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JURISPRUDENCIAJueces subrogantes. Consejo de la Magistratura. Proceso de selección. Reglamentación
Se revoca la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 del “Reglamento para Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación”, puesto que el Consejo de la Magistratura de la Nación actuó dentro de sus facultades constitucionales y legales al dictar el citado reglamento impugnado. Por ello, la Res. 331/2014 y la designación del Dr. Durán como juez subrogante resultan válidas.
La Plata, de julio de 2015.-
Y VISTOS: Este expediente N° FLP 9116/2015/CA1, caratulado: “URIARTE, RODOLFO MARCELO Y OTRO c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de esta ciudad.-
Y CONSIDERANDO QUE:
I. Llega la causa a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Consejo de la Magistratura de la Nación contra la sentencia dictada en autos (v. fs. 275/277 vta. y 252/270, respectivamente). En dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del artículo 7º del Reglamento para Subrogaciones (aprobado por Res. Nº 8/2014 del Consejo de la Magistratura) y de la Resolución N° 331/2014 del Consejo de la Magistratura de la Nación y, consecuentemente, dejó sin efecto la designación del Dr. Laureano Alberto Durán como juez subrogante en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de esta ciudad. Asimismo, rechazó el pedido de nulidad de los actos jurisdiccionales cumplidos en dicho Juzgado, dispuso que el Consejo de la Magistratura provea la designación de un nuevo juez subrogante y, finalmente, declaró la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley N° 27.145.
II. Cabe destacar, en primer lugar, que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por Rodolfo Marcelo Uriarte y Martín Javier Villena, Presidentes de los Comités de la UNION CIVICA RADICAL de La Plata y Magdalena, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre generado a raíz de la Resolución Nº 331/14 del plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación y del artículo 7º del “Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación”, aprobado por la Resolución 8/14 de dicho cuerpo colegiado.
En tal sentido, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones citadas y, en consecuencia, que se deje sin efecto la designación del doctor Laureano Alberto Duran, como juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, con competencia electoral en ese distrito.
Asimismo, indicaron que el pedido abarca a todas las normas y actos actuales y futuros que modifiquen las normas citadas, en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no sea posible prescindir.
III. Para así decidir, el juez inferior declaró admisible la vía procesal articulada, toda vez que entendió acreditado el estado de incertidumbre generado a partir de lo resuelto el 10 de febrero de 2015 por la mayoría de la Sala III de esta Cámara Federal de Apelaciones en los autos “Incidente de recusación de von Kyaw, Ricardo Luis”.
Con relación a la cuestión debatida, entendió que “lo que aquí está en juego es -además del modo en que deben sustituirse los jueces que se encuentran subrogando- la ‘validez’ de la inclusión de un secretario judicial como ‘juez’ de reemplazo”.
Al respecto, indicó: “el régimen de cobertura de vacancias en ninguna parte establece que los secretarios puedan subrogar. Sólo un agregado -no previsto en la ley- ha permitido la inclusión de los señores secretarios por parte del Consejo de la Magistratura, excediendo el uso de las facultades reglamentarias a las que está sujeto, e importando ello una transgresión al principio constitucional de juez natural”.
Concluyó que resulta exigible “si de subrogancias se trata, contar -al menos provisoriamente- con la decisión de la más alta investidura presidencial en la elección de las listas de conjueces, la consagración del debate parlamentario del Senado de la Nación y la intervención del Consejo de la Magistratura en su conjunto”.
En tal sentido, tuvo en consideración que el artículo 2º de la ley 27.145 modificó sustancialmente el artículo 1º de la ley Nº 26.376, eliminando el orden de prelación anteriormente establecido para discernir subrogancias.
Sobre la Ley N° 27.145, expuso que en atención a que “la nueva ley deja en manos del Consejo de la Magistratura la facultad de elegir entre un juez o un miembro de la lista de conjueces” correspondía, asimismo, declarar la inconstitucionalidad del artículo 2º de la ley.
IV. En el memorial de fojas 283/309, los representantes del Estado Nacional (Consejo de la Magistratura de la Nación – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) entienden que el magistrado de primera instancia dictó una sentencia estimatoria sin advertir que no hay causa o caso contencioso.
Indican que con la sanción de la ley 27.145 y el acuerdo brindado por el Senado de la Nación para la designación del Dr. Durán como conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y del Decreto presidencial Nº 1264/15 de designación, el objeto de este proceso sobrevino abstracto, puesto que la causa petendi de la pretensión devino inactual.
Sobre este punto, destacaron que la sentencia recurrida ignoró que deducida la demanda en la que se postuló la invalidez de las resoluciones N° 331/14 y N° 8/14 (Art. 7º), sobrevinieron circunstancias jurídicas relevantes que volvieron abstracto el objeto del proceso.
En ese sentido, sostienen que con anterioridad a que se dictara el pronunciamiento apelado, el Senado de la Nación ya le había prestado acuerdo a la designación del Dr. Laureano Durán como conjuez de esta Cámara Federal de Apelaciones.
Por otra parte, se agravian por cuanto entienden que en la cuestión debatida no existe un verdadero “estado de incertidumbre”, único presupuesto y razón de ser de la acción en tratamiento.
Al respecto, postulan que “más allá de lo opinable de la resolución dictada por la Sala III y su fundamentación -de hecho la Sala I del mismo Tribunal resolvió de modo contrario en otra causa-, sugestivamente el a quo pasó por alto que la Ley 27.145 no existía al momento en que la referida Sala III dictó su resolución, lo cual no es un hecho menor ya que dicha norma vino a reglar definitivamente el pedido de la CSJN en el fallo Rosza”.
Concluyen que la nueva ley de subrogancias resulta ser superadora de todo el bagaje normativo anterior, siendo el Consejo de la Magistratura de la Nación quien podrá decidir quién resulta ser el más idóneo para cubrir una subrogancia entre un juez o jueza de igual competencia de la misma jurisdicción o un integrante de la lista de conjueces, asegurando a su vez la eficaz prestación del servicio.
Por último, sostienen que la decisión judicial refleja un exceso de jurisdicción, en la medida que declara la inconstitucionalidad de una norma (artículo 2º de la nueva ley de subrogancias), sin pedido de parte interesada y sin brindar la posibilidad a la partes de ser oídas.
V. Por su parte, al contestar el memorial (v. fs. 311/329 vta.), los accionantes sostienen que la causa petendi de inconstitucionalidad abarcó a todas las normas y actos actuales y futuros que modifiquen las normas citadas en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no sea posible prescindir, razón por la cual, entienden que la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.145 si fue peticionada en la demanda.
Finalmente, recusan sin causa a uno de los jueces que integran esta Sala I.
VI. En primer lugar, debe señalarse que en la resolución adoptada en el día de la fecha, obrante a fojas 376/377, ya fue desestimada la recusación planteada por resultar improcedente (conf. art. 14, in fine, del CPCCN).
VII. Sentado ello, pasaremos a tratar los agravios de la recurrente dirigidos contra las razones y los argumentos en los que sustentó el juez de primera instancia su fallo. Al respecto, no resulta necesario que el Tribunal de Alzada se avoque a la consideración de la totalidad de los agravios desarrollados por el apelante sino sólo a los que aquél considere conducentes para la dilucidación del caso (conf. Fallos 318:1154).
En efecto, corresponde así adentrarse en primer lugar a la cuestión vinculada con la legitimidad de la designación del doctor Laureano Alberto Durán, en virtud de la inconstitucionalidad decretada de las Resoluciones N° 8/14 y N° 331/14 del Consejo de la Magistratura de la Nación.
VIII. La potestad del Poder Judicial de revisar los actos administrativos comprende, como principio, el control de su legitimidad ¬que no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de las que se hallan investidos los funcionarios competentes¬ pero no el de oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas adoptadas. Dicho control supone el de la debida aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y lo decidido se ajuste al texto legal (conf. Fallos: 311:2128).
El control judicial de los actos discrecionales o de pura administración encuentra su ámbito de actuación, por un lado, en los elementos reglados de la decisión – entre los que cabe encuadrar, esencialmente, a la competencia, la forma, la causa y la finalidad del acto – y por otro, en el examen de su razonabilidad (Fallos: 320:2509).
El control jurisdiccional sobre la discrecionalidad se limita a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria pero no implica que el juez sustituya a la Administración en su facultad de decidir en aspectos fácticos que no presenten aquellos vicios, ya que dicha competencia jurisdiccional es revisora, no sustitutiva (Fallos: 331:1369; 330:717; 327:548).
IX. Sentado lo expuesto, sobre la cuestión debatida, esta Sala ya tuvo oportunidad de señalar que al Consejo de la Magistratura le compete por mandato constitucional “dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquéllos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia” (Art. 114 inc. 6 de la Constitución Nacional).
En función de ello, el mecanismo arbitrado por el Consejo de la Magistratura aquí puesto en discusión, se enrola dentro de las facultades organizativas que le confieren al organismo la Constitución Nacional [conf. art. 114, inc. 6) y art. 7, inc. 15), de la ley 24.937 y sus modificatorias].
Si bien en el procedimiento de subrogación no intervinieron el Poder Ejecutivo -elección de uno de los candidatos de la terna- ni el Poder Legislativo -acuerdo del Senado-, el Consejo de la Magistratura está integrado con representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal (Art. 114 C.N.), de forma tal que se procura un esquema participativo entre los poderes democráticos, estamentos vinculados con la actividad forense y por los propios jueces.
X. Por otra parte, es pertinente poner de resalto que, en oportunidad de resolver acerca del pedido de nulidad de la Resolución nº 331/14 por la que se designó al doctor Laureano Alberto Duran como juez subrogante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no hacer lugar a lo solicitado “en orden a lo prescripto en el artículo 7º, inciso 9, de la Ley 26.855” (conf. CSJN, Resolución nº 3848/14 del 30 de diciembre de 2014).
En efecto, la Ley N° 26.855 establece expresamente que el Consejo de la Magistratura, reunido en sesión Plenaria, tendrá la atribución de “dictar los reglamentos para la designación de jueces subrogantes y designar jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia para los tribunales inferiores de acuerdo a la normativa legal vigente”.
En tal sentido, el legislador le asignó al Consejo la reglamentación de las subrogaciones y la atribución de designar subrogantes y, con esas facultades, incluyó la situación de excepción que utilizó en el presente caso, al designar al doctor Durán.
Ello importa una notable diferencia con las circunstancias jurídicas tenidas en mira por la Corte al momento de resolver el caso “Rosza” (Fallos: 330:2361). En aquel momento, la Ley N° 26.080 reglamentaria del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, había eliminado expresamente la atribución del mencionado órgano contenida en el inciso 15 agregado al artículo 7 por la ley 25.876, que decía: “Dictar los reglamentos que establezcan el procedimiento y los requisitos para la designación de jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión de su titular y transitorios en los casos de vacancia para los tribunales inferiores. El juez designado deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13 inciso b) primera parte de la presente ley, y percibirá una remuneración equivalente a la que correspondería al titular”.
En tales condiciones, al momento en que la Corte Suprema dictó el fallo “Rosza” no existía, de acuerdo al criterio del Alto Tribunal, norma legal que sirviese de fundamento a la atribución del Consejo para dictar reglamentos en materia de subrogancias.
Ahora bien, más allá de que la Corte reafirmó en dicho precedente el principio constitucional según el cual la designación de los jueces debe realizarse a través de los otros poderes del Estado, no negó la posibilidad de dar respuesta a situaciones extraordinarias, lo que se desprende del considerando 17 in fine del fallo.
Vale decir que en el citado caso “Rosza”, la Corte Suprema entendió que era inconstitucional el Régimen de Subrogaciones aprobado por la Resolución N° 76/2004 del Consejo de la Magistratura porque no se adecuaba a los parámetros constitucionales, ya que autorizaba un método de nombramiento circunscripto a la intervención exclusiva de organismos que operan en el ámbito del Poder Judicial (Tribunales Orales, Cámaras Nacionales de Apelaciones o Cámaras Federales y, para algunos supuestos, Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura).
XI. Ahora bien, cuando el doctor Durán fue designado como juez subrogante, las condiciones expresadas previamente se habían visto modificadas, razón por la cual no resulta atendible ceñirse a un fallo dictado frente a una situación fáctica y legal diferente. En este sentido, la propia Corte Suprema ha señalado que un pleito dado puede ser resuelto a la luz de cierto precedente judicial siempre que las circunstancias de ambos, tales como los hechos, los planteos y las normas involucradas, sean análogos entre sí (conf. Fallos: 33:162; 242:73; 286:97).
Por el contrario, la Ley Nº 26.855 -sancionada con posterioridad al fallo “Rosza”- expresamente le asignó al Plenario del Consejo la atribución de dictar el Reglamento de Subrogancias y la facultad de designar a los jueces subrogantes, como se dijera más arriba.
Así, el Reglamento de Subrogaciones cuestionado en autos fue aprobado -por Resolución 8/2014- con posterioridad al dictado del fallo “Rosza” (Fallos: 330:2361), en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional al Consejo de la Magistratura (conf. Art. 114, inc. 6º). Dicho Reglamento estableció expresamente la designación, en casos excepcionales, de un secretario judicial como juez subrogante (art.7).
XII. Frente a ello, y de conformidad con lo previsto en la Ley N° 26.376, esta Cámara resolvió mediante las acordadas N° 3 y N° 4 del año 2014, conformar y remitir al Consejo de la Magistratura la nómina de Secretarios Judiciales -que prestaron su conformidad- para integrar las listas de conjueces prevista en la Ley N° 26.855. En éstas se hallaban funcionarios de esta Cámara y de los Juzgados pertenecientes a la jurisdicción. Fue suscripta por unanimidad de los señores Jueces de Cámara presentes en dicha ocasión, encontrándose incluido en dicha lista el nombre del magistrado ahora cuestionado, sin que ello hubiere recibido alguna objeción.
Posteriormente, el día 1° de julio de 2015 el Senado de la Nación confirió acuerdo para que el doctor Laureano Alberto Duran -entre otros funcionarios de esta jurisdicción- integrara la lista de conjueces para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, siendo designado en tal carácter al día siguiente, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1264/2015.
Sin perjuicio de ello, la falta de acuerdo al momento de su designación como juez subrogante, tampoco resultaba un obstáculo, máxime si se tiene en cuenta que durante décadas fueron designados los abogados conjueces propuestos por las cámaras federales del país, para intervenir en casos de excusación, recusación y otros supuestos de vacancia.
En efecto, aun cuando dichos abogados no contaban con el acuerdo del Senado -cuya omisión ahora se le reprocha a la designación del juez subrogante Durán- han sido convalidados por los distintos tribunales sin observación alguna.
En particular, es de público y notorio que esta Cámara ha adoptado en un sin número de ocasiones tal modalidad de nombramientos para cubrir los Juzgados Federales sitos en las ciudades de Quilmes y Junín durante las ferias judiciales. Esta práctica ha sido utilizada periódicamente hasta fines del año 2014 (conf. Ac. CFALP N° 20/14).
XIII. Ahora bien, mediante la Acordada Nº 12/14 de ésta Cámara Federal de Apelaciones, y por mayoría de sus miembros, se sostuvo que la situación de vacancia permanente generada en los únicos dos juzgados federales con competencia penal de la ciudad de La Plata, constituía una situación excepcional, por lo cual se consideraron reunidas las condiciones previstas por el artículo 7 del Reglamento de Subrogaciones, aprobado por Resolución 8/14 del Consejo de la Magistratura (v. voto de quienes suscriben la presente y del señor juez César Álvarez y señora jueza Olga Calitri).
Dicha postura fue ratificada mediante la Resolución Nº 174/14 de esta Cámara, oportunidad en la que se consideró que las subrogancias provisorias de los doctores Adolfo Gabino Ziulu y Alberto Osvaldo Recondo, en los Juzgados Federal nº 1 y nº 3, respectivamente, “no pueden extenderse en el tiempo en atención a su carácter excepcional y por la considerable cantidad de expedientes en trámite ante los Juzgado Federal nº 2 y nº 4 de esta ciudad” (v. voto de quienes suscriben la presente, al que adhirieron el juez César Álvarez y la jueza Olga Calitri).
En tal sentido, dispusieron por mayoría “1.Ratificar lo resuelto por medio de la Acordada 12/14 de este Tribunal, en el sentido de que no es posible cubrir las vacantes prolongadas de los Juzgados Federales N° 1 y N° 3 de esta ciudad con un juez titular de esta jurisdicción, y sostener que dichas vacantes deberían ser cubiertas por secretarios judiciales, conforme a lo previsto por el artículo 7° del Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación aprobado por la Resolución 8/14 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 2. Prestar aval a la eventual designación de Laureano Alberto Durán como juez subrogante del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad.”
XIV. Cabe destacar que la Sala II de esta Cámara Federal ha mantenido, por el voto mayoritario de sus integrantes, el mismo criterio expuesto, convalidando más de una vez la designación y la actuación del doctor Laureano Alberto Duran como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad (conf. Incidente de recusación N° FLP 14000048/2011/1/CA1 (Reg. Int. N° 7892), de Von Kyaw, Ricardo Luis, en autos “Von Kyaw, Ricardo Luis s/ infracción art.146 del C.P. seg. ley 24.410 supresión del est. Civ. de un menor (art.139 inc.2), según texto original del C.P. ley 11.179 falsedad ideológica conf. 292 último párrafo”, fallo del 26/02/2015).
En orden a las consideraciones que anteceden, el Tribunal entiende que la designación de Laureano Alberto Durán resulta válida, en tanto ha sido dispuesta por el órgano constitucional competente y con arreglo a la normativa vigente (en el mismo sentido, esta Sala I en causas: Nº FLP 737/2013/17/CA11 (7283/I), “INCIDENTE DE RECUSACIÓN en autos: VON KYAW, Ricardo Luis por Apremios Ilegales a Detenidos (Art. 144 bis inc. 3), Vejación o Apremios Ilegales (Art. 144 bis inc. 2), Supresión del Est. Civ. de un Menor (Art. 139 inc. 2) – según texto original del C.P. Ley 11.179 y Otros”, fallo del 10 de febrero de 2015, Nº FLP 373/2011/62/CA40 (7284/I) “INCIDENTE DE RECUSACIÓN en autos: VON KYAW, Ricardo Luis por Privación Ilegal de Libertad (Art. 144 bis inc. 1) en concurso real con Imposición de Tortura (Art. 144 ter. inc. 1)”, fallo del 10 de febrero de 2015, Nº FLP 1467/2015 (7319/I), caratulado: “Beneficiario: POMARES, Juan José sobre Habeas Corpus”, fallo del 19 de febrero de 2015 y Nº 737/2013/18/CA14, caratulado: “LEGAJO DE APELACIÓN en Autos Torino, Juan María por Apremios Ilegales a Detenidos (Art. 144 bis inc. 3), Vejación o Apremios Ilegales (Art. 144 bis inc. 2), Supresión del Est. Civ. de un Menor (Art. 139 inc. 2) según texto original del C.P. Ley 11.179 y Otros”, fallo del 14 de abril de 2015).
XV. Por último, cabe hacer mención a la nota dirigida por disposición de los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia el día 14 de julio próximo pasado al Consejo de la Magistratura de la Nación, a través de la cual, entre otras cuestiones e inquietudes con relación al régimen de subrogaciones, solicitan a dicho organismo que considere la delegación, con carácter permanente, en las cámaras nacionales y federales de casación y de apelación, para la designación de los subrogantes, de igual modo al que se hizo al dictar las resoluciones 8/2014 -que en el sub lite se pretende impugnar- y 180/2015.
Por medio de esta última, el Consejo dispuso que, hasta tanto las respectivas cámaras nacionales y federales y tribunales orales del país informen el estado actual de las subrogaciones, éstas continúen vigentes en el estado en que se encuentren, y que las cámaras realicen las designaciones que sean necesarias de acuerdo a los requerimientos de la jurisdicción, con comunicación al Consejo.
Todo lo cual corrobora la legitimidad de la designación como juez subrogante del doctor Laureano Alberto Durán, en los términos expuestos por la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
XVI. Sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 27.145 debe destacarse, en primer lugar, que no fue requerida expresamente por los accionantes; sólo se demandó la inconstitucionalidad de las Resoluciones del Consejo de la Magistratura N° 8/14 y 331/14 y, genéricamente, de “todas las normas y actos actuales y futuros que modifiquen las normas citadas en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no sea posible prescindir…”. Si bien al tiempo de promover la presente demanda no había sido sancionada la nueva Ley de Subrogancias, razón por la cual obviamente no comprendió el objeto originario de esta acción, bien pudo la accionante denunciar su sanción con el consecuente pedido de inconstitucionalidad durante el transcurso del proceso, sobre todo cuando, como considera al contestar el memorial del recurrente, resultaría -a su entender- una de las normas sobrevinientes y vinculadas con la cuestión en debate.
Tampoco fue invocada por la demandada.
Por ello, la constitucionalidad de la Ley N° 27.145 no constituyó el objeto del juicio al momento de trabarse la litis, y tampoco luego, durante el desarrollo del juicio.
XVII. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios” (R. 401. XLIII), fallada el 27 de noviembre de 2012, y reiterado en “Mansilla, Carlso Eugenio c/ Fortbenton Co. Laboratories SA y otros s/ despido” (M. 1391. XLVII), fallada el 6 de marzo de 2014, que el control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. El contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables, entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes.
Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que se irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiesta de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que deben poner de manifiesto tal situación. En este sentido, se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera. Señaló finalmente la Corte Suprema que el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control.
Por otra parte, no resulta pertinente la impugnación de inconstitucionalidad cuando el objeto con que se la persigue no es la inaplicabilidad del texto objetado a la causa, sino el establecimiento de un régimen normativo distinto, lo cual es de incumbencia del legislador (conf. Fallos: 255:262; 264:206).
Como se ha señalado, en el sub lite la Ley de Subrogancias N° 27.145 no fue impugnada directa ni concretamente por el accionante a lo largo del proceso, no invocó el perjuicio que le causó su sanción, ni siquiera la demandada sustentó su defensa en dicha norma, recién lo hizo, lógicamente, cuando el juez inferior, pese a reconocer que ello “…es ajeno a la presente litis, en tanto regla situaciones para lo futuro…” (v. pto. I.1.5, in fine), declaró su inconstitucionalidad en exceso de su jurisdicción.
Frente a lo cual, utilizando palabras de los miembros del Máximo Tribunal en los precedentes invocados, lo resuelto acerca de la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley de Subrogancias N° 27.145 importó un claro apartamiento de los términos en que había quedado trabada la litis, lo cual es inconcebible dentro de una racional administración de justicia, según clásica definición dada por la Corte hace más de cincuenta años en la causa «Estrada, Eugenio» (Fallos: 247:713) y reiterada hasta sus pronunciamientos más recientes (T.471.XLVII «Tello, María Luisa c/ Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares s/ amparo», sentencia del 30 de abril de 2013).
Concluyó en el caso “Mansilla”, ya mencionado: “Que todo lo anterior, sumado a las claras directrices del precedente recién transcripto, imponen la descalificación del pronunciamiento impugnado como acto jurisdiccional válido, toda vez que la alzada ha venido a conceder algo que el propio interesado había resignado. Ha traspuesto, así, el campo de actuación que le es propio, sustituyéndose en la voluntad de una de las partes, con la consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de la contraria (Fallos: 331:2578, entre otros).”
XVIII. Sin embargo, la mentada declaració n de inconstitucionalidad constituye uno de los agravios principales de la recurrente, frente a lo cual estimamos conveniente examinar las críticas desarrolladas por la demandada sobre dicha cuestión.
En tal sentido, el juez a quo refirió en su sentencia que el artículo 1° de la Ley N° 26.376, derogada por la Ley N° 27.145, establecía que en caso de vacancia el Consejo de la Magistratura procedería a la designación de un subrogante de acuerdo al siguiente orden: a) Con un juez de igual competencia de la misma jurisdicción…b) Por sorteo, entre la lista de conjueces… La nueva norma, en cambio, eliminó el orden de prelación y estableció en su artículo 2º que “…la designación se hará con un juez o jueza de igual competencia de la misma jurisdicción (o) con un miembro de la lista de conjueces…”; dejando a cargo del Consejo de la Magistratura la facultad de elegir entre un juez o un miembro de la lista de conjueces.
Así, estimó que la concesión legislativa de tales facultades discrecionales transgrede los artículos 18, 99 -inciso 4°, 108, 109, 114 -inciso 6°- y concordantes de la Constitución Nacional, “…en tanto de aquí en más, le permite al Consejo prescindir de la prerrogativa constitucional de que sean, en primer lugar, los magistrados de igual competencia quienes deban asumir las subrogancias.”
Por el contrario, debe tenerse en cuenta que la Constitución Nacional no prevé un sistema de designación de jueces subrogantes -como erróneamente parece entender el juez inferior-, sino que fueron siempre las leyes de organización de la justicia -nacional o federal-, las que colocaron a las cámaras como autoridad de aplicación. Ahora bien, una vez creado el Consejo de la Magistratura de acuerdo al programa constitucional, se le otorgó a ese órgano la atribución de administrar el Poder Judicial, como se dijera en párrafos anteriores. La designación de subrogantes es una facultad de superintendencia y, como tal, integra la administración del Poder Judicial; lo que legitima -de acuerdo al artículo 114 de la Constitución Nacional- que el Consejo de la Magistratura sea la autoridad de aplicación.
Como ya se señaló, el 23 de mayo de 2007, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo “Rosza”, en el que declaró la inconstitucionalidad del Reglamento 76/04 del Consejo de la Magistratura, bajo el argumento de que en la designación de los jueces subrogantes no intervenían los tres Poderes del Estado, no contando con el acuerdo del Senado. Este criterio fue sostenido con posterioridad en el año 2012, cuando el Máximo Tribunal falló en el caso “Asociación de Magistrados c/ EN- Consejo de la Magistratura”.
Ahora bien, con el dictado de la Ley N° 26.855 la atribución recayó nuevamente en el Consejo de la Magistratura (conf. art. 6, que sustituye al art. 7, inc. 9, de la Ley N° 24.937). Dicha norma es la que inspira la Ley N° 27.145, que define con absoluta claridad, que corresponde al Consejo de la Magistratura la designación de jueces subrogantes. Por otra parte, la norma prevé un mecanismo de selección de dichos magistrados que otorga participación a los tres poderes del Estado, tal como lo instara la Corte Suprema en el fallo “Rosza”; vale decir, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación, quien otorga el acuerdo exigido por el inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, el mecanismo que el legislador adopte para designar a los subrogantes, con relación al orden de prelación entre jueces y conjueces o selección indistinta entre unos u otros, constituye una cuestión privativa de las facultades del legislador, ajena al control judicial cuando, como en el caso, no afecta ni controvierte disposiciones constitucionales.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia señaló reiteradamente que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma y la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades (conf. Fallos: 329:5621).
No incumbe a los jueces el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones y no corresponde sustituirlo, ya que está vedado a los magistrados el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades (conf. Fallos: 319:3148; 325:3435 y 329:5567).
Como se dijo, la Constitución no prevé el sistema de subrogancias, sino que delega al Consejo de la Magistratura la organización del Poder Judicial, resultando suficiente la intervención de los tres poderes del Estado en el trámite de su designación.
En tales condiciones, la Ley de Subrogancias N° 27.145 resulta superadora de las objeciones efectuadas a los sistemas de subrogaciones evaluados por la Corte Suprema de Justicia en los casos “Rosza” y “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, por lo cual no se encuentra afectada ninguna cláusula de la Constitución Nacional.
Por ello, y en orden a las consideraciones que anteceden, SE RESUELVE:
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Consejo de la Magistratura de la Nación y, consecuentemente, REVOCAR la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 7° del “Reglamento para Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación”, aprobado por resolución N° 8/2014, de la Resolución N° 331/2014, ambas del Consejo de la Magistratura de la Nación, y del artículo 2° de la Ley N° 27.145; imponiendo las costas del proceso en ambas instancias a la accionante vencida (conf. art. 68 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese, póngase en conocimiento de lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Nacional Electoral y, oportunamente, devuélvase.
ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS
JUEZ DE CAMARA
JULIO VICTOR REBOREDO
JUEZ DE CAMARA
CARLOS ROMAN COMPAIRED
JUEZ DE CAMARA
Ley 27145 – BO: 18/6/2015
Ley 26855 – BO: 27/5/2013
Ley 26376 – BO: 05/6/2008
Rosza, Carlos A. y Otro s/Rec. de Casación – Corte Sup. Just. Nac. – 23/05/2007
M., M. C. s/falta de mérito – Cám. Crim. y Correc. Fed. – Sala II – 13/07/2015
002527E
