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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2019.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.- Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la Dirección de Asuntos Judiciales dependiente de la Dirección General Técnica Jurídica de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas y la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de fs. 52/57, mediante la cual la Juez de grado aprobó la presente información sumaria ordenando al Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas la rectificación registral en la partida de nacimiento de la peticionaria en el sentido de que, en el campo reservado para sexo se consigne “femeneidad travesti” en lugar de “femenino”, se informe al Registro Nacional de las Personas a los fines de la emisión de un nuevo documento nacional de identidad para la persona interesada y, por último, hizo saber al Registro del estado civil y capacidad de las personas que, en lo sucesivo, las solicitudes como la del presente caso deberán realizarse en ese órgano administrativo, a cuyo efecto deberá ponerse a disposición una multiplicidad de marcadores como opciones de género.
Los recursos fueron fundados con los memoriales presentados a fs. 82/95 por el ReNaPeR y a fs. 96/102 por la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos traslados contestó la parte actora a fs. 103/119 y 120/128, habiéndose integrado la cuestión con el Fiscal de Cámara, quien mediante el dictamen de fs. 131/143 propició revocar el decisorio en cuestión. Luego, se admitió la agregación de la documental invocada por la actora a fs. 158 y 200/202.
II.- En primer lugar, corresponde señalar que la ley 26.743 de identidad de género, vigente desde el año 2012, en el art. 1º “… reconoce a toda persona el derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.”
Su artículo 2°, define a la identidad de género como “…la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. (conf. art 2).
En cuanto al ejercicio del derecho, el art. 3 dispone que: “… toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida…”.
Asimismo, el artículo 8 de la citada ley establece que una vez realizada la rectificación registral,… “sólo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial.”
La primera fuente de interpretación de las leyes es su letra y, cuando esta no exige esfuerzo para determinar su sentido, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (Fallos: 341:1443, 1322, 1268; 339:434, entre otros; ver asimismo art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación).
La inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos, siendo la primera fuente de interpretación de la leyes su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu (Fallos: 341:1460; 338:488).
A la luz de lo expuesto se advierte que de la lectura de la ley no surge la posibilidad de la rectificación solicitada toda vez que la norma sólo hace referencia a la rectificación registral del sexo, término utilizado para denominar la condición femenina o masculina (ver Diccionario de la Lengua Española).
Como sostiene el Fiscal de Cámara, la ley no hace ninguna mención a la registración de opciones múltiples de género ni introduce otros marcadores que no sean los mencionados.
Si la ley emplea determinados términos, la regla de interpretación más segura es la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, tal como ya se dijo, por cuanto, en definitiva, la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por aquél en el ejercicio de sus propias facultades (Fallos: 338:779; 329:5621; 327:2423).
Ha de recordarse, desde esta perspectiva, que los jueces deben aplicar la norma tal como el legislador la concibió; las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico, máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (cf. Fallos: 338:386; 320:1962; 316:2561). Lo cual cobra especial relevancia cuando se trata de interpretar una ley de reciente sanción, como en el caso.
Y este también es el sentido dado a la registración del sexo de los recién nacidos en los arts. 33 y 36 de la ley 26.413 de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, cuyo art. 13 ordena que “no podrán consignarse en las inscripciones enunciaciones improcedentes o que deban declararse con arreglo a la ley” (ver asimismo art. 6 de la ley 24.540).
De igual modo, el artículo 96 del Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado con posterioridad a la ley 26.743, dispone que el nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del Registro Civil.
Este entendimiento de la ley debió haber sido incluso el dado en su momento por la propia requirente al solicitar o consentir en el año 2012 la modificación de la registración de su sexo, de masculino a femenino, junto con la de su nombre.
Expresa Graciela Medina que la identidad de género es la conciencia que se adquiere de la igualdad, la unidad y la persistencia de la individualidad como varón o mujer y que esta ley está destinada a solucionar el problema de aquellas personas transgénero para adecuar su identidad de género masculino o femenino, pero no incluye la posibilidad del tercer género o del travestismo (“Ley de identidad de género. Aspectos relevantes”, en La Ley 2012-A, 770).
Por otro lado, corresponde recordar que la voluntad del legislador fue la de resguardar la confidencialidad en las rectificaciones de género (conforme lo expresa en el art. 6° de la ley 26.743), ordenando se expida una nueva partida de nacimiento y un nuevo documento de identidad, prohibiendo cualquier referencia a la ley a fin de que de la lectura de aquéllos no pueda advertirse la adecuación de su género, lo que permite inferir que no fue su intención prever que se consignaran en el registro del sexo otros que no fueran el masculino y el femenino, seguramente con el propósito de atender una situación de vulnerabilidad.
Idéntica intención de resguardar la confidencialidad se observa en el punto 135 de la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre de 2017, cuando indica que “la publicidad no deseada sobre un cambio de identidad de género, consumado o en trámite, puede poner a la persona solicitante en una situación de mayor vulnerabilidad a diversos actos de discriminación en su contra, en su honor o en su reputación y a la postre puede significar un obstáculo mayor para el ejercicio de otros derechos humanos. En ese sentido, tanto los procedimientos, como las rectificaciones realizadas a los registros y los documentos de identidad de conformidad con la identidad de género auto-percibida, no deben ser de acceso público, ni tampoco deben figurar en el mismo documento de identidad”.
Es preciso poner de manifiesto que en el caso no se ha cuestionado la constitucionalidad de la ley y se recuerda, además, que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto normativo constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ello sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio, a la que cabe acudir en primer lugar (Fallos: 342:685; 341:1675; 430:1581, entre otros).
Destaca el Fiscal de Cámara que la mencionada Opinión Consultiva no contiene ningún pronunciamiento que cuestione la opción de los Estados de mantener el denominado sistema binario, aun cuando quisiera entenderse que efectúa una consideración crítica al definirlo en el glosario inicial como que tal sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías.
Lejos de criticar la ley argentina, esta Opinión Consultiva se refiere a ella, como ejemplo, en los números 139, 143, 148 y 156 y en las notas 251, 263, 269, 275, 295, 304, 314 y 334.
La Corte Suprema ha reconocido a la división de poderes como un principio fundamental de nuestro sistema político, y ha expresado en forma reiterada que la misión más delicada de la justicia de la Nación es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumbe a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, de ahí que un avance de este poder menoscabando las facultades de los demás poderes revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 341:1511; 329:1675; 328:3573; 326:2004; 321:1187, entre otros).
El ingente papel que en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales incumbe a los jueces, no llega hasta la facultad de instituir la ley misma, siendo la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes, por lo cual el principio de su división no consiente a los magistrados el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia (Fallos: 338:488; 319:2617; 317:1505; 316:2732, 314:1849, entre otros).
Más aún si se repara en que la modificación del sistema de registración debería tener en cuenta su repercusión en distintos ámbitos como el laboral, previsional, electoral, penitenciario y registral, entre otros, lo cual excede en mucho la presente información sumaria.
Por lo antes expuesto, después de haber examinado los argumentos conducentes, de conformidad con el Fiscal de Cámara, SE RESUELVE: I.- Revocar el decisorio de fs. 52/57 y rechazar la presente información sumaria, con costas en el orden causado, en atención a la condición de la intervención de los órganos estatales y a la naturaleza del reclamo (arts. 68 del CPCCN). II.- Los honorarios devengados en esta instancia se regularán en su oportunidad. III.- Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes en sus respectivos domicilios electrónicos (conf. ley 26.685 y Acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN) y a la Fiscalía de Cámara en su despacho. Fecho, cúmplase con la Acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y devuélvase.-
Gastón M. Polo Olivera
Carlos A. Carranza Casares
Ley 26743 – BO: 24/05/2012
Cita digital:
