Tiempo estimado de lectura 7 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 23 de abril de 2020.-
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.- Intervenimos en la apelación interpuesta por la defensa de H. D. A., contra el auto del 15 de abril pasado que denegó su excarcelación y el arresto domiciliario solicitado en subsidio.
Se encuentra procesado, con prisión preventiva, en orden al delito de robo en poblado y en banda, pronunciamiento que hemos confirmado el pasado 3 de abril.
II.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo:
El agravio principal de la defensa gira en torno al contexto de emergencia sanitaria suscitado por la pandemia, que implicaría un importante peligro de contagio para A. que es asmático crónico.
Si bien el facultativo del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza que lo examinó certificó esa patología, destacando que integra el denominado grupo de riesgo, lo cierto es que lo encontró clínicamente estable y cumpliendo el tratamiento indicado con medicación y controles periódicos, por lo que no reviste emergencia que torne procedente la vía excepcional intentada.
Las medidas que ha ido adoptando el Servicio Penitenciario Federal en cumplimiento de los protocolos realizados por el Ministerio de Salud de la Nación (ver notas del SPF nros NO2020-24067139-APN-DHPCIICABA#SPF y 2020-24144819-APN-CPFCABA#SPF) hasta el presente han demostrado eficiencia en el control de la pandemia en ese ámbito.
Pero además hay otro dato fundamental que la defensa parece dejar de lado: el lugar donde podría cumplir el arresto domiciliario.
Propone el domicilio de una vecina de su infancia, pero es evidente que sólo fue brindado para otorgar mayor sustento al pedido pero no constituye arraigo y podría abandonarlo en cualquier momento.
Basta recordar que A. había mentido cuando proporcionó el de padre que refirió que hace diez años que no reside con él, y luego reconoció estar en situación de calle.
De ahí que la conjunción del control adecuado en la unidad de detención de su enfermedad y la falta de una residencia fija revelan lo inconsistente del planteo de la defensa.
Más cuando sus tres condenas implican que la sanción que eventualmente aquí puede obtener será de cumplimiento efectivo. (artículo 26 a contrario sensu del Código Penal de la Nación).
Lo incierto de su arraigo, que cuente con otras diez identidades en el Registro Nacional de Reincidencia y que junto con otras dos personas interceptaran a C. N. C. para con golpes de puño sustraer su celular me persuaden que la medida cautelar es indispensable para neutralizar el peligro procesal verificado sin que se advierta otra menos lesiva del catálogo del artículo 210 citado.
Por ello, teniendo en cuenta que el auxiliar fiscal se opuso a su soltura y que está detenido desde el 13 de marzo pasado, lo que no luce desproporcionado conforme el artículo 207 del Código Procesal Penal de la Nación, he de homologar la decisión del juez de grado.
III. La jueza Magdalena Laíño dijo:
1°) El caso traído a inspección jurisdiccional será evaluado a la luz de los lineamientos fijados por los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063, modif. por Ley 27.482 y decreto 118/2019).
Ello en tanto, lo allí reglado constituye una interpretación más respetuosa de los derechos reconocidos a los justiciable en el Bloque de Convencionalidad y los documentos emitidos de los organismos regionales sobre el uso de la prisión preventiva (en particular, Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Barreto Leiva vs. Venezuela”, “López Álvarez vs. Honduras”, “Yvon Neptune vs. Haití”, “Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador”, “Argüelles y otros vs. Argentina”; “Bayarri vs. Argentina”; “Suarez Rosero vs. Ecuador” -entre muchos otros-, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 12/96 “Giménez” Informe 2/97, Informes 35/07 y 86/09 “Peirano Basso”, Informe 84/10 “Díaz Peña”; “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”-OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, 30/12/2013- y en particular “Informe sobre las medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas” -OEA/Ser.L/V/II.163 Doc, 105, 3/7/2017-).
Frente a este panorama, la solución debe adoptarse atendiendo a dichos parámetros, que aseguran, por una parte, una interpretación pro homine y favor libertatis de las normas en juego que imponen privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal (cfr. CSJN, in re “Acosta”-Fallos: 331:85- y G. 763. XLVI; RHE “Germano, Karina s/causa nº 12.792” rta. el 14/02/2012); y por otra, otorgan plena vigencia a la garantía constitucional de presunción de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 7.5, y 8.2 CADH, 14.2, PIDCyP y CSJN “Napoli” -Fallos: 321:3630-).
2°) En sub iudice existen razones suficientes que permiten excepcionar el principio de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso (cfr. mi voto en CCC 36407/18/1CA2 “Delgado” rta. el 5/7/18 Sala VI y arts. 1 y 3 DUDH, 7 CADH, 1 DADDH, 9 PIDCyP, 2 y 280 del CPPN).
En particular tengo en consideración el riesgo de fuga que se verifica con la amenaza de encierro por las condenas previas que registra, lo incierto de su arraigo, las diferentes identidades con las que se encuentra anotado en el Registro Nacional de Reincidencia y las características violentas del hecho atribuido.
En definitiva, estimo que se encuentran reunidos los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para justificar la excepcionalidad del encarcelamiento preventivo.
Sin embargo, la continuidad de la medida de coerción personal dispuesta dependerá, en definitiva, de una pronta realización del juicio ya que, a mayor duración de la prisión preventiva, mayores son las exigencias para mantenerla (cfr. CNCCC, Sala 2, causa CCC 71238/2014/TO1/4/CNC2 “Nievas”, reg. 13/2015, rta. el 10/04/2015, del voto del juez Sarrabayrouse).
Por otra parte, con relación al planteo del recurrente sobre la pandemia del COVID-19 dada la patología preexistente de ASMA que padece, la que lo coloca dentro del grupo de riesgo, el informe médico elaborado por los especialistas del centro de detención establece que está recibiendo la medicación sintomática y control periódico por servicio médico de planta y de enfermería de pabellón de alojamiento.
Frente a este especial panorama como mantuve anteriormente, este extremo debe ser analizado de forma global y teniendo en cuenta por un lado, la situación de emergencia sanitaria declarada producto de la pandemia y las consecuentes medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario Federal, y por otra parte la particular situación del peticionante.
Las recientes observaciones y recomendaciones propuestas tanto por los organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud -OMShttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1; Comisión Interamericana de Derechos Humanos Resolución 1/20 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS”; las manifestaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, https://acnudh.org/hay-que-tomar-medidas-urgentespara-evitar-queelcovid-19-cause-estragos-en-lasprisiones/ y el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf y ) como nacionales (Comité Nacional para la Prevención de la Tortura http://cnpt.gob.ar/recomendaciones-del-cnpt-ante-elcovid-19/ y la Procuración Penitenciaria de la Nación a través de distintos documentos) son coincidentes en priorizar el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión para grupos de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas o bien se encuentren privadas de su libertad por delitos menores.
En definitiva, no quedan dudas que el dinamismo con que se propaga en forma exponencial el virus denominado COVID-19 y las características propias de las personas privadas de libertad y de los centros de detención, constituyen datos de una realidad insoslayable que seguramente propiciarán la transmisión de la enfermedad intramuros.
Sin perjuicio de ello, a los fines de evaluar el otorgamiento de la excarcelación o la morigeración en la modalidad de cumplimiento de la prisión, no sólo tendré en cuenta estas cuestiones, sino que atenderé también a las particularidades de cada caso como lo he hecho precedentemente (cfr. mutatis mutandi, Corte IDH Medidas provisionales respecto de Brasil, “Asunto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho” resolución del 22-11-2018, párrafo 128).
Así las cosas, considero que no existen razones suficientes que justifiquen -por el momento- la medida peticionada, debido a los riesgos procesales existentes. Aun cuando se encuentre dentro del grupo de riesgo se le está brindando tratamiento adecuado y por el momento no surge que su afección no puede ser atendida dentro del penal.
Tal es mi voto.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
CONFIRMAR el auto que DENEGÓ la excarcelación y prisión domiciliaria -solicitada en subsidio- de H. D. A., en todo cuanto ha sido materia de recurso.
Regístrese, notifíquese y, transcurrida que sea la feria judicial extraordinaria dispuesta en las Acordadas 6/2020, 8/2020 y 10/2020, devuélvase al Juzgado de origen.
Se deja constancia que el juez Mariano González Palazzo no suscribe en virtud de lo dispuesto en el art. 24 bis del Código Procesal de la Nación.
Julio Marcelo Lucini
Magdalena Laíño
Ante mí:
Ramiro Ariel Mariño
Secretario de Cámara
Barreto Leiva c/Venezuela – Corte Interamericana de Derechos Humanos – 17/11/2009 – Cita digital IUSJU062652C
001350F
