las autoridades judiciales no evitaran que se hurtaran las pertenencias de la desalojada y además se entregue parte de sus bienes a una asociación de caridad sin autorización alguna. Dicho accionar del Poder judicial configuró un claro ejemplo de ejercicio irregular de un servicio público y que, por lo tanto, debe ser resarcido.
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