Se establece que ante el caso de la muerte de un hijo, lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponde a la esperanza con contenido económico que constituye para una familia la vida de un hijo muerto a consecuencia de un hecho ilícito. Y esa indemnización cabe a título de lucro cesante. Asimismo, se dispone que en cuanto al valor potencial de ayuda a los padres que la vida futura del hijo representa, es impropio sobreestimar o subestimar este valor potencial: ni concebirlo exageradamente ni menospreciarlo por carecer de realidad.
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