Se confirma la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo promovida y que exhortó al Consejo de la Magistratura de la Nación a que diera cumplimiento con su obligación de dotar de recursos presupuestarios, de infraestructura y de los materiales necesarios para posibilitar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera -en su oportunidad- la habilitación de los Tribunales Federales de San Justo creados por la ley 26246, al encontrarse ya designados todos los jueces para sus respectivos cargos. Ello es así porque juzgó que el incumplimiento al mandato legal que ordenó la creación de la Justicia Federal de San Justo, prolongado en el tiempo por más de 12 años, constituía -en lo que a sus obligaciones respectaba- una omisión que ocasionaba -con ilegitimidad manifiesta- un perjuicio actual a la actora, quien fue designada hace casi más de siete (7) años para ocupar un cargo en la referida jurisdicción, circunstancias que alcanzaban para desestimar los agravios expuestos con relación a la falta de cumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
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