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JURISPRUDENCIADemanda de repetición. Recurso extraordinario. Entidad Binacional Yacyretá. Juicio laboral. Pago sin causa
Se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia que había rechazado la demanda de repetición de las sumas abonadas por la Entidad Binacional Yacyretá en concepto de honorarios de los abogados en un juicio laboral, a la que fuera intimada a satisfacer bajo apercibimiento de ejecución. Ello así, en la medida en que la Corte Federal dejó al pago sin causa con posterioridad, en función de lo dispuesto por el artículo 1796 del Código Civil y Comercial de la Nación, de aplicación inmediata a las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Buenos Aires, doce de febrero de 2019.-
Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Entidad Binacional Yacyretá c/ Panza, Rodolfo Aníbal y otro s/ demanda ordinaria de repetición», para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que contra la sentencia de la C ámara Federal de Apelaciones de Posadas que, al revocar por mayoría la de primera instancia, rechazó la demanda de repetición, la entidad actora dedujo el recurso extraordinario que fue concedido por el a quo en resolución posteriormente anulada por esta Corte (fs. 236/237), denegándose el remedio federal en un nuevo pronunciamiento de la alzada.
2°) Que en un juicio laboral promovido contra la Entidad Binacional Yacyretá, prosperó la demanda en ambas instancias ordinarias y, mientras se tramitaba una queja por denegación de recurso extraordinario por ante esta Corte, deducida por la emplazada, esta fue intimada a satisfacer los honorarios de los letrados de la actora, bajo apercibimiento de ejecución.
En cumplimiento de la condena en costas entonces vigente, la entidad realizó el depósito respectivo, con reserva de repetir en caso de obtener sentencia favorable en este Tribunal en la causa CSJ 608/1998 (34-M)/CS1 «Masciotta, José y otros c/ Entidad Binacional Yacyretá», lo que efectivamente aconteció con fecha 13 de julio de 2004, en fallo en el que prosperó el remedio federal y se rechazó la demanda en todas sus partes con imposición de costas de todas las instancias a la actora.
3°) Que en ese contexto, la Entidad Binacional Yacyretá promovió el presente juicio tendiente a repetir el pago de honorarios realizado en favor de los letrados de la contraparte del juicio laboral -ahora vencida- por reputar que la sentencia de esta Corte había dejado sin causa a dicho pago ante el cambio del sujeto pasivo de la obligación. En esos términos prosperó el reclamo en primera instancia.
4°) Que la alzada, por mayoría, revocó la sentencia rechazando la repetición pretendida, por entender que el pago efectuado por la entidad había sido válido, que la obligación para con los profesionales había quedado extinguida y si bien la reserva de repetición había sido oportuna, la demanda de repetición debía ser dirigida contra los actuales deudores de dicha obligación, que eran los demandantes perdidosos en la causa principal y obligados al pago de las costas, conforme al fallo de esta Corte.
5°) Que el a quo remarcó que los emolumentos regulados tanto en primera como en segunda instancia a los aquí demandados, no habían sido materia del recurso de hecho que había revocado la sentencia, por lo que se encontraban firmes. En consecuencia, la distribución de la carga de las costas tenía sobre los honorarios de los letrados intervinientes el solo efecto de determinar el obligado a su pago, pero no su eliminación, porque la causa no había dejado de existir y solo se había modificado el deudor. Por ello, quedaba la entidad binacional como un tercero que realizaba el pago, con derecho a repetir, subrogándose en los derechos de los acreedores hoy demandados.
6°) Que la recurrente tacha de arbitraria la sentencia por considerar que omite examinar cuestiones conducentes oportunamente planteadas por su parte y no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual importa un menoscabo a las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso que justifican su descalificación como acto jurisdiccional.
Aduce que la causa del pago efectuado fue la condena en costas entonces vigente y la intimación de pago cursada a su parte bajo apercibimiento de ejecución forzada, por lo que no se había tratado de un pago por tercero realizado voluntariamente, como pretendían los letrados involucrados. Agrega que, revocada la condena por esta Corte, se produjo el supuesto contemplado por nuestra doctrina y jurisprudencia para ejemplificar el pago sin causa, es decir, el cese de la condena por la cual se había efectivizado dicho pago.
7°) Que los agravios de la apelante suscitan cuestión federal para su consideración en la vía intentada, pues aunque remiten al examen de cuestiones de hecho y derecho común que, como regla y por su naturaleza, son extrañas a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para descalificar lo resuelto cuando, con menoscabo de garantías que cuentan con amparo constitucional, se ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia, con arreglo a las constancias de la causa y las normas aplicables (Fallos: 310:1882; 311:561, 935, 1171, 1229, 1515 y 2437; 312:177, 1058 y 1897; 317:1139).
En efecto, contrariamente a lo sostenido por los interesados, no se trató de un pago voluntario o espontáneo, sino que fue producto de una intimación bajo apercibimiento de ejecución, que se materializó bajo reserva de repetición, poniendo en conocimiento del tribunal y de la contraparte la deducción de un recurso de queja por ante esta Corte que, de prosperar -como efectivamente ocurrió- dejaría al pago sin causa.
8°) Que encontrándose la causa a estudio del Tribunal, el 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la ley 26.994. El art. 7° del citado cuerpo dispone, en lo que aquí interesa, que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
Como derivación, la norma prevé la aplicación de la ley nueva a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes. El art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación no consagra la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación inmediata, aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ello significa que la nueva ley rige para los hechos que están in fieri o en su curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedaron sujetos a la ley anterior, pues allí juega la idea de consumo jurídico.
Que en supuestos como el de autos el pago tiene una causa fin aparente (animus solvendi viciado), puesto que en su fuente se presenta una obligación que fue causa eficiente del pago en el momento en que se hizo, pero que devino ineficaz en sentido amplio (invalida o frustrada) y esa ineficacia deriva de un defecto de la causa fin que aniquila la causa fuente.
9°) Que el inciso a del art. 1796 del Código Civil y Comercial de la Nación contempla expresamente el supuesto configurado en autos al establecer que el pago es repetible si «la causa de deber no existe, o no subsiste, porque no hay obligación válida; esa causa deja de existir; o es realizado en consideración a una causa futura, que no se va a producir…».
10) Que como lo señala el voto minoritario de la alzada, en el caso primigeniamente hubo una razón suficiente para el pago, dada por las sentencias coincidentes, que después dejó de ser tal. Se esfumó esa razón con el pronunciamiento de esta Corte que rechazó la demanda laboral y modificó la imposición de costas, convirtiendo al pago en «sin causa». Así nació el derecho de la entidad aquí demandante a repetir de los letrados que habían cobrado sus honorarios bajo reserva del solvens, sin que norma alguna obligue a la reclamante a intentar un reintegro contra los actores en el juicio laboral, definitivamente condenados a satisfacer los emolumentos de sus abogados.
Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la decisión apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito, Notifíquese y devuélvase.
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
RICARDO LUIS LORENZETTI
JUAN CARLOS MAQUEDA
039779E
