Se hace lugar parcialmente a la acción de amparo por el acceso a la información de los actos estatales, interpuesta por una Fundación -legitimada activa- a fin de obtener datos sobre proveedores del Estado, custodiados en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial con fundamento en la ley 8803 y en toda la doctrina y la jurisprudencia -tanto nacional como internacional- que resaltaba el valor de la publicidad de los actos de gobierno, aclarándose que, si la Administración considerase que existían datos sensibles que no podían hacerse públicos porque estaban amparados a tenor del principio de reserva, debía advertir sobre los que sí podían informarse, atento a la protección constitucional del derecho al acceso a la información pública.
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