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JURISPRUDENCIA
Goya (Ctes.), 17 de Noviembre de 2.020.-
Y VISTOS: Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE CESE DE PRISIÓN A FAVOR DE C. A. C. EN AUTOS: “C. C. A. P/LESIONES GRAVES DOBLEMENTE CALIFICADAS – POR HABER MANTENIDO EL AUTOR RELACIÓN DE PAREJA CON LA VÍCTIMA Y LA CONDICIÓN FEMENINA DE ESTA (VIOLENCIA DE GENERO) – DAÑO Y COACCIONES EN CONCURSO REAL – GOYA (TOP 9695)” EXPTE. Nº IC1 31.745/1;;;
Y CONSIDERANDO: VOTO DEL DR. JULIO ANGEL DUARTE: I)- Que vienen estas actuaciones a conocimiento del Tribunal para resolver el pedido de Cese de Prisión Preventiva, interpuesto por el imputado C. A. C., con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Leandro Montti, de conformidad con el art. 314, ss. y concs. del C.P.P..-
II)- El incidentista sostiene que el mismo lleva detenido desde hace más de un año y seis meses, lapso temporal excesivamente extendido en función de los delitos cuya comisión se le atribuyen. Sostiene que al analizar lo peticionado el Tribunal deberá tener en cuenta la característica del hecho investigado y su relación con la privación de libertad que viene sufriendo, imputándosele el delito de lesiones graves calificadas, sin tener ninguna prueba fehaciente o contundente como no sean los dichos de la denunciante que no coinciden ni se puede compatibilizar con el resto de las pruebas colectadas en la instrucción, de lo que surge que el hecho no se cometió por su persona o no ocurrió como se expone en la denuncia. Agrega que la pena en abstracto del delito atribuido es de tres a diez años de prisión, pero mensurada la magnitud de la pena en expectativa conforme las probanzas de autos cabria la posibilidad de una pena de ejecución condicional, lo que sumado a su falta de antecedentes penales computables, y su condición de hombre de derecho con ejercicio profesional reconocido, público y notorio, le permiten colegir que la justicia justipreciará el hecho de que en el caso de otorgarle la libertad ambulatoria reclamada, de ninguna manera podría frustrar los fines del proceso penal, ya sea entorpeciéndolo y/o profugándose. Agrega que a fin de garantizar la libertad solicitada y sin que ello importe reconocer transgresión alguna -anterior o futura- de la restricción perimetral impuesta por el juez de grado que oportunamente motivara el reencarcelamiento arbitrario e injusto, toda vez que resulta probado en autos de que fue la Sra. G. S. D. -denunciante de autos- quien era la que se acercaba físicamente a los lugares donde estaba domiciliado en un inmueble de mi propiedad (calle Colón N° … primer piso de esta ciudad) con la intención de perjudicarme, por lo que a efectos de impedir ese tipo de maniobras impropias y con la sola finalidad de afectar mi integridad física y psicológica e impedir que goce de mi libertad ambulatoria, vengo a fijar domicilio para el caso de que se me otorgue lo peticionado en este escrito, en el establecimiento rural denominado “Don Juan” ubicado en el Paraje San Antonio, Tercera Sección Rural del Departamento de Goya (Ctes.), propiedad de mi padre J. A. C., DNI N° …. Menciona además que en todo momento ante la investigación e instrucción judicial he demostrado acabadamente que me he sometido a las exigencias de la justicia, permaneciendo siempre a derecho, asimismo en los dos lugares donde fui alojado durante el largo período de privación de libertad ambulatoria que soporto (Comisaría Primera y Comisaría Segunda de la URII de Goya) desde el 08/03/19 al 19/11/19 y desde el 30/12/19 a la fecha del presente (18 meses y un día) conservé excelente conducta y relación con los demás internos y personal policial. Por los fundamentos expuestos el peticionante solicita se le otorgue el Cese de Prisión y en consecuencia se ordene su libertad.-
III)- A fs. 4vta. obra informe de la Sra. Secretaria de este Tribunal, Dra. Lourdes Graciela Chamorro, en el que informa que C. A. C., DNI N° …, estuvo detenido desde el 08/03/2019 al 19/11/19 y luego fue nuevamente detenido el 30/12/19, llevando cumplidos a la fecha DIECIOCHO MESES Y TRES DÍAS DE DETENCIÓN.-
IV).- A fs. 6 del presente incidente obra informe de conducta remitido por la Comisaría Segunda de esta ciudad, en el que se informa que en dicha dependencia se encuentra detenido y alojado el ciudadano C. A. C., DNI N° …, que con respecto a la conducta del nombrado desde que ingresara (11/09/19) y hasta la fecha ha demostrado una conducta EJEMPLAR, ya que el mismo tiene buena relación con los demás detenidos y acata las ordenes del personal policial, así como también mantiene su aseo personal y de su lugar de alojamiento. Por su parte la Comisaría Primera de esta ciudad informó que si bien C. no se encuentra más alojado en dicha dependencia, hasta la fecha de su traslado el mismo mantenía buen comportamiento, acatando órdenes y reglamentación interna de las Comisarías, manteniendo en todo momento el respeto debido con el personal policial así como también con el resto de los internos.-
V).- A fs. 13 y vta. se agrega informe de la Lic. María Sara Macías Cenoz, Psicóloga Forense, quien informa que el día 30/10/20 efectuó entrevista psicológica al Sr. C. C. Andrés, de 36 años, nivel de instrucción universitario completo, de ocupación abogado, privado de su libertad hace un año y medio en total aproximadamente. El examinado se dispuso a la exploración psicológica forense, adaptándose al encuadre establecido, exhibiendo capacidades orientativas y comprensivas suficientes, expresándose con un discurso organizado, con vocabulario y contenidos acordes a su nivel/contexto educativo/social, responde convenientemente a las pruebas proyectivas gráficas administradas. Exterioriza niveles de ansiedad elevados, comprendidos en el contexto/situación judicial/legal que se encuentran atravesando. Enfocando el presente informe en el requerimiento puntual, en relación a la aptitud de reinserción social del entrevistado, al momento actual, no se hallan elementos que resulten negativos al respecto. En este sentido, cabe destacar, resulta fundamental que el Sr. C. reciba asistencia en el área de salud mental, resultando necesaria la misma, con el objetivo de brindar herramientas que posibiliten la contención de aquellos aspectos de su personalidad que podrían resultar desadaptativos, mostrando el entrevistado predisposición, conformidad y motivación positiva al respecto.-
VI).- Que corrida vista al Ministerio Fiscal, el Dr. FRANCISCO A. ARRUE -Subrogante- se pronuncia a fs. 14/15 y vta. de ésta incidencia, expresando que el caso típico de cesación de prisión es cuando se ha agotado en detención el máximo de la pena con que se conmina en abstracto el delito imputado, pero dicho criterio también resulta extensible a otros supuestos, pues la ley sujeta la cesación del encarcelamiento a una sola condición: que el juzgador estime prima facie, que al imputado no se lo privará de su libertad por un tiempo mayor al de la prisión preventiva ya sufrida. Cuando la prolongación del encarcelamiento procesal iguale en su duración el tiempo de privación de libertad que la condena por el delito atribuido pueda llegar a acarrearle al imputado, éste, sin duda, ya nada tendrá que temer del proceso; y difícilmente a esa altura pueda perjudicar la debida reconstrucción histórica de los hechos. La sentencia, en este caso, no podrá inferirle más daño del ya sufrido, de donde resulta legítimo concluir que en tales condiciones ha de ser difícil que con su fuga pretenda obstaculizar su dictado. Si ello es así, es claro que en tal supuesto habrán cesado las razones que abonan el mantenimiento de su restricción personal a la libertad, que por tal virtud se deberá hacer cesar, ya que desaparecida la motivación de la cautela, pierde razonabilidad el arresto que la Constitución, autoriza. El Ministerio Público podrá oponerse a la libertad del imputado por la especial gravedad del delito que le fuere atribuido, o cuando entendiera que concurre alguna de las circunstancias previstas en el articulo 319 del Código Procesal Penal de la Nación, o que existieron articulaciones manifiestamente dilatorias de parte de la defensa. En el caso especifico al procesado C. A. C. se le imputan los delitos de Lesiones graves doblemente calificadas por haber mantenido con la victima relación de pareja y la condición femenina de esta (Violencia de Genero) Daño y Coacciones en concurso real (arts. 90, 92, 80 1er párrafo y 11, 183, 149 bis, 2 do. párrafo del C.P). Que a fs. 4 vta., obra informe de la Secretaria Dra. Graciela Chamorro expresando que C. A. C. lleva detenido a la fecha dieciocho meses y tres días, entonces el tiempo que ha cumplido a la fecha no supera los dos tercios de la pena que podría recaer. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos atribuidos y la hipótesis de concurso real en la especie, que contempla un mínimo de 3 años y un máximo de 15 años, por lo que la privación de libertad que ante una eventual condena seria superior al tiempo de prisión preventiva sufrida (art. 311 del C.P.P y 13 del C.P.). Del informe Psicológico obrante a fs. 13 realizado por la Licenciada María Sara Macias Cenoz, surge que el imputado, si bien en relación a la aptitud de reinserción social, al momento actual no se hallan elementos que resulten negativos al respecto, cabe destacar que resulta fundamental que el Sr. C. reciba asistencia en el área de la salud mental, resultando necesaria la misma con el objetivo de brindar herramientas que posibiliten la contención de aquellos aspectos de su personalidad que podrían resultar desadaptativos. Se debe asegurar el sometimiento del imputado al proceso y evitar toda fuga o entorpecimiento judicial y que no se vea truncado el derecho de una sociedad de asegurar un adecuado servicio de justicia, ya que es imposible juicios penales en ausencia del imputado, teniendo en cuenta la etapa procesal en que nos encontramos, próxima a fijación de audiencia de debate. Ello, sumado a la especial gravedad del delito que se le imputa, la severidad de la pena que se le atribuye y el grado de participación en calidad de autor que se le atribuye, constituyen circunstancias concretas que avalan la necesidad de neutralizar los riesgos procesales presumidos. Además es dable recordar que durante la sustanciación del proceso se ha concedido libertad ambulatoria al imputado, bajo la implementación de Sistema Dispositivo Electrónico (Monitoreo Dual) y en fecha 30 de diciembre de 2019 por Auto N° 685 se resuelve Revocar la excarcelación por violación de la no aproximación de 200 metros, entonces en casos como estos de violencia de genero es prudente y necesario resguardar a las victimas. Por todo expuesto estimo que no corresponde conceder el beneficio solicitado.-
VII)- Compulsado el expediente principal, surge que al imputado C. se le atribuyen los delitos de LESIONES GRAVES DOBLEMENTE CALIFICADAS -POR HABER MANTENIDO EL AUTOR RELACIÓN DE PAREJA CON LA VÍCTIMA Y LA CONDICIÓN FEMENINA DE ÉSTA (VIOLENCIA DE GÉNERO), DAÑO Y COACCIONES EN CONCURSO REAL (art. 92, 90 y 80 incs. 1º y 11º; 183; 149 bis 2do. párrafo y 55 del CP) conforme Requisitoria Fiscal de Elevación a Juicio obrante a fs. 826/835.-
Que considerando la calificación legal atribuida a los hechos materia de investigación, la escala penal en abstracto de dichos ilícitos, la cual conforme a las reglas previstas en el art. 55 del C.P., es de 3 a 15 años de prisión, se advierte que el monto de la pena a aplicar, le permitiría al encartado obtener el beneficio solicitado. El art. 311 del C.P.P. impone al juez la obligación de estimar la condena, que eventualmente, podría corresponder al imputado en la causa. Que en base a los antecedentes obrantes en este Tribunal, sin que implique adelantar opinión, pero analizando las particularidades del presente caso, teniendo en cuenta la falta de antecedentes penales anotados del imputado y en concordancia con la Fiscalía de este Tribunal, se debe mencionar que se han dictado sentencias condenatorias en la escala mínima tanto de ejecución condicional como de cumplimiento efectivo (causas PXG N° 16.905/14 y PXG N° 16.884/14). En igual sentido el TOP de la ciudad de Mercedes (Ctes.), se ha pronunciado dentro de estos parámetros en la causa PXC N° 7.457/16. Por otra parte y en concordancia con lo expresado anteriormente debe tenerse presente que la prisión preventiva es de carácter excepcional, cautelar y provisoria, y por lo tanto en base a los informes incorporados a la causa, tanto los de conducta suscriptos por la Comisaría Primera y Segunda, los cuales consignan un buen comportamiento por parte de C., como el informe psicológico de la Lic. Macias, quien menciona que no ha encontrado elementos que resulten negativos en relación a su reinserción social, y lo establecido en el art. 13 del C.P., el tiempo de detención que lleva cumplido, un año seis meses y tres días de prisión, el suscripto entiende que bajo determinadas reglas de conducta las cuales deben ser estrictamente cumplidas por el encartado, puede hacerse lugar a lo peticionado. Que conforme lo dispuesto en el art. 27 bis del C.P. propongo se le imponga al imputado C. las siguientes reglas de conducta, las cuales deberá cumplir bajo apercibimiento de revocarse el beneficio otorgado y ordenarse su inmediata detención: a) la realización de un tratamiento psicológico, tal como lo recomendara la psicóloga forense en su informe, debiendo informar a este Tribunal la profesional tratante y remitir periódicamente -una vez al mes- constancia de su cumplimiento y evolución. b) el imputado C. deberá concurrir todos los lunes o día subsiguiente de ser feriado o inhábil, a la Comisaría correspondiente al domicilio fijado por éste, establecimiento rural “Don Juan”, sito en Paraje San Antonio, Tercera Sección Rural del Departamento de Goya, debiendo dicha dependencia remitir mensualmente planilla en la que se consigne la firma del imputado que acredite su comparecencia. c) imponer al imputado C. la prohibición de relacionarse o acercarse a menos de doscientos metros de la ciudadana G. S. D., como también de su domicilio, sito en Bolivia 1220 de esta ciudad. A los fines de garantizar el cumplimiento de tal medida se deberá disponer el ingreso del imputado C. A. C. – en carácter de imputado- y de G. S. D. – en carácter de víctima- al Programa de Sistemas de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores Sexuales y Víctimas de Violencia de Género, debiéndose oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, a los fines de que a la mayor brevedad posible se sirvan proveer un dispositivo dual de supervisión, monitoreo y rastreo (una pulsera para el imputado y un dispositivo de geolocalización para la víctima) a los fines de hacer efectiva la medida de restricción de 200 metros impuesta al encartado C.. Asimismo entiendo se le debe hacer saber al imputado C. que en caso de encuentros o acercamientos casuales, es SU OBLIGACIÓN y no de la víctima Dezorzi, ALEJARSE DE MANERA INMEDITA DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE, a fin de respetar los 200 metros de distancia entre ambos impuestos en esta Resolución. Asi voto.-
VOTO DEL DR. JOAQUIN JORGE SEBASTIAN ROMERO: Que, prestando conformidad a los fundamentos brindados por el preopinante, he de inclinarme también por dar respuesta afirmativa a la concesión del instituto de cese de prisión peticionado por la defensa técnica del imputado.
Que, en efecto, las medidas de coerción implican restricciones a los derechos individuales de las personas o de su patrimonio. Pero desde la perspectiva del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, y a partir de los fundamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velazquez Rodríguez vs. Honduras, sabido es que las restricciones o medidas cautelares pueden interponerse solo cuando sean estrictamente necesarias para asegurar los fines del proceso.-
En pocas palabras, las medidas de coerción personal se traducen en una limitación o privación de libertad. Por lo que, para aplicar este tipo de medidas, debe escogerse siempre la menos lesiva en forma razonable.
Este escalonamiento coercitivo tiene recepción constitucional de conformidad con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos (art. 18, 75 inciso 22 C.N.; arts. 1.1, 5, 7.1, 7.2, 7.5 y ccs. CADH; 9.3 PIDCyP la prisión preventiva no debe ser la regla general; art. 37 -privación de libertad como medida de último recurso- CDN) ya que el imperativo prohibe imponer al reo restricciones a su libertad que excedan el límite de lo imprescindible y esta regla debe aplicarse con mayor razón a quien le ampara el estado de inocencia. Esto se traduce en la necesidad de búsquedas alternativas a la privación de la libertad.
Y en este entendimiento, los tratados internacionales sobre derechos humanos, dedican especial protección a la libertad ambulatoria y al estado jurídico de inocencia. Ambos principios refuerzan la necesidad de establecer el derecho de toda persona a gozar de su libertad durante el proceso penal. por lo que puede decirse que esta brecha entre libertad y detención debe llenarse con medidas coercitivas que puedan imponerse en forma individual o en combinación. De este modo se proporciona un abanico de posibilidades que garanticen la sujeción del imputado al proceso, sin acudir a la privación de la libertad, pues esta última procederá solo cuando las alternativas no funcionen.
Y en este contexto, si bien la Ley 2.945 de Corrientes no lo menciona, pero a partir de la construcción doctrinal y jurisprudencial, los códigos reformistas como lo es la Ley 6.518 de Corrientes recepcionan estas otras alternativas distintas de la prisión preventiva para asegurar los fines de todo proceso penal y la sujeción del imputado a juicio (art. 232).
En esta inteligencia, sin adelantar opinión respecto al juicio mismo, teniendo en cuenta la escala en abstracto en la sumatoria de ilícitos traídos a consideración, que refleja un marco de 3 a 15 años de prisión, se advierte que el monto de la pena a aplicar en la hipótesis, le permitiría al encartado obtener el beneficio de una pena de ejecución condicional. Por otra parte, y si bien es cierto como lo advierte la fiscalía que durante la sustanciación del proceso se ha concedido la libertad ambulatoria al imputado, bajo implementación de Sistema Dispositivo Electrónico (Monitoreo Dual) y en fecha 30 de diciembre de 2019 por Auto N°685 se resuelve revocar la excarcelación por supuesta violación de la no aproximación de 200 metros, ello no es óbice para ordenar el cese de prisión pues no se ha indicado ningún acto concreto que permita presumir que el imputado se fugará y/o entorpecerá la investigación -que al día de la fecha se encuentra acabada-. Ergo, el dictamen fiscal no produce un razonamiento lógico y coherente sobre la necesidad y el tiempo de la imposición cautelar, no ha indicado cuál es el riesgo procesal en concreto siendo posible la imposición de otras medidas menos lesivas para asegurar los fines del proceso resguardando con ello también a la supuesta víctima, a la vez que aun no se cuenta en autos con fecha de debate.
En este sentido, la petición de la defensa ha de prosperar, pues el rechazo fiscal debe contener la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, entre ellos, el de la necesidad, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido en todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Así es que no hallando en el presente, presupuestos concretos que me inclinen por su rechazo, habré de propiciar que se haga lugar a lo peticionado con la imposición de las medidas impuestas por el preopinante. Asi voto.-
VOTO DEL DR. JORGE ANTONIO CARBONE: Que, si bien comparto con mis colegas preopinantes el análisis constitucional y convencional respecto a la protección a la libertad ambulatoria y al estado jurídico de inocencia del imputado C. A. C., manifiesto mi disidencia respecto a la concesión del Cese de Prisión solicitado por el mismo con el patrocinio del Dr. Jorge Leandro Montti, en base a los fundamentos que seguidamente paso a exponer.
A fin de evitar repeticiones, C. A. C. solicita el beneficio de Cese de Prisión en razón de estar privado de libertad desde hace más de un año y seis meses, lapso temporal excesivamente extendido en función de los delitos cuya comisión se le atribuyen. Refiere una imputación en su contra de Lesiones Graves doblemente calificadas, sin tener prueba fehaciente más que los dichos de la denunciante (niega que el hecho exista). Que conforme a la calificación es pasible de una pena de entre 3 y 10 años de prisión lo que cabría, a priori una absolución o una pena de ejecución condicional, conforme a su falta de antecedentes penales y su condición de hombre de Derecho con ejercicio profesional reconocido, público y notorio, lo cual en caso de recuperar la libertad no podría frustrar los fines del proceso penal, sumado a que la causa se encuentra procesalmente en la etapa plenaria. Ilustra su petitorio con jurisprudencia del S.T.J. de Corrientes (Sent. N° 84/14) Cámara de Apelaciones de Corrientes (Res. N° 118/18). Asimismo acredita un domicilio estable, arguyendo un re encarcelamiento arbitrario e injusto, “…toda vez que resulta probado en a utos de que fue la Sra. G. S. D. -denunciante en autos- quien era la se acercaba físicamente a los lugares donde estaba domiciliado en un inmueble de mi propiedad (calle Colón N° …, 1er. Piso de esta Ciudad) con la intención de perjudicarme…” por lo que a fin de impedir esas maniobras impropias fija domicilio en el establecimiento rural “Don Juan” de propiedad de su padre. Agrega que ha permanecido siempre a derecho, tuvo excelente conducta durante su encierro. Finalmente menciona principios de raigambre constitucional como ser la Presunción de Inocencia y el derecho a la libertad en una investigación.
Respecto al dictamen del Sr. Fiscal del Tribunal, en razón de la brevedad me remito a lo expuesto por mis colegas preopinantes.
Conforme a la requisitoria fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 826/835 surge que el Ministerio Público Fiscal atribuye al peticionante C. C. los delitos de LESIONES GRAVES DOBLEMENTE CALIFICADAS -POR HABER MANTENIDO EL AUTOR RELACIÓN DE PAREJA CON LA VÍCTIMA Y LA CONDICIÓN FEMENINA DE ESTA (VIOLENCIA DE GÉNERO), DAÑO Y COACCIONES EN CONCURSO REAL (art. 92, 90 y 80 inc. 1 y 11; 183; 149 bis 2do, párrafo y 55 del CP), hallándose en trámites previos para la audiencia de Debate.
El Señor C., durante la investigación cobra la libertad ambulatoria luego de más de doce meses privado de la misma, con la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia menor de 200 metros, implementándose para su debido control el sistema de dispositivo electrónico (Monitoreo Dual), revocándose esa excarcelación por violar la prohibición establecida, debidamente documentada, por Auto N° 685 de fecha 30 de diciembre de 2019, del Juzgado de instrucción N° 1, confirmada por la Cámara de Apelaciones Penales de Mercedes Res. N° 172/20 de fecha 20 de julio del 2020. Hallándose firme a la fecha.
Ahora bien, al comenzar tal análisis resulta ineludible señalar que nos encontramos ante un caso que denuncia “violencia doméstica (relación de pareja) y de género”, en el que el varón aparece ejerciendo todo su poder en relación a una víctima mujer a la que intimida y trata con violencia, en virtud de la relación vital en que se halla.
La prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer tiene un amparo especial a nivel supranacional en la “Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (más conocida como la “Convención de Belém Do Pará”, aprobada por Ley 24.632). Estas directrices internacionales, a nivel nacional, se plasman en la Ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), planteando como objetivos promover y garantizar el derecho a la mujer a vivir una vida sin violencia (art. 2), y específicamente a preservar su “integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial” (art. 3 inc. c). Pretendiendo hacer visible la violencia sistemática y generalizada que sufren las mujeres por el hecho de ser tales, para así combatir su aceptación y naturalización cultural. En este orden de ideas, la citada Convención de Belém Do Pará en su preámbulo afirma que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades’ y preocupados “ porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres establece como deberes de los Estados, condenar todas las formas de violencia contra la mujer, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7 inciso “b”) y tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer (art. 7 inc. e). A su vez, se reseñó la postura de la CSJN en ya citado fallo “Góngora”, en el que entre otras cuestiones consideró que “el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el “acceso efectivo» al proceso (…) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria”.
El presente caso no sólo debe ser analizado a la luz de los las normas internacionales sobre derechos humanos que amparan al imputado sino que deben ser conjugados armónicamente con los derechos que resguardan a las personas vulnerables como la mujer, ameritando un tratamiento más exhaustivo. Es así que a través de ese marco hermenéutico, en acuerdo a los compromisos internacionales asumidos para asegurar la realización del debate, nos demanda poner mayor énfasis en aquellas circunstancias que podrían impedirlo u obstaculizarlo.
En esa mentalidad, no vislumbro elementos suficientes y significativos para revocar la medida cautelar impuesta por el Juez de Instrucción, confirmada por la Cámara de Apelaciones Penales de Mercedes, concediendo el Cese de Prisión al Sr. C., ya que el mismo Dr. Lucio López Lecube, a su debido tiempo, sostuvo que el medio de coerción personal (prisión preventiva dispuesta contra el Sr. C.) podía ser suplido por otro de menor impacto en la vida del imputado, y es así que le otorga la Excarcelación condicionada a que cumpla con determinadas reglas entre ellas “restricción de acercamiento a la víctima”, siendo controlado por el primer dispositivo de vigilancia y control colocado en la jurisdicción de la ciudad de Goya, es decir, el Sr. C. aceptó y prestó su consentimiento para obtener su libertad, sabiendo a ciencia cierta las consecuencias que traería aparejado su incumplimiento (sumado a su condición de letrado con amplia trayectoria, tal como lo expresa en su escrito) no obstante violó la prohibición establecida trayendo aparejada una nueva detención el día 30 de diciembre de 2019 ordenada por Auto N° 685 del Juzgado de Instrucción N° 1.
A modo ilustrativo, se puede decir que los dispositivos de vigilancia y control electrónico suponen la aplicación de diversas tecnologías con la finalidad encaminada a poder comprobar respecto de una persona su localización espacio-temporal. La aplicación de esta tecnología sirve para poder establecer un control real respecto de aquellos sujetos sobre los que se han establecido diversas prohibiciones relativas a su libertad ambulatoria o de comunicación, como una medida cautelar o como pena en sentencia firme. Como toda tecnología precisa de un elevado grado de colaboración humana, y en este caso concreto, la del infractor a quien se le ha impuesto dicha medida de control y vigilancia. Sucintamente debemos de recordar que está compuesto por tres dispositivos con la finalidad de poder establecer cuál es la posición de la persona obligada por el sistema de control con relación a la víctima. La persona obligada lleva dos aparatos, uno que tiene forma de pulsera, el que emite una señal de radiofrecuencia y un segundo dispositivo, con un aspecto parecido a un teléfono móvil, este con la finalidad de recoger la señal de radiofrecuencia que es emitida por la pulsera. El tercer aparato o dispositivo lo lleva la víctima, con unas características muy parecidas al que llevaba el otro, pero con la adición de una antena que va a recoger la señal de radiofrecuencia que provenga de los dispositivos que portaba el obligado por la medida de control.
Este tipo de dispositivos, entre varias de sus finalidades está la de evitar la re victimización de la mujer, protegiéndola de posibles nuevos ataques o bien de amedrentamiento con el fin de influenciar sobre su testimonio, antes del debate oral.
En esa lógica, no encuentro fundamento para otorgarle una segunda oportunidad, a través de la concesión del beneficio del cese de prisión con el mismo resguardo que ya incumplió (colocación dispositivo electrónico de control de movilidad) más aún cuando de su propio escrito se infiere su negación por la falta cometida, echando toda la culpa a la víctima, irrogándole sin fundamento o prueba que acredite sus dichos, que la misma realizó los actos impropios para perjudicarlo, sumado a que de todo su libelo subrepticiamente descarta en cuanto a la calificación legal el contexto de violencia de género, expresándolas como “Lesiones doblemente agravadas”.
Que, debemos tener presente que el art. 311 del C.P.P. establece que el Juez si estimare “prima facie” que el imputado no se lo privará de libertad, en el caso de condena por un tiempo mayor al de la prisión preventiva sufrida dispondrá por auto la cesación de esta y la inmediata libertad de aquel. Si bien es cierto que el mínimo de la pena en abstracto que conllevan los delitos por los cuales viene requerido el endilgado, permitirían una condena condicional, lo cual implicaría que sufra padecimiento superior al de una eventual condena, concibo que con lo dicho precedentemente resulta suficientemente acreditado el peligro procesal ínsito en que el Sr. C. de hallarse en libertad vuelva a incumplir con la orden judicial entorpeciendo el proceso, influenciando sobre la Sra. G. S. D., volviendo a ponerla en un estado de vulnerabilidad, contrariando toda la normativa nacional e internacional que protege a la mujer.
Por los fundamentos expuestos, considero que debe ser rechazado la solicitud del beneficio de cese de prisión a favor de C. C., instando a que una vez cumplidos los recaudos previos se fije fecha de debate en forma inmediata.
Finalmente, y para casos futuros motivándonos en dar cumplimiento con lo previsto en la Ley 26.485, LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, estimo conveniente que el Ministerio Público Fiscal, antes de emitir su dictamen no solo ponga en conocimiento de la mujer víctima el pedido de libertad de su agresor, sino también escucharla, asistirla y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte. Asi voto. Por todo ello;;;
EL TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º).- HACER LUGAR al Cese de Prisión solicitado por el imputado C. A. C. con el patrocinio letrado del Dr. JORGE LEANDRO MONTTI, disponiéndose su libertad una vez implementado lo dispuesto el Punto Tercero de la presente.-
2°)- IMPONER como reglas de conducta al imputado C. A. C.: a) la realización de un tratamiento psicológico, tal como lo recomendara la psicóloga forense en su informe, debiendo informar a este Tribunal la profesional tratante y remitir periódicamente -una vez al mes- constancia de su cumplimiento y evolución. b) el imputado C. deberá concurrir todos los lunes o día subsiguiente de ser feriado o inhábil, a la Comisaría correspondiente al domicilio fijado por éste, establecimiento rural “Don Juan”, sito en Paraje San Antonio, Tercera Sección Rural del Departamento de Goya, debiendo dicha dependencia remitir mensualmente planilla en la que se consigne la firma del imputado que acredite su comparecencia. c) imponer al imputado C. la prohibición de relacionarse o acercarse a menos de doscientos metros de la ciudadana G. S. D., como también de su domicilio, sito en Bolivia 1220 de esta ciudad.
3°).- DISPONER el ingreso del imputado C. A. C. – en carácter de imputado- y de G. S. D. – en carácter de víctima- al Programa de Sistemas de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores Sexuales y Víctimas de Violencia de Género, debiéndose oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, a los fines de que a la mayor brevedad posible se sirvan proveer un dispositivo dual de supervisión, monitoreo y rastreo (una pulsera para el imputado y un dispositivo de geolocalización para la víctima) a los fines de hacer efectiva la medida de restricción de 200 metros impuesta al encartado C..-
4°).- SIN COSTAS.-
5º)- Regístrese, Notifíquese, Oficiese.-
C., C. Andrés s/lesiones graves – Juzg. Instrucción N° 1 – Goya – 08/03/2019 – Cita digital IUSJU036397E
002804F
