Propagacion de epidemia coronavirus buque auto de procesamiento embargo deber de informar sintomas bien comun salud publica

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JURISPRUDENCIA

 

 

 

Buenos Aires, 27 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa n° 1407/2020, caratulada “S., L. A. s/violación de medidas-propagación de epidemia (art. 205 del CP)” del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 9, a mi cargo, Secretaría n° 17 y respecto de la situación procesal de L. A. S. (argentino, titular de D.N.I. nro. …, nacido el día 28 de enero de 1999, hijo de P. y de C. B., estudiante, de estado civil soltero, con domicilio real en Soldado de la Independencia nro. …, Piso …ª, Dto. “…” de esta CABA y domicilio constituido junto con sus abogados defensores Dres. Mariano Cúneo Libarona y Diego Guerendiain en Avda. del Libertador nro. 602, Piso 27 del mismo medio, con sendos domicilios electrónicos … y …), de cuyas constancias;

RESULTA:

I.

a) Inicio y trámite de las actuaciones:

Que las presentes actuaciones se iniciaron el día 19 de marzo de 2020 en virtud de la prevención desplegada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, junto con la intervención de orden sanitario del personal de la Dirección Nacional de Fiscalización y Sanidad de Fronteras dependiente de la Secretaría de Calidad en Salud de Ministerio de Salud de la Nación.

Así, de acuerdo surge del Acta Circunstanciada n° 72, la Gerente de Operaciones María Victoria Laurent Sanchez se encontraba en la Terminal de Pasajeros “BUQUEBUS”, sita en Av. Antártida Argentina N° 821 de este medio, en virtud del arribo del B/P «JUAN PATRICIO» IMO 9106118, cuando a las 19:15 horas aproximadamente, arribaron tres (3) femeninos de Sanidad de Fronteras a cargo de la Inspectora Sra. Marcela Alejandra Chipolena, quien le hizo saber que ellos realizarían control de temperatura, acorde el Protocolo COVID-19, que todavía no podrían confirmar si lo harían a la totalidad de los pasajeros y tripulantes. Que serían cuatroscientos cuatro (404) pasajeros, de los cuales setenta y uno (71) provenían de países de zona de riesgo; que la totalidad de ellos eran de nacionalidad argentina de los cuales treinta y ocho (38) eran nacionalizados. Que respecto a los tripulantes serían diecinueve (19), de los cuales diecisiete (17) eran argentinos y dos (2) uruguayos. Que a las 19:25 horas aproximadamente, la Sra. Chipolena le informó que un superior de ella, del cual no aportó datos, le expresó que aparentemente un pasajero argentino se habría escapado de la República Oriental del Uruguay (ROU) sorteando controles sanitarios, y que el mismo tenía COVID19 positivo. Agregó que se trataba del Sr. L. A. S. -DNI N° 41.780.738-, confirmando que se encontraba en la lista de pasajeros.

Que, toda vez que la Sra. Chipolena manifestó que en el caso de que realmente sea positivo el COVID-19 tendría que tomar la decisión de poner en cuarentena al Buque, y que de ser así se podría producir alteraciones entre los pasajeros, procedió a designar a tres (3) efectivos propios que se colocaran el kit de bioseguridad para realizar el acompañamiento a la autoridad sanitaria a bordo.

Fue así entonces que, a las 19:40 horas amarró el barco en cuestión abordando las tres (3) funcionarias femeninos de Sanidad de Fronteras y los tres (3) efectivos, a saber: CS Romero Cabral, CS Didelon y MO Ramirez. Que arribados al lugar mantuvo comunicación permanente con la Cabo Segundo DIDELON, la cual le informó que se encontraban con el Sr. S., a quien le tomaron la temperatura con dos (2) aparatos diferentes, arrojando resultado negativo y que el nombrado firmó una Declaración Jurada emitida por Sanidad de Frontera, declarando que no posee síntomas de COVID-19.

Que transcurrido un lapso aproximado de cuarenta (40) minutos, la Cabo Segundo Didelon le informó que el Sr. S. le mostró unas fotos a la Sra. Chipolena, personal de Sanidad de Fronteras, de unos estudios que el nombrado se había realizado hacía tres (3) días atrás aproximadamente en un laboratorio de la ROU, que habría arrojado resultado positivo para COV1D-19.

Que se procedió a aislar al Sr. S. en la cocina del mencionado buque con consigna en la puerta y que personal de Sanidad de Fronteras bajó a la planchada del barco, quedando a bordo personal de la fuerza de seguridad (PNA) para la contención de los pasajeros y tripulantes, y se procedió a reforzar con tres (3) efectivos más con los debidos kits de bioseguridad, siendo un total de seis (6) efectivos.

De seguido, de conformidad a la información volcada en el acta circunstanciada n° 73/20, se hicieron presentes en el lugar el Viceministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Daniel Ferrante -M.N 89410-, juntamente con el Director del SAME Dr. Alberto Crescenti -M.N 55494-, quienes realizaron el control de temperatura a la totalidad de pasajeros y tripulantes, para luego comenzar a cumplimentar la cuarentena correspondiente en el Hotel Panamericano sito en la calle Carlos Pellegrini N° 551 y en el Hotel Escorial ubicado en Salta N° 92 -ambos de este medio-, y los tripulantes en el Hotel de Inmigrantes, sito en Calle Caseros N° 677 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que a las 03:10 horas se procedió al traslado del Sr. S. con ambulancia del SAME hasta el Sanatorio «AGOTE», sito en la calle Dr. Luis Agote N° 2477 de la misma, con la debida custodia de la Policía de la Ciudad.

b) Hecho imputado:

Se imputó a L. A. S. haber violado las medidas de seguridad establecidas en el orden nacional y local – CABA- con motivo de la pandemia declarada en relación al virus COVID 19 -coronavirus-, lo que determinó el establecimiento de controles estrictos fronterizos de orden sanitario tendientes a detectar el posible ingreso al país de ciudadanos argentinos, extranjeros -residentes y no residentes- que arriben por cualquier paso y medio posiblemente contagiados a sabiendas de su implementación, para lo que se instauró -entre otras obligaciones- el llenado de un formulario obligatorio con carácter de declaración jurada requerido por la Dirección Nacional de Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación para que cada interesado se manifieste acerca de su situación de salud personal, al efecto de impedir la introducción o propagación de aquella que fue declarada de esa categoría por la Organización Mundial de la Salud el día 11 del mes de marzo y año en curso, oportunidad en que S. remarcó que no presentaba alguno de los síntomas que el propio instrumento describe, señalando con una cruz el lugar que reza “Nenhum/None/Ninguno” (sic), a sabiendas de su condición de afectado que le ocultó a la autoridad competente.

Ello se habría perpetrado en el transcurso del viaje que emprendió al abordar el día 19 de marzo ppdo. a las 18:30 horas en la Ciudad de Colonia de la República Oriental del Uruguay -previo haber estado en el Reino de España y Francia conforme lo admitió en el propio formulario- el Buque “Juan Patricio” -Mat 202 LW 7114- de la empresa Buquebus, el que arribó en la misma jornada al amarradero que la empresa posee en el Puerto de esta Ciudad.

II. Prueba:

A continuación se detallan los actos procesales y las medidas de prueba que contienen los datos que hasta el momento se lograron incorporar al legajo:

1. Actas circunstanciadas de fs. 1/2 y 3 producidas por Nadia Soledad Arancibia.

2. A fs. 6/19 se incorporó a las actuaciones sumariales el listado de pasajeros que se encontraban a bordo de la embarcación junto al prevenido.

3. Acta circunstanciada de fs. 20 producida por Víctor Núñez, quien se hizo presente en el Sanatorio Agote y notificó al imputado de la existencia de la presente causa. Además, se entrevistó con el médico Dr. Santiago Beccio -MN 112.933- quien refirió que se trataba de un paciente hasta el momento asintomático con estudios clínicos normales aparentemente con buen estado de salud y que aún no presentaba síntomas de la enfermedad COVD-19. Que los estudios realizados tienen una demora aproximada de cinco (5) días (la actuación tiene fecha 20/03/20) para poder estimar la existencia del virus. Por otro lado, se procedió al secuestro de los elementos electrónicos en poder del prevenido, detallados en el acta de secuestro de fs. 23 y fotografiados a fs. 24/25.

4. El acta de notificación de fs. 21 que impuso a L. A. S. sobre la índole de la imputación en derredor de las disposiciones de los arts. 205 y 239 del Código Penal.

5. El acta de detención documentada a fs. 22.

6. Acta de secuestro de fs. 23, correspondiente a la incautación de los elementos electrónicos que se encontraban en poder del prevenido.

7. Vista fotográfica y recepción de efectos personales de fs. 24/25.

8. Las declaraciones testimoniales prestadas en la prevención por Nadia Soledad Arancibia documentada a fs. 27/28, Víctor Alan Núñez de fs. 29, Alejandra Marcela Chipolina de fs. 66/67, Mirta Mabel Brito de fs. 73/74, Carina Viviana Pagano de fs. 76 y María Victoria Laurent Sánchez de fs. 220/221.

9. Los formularios de sanidad de frontera que en copia lucen a fs. 37/65, figurando a fs. 46 copia que reemplaza el original que confeccionó L. A. S..

10. El formulario agregado a fs. 70, correspondiente a L. A. S..

11. La copia de fs. 71, correspondiente a la captura de pantalla del aparato de telefonía celular del ciudadano L. A. S. que exhibe la recepción de un mensaje a través de la aplicación WhatsApp desde el abonado +… (el prefijo +598 corresponde a la República Oriental del Uruguay), de un contacto no registrado en el directorio del equipo que versa “L. S. hemos querido comunicarnos con Ud. Estamos enviando resultado de coronavirus para su conocimiento, el mismo ha sido positivo” 19:29 y a continuación exhibe el correspondiente estudio de laboratorio con membrete LAC.

12. El informe de laboratorio de fs. 72, que lleva el membrete LAC (Laboratorio de Análisis Clínicos- Av Italia 2595, 11600 Montevideo, Departamento de Montevideo, Uruguay) a nombre de L. S. que lleva número de orden 1368005, ingresado el 18 de marzo de 2020 que versa “COVID-19 LAC SARS-CoV-2 CORONAVIRUS DETERMINACION EN SECRECION RESPIRATORIA-Método: RT – PCR / Muestra: FAUCES- Resultado DETECTABLE – Intervalo de Referencia NO DETECTABLE – Se detecta la presencia de genoma de SARS-CoV-2 en la muestra analizada. Se envía muestra a DLSP para estudio confirmatorio” Fechado el 19/03/20 con horario 14:16:55.

13. La pieza que ha quedado incorporada a fs. 108/118, presentada en carácter de denuncia referida a estos hechos por parte del Dr. Arnaldo D. Medina, Secretario titular de la Secretaría de Calidad de Salud y a cargo de la cartera de salud de orden nacional.

14. Lo informado a fs. 124/125 por el titular de la cartera de salud de CABA, Dr. Ferrán González Bernaldo de Quirós.

15. El informe médico producido a fs. 133 por el galeno legista de la Prefectura Nacional Argentina, Dr. Andrés E. Zubrzycki.

16. La información proporcionada a fs. 127 por la titular de la Dirección Nacional de Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación Dra. Claudia Madies.

17. La información proporcionada a fs. 128/130 desde la Dirección Nacional de Migraciones.

18. El material fílmico remitido a fs. 134.

19. La constancia de “Estudios de Laboratorio” con membrete SISA -Sistema Integrado de información Sanitaria Argentino- a nombre de L. A. S., fecha de toma de muestra 20/03/2020 y resultado emitido el 24/03/2020 que versa “Determinación: Genoma viral 2019-nCoV; Técnica: RT-PCR en tiempo real; Establecimiento: 136208- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS -INEI- ANLIS-(PARQUE PATRICIOS, CABA); Evento en estudio: Caso sospechoso de COVID-19; Recibida por Derivación: Si; Fecha recepción: 21-03-2020; Resultado: Detectable; Valor: sin dato” -cfr. fs. 190-.

20. El examen a nombre de L. A. S. informado por el Sanatorio Agote solicitado por el Médico Carlos Medina, verificado y firmado por el Médico Darío Guevara, ingresado el 27/03/2020 con resultado respecto de CORONAVIRUS COVID-19: NO DETECTABLE.

21. El alta clínica y epidemiológica fechada el 6 de abril de 2020 firmada por la Dra. Adriana Gamba, Directora Médica del Sanatorio Agote, certificado extendido nombre de L. A. S..

22. La información proporcionada desde la empresa “Buquebus” a fs. 215/216, 228 y 240.

23. La historia Clínica aportada desde el Sanatorio Agote correspondiente al paciente L. A. S. -cfr. fs. 268/269-.

24. Lo informado a fs. 245/248 desde el GCBA a través de su representación en autos como parte legitimada en lo concerniente al resultado de seguimiento realizado por el Area de Vigilancia Epidemilógica.

25. La información periodística incorporada a fs. 222/224 y 260/267 respecto del pasajero Ramón Basteiro o Besteiro.

26. Las filmaciones recibidas desde Buquebus, que la apoderada canalizó en soporte digital DVD y amplió vía mail utilizando para su envío la plataforma DRIVE con la referencia JP 19-03-2020 correspondiente a la dirección https://drive.google.com/drive/folders/1xJ6Rl7Df8ZqQAi03v6M0JHufadRlhdfe.

III. Declaración Indagatoria:

Al momento de ser legitimado pasivamente, acto que se documentó a fs. 137/147, L. A. S. refirió respecto a sus medios de vida, que estudia en la Facultad de Ciencias Económicas y trabaja para su padre por lo que percibe mensualmente entre $ 20.000 y $ 25.000. Que vive con su mamá y su hermana de nombre J. (23) en el domicilio sito en la calle Soldado de la Independencia nro. …, Piso …, Dto. “…” de esta CABA. Que no tiene enfermedad alguna preexistente o cuestión de salud anterior a esta situación que deba mencionar. Dijo tampoco registrar proceso penal anterior.

Por otra parte, refirió comprender el hecho procesal celebrado y en lo que atañe a su estado de salud, habida cuenta de la situación particular que merece su internación con carácter de aislamiento en el Sanatorio Agote, expresó que se sentía bien, aunque estaba angustiado por la situación. Asimismo, indicó que era su deseo remitirse al escrito que sus abogados aportaron en ese acto compuesto de dieciséis (16) carillas, el cual fue leído por Secretaría, ratificado por el convocado, firmado por los letrados defensores, la Sra. Fiscal y el Secretario autorizante y agregado. A su vez, se reservó por Secretaría una hoja del diario Clarín, correspondiente a la sección TEMA DEL DIA, de las páginas 15 y 16, de fecha 22 de marzo de 2020.

Al ser preguntado por S.S. acerca de si era su deseo responder preguntas del Tribunal o, en su caso propuestas por la Fiscalía e incluso alguna adicional de sus defensores, expresó que deseaba remitirse exclusivamente al texto contenido en el escrito que fue leído en aquella ocasión.

L. A. S. explicó en la presentación que ha quedado incorporada a fs. 137/144, que por un viaje de estudios se desplazó a la ciudad de Madrid a mediados de enero del corriente año, cuya duración estaba programado hasta el mes de junio, siendo que por el avance de la pandemia durante los meses de febrero y luego ya en marzo la Universidad de Alcalá de Henares en la que participaba del intercambio, suspendió indefinidamente sus clases al tiempo que se anunciaba el cierre de fronteras de España, ordenándole sus padres que viajara (11/03/2020) a la ciudad de París, donde además tenía un amigo que estudiaba en Francia. Fue así que la situación se repitió y juntos con otros amigos debieron regresar a la Argentina, con muchas dificultades para conseguir pasajes -se anunciaba en la Argentina la suspensión de vuelos- hasta que para el día 15 siguiente pudo conseguir pasaje con destino directo a Montevideo -ROU- y de allí se dirigió a Punta del Este donde se reencontró con sus amigos.

Destacó que se encontraba bien de salud, a todo evento acompañó información periodística a través de la cual el Hospital de Clínicas de Montevideo desmentía haber atendido a un joven argentino por CORONA VIRUS y señaló que las autoridades de la ROU recién el día 17 decretaron aislamiento por catorce días a quienes ingresaban al país desde las zonas de riesgo, siendo que por inquietud de sus padres respecto de su estado de salud, se realizaron todos un test para lo cual concurrieron a domicilios médicos privados.

El día 18 a la noche, recibieron un llamado de los padres anunciando el cierre de fronteras con Argentina, por lo que les ordenaron que regresaran a la Argentina sin esperar el resultado de los test y fueron sus propios progenitores quienes le sacaron los pasajes vía Buquebus que partía desde la Ciudad de Colonia, adonde se dirigieron en una camioneta que también les consiguieron para ir al puerto, incluso, habían averiguado otras posibilidades de regreso a través del consulado argentino en Montevideo, lo que podría probar.

El día 19 de marzo a la mañana se trasladaron al puerto de Colonia, llevaron barbijos y alcohol en gel como recaudos frente a contagios, cumplieron los controles migratorios con normalidad, en su caso completando con la verdad sus destinos anteriores -Madrid y París- negando haber eludido un control sanitario dispuesto por las autoridades uruguayas.

Continuó relatando que una vez en el barco había muchas personas que provenían también de Europa que no tomaban precauciones y que habían dejado el Uruguay sin completar el período de cuarentena, también por el anuncio de cierre de fronteras que posiblemente fuera a ocurrir esa misma noche.

Textualmente, en una parte de la pieza expresó:

“… Durante el viaje, ya llegando a Buenos Aires, me enviaron el resultado por whats app. Fue algo inesperado, sorpresivo, nunca imaginé o sospeché que podía estar enfermo con corona virus. Siempre me sentí perfecto. Nunca tuve fiebre, me sentí débil o presenté algún debilitamiento.

Como dije, exactamente a las 19.29, recibí el informe mediante el whats app que aporté y obra en autos.

Siguiendo la recomendación de nuestros padres inmediatamente uno de mis amigos se acercó a una tripulante del barco y le comunicó que yo había recibido el resultado del test positivo.

Lo recalco por su importancia. Informamos de inmediato a la autoridad. No lo ocultamos.

Así bajé las escaleras del barco y me presenté ante la tripulante diciendo que era yo a quien le había dado positivo el examen por lo cual me apartaron de los pasajeros y me llevaron a otro lugar (no me trataron nada bien).

Mi proceder fue absolutamente transparente, puse en conocimiento de la autoridad inmediatamente el resultado del informe. Sí, como consta en autos, la dirección sanitaria argentina, la gerencia de operaciones del buque o los responsables del barco habían sido informados previamente de mi situación a través de funcionarios o médicos uruguayos, lo cierto es que quien se presentó espontáneamente ante la tripulante e informó la reciente comprobación fue el suscripto.

De ninguna manera, me individualizó o requirió mi presencia la autoridad ni personalmente ni por los parlantes o cualquier otro medio. Insisto yo seguí el consejo recibido e inmediatamente lo hice saber a las personas responsables y a cargo del buque para que dispongan las medidas necesarias.

Para acreditar la verosimilitud de mi exposición basta con individualizar a la funcionaria del barco a quien le di la noticia, sus rasgos son los siguientes: pelo morocho (lo llevaba atado), de contextura grande, de alrededor de 40 años de edad y estaba vestida con camisa blanca y pantalón oscuro según recuerdo (tenía el uniforme de la empresa Buquebus).

En ese marco me aislaron en un lugar y recuerdo que al tiempo se presentaron distintas personas, que ignoro quienes eran porque no se presentaron, y me interrogaron. En especial tres señoras que creo eran de sanidad y las acompañaban policías o prefectos. Recuerdo que se hizo un acta o declaración que firme sin leer ni prestar atención. Ignoro qué pusieron y su contenido y alcance. Me interrogaron tenazmente durante cierto lapso y les conté toda la verdad de mi viaje, que me sentía perfecto y que nunca sospeche o me represente que podía portar este virus. No recuerdo haber afirmado ante una tercera pregunta en el mismo sentido, que había tenido tos pero “muy poco” (como me informan que se consigna en el expediente). No obstante ello mis abogados me indican que esa manifestación, aunque falsa e intrascendente, carece de legitimidad y no puede ser valorada en mi contra por imperio de auto incriminación que representa una garantía consagrada en nuestra constitución.

Me revisaron en varias oportunidades y el personal de sanidad, los prefectos, una enfermera y distintos testigos comprobaron que era un paciente asintomático, con estudios clínicos normales y buen estado de salud, al punto que me tomaron la fiebre y comprobaron que no tenía (dio 36 en una primer ocasión y 36,5 era una segunda). Así surge acreditado en las actuaciones.

Eso fue todo.

Mi relato encuentra gran respaldo, salvo en los hechos antes aclarados, en lo expuesto por el oficial ayudante Víctor Núñez y el marinero Lautaro Cáceres; las inspectoras sanitarias de la Dirección Sanidad de Fronteras Marcela Alejandra Chipolina, Mirta Mabel Brito y Carina Viviana Pagano; la agente de operaciones de la terminal portuaria María Victoria Laurent Sánchez, y los funcionarios que intervinieron en el sumario Nadia Soledad Arancibia y Víctor Alan Núñez y en los documentos y actas confeccionadas.

Convalidan diversos hechos que informo en este escrito, entre otros mi estado perfecto de salud, sin síntoma alguno y sin fiebre (con 36 y 36,5 grados), que recibí el mensaje de whatss app, mi cooperación absoluta al punto que entregué voluntariamente mi computadora, mi teléfono y otros elementos electrónicos, etc.”.

Finalmente, realizó consideraciones referidas a que el mensaje al que aludió lo sorprendió de tal modo que no sospechó que podría estar enfermo, que siempre se sintió bien, por eso estaba con sus amigos y que la premura por dejar la República Oriental del Uruguay era por el posible cierre de frontera.

Sobre esta base, niega haber tenido voluntad y conocimiento o propósito para contagiar, incluso haber sido imprudente, siendo que completó el formulario de declaración jurada sanitaria con la verdad.

S., a través de sus letrados presentó un nuevo escrito en el que puso de manifiesto:

“… Ahora, con mayor calma y reflexión, habiendo superado los momentos que nunca había imaginado vivir’, me siento más tranquilo y quiero realizar las siguientes aclaraciones adicionales a la explicación efectuada por escrito en mi declaración indagatoria con relación al hecho concreto imputado.

Al momento de delinear el descargo, al igual que mis abogados, desconocía cuál era en concreto el hecho que se me imputaría, y me concentré en aclarar que:

i) no había esquivado o evitado ningún control sanitario en Uruguay para embarcar en el buque ni violando la cuarentena en ese país;

iii) que nunca había estado internado ni me había escapado de ninguna clínica o autoridad como se decía en los medios y sugirió con vaguedad y sin información una funcionaria local; que no había violado ninguna imposición de cuarentena impuesta por las autoridades de la República Oriental del Uruguay ni de nuestro país;

iv. y fundamentalmente, que tomé conocimiento del resultado positivo del test sobre el virus a las 19:29 del día 19 de marzo de 2020 con la notificación que me enviaron por whats app de la clínica Mautone;

v. Y que inmediatamente, primero a través de mis amigos y luego en forma personal, dí aviso inmediato de mi condición de portador del virus a las autoridades del barco (la Sra. tripulante que describí) mediante la exhibición de la notificación recibida por whats app (conforme la captura de pantalla de mi celular aporté y obra agregada a fs. 71).

Las constancias de la causa respaldan mis dichos y acreditan que no cometí delito alguno. Ni propagación dolosa o imprudente ni transgresión a las normas dictadas (CP arts. 202, 203 y 205).

Pero solo me referí de modo tangencial y por solicitud de mis abogados, a las circunstancias vinculadas al llenado del formulario de sanidad que me entregaron (ver fs. 46) y que completé de mi puño y letra luego de identificarme y notificar mi condición a la tripulante del Buque.

En otras palabras: Hasta el momento de escuchar el relato de la intimación de los hechos realizado por el Tribunal en el acta de mi declaración indagatoria, y de leerla con mayor tranquilidad horas más tarde junto a mis abogados, no supe que ese simple formulario sería el núcleo de la imputación que se me formula …”.

Seguidamente, repasó la imputación que enfrentara durante el acto de declaración indagatoria para pasar a señalar:

“… Es evidente entonces que el reproche está centrado en el supuesto incumplimiento de las medidas establecidas vinculadas a los síntomas que presentaba y/o a la omisión de identificarlos al momento de completar y firmar ese formulario.

Por las razones que brindaré y su respaldo en los elementos de prueba agregados al expediente, es que deseo ampliar y realizar las siguientes aclaraciones sobre ese particular llenado del formulario …”.

En el título “Aclaración. Inexistencia de delito.”, sostuvo:

“En primer lugar debo reiterar que el formulario me lo entregaron para que lo complete luego de que informamos a la tripulante del barco (esa mujer robusta, morocha de pelo atado que describí) mi situación de infectado y obviamente las autoridades del buque lo conocieron de su boca y de la mía (ver sus dichos).

Y consta en autos que el gobierno y la autoridad sanitaria lo sabían porque habían sido informados previamente (con mis datos y fotografía) y por eso las tres funcionarias de sanidad y los preventores fueron a buscarme al barco.

Repito, hasta antes de identificarme y mostrar a la tripulante la pantalla de mi celular con el resultado positivo del virus nadie me había entregado ningún formulario para completar y obviamente, tampoco lo había llenado.

Así surge de la causa.

Luego, con el buque amarrado en el puerto de Buenos Aires, y ya activado el protocolo de prevención (que por cierto, informaron que funcionó en el caso perfectamente), subieron al barco distintas autoridades y funcionarios (de Sanidad, de Prefectura, de la empresa Buquebus, etc.) que me sometieron a distintos interrogatorios y realizaron controles sobre mi salud (control de fiebre, etc.).

En ese marco, cuando llené el formulario completando todos los campos que lo integran y lo entregue a las autoridades ya había informado a la tripulación del buque, al personal de sanidad y a los oficiales de la prefectura que me habían entrevistado que era portador del virus.

Todo el lío, presencia de ellos, el procedimiento y esta causa se suscitó porque yo era portador del virus.

Fue en ese contexto que me entregaron el formulario que ahora mis letrados me informan que se trata de una «declaración jurada de salud del viajero «que fue establecida por el Decreto N° 260/20, que en lo que aquí concierne verifico ahora que establece que:

Punto 13: «Establecer la declaración jurada de estado de salud como medida de control sanitario obligatorio para viajeros y otras que se estimen necesarias, incluso al momento de la partida, antes o durante su arribo al país …».

Y en su articulado prevé:

ARTÍCULO 7°.- AISLAMIENTO OBLIGATORIO. ACCIONES PREVENTIVAS: 1. Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica, las siguientes personas:

a. Quienes revistan la condición de «casos sospechosos». A los fines del presente Decreto, se considera «caso sospechoso» a la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a «zonas afectadas» o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19. La definición podrá ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución epidemiológica.

b. Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19. c) Los «contactos estrechos» de las personas comprendidas en los apartados a) y b) precedentes en los términos en que lo establece la autoridad de aplicación.

d) Quienes arriben al país habiendo transitado por «zonas afectadas». Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

Me explican que ese decreto describe las medidas adoptadas por las autoridades que complementan la conducta reprimida por el artículo 205 del Código Penal de la Nación -ley penal en blanco-.

Y que ese formulario sigue el diseño establecido por la disposición identificada como MERCOSUR/GMC/RES. N° 21/08 en la que en su artículo 1 aprobó la «Declaración de Salud de Viajero en el Mercosur» cuyo formato y leyendas se agregó como anexo integrante de esa Resolución (se agrega impresión copia de la resolución y el anexo) Ver: http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res2108.pdf.

Ese anexo es el mismísimo formulario que me entregaron en el buque el pasado 19 de marzo luego de activado el protocolo sanitario y el que fue agregado en copia a fs. 46 de esta causa …”.

Luego de afirmar que completó debidamente todos los campos, señaló:

“… No llego a comprender la trascendencia de este formulario frente a mi aviso y exhibición previos del resultado positivo del test del virus COVID 19 que antes de completarlo ya había realizado a las autoridades del barco y de sanidad (ver fs. 71). Todos lo sabían, lo había informado el sanatorio y surgía del informe enviado y que aporté.

Y entonces dije la verdad, no tenía síntomas. Ninguno.

Lo dije siempre, a ellos en persona y lo verificaron al examinarme, tomarme la fiebre y preguntarme (ver sus dichos).

Y entonces si me preguntaron en el formulario si presentaban síntomas y no tenía síntomas, es obvio que indiqué que no los tenía y que no mentí ni vulneré normas porque, insisto y surge de autos, no tenía síntomas.

Si en el formulario que me entregaron existiera un apartado para llenar con una cruz que preguntaran si era portador del virus indudablemente lo habría marcado. Lo sabíamos todos.

Es simple, síntomas no, portador sí. Completé el cuadradito con la verdad.

Esta afirmación se encuentra corroborada con el «acta circunstanciada» labrada el 20 de marzo por el Oficial Ayudante Víctor Núñez quien constituido en el Sanatorio Agote interrogó al Dr. Santiago Beccio Mat. 122933 sobre mi estado de salud y este informó que:

“… es hasta el momento un paciente asintomático con estudios clínicos normales, aparentemente con buen estado de salud y que aún no presenta síntomas de la enfermedad CO VID 19 …» -textual-.

En consecuencia, no cometí delito alguno. Jamás vulneré medida alguna dispuesta por la autoridad competente …”.

Se aludió al acta circunstanciada de fs. 20/20 vta. y continuó:

“… Ese suceso, que insisto en que no existió porque no tenía síntomas y dije la verdad, no configura el delito imputado porque la medida (el formulario concretamente) no impide la introducción o propagación de una epidemia, que configura el tipo objetivo de la conducta imputada.

No existe mucha jurisprudencia o doctrina que examinar y citar sobre esa disposición, pero resulta evidente que la acción que se me recrimina no implica vulnerar la norma que exige un fin determinado (se emplea el término «para”), es decir un designio determinado, que no se concreta en el caso porque el formulario no impide nada.

Distinto es el caso de quien transgrede con su conducta la norma, no cumple el encierro (muchos casos sometidos a juzgamiento) o viola las disposiciones.

El comportamiento que me atribuyen a mí no viola norma alguna y en consecuencia no resulta delito.

Y por lo demás imagine VS la situación que atravesaba. Nervioso, angustiado, habiendo tomado conocimiento reciente de que era portador de la enfermedad, sin saber cuál sería mi destino, semi detenido, rodeado de funcionarios. Ni leí el papel. Vean mi letra. No dudé que no tenía síntomas, ellos lo sabían, y firmé. No obré dolosamente.

Y un formulario firmado en estas circunstancias resulta incriminante. No es un caso normal. En las circunstancias en que me encontraba no es legítimo que se me exija contestar preguntas que pueden resultar perjudiciales a mis derechos (principio de no incriminación consagrado en la Constitución Nacional).

En fin, por distintos motivos no existe delito alguno …”.

Pugnó por su sobreseimiento.

IV. Intervención Fiscal:

Los actuados se iniciaron por la intervención prevencional de la Prefectura Naval Argentina con competencia en el Puerto de Buenos Aires, superioridad de la fuerza federal que en la emergencia destacó a la Oficial Auxiliar Nadia Soledad Arancibia para que intervenga el día 19 de marzo ppdo., quien en el lugar se entrevistó con funcionarias de la Dirección de Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud que le informaron sobre el arribo en el buque B/P “JUAN PATRICIO” IMO 91061118 proveniente de la Ciudad de Colonia -ROU- en el que debían desplegar un protocolo COVID 19 a causa que un pasajero llegaba con ese pronóstico; de la formación del sumario y las medidas jurisdiccionales ordenadas en consecuencia desde el Tribunal se dispuso la notificación a la Fiscalía actuante conforme luce a fs. 4.

Del ingreso de las actuaciones a la judicatura y la convocatoria de imputado L. A. S. a prestar declaración indagatoria -cfr. fs. 99-, fue notificada la representación del Ministerio Público vía electrónica.

La Dra. María Alejandra Mángano, titular de la Fiscalía Federal nro. 12, así como la Dra. Carina Jaime, Actuaria de esa dependencia, participaron del acto procesal de declaración indagatoria que prestó L. A. S. que se encuentra documentado a fs. 137/147.

Y a través de la pieza que se incorporó a fs. 177/182, la Fiscalía solicitó la producción de medidas.

V. Acusación particular:

Con el dictado de la providencia de fs. 199, se le otorgó legitimación activa a la Dra. Mariana Patricia Cica en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mérito a la resolución dictada con fecha 20 de marzo ppdo. por el Procurador General de la misma, quien la faculta a querellar específicamente en estos actuados por infracción al art. 205 del Código Penal.

VI. Denuncia formulada por el Ministerio de Salud de la Nación:

A fs. 108/118 obra la denuncia referida a estos hechos que formuló el Dr. Arnaldo D. Medina, Secretario titular de la Secretaría de Calidad de Salud y a cargo de la cartera de salud de orden nacional. En dicha pieza el Dr. Medina relató que el día jueves 19 de marzo del corriente año, aproximadamente a las 18:00 hs., a raíz de una comunicación del Dr. Fernán González Bernaldo de Quiroz, Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un audio de voz se lo alerta que un pasajero del buque de la empresa Buquebus, proveniente de Colonia, República Oriental del Uruguay que estaría arribando en los próximos minutos, tendría diagnóstico confirmado de CORONAVIRUS. Que en ese mismo momento, redirigio el audio a la Directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Dra. Claudia Madies, quien aproximadamente a las 19:15 hs le informó telefónicamente que estaba ya en curso el operativo de fiscalización que se viene realizando a todos los buques respecto del servicio de la empresa Buquebus, y que en razón del audio recibido, en forma inmediata y urgente, activó el Protocolo Especial de Sanidad de Fronteras por sospecha de COVID 19 en la embarcación de aquella empresa. Que estaba procediendo a la minuciosa inspección del buque a los efectos de la activación del plan de contingencia, destinada a aislar al pasajero denunciado e identificar sus contactos estrechos y definir la procedencia de declarar en cuarentena al buque.

Que el cuerpo de inspectores de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, constituido por Carina Viviana Pagano y Mirta Mabel Brito, bajo la coordinación de su referente Marcela Chipolina, conjuntamente con los efectivos de Prefectura Naval Argentina, dentro del buque procedieron a la identificación del pasajero como posible portador del Coronavirus, resultando el señor L. A. S., quien se hallaba preparado y próximo para descender de la embarcación. Que de inmediato procedieron a su aislamiento del resto del pasaje, ubicándolo en una sala con capacidad reducida -pero separada del pasaje-, con la custodia de dos (2) efectivos de esa fuerza de seguridad. Que inicialmente, según el Protocolo una inspectora le tomó la temperatura corporal al menos cuatro (4) veces, en distintos momentos, dando la lectura 36, 36.5, 36 y 36 grados centígrados respectivamente. Que, a la reiteración en forma oral en dos (2) oportunidades, acerca de si presentaba alguno de los síntomas, respondió en sentido negativo. Que a la tercera vez respondió que sí, que tuvo tos con flema, pero poca. Que luego procedió a completar la declaración jurada de salud del viajero (art. 2 inc. 13 Decreto 260/2020) a requerimiento de la inspectora, y expresó por ese medio no poseer ningún síntoma, aunque reconoció haber arribado de España, Francia y Uruguay. Después de completar la ficha, le manifestó a la inspectora Brito el haberse hecho un examen por COVID-19 y haber dado POSITIVO, exhibiendo el resultado del test del laboratorio en su propio celular. Que en la sala estaban presentes al menos dos (2) oficiales de prefecturas, además de la inspectora mencionada.

Que la Directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, dio entonces intervención al área de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, a los fines del contacto con Epidemiología del Ministerio de Salud de la República Oriental del Uruguay, con la finalidad de confirmar que efectivamente se tratara de un caso positivo de COVID-19, y procedió en forma personal a contactar telefónicamente a una funcionaria del Ministerio de Salud del vecino país, Dra. Raquel Rosa, para efectuarle la misma consulta. Que esta funcionaria finalmente confirmó la información. Simultáneamente desde la Secretaria de Calidad a cargo del denunciante, conjuntamente con la Dirección de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, con apoyo también de la Subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización, se estableció en forma coordinada con las autoridades sanitarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que asumirían el procedimiento de traslado de los pasajeros, atento que la inexistencia de camarotes en la embarcación impidió que el buque fuera declarado en cuarentena. En cumplimiento de los protocolos dictados, tanto los acompañantes del citado S., así como los pasajeros que viajaron próximos en la embarcación, fueron declarados y considerados como personas de contacto estrecho. A continuación se procedió a la toma de temperatura corporal de todas las personas provenientes de Europa, sin perjuicio de requerirle la declaración de salud del viajero a todo el pasaje. Que también se tomó la temperatura a quienes lo solicitaban para completar adecuadamente la declaración.

Luego, se trasladó a los pasajeros y tripulación del Buque a distintos hoteles, después que todas las tomas de temperatura hechas dieran normal, y el aludido L. S. fue trasladado al Sanatorio Agote.

Indicó que el accionar de S. claramente no sólo había puesto en riesgo la salud de la totalidad de los cuatrocientos cuatro (404) pasajeros y sus diecinueve (19) tripulantes, sino a la totalidad de la población de nuestro país al dejarla expuesta a la posible expansión de un contagio pese a las inmediatas y urgentes medidas sanitarias que se efectivizaron.

Finalmente, refirió que el accionar de S. se halla en violación a lo establecido en al art. 2, inc 5 del Decreto 260/2020, el cual expresamente establece: “FACULTADES DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Facúltese al MINISTERIO DE SALUD, como autoridad de aplicación, y en el marco de la emergencia declarada, a: …. 5) Instar a las personas sintomáticas procedentes de zonas afectadas a abstenerse de viajar hacia la República Argentina, hasta tanto cuenten con un diagnóstico médico de la autoridad sanitaria del país en el que se encuentren, con la debida certificación que descarte la posibilidad de contagio”.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Aclaración previa.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a ciento dieciocho mil quinientas cincuenta y cuatro (118.554), y el número de muertes a cuatro mil doscientas ochenta y una (4.281), afectando hasta ese momento a ciento diez (110) países, cifras que actualmente han aumentado exponencialmente.

Indudablemente estamos frente a una enfermedad que se expande sin fronteras alrededor del mundo que, por los escasos conocimientos que se tienen de ella, pareciera que no se vislumbra un final a corto plazo y cuya peligrosidad reside, principalmente, en su fácil propagación, silenciosa y destructiva. Este gravísimo panorama sanitario mundial ha impulsado al gobierno nacional a tomar medidas de prevención excepcionales, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.

Es así que, con fecha 12 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el DNU No. 260/20 -BO No. 34.327- (y su modificatorio 287/20, por el que se garantiza el abastecimiento de ciertos productos indispensables, extendiéndose la aplicación de la Ley 20.680 a las micro, pequeñas y medianas empresas), por medio del cual se amplió la emergencia pública sanitaria en el país establecida por la Ley 27.541.

En lo que aquí respecta, el Decreto 260 dispuso Obligatoriedad del aislamiento por 14 días, para las siguientes personas: a. Para quienes revistan la condición de “casos sospechosos” (presencia de fiebre y uno o más síntomas respiratorios, como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además tengan historia de viaje a las zonas afectadas o hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19. b. Para quienes tengan confirmación médica de haber contraído COVID-19. c. Para quienes hayan tenido contactos estrechos de las personas comprendidas en los dos casos anteriores. d. Para quienes arriben al país habiendo transitado por zonas afectadas. e. Para quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por zonas afectadas por el nuevo coronavirus.

El mismo Decreto, en su art. 4°, consideró “zonas afectadas” por la pandemia de COVID-19, a los Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Espacio Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, República de Corea, Estado del Japón, República Popular China y República Islámica de Irán. Cabe destacar que tal listado, al día de hoy, fue ampliado a otros tantos países.

Como así también, en su art. 2 inciso 5° instó a las personas sintomáticas procedentes de zonas afectadas a abstenerse de viajar hacia la República Argentina, hasta tanto cuenten con un diagnóstico médico de la autoridad sanitaria del país en el que se encuentren, con la debida certificación que descarte la posibilidad de contagio.

Del mismo modo, se instituyó la obligación de la población de reportar síntomas compatibles con COVID-19 a los prestadores de salud (art. 8°) y se dispuso la suspensión temporaria de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las “zonas afectadas”, durante el plazo de treinta (30) días -art. 9°-, con la posibilidad de excepciones a fin de facilitar el regreso de las personas residentes en el país, aplicando todas las medidas preventivas correspondientes, y para atender otras circunstancias de necesidad.

A su vez, el mencionado Decreto implementó la declaración jurada de estado de salud como medida de control sanitario obligatorio para viajeros, al momento de la partida, antes o durante su arribo al país.

Luego, el 19 de marzo del corriente año, el mismo Poder Ejecutivo Nacional dictó el DNU n° 297/20 (BO de 20/03/20), cuyo art. 1 establece: “para todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO en los términos indicados en el presente Decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica”. Plazo que a la fecha fue extendido, en dos (2) oportunidades por la misma vía y rige, por lo pronto, hasta el 26 de abril de 2020. Vale decir, que se establece también un listado de personas afectadas a servicios y actividades esenciales, que quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento obligatorio en al ámbito propio de tales actividades y servicios.

En resumen, desde el 12 de marzo del año en curso, las personas que se encuentren en las condiciones establecidas en el Decreto 260 (revestir la condición de caso sospechoso, hayan estado en zonas afectadas y/o demás situaciones allí previstas) deben permanecer en situación de aislamiento por el término de catorce (14) días. Como así también, en virtud del Decreto 297, dicho aislamiento obligatorio se amplió a todas las personas en el territorio nacional a partir del pasado 20 de marzo y continúa vigente a la fecha.

Entonces, tal como lo explica Jorge Eduardo Buompadre, según surge del Decreto 260, tres son las situaciones de hecho que podrían tornar aplicable algunas infracciones previstas en el Código Penal vigente:

1. El incumplimiento del aislamiento obligatorio, en los casos establecidos en la propia normativa (art. 7, Dec. 260).

2. La propagación de la enfermedad infecciosa COVID-19 (art. 7).

3. Falseamiento de la declaración jurada obligatoria para viajeros (art. 2.13).(1)

Es dable señalar que resultan aplicables al caso las obligaciones emanadas del Decreto 260 vigente desde la medianoche del día 12 de marzo de 2020 -más no las del Decreto 297-.

Este entonces es el marco de disposiciones que fueron dictándose en la emergencia con motivo de la pandemia mundial desatada por el virus COVID 19, normativa que posee como rasgo distintivo su evolución en términos restrictivos a los hábitos diarios particulares y de convivencia en sociedad, éstos últimos sobre todo necesitan invariablemente orientarse -como único norte- a la solidaridad común a partir de que todos los cuidados y recomendaciones solo surtirán efecto en la medida que se respeten primero en el ámbito individual y de allí, recién cumplidas estas prácticas, se habrán de proyectar al conjunto.

El principio rector entonces inequívocamente es encolumnarse detrás del bien común, sin que haya en este escenario el más mínimo espacio para la mesquindad, egoísmo o el repudiable “sálvese quien pueda”, lo que inexorablemente nos conduciría a una tragedia aun peor que la que se cierne sobre la población mundial.

Segundo: Disposiciones del ordenamiento penal; calificación.

A)

Nuestro derecho positivo en el Código Penal de la Nación, Título VII, Capítulo IV legisla los delitos contra la salud pública.

Al comenzar el estudio de un tipo penal, es aconsejable establecer su ubicación sistemática en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de las importantes consecuencias que dicha categorización acarrea. Es dable recordar que el derecho penal es una de las herramientas más fuerte y agresiva con la que cuenta un estado de derecho, y que su intervención se reserva para los casos que se consideren merecedores de pena coercitiva de naturaleza penal de conformidad al principio de ultima ratio.

En ese sentido, se pretenden proteger intereses sociales de gran importancia denominados bienes jurídicos, aunque de manera difusa. Aun así, no cualquier ataque a esos bienes excita la intervención del derecho penal, sino sólo aquellos establecidos expresamente(2). De esta manera, se limita la esfera de prohibiciones penales a determinadas acciones reprochables por sus efectos lesivos, que justifican la aplicación de penas y la determinación de prohibiciones(3). Todo lo cual resulta conteste con las garantías y parámetros establecidos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, como limitador de la intervención estatal.

Por lo expuesto, el bien jurídico tutelado por el derecho penal cumple la importante función de ser instrumento de interpretación de la norma.

En ese entendimiento, el bien jurídico protegido salud pública constituye un valor comunitario, definido como el bienestar de todas las personas en general e indeterminadamente. Es decir, se trata de un interés supra individual de titularidad colectiva y naturaleza difusa.(4)

En este sentido, cabe recordar lo sostenido por el maestro Carrara: “Es innegable que todos los habitantes de una ciudad tienen igual derecho a que no se inficione el aire que los circunda, y el que viola este derecho no ofende a un solo individuo o a una sola familia determinada, sino que ofende directamente a todos los asociados, pues viola un derecho común a todos; y dígase lo mismo del agua y de cualquier otra cosa que puede hacer accesible al uso de todos. Éste no es un daño mediato, que resulte de prever la repetición del acto; es verdaderamente un daño inmediato inherente al hecho especial que se contempla, hecha abstracción de su renovación posible…”.(5)

Sin perjuicio de que, como se analizará más adelante, algunas figuras requieren que el resultado lesivo a la salud de las personas se materialice en concreto o, en su caso, agrava la pena cuando ello ocurra, lo cierto es que los articulados contenidos en este Capítulo no refieren directamente a la salud de las personas de forma individual, sino a conductas que puedan resultar lesivas a la salud de la sociedad en general.

Tal como indica Creus “es el estado sanitario de la población lo que se protege y, como en los delitos anteriores, si bien el resultado sobre personas determinadas se toma en cuenta, en ciertos tipos, sólo se hace como una agravante y de manera preterintencional”.(6)

Entonces, del primer análisis que se efectúa, es posible afirmar que la conducta endilgada a L. A. S. en estos actuados, cuanto menos -de confirmarse la hipótesis delictiva y con el alcance provisorio de la etapa su responsabilidad- habría generado un riesgo jurídicamente desaprobado a la Salud Pública y, por tanto, reviste relevancia jurídica.

A continuación, se estudiarán las normas relevantes para encuadrar adecuadamente el accionar del encausado.

En primer lugar, el art. 202 del Código Penal reza: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Subyace como elemento normativo del tipo la enfermedad, la cual puede ser definida como proceso patológico en desarrollo. Asimismo, se exige que la misma sea contagiosa -se transmite por cualquier vía- y peligrosa -pone en peligro la vida o salud de las personas-.

Surge claro de la simple lectura de la norma que la acción típica consiste en “propagar”, sin embargo, la dificultad aparece a la hora de definir su significado, lo cual originó una profunda discusión en torno a establecer si se trata de un delito de resultado o, por el contrario, de uno de peligro concreto.

La diferencia entre ambas posturas es determinante a los efectos de su aplicación práctica, toda vez que, de sostener que se trata de un delito de daño, para la consumación de este tipo penal se requerirá que una o varias personas contraigan la enfermedad por la acción desplegada por el sujeto activo, es decir, que exista nexo de causalidad entre la acción y el resultado disvalioso, ya que el acto propagador en sí mismo -sin contagios- constituye éste delito en grado de tentativa.

Por otro lado, tratándose de un delito de peligro concreto, bastaría con que el accionar creara el peligro de que una enfermedad peligrosa y contagiosa se expanda, aunque no haya afectados. En esta última postura no se requiere un cuerpo enfermo, sino una enfermedad y un acto propagador.

Se ha dicho que propaga quien logra que una pluralidad de personas se vea afectada por la enfermedad que puede seguir difundiéndose a otras, cualquiera que sea el procedimiento adoptado para conseguirlo, y que puede ser el contagio (transmisión directa o indirecta de la enfermedad que padece el propio agente u otra persona a terceros) o la difusión artificial de los gérmenes (p.ej., cometiendo alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores).(7)

Para Molinario, propagar «supone siempre multiplicidad, difusión, extensión: implica en todos los casos una pluralidad de actos o de situaciones, representa la posibilidad del contagio múltiple»(8), postura con la que coincide el jurista Fontán Balestra.(9)

En síntesis, habré de sostener que el delito regulado en el art. 202 CP requiere que, como consecuencia de la acción desplegada por el sujeto activo, una o varias personas contraigan la enfermedad peligrosa y contagiosa, ya que la ley no se refiere al que cree el peligro de propagación de una enfermedad, sino al que la propague. Ergo, utilizando el principio interpretativo pro homine, de conformidad con lo normado por la Constitución Nacional -art. 75, incisos 19 y 22-; la Convención Americana sobre Derechos Humanos -arts. 26 y 29 inc. b)-; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 2.1, 5.2,51- y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 5.2-, es necesario acreditar la acción, el resultado lesivo y el nexo de causalidad entre ambos.

Continuando el análisis respecto del tipo subjetivo, se trata de un delito netamente doloso. Nuestro régimen normativo no aporta una definición del concepto de dolo, como sí lo hace respecto de la culpa al legislar el delito de homicidio culposo (artículo 84 del Código Penal). Tradicionalmente, se ha sostenido que el dolo consiste en el conocimiento y voluntad que posee el agente al desarrollar la conducta típica, aunque las corrientes más actuales tienden a poner el acento en el conocimiento por entender que el elemento volitivo se halla en la misma acción (comportamiento humano voluntario). Existen distintos tipos de dolo, a saber: dolo directo o en primer grado -el autor posee intención de realizar el delito-; dolo indirecto o en segundo grado -el autor no busca la realización del tipo, pero sabe y advierte como seguro o casi seguro que su actuación dará lugar al delito, se le representa como consecuencia necesaria- y el dolo eventual -el autor se representa las consecuencias, reconociendo la posibilidad de que se produzca y lo acepta, lo aprueba-.

La doctrina ha entendido que este tipo penal acepta toda clase de dolo, incluso el dolo eventual.

Por otro lado, de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores “La consumación depende del criterio que se adopte con relación al concepto típico de la acción de propagar. Aquellos que lo consideran hecho de puro peligro, piensan que para la consumación es suficiente el acto de propagación, entendiéndose por tal el de difusión de los gérmenes, aunque no se hubiese afectado a persona alguna, al paso que los que lo conciben como un hecho de daño, requieren que se haya producido ya la afección en alguna persona (Soler) o en una pluralidad de ellas; para éstos, el acto de difusión de los gérmenes sólo podría aparecer, en su caso, como tentativa”.(10)

De seguido, nuestro ordenamiento jurídico en el art. 203 del CP, prevé la figura culposa sancionado con multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos cien mil ($ 100.000) cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo. Asimismo, agrava la pena aplicando prisión de seis (6) meses a cinco (5) años si tuviere como resultado enfermedad o muerte.

Ahora bien, en consonancia con lo expuesto precedentemente, al considerar que el art. 202 CP constituye un delito de daño, la enfermedad es un requisito básico del tipo, entonces sólo opera el agravante en el caso que se verifique que el acto propagador causó la muerte de alguna persona.

B)

Por último, en cuanto a la normativa vinculada al hecho traído a estudio, el art. 205 CPN establece que: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.(11)

En este punto, es de destacar que uno de los principios que rige la materia penal es el de legalidad y exige que las personas sean juzgadas en virtud de una ley previa, escrita, estricta y cierta de acuerdo a los preceptos establecidos en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos -art. 11 DUDH; art. 9 CADH y art. 15.1 PIDCyP-.

No obstante, puede suceder que el hecho normativizado esté alcanzado por una ley penal en blanco. La misma consta de una norma principal dictada por el órgano legitimado -Congreso Nacional- y una norma complementaria cuya fuente es administrativa o, al menos, no parlamentaria, que regula un ámbito social con mucha movilidad o cuya urgencia no puede aguardar los tiempos legislativos.

En tal sentido, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “La existencia de las leyes penales en blanco halla justificación en la peculiar naturaleza de las materias que regulan; como es el caso de las infracciones a las leyes reglamentarias de la policía económica y de salubridad, las cuales al vincularse a situaciones sociales asaz fluctuantes, exigen una legislación de oportunidad, requisito que sólo está en condiciones de satisfacer una norma extrapenal”.(12)

Este tipo de leyes poseen una dinámica excepcional en la que la norma principal define el núcleo de la ilicitud y la pena, toda vez que esa potestad no puede ser transferida al órgano administrativo, y remite a una norma de naturaleza diferente.

Las leyes penales en blanco se clasifican en dos categorías, una propia, que son aquellas que emanan de normativa legal en sentido material pero que no son sancionadas por el órgano legislativo que tiene facultades para sancionar normas penales y otra impropia, que son aquellas que remiten a legislación, de igual jerarquía, emanada del legislador con competencia para sancionar tipos penales.(13)

En el caso del art. 205 CPN nos encontramos frente a una ley penal en blanco propia que remite al aplicador del derecho a otra norma de carácter sanitaria tendiente a evitar la propagación de una epidemia, entendida ésta como la difusión en una población de una enfermedad transmisible entre personas o de animales o vegetales a personas.

Al igual que en los tipos penales analizados anteriormente, cualquier persona puede ser sujeto activo ya que no se precisa una calidad especial del agente (delicta comunia).

Respecto de la acción típica, puede realizarse ya sea por acción u omisión y consiste concretamente en violar las medidas impuestas, las cuales lógicamente deben poseer carácter de obligatorias debido a que no integra el tipo penal los meros consejos, recomendaciones, publicidades que se hagan por vía del Estado o de organizaciones no gubernamentales.

Así, la violación prevista por el art. 205 del CP alude a las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia, “en cuanto al significado del término introducir debe entenderse que ella se refiere a la posibilidad de que se produzca el ingreso en el territorio sometido al control estatal de una enfermedad contagiosa que pueda afectar a un número indeterminado de personas, en cuanto son las autoridades estatales las que tienen la responsabilidad de asegurar que no se vea afectada la salud pública.

Por otra parte, la posibilidad de propagación se refiere a que la epidemia se extienda de modo tal de que puedan resultar afectadas un mayor número de personas o que la enfermedad contagiosa se expanda a lugares que no se encuentran afectados”.(14)

Esta figura penal requiere dolo y, nuevamente, se admite toda clase de dolo, inclusive el dolo eventual.

En cuanto a la consumación delictiva, tratándose de un delito de peligro abstracto, el mismo se consuma con la realización del acto prohibido o la omisión del obligatorio, sin requerir un resultado lesivo concreto. Asimismo, corresponde destacar que la conducta omisiva no admite tentativa, mientras que la comisiva sí lo hace.

Vale aclarar también que, a criterio del suscripto, en principio entre el delito de violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia y el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad legislado en el art. 239 del mismo digesto sustantivo, existiría un concurso aparente y que, en virtud del principio de especialidad -ley especial deroga a la ley general-, deberá primar la aplicación del art. 205 CPN, desplazándose el tipo secundario -desobediencia a la autoridad-.

Con ese norte, Donna sostiene que, en el fondo, el art. 205 CP se trataría de una mera desobediencia a las órdenes de las autoridades competentes que, dado el interés social de evitar una epidemia, recibe un castigo penal especial.(15)

En consonancia, Buompadre considera que: “La referencia al artículo 239 que contiene el Decreto es incorrecta, por cuanto este artículo prevé dos figuras: 1) la resistencia a una autoridad civil (que no es el caso en tratamiento), y 2) la desobediencia a una autoridad civil, que es un delito de propia mano, esto es, un delito que sólo puede ser cometido por una persona que sea el singular destinatario de la orden de autoridad (sujeto pasivo en concreto y determinado), pero no cuando se trata de una disposición dirigida al público en general, como es, precisamente, el caso que nos ocupa”.(16)

Ello, siempre y cuando los elementos particulares que rodean el sustento fáctico del caso no permitan inferir que el sujeto activo realizó ambas conductas, verbigracia, violar la norma sanitaria y, seguidamente, desobedecer o resistir a la autoridad que en el caso concreto pretende normalizar la situación.

Tercero: Criterio a aplicar.

a) Materialidad del hecho.

La materialidad del hecho se encuentra probada en tanto y en cuanto el día 19 de marzo ppdo., el ciudadano argentino L. A. S. viajó como pasajero (nro. 318 del listado -cfr. fs. 13- y ticket nro. 1010703746 -cfr. fs. 216-) en el buque B/P “JUAN PATRICIO” IMO 9106118 de la empresa Buquebús que recorrió en viaje de repatriación -cfr. fs. 226- el trayecto de Colonia -ROU- a Buenos Aires -RA- (cfr. fs. 1/2) permaneciendo en la nave aproximadamente entre las 18:30 horas -hora que de allí zarpó (cfr. fs 225)- y las 02:55 horas del día 20 siguiente -hora de liberación total del buque (cfr. fs. 226)- ya que, una vez arribada la embarcación a la Dársena Norte -cfr. fs. 225- del puerto de esta ciudad (amarró aproximadamente a las 19:40 hs -cfr. fs. 1 vta., 66 y 76 vta.-), debido a un “alerta” -cfr. fs. 109, 124/125 y 127- que tenía como base información originada en el país limítrofe, se había desplegado un protocolo por orden del Ministerio de Salud de la Nación para constatar si el precitado se encontraba entre los pasajeros, pues el aviso daba cuenta que el viajante era una persona con coronavirus positivo (COVID-19), lo que fue confirmado por funcionarias pertenecientes a la Dirección Nacional de habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras dependiente de la misma cartera -cfr. testimonios documentados a fs. 66, 73 y 76- luego que establecieran contacto con el pasajero L. A. S. -primero en la Sección Comisaría aunque a causa de la presencia de personas en ese lugar que generó griterío e incluso que tomaban imágenes (filmaban), por lo cual al mostrarse S. alterado y nervioso se desplazaron a una habitación tipo cocina que estaba a unos pocos metros- y allí procedieron a tomarle la temperatura tres (3) veces -con resultados de las mediciones de 36, 36 y 36,5 grados centígrados-; se le preguntó sobre su estado de salud en los últimos catorce (14) días, específicamente si había estado enfermo, a lo que respondió que no; a si había tenido fiebre dijo que se encontraba bien, que como no había completado la planilla de viajero se le proporcionó un formulario de declaración jurada y preguntado otra vez sobre si había tenido algún tipo de síntoma, manifestó que unos días atrás había tenido tos, que luego de unos minutos -en los que también se le había pedido que terminara de completar su declaración jurada- le expresó a una de las funcionarias que le habían mandado un mensaje por la aplicación WhatsApp con el resultado de un estudio que se había realizado y que le había dado positivo, sin especificarle a ella sobre qué versaba el informe y sin contestarle S., pidiéndole entonces que le muestre el equipo de telefonía celular -que en ese momento había dejado de manipularlo porque hasta allí lo había estado usando (hablaba por teléfono) constantemente- y la funcionaria susodicha pudo ver y trasmitir -a otra de las colegas intervinientes- que por aquel medio se le confirmaba al precitado que era un caso positivo de COVID-19 -cfr. captura de pantalla -tomada a las 20:13- de fs. 71 con un mensaje con horario 19:29, al que se adjuntaba el informe de la laboratorio correspondiente (ver fs. 107) con membrete LAC (Laboratorio de Análisis Clínicos/Siembrasur S.A./Av. Italia, C.P. 16600, Montevideo, Departamento de Montevideo, Uruguay-, todo lo cual derivó en el despliegue de un procedimiento sanitario de evacuación a cargo del SAME que había sido convocado en la especie.

La declaración de salud del viajero dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación -cfr. fs. 46- completada por L. A. S., en el campo seis (6) reservado a “Signos y síntomas observados en los últimos diez días” compuesto por once (11) opciones, diez (10) de diferentes síntomas y la restante para “Ninguno”, el declarante señaló con una equis (“X”) la última opción. Asimismo, completó todos sus datos personales, que en el caso de la dirección el campo aclara que la declarada sería “… para contacto en los próximos 14 días …” -textual del formulario-.

b) Responsabilidad Penal.

En el marco del necesario análisis a la luz de la teoría del delito, no concurren en el caso cualquiera de las causales conocidas que excluyan la acción que importó el obrar de L. A. S. y conforme la descripción del hecho contenida en el párrafo precedente.

Típicamente, de acuerdo al desarrollo contenido en el apartado B) del considerando segundo, la hipótesis delictiva bajo análisis en este proceso cuyo desarrollo tiene como propósito confirmarla o desvirtuarla, es la descripta en la norma del art. 205 del Código Penal.

En lo que hace al tipo objetivo, dentro de los elementos permanentes se encuentra el sujeto activo, el ciudadano L. A. S. a quien se recibiera declaración indagatoria conforme el acto documentado en autos de amplia descripción en el punto iii) de los resultandos, y en cuanto a la acción típica se encuentra representada por la violación por parte de S. de aquellas medidas dispuestas en el orden nacional y local para ciudadanos argentinos y extranjeros -residentes y no residentes- con la finalidad de impedir la introducción o propagación de una epidemia, en este caso declarada pandemia, en relación al coronavirus COVID-19.

La violación de medidas se encuentra representada por actos de desobediencia frente a los mandatos y prohibiciones, que particularmente aquí se trata de los contenidos de las leyes, decretos, disposiciones ministeriales, ordenanzas y protocolos; tales elementos de orden normativo han quedado descriptos “ut supra” en el considerando primero.

El contenido de esta normativa se encuentra destinada a reglar la actuación de todos los profesionales de las salud en el ámbito médico y en la totalidad de las tareas accesorias que la atención médica comprende, ello hablando de los cuidados y precauciones de los agentes en particular más el de las instituciones de la salud, tanto estatales -nacional, provincial y municipal- como privadas, la administración de insumos y el ordenamiento de la población dentro del espacio territorial, que comprende la instalación de cordones sanitarios con especial cuidado de límites internos y fronterizos internacionales, contexto que entre otras características destacan a las acciones enderezadas en tal sentido su RIGIDEZ de cumplimiento y la DIFUSION PERMANENTE A LA SOCIEDAD que se otorga; tales elementos de orden normativo han quedado descriptos “ut supra” en el considerando primero.

En ese contexto en el que debe inscribirse el hecho y su repercusión penal, esto es, la acción injusta que se achaca a L. A. S..

El causante S. rechazó la imputación, negó el hecho, para lo cual brindó explicaciones sobre aquellas situaciones que sostendrían el reproche.

Ahora bien, de examinar los elementos de prueba hasta aquí reunidos deberá surgir si al sopesar los datos positivos y negativos, los primeros se imponen por su cantidad y trascendencia, de modo que el juzgador alcance el estado intelectual de probabilidad, necesario sustento en la decisión de procesar al eventual sindicado.

Veamos.

El mensaje que L. A. S. recibió el 19 de marzo ppdo. a las 19:29 horas -cfr. fs.71- por el que se informaba su condición de infectado por el coronavirus COVID-19 desde la laboratorio LAC de la República Oriental del Uruguay, controvierte su descargo.

En efecto, la prueba abre una discusión por sí sola, cuyo análisis deriva en conclusiones que se extienden -negativamente- a casi todo el abanico de explicaciones de carácter defensista que ha ensayado, poniéndolas en jaque.

Tal y como lo informa en el Libro de Navegación el capitán del buque, señor Jorge Damián Tatto, amarró en la Dársena Norte el Puerto de Buenos Aires a las 19:28 horas -cfr. fs. 225-, con lo que el acceso por parte del personal de Sanidad de Fronteras a la embarcación fue posible concretarlo a las 19:40 horas -cfr. lo declarado por la oficial Auxiliar (PNA) Nadia Soledad Arancibia a fs. 1 vta.- de modo tal que, once (11) minutos después que L. A. S. supiera -reitero recibió en mensaje 19:29 hs- de su condición de contagiado, no había ningún justificativo para que S. no les proporcionara esa información inmediatamente a las funcionarias Alejandra Marcela Chipolina -fs. 66/67-, Mirta Mabel Brito -fs. 73/74- y Carina Viviana Pagano -fs. 76/76 vta.-.

Sin embargo, ello ocurrió luego de transcurridos cuanto menos otros quince (15) minutos, con lo que casi se completó media hora desde que tuviera cabal conocimiento que su resultado era positivo para COVID-19, para finalmente transmitirlo con esa demora a la autoridad competente, actitud que inequívocamente debe equipararse a una transgresión de aquellas medidas que la autoridad dispusiera para evitar contagios en el escenario de emergencia mundial. Concretamente, la obligación contenida en el art. 8° del decreto 260/20 exigía reportar de manera inmediata dicha situación.

Dos cuestiones deben destacarse que se desprenden directamente de lo anterior, a saber:

1. Desde la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, su titular la Dra. Claudia Madies, destacó a tres (3) funcionarias en el Puerto de Buenos Aires a esperar y realizar un procedimiento sanitario, específicamente dispuesto para verificar la presencia de un pasajero en una embarcación de la empresa Buquebus proveniente de la Ciudad de Colonia -ROU- originado en una “alerta” -aviso sobre cuyos pormenores regresaré en el avance de la presente- porque el viajante revistiría la condición de infectado por COVID-19, despliegue de carácter oficial que indefectiblemente compone una acción de lo que en conjunto se denomina cordón sanitario, lo que significa que quien se oponga -realice un acto prohibido u omita un acto- a cumplir con las directivas emanadas por la autoridad competente, incurre en una flagrante desobediencia, acto típico de la violación de las medidas para evitar que se produzca o extienda la epidemia.

L. A. S., lejos de colaborar, demoró informar lo que se anteponía a cualquier otra cuestión al tomar contacto con la autoridad sanitaria, ello más allá que de todos modos las funcionarias ni bien enteradas igualmente hubieran procedido a preguntarle cómo se sentía y si presentaba síntomas; que procedieran a tomarle la temperatura e incluso le insistieran en que debía completar su declaración jurada de salud -también de seguido la valoración tratará lo inherente a este instrumento-, sino que decide después -de avanzado ese protocolo- expresarle a la funcionaria de sanidad Mirta Mabel Brito que le habían mandado un mensaje por la aplicación WhatsApp -que para él como se verá ya no representaba una “sorpresa” tal como noción introduce en su indagatoria- sobre que tenía ese aviso otorgándole carácter de novedad disimulando así su rémora en tren de evitar además, entiendo, que se lo reconviniera.

Nótese de qué manera al poner blanco sobre negro, la exploración sobre los síntomas en que tanto hace hincapié el imputado, reiterando sobre que no los tenía -de hecho la defensa técnica a fs. 243/244 insiste en este tópico con motivo de los casos asintomáticos que se registran- , pasa a un plano secundario. Es que, lógicamente el examen sobre el estado de salud es lo único que podía orientar a las funcionarias de sanidad acerca de su situación clínica, ciñéndose al seguimiento de un protocolo preparado con ese objetivo -determinar si existe una afectación de la salud- incluso para decidir si debe eventualemente “testeárselo”, investigación que no se encuentra destinada -ni pensada- para aquella persona que ya cuenta con un informe de laboratorio o, dicho de otra forma, para quien posee prácticamente confirmado el diagnóstico.

Claramente, L. A. S. no estaba colaborando a través de este acto de obstrucción, que francamente tampoco hubiera tenido sentido sostener en reserva la información si realmente con anterioridad a entrevistarse con las funcionarias verdaderamente lo hubiera puesto de manifiesto a las autoridades del buque como lo sostiene, porque estos últimos invariablemente ya le hubieran comunicado a las funcionarias semejante dato en el momento mismo en que abordaran; esto constituye parte del comportamiento típicamente injusto que se le reprocha.

2. De otra parte, su conducta se hace todavía más observable de acuerdo a la experiencia reciente e inmediata que le precedía respecto de lo delicado de las cuestiones sanitarias, barreras que el imputado mismo se ha encargado de mencionar y que han representado el motivo fundamental de sus desplazamientos desde España a Francia y de ésta última a Uruguay, para dejar el país limítrofe con la finalidad de ingresar o regresar cuanto antes a la Argentina, es decir, no le hacía falta conocer en detalle por ejemplo el contenido del art. 7 incisos a), b) u otros del decreto 260/20 tal y como se excusó en la indagatoria, como para de todos modos reconocer lo delicado que resultaba responder a la autoridad competente conforme los términos de su requerimiento.

La urgencia de ingresar a la Argentina es lo que se entiende lo ha guiado en ese comportamiento, máxime cuando el cierre de las fronteras era a esa altura de los acontecimientos un hecho -incluso el viaje estaba catalogado como de repatriación (cfr. fs. 226)-, pero resulta inaceptable que para cumplir su cometido ocultara -en este momento que viene estudiándose, al ser entrevistado y como se verá al completar su declaración jurada, aunque la prueba exhibe válidamente que aún antes también lo sabía- su condición de infectado, de modo que además queda expuesto que en su composición de lugar todavía podía descender en Buenos Aires manteniendo oculta su condición de contagiado sin que ello le generara cualquier reproche.

Continuando.

Como se puede notar, sujetarse estrictamente al resultado de la prueba producida, permite justamente que la reconstrucción histórica ilustre en cuanto más se pueda, particularmente en este caso, aquel momento en que la embarcación llegó a la Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires, así como de lo que sucedía abordo.

Veamos.

Ese ejercicio ha permitido hasta acá aclarar con datos precisos que en la embarcación, entre el alerta sobre la situación del pasajero y la intervención de las funcionarias de sanidad de la cartera de salud nacional, transcurrió un lapso de veinte (15) minutos pues el capitán asentó que desde la empresa se le informó a las 19:25 horas cuando arribaba al Puerto de Buenos Aires que tenía a bordo un caso de coronavirus -cfr. fs. 226- y la oficial Auxiliar (PNA) Nadia Soledad Arancibia -cfr. fs. 1 vta.- asentó que el abordaje se produjo a las 19:40 horas -de igual forma lo declararon las funcionarias de sanidad Chipolina (fs. 66) y Pagano (fs. 76)-.

En dicho período, evidentemente se contactó al pasajero L. A. S., ya sea que se fuera a su encuentro o simultáneamente él se presentara tal y como lo sostiene, porque lo cierto es que cuando las funcionarias abordan el buque lo encuentra en la “comisaría” -Chipolina (fs. 66)-, pero lo que no surge de la prueba es que alguien de la tripulación les advirtiera a ellas que ya supieran de su infección porque el precitado se los haya transmitido y no por la información que hubieran recibido del capitán; improbable que el personal de la embarcación soslayara brindar ese dato tan sensible si verdaderamente lo hubieran recibido del causante máxime cuando ese personal de tripulación hubiera sido el más interesado porque habría enfrentado la posibilidad de contagio -lamentableme de hecho lo estuvieron sin saberlo-.

El contexto de la situación que rodeó la confección de la “Declaración de Salud del Viajero” por parte de L. S., no fue muy distinto para las autoridades de sanidad que la tarea que les llevó la entrevista, es decir, mientras transcurría todo el protocolo ya se le había tomado dos (2) veces la temperatura al imputado (ambas mediciones arrojaron 36 grados centígrados) y, luego de habérsele proporcionado el formulario para que lo completara, transcurridos unos cinco (5) o diez (10) minutos todavía no había terminado de llenarlo; fue en ese momento que Mirta Mabel Brito le toma nuevamente la temperatura, obteniendo la medición de 36,5 grados centígrados, volviéndole a preguntar si había tenido fiebre y específicamente si había estado enfermo, a lo que le manifestó que no, ello al tiempo que seguía incompleta su declaración jurada, con lo que mientras ayudaba a sus compañeras lo dejó solo diez (10) minutos más y a su regreso fue cuando le realizó la manifestación sobre el mensaje que había recibido por la aplicación WhatsApp, a través del cual se le notificaba que el resultado de su análisis de laboratorio había arrojado positivo para COVID 19; la planilla no obstante quedó completada y firmada en la condición que ya se refirió -sin observaciones en lo que hace a su estado de salud referido específicamente a síntomas-.

Nuevamente, que no hay justificativo para que L. A. S. habiendo recibido aquel mensaje a las 19:29 horas, casi media hora después y sin completar su “Declaración de Salud del Viajero”, recién decidiera manifestar su condición de infectado, que por lógica ya la conocía estando a lo que declaró en el sentido de haberla transmitido anteriormente -ni bien la recibió- a alguien de la tripulación, lo que no está probado.

Ya se ha concluido que no es posible que comunicara el resultado de laboratorio, de otra manera la tripulación lo habría informado al grupo de autoridades sanitarias de inmediato. S. recibió el mensaje, lo vio y no lo exhibió hasta el momento que Brito señaló.

Concretamente, L. A. S. violó las medidas dispuestas en la emergencia al desobedecerlas, porque en lugar de informarles inmediatamente acerca de hallarse contagiado por el cororonavirus -COVID 19-, permitió que a ciegas continuaran desarrollando su labor -o desplegaran el protocolo del caso-, haciendo lo propio con otra de las barreras sanitarias dispuestas -aquí me refiero a la “Declaración de Salud del Viajero”- que al completarla -sabiendo que estaba infectado- con datos que provocan que el documento transmita -así como quedó completado y firmado por él- justamente lo contrario, esto es, que se encontraba bien de salud cuando eso no se ajustaba a la realidad; el documento en sí mismo representa la falsedad a partir de que su finalidad tal cual se la conoce se ha visto de esta forma totalmente desnaturalizada.

En ese orden de ideas, el art. 2 inciso 13 del decreto 260/20 establece la obligatoriedad de la declaración jurada de estado de salud como medida de control sanitario para viajeros, incluso al momento de la partida, antes o durante su arribo al país. Sobre esta norma, a diferencia de lo sostenido por S. junto con la asistencia de sus letrados particulares en su presentación ampliatoria del descargo y sin perjuicio de la opinión de esa parte respecto de su eficacia, habré de sostener que todas las medidas adoptadas mediante el decreto 260/20 poseen la expresa finalidad de mitigar la propagación de la pandemia COVID19 y su impacto sanitario; esta norma no es la excepción. Sumado a ello, el mismo cuerpo legal la identifica como una medida de control sanitario. Ergo, su transgresión encuentra adecuación típica en el art. 205 del CP por constituir, valga la reiteración, una medida adoptada por la autoridad competente, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

En ese momento, por más que en su cuerpo no presentara los síntomas, a ello se anteponía una realidad que él estaba ocultando a la autoridad competente. Y si de manifestaciones de la enfermedad se trata, la solicitud le reclamaba que informe síntomas observados en los último de diez (10) días, siendo que durante la entrevista a preguntas de las funcionarias terminó por revelarles que había padecido tos -cfr. lo expusieran Chipolina y Brito- sin que lo hubiera señalado en la declaración cuando específicamente el instrumento lo contempla como posibilidad entre las opciones.

Por supuesto que su manifestación en el sentido que la declaración no contiene un ítem referido al coronavirus -COVID 19-, debe inscribirse entre aquellos argumentos que entiende pueden justificar que completara la declaración como lo hizo, aunque a esta altura conforme la valoración que me ocupa tal explicación aparece débil para revertir el cuadro cargoso que se logró recolectar.

L. A. S. negó haber manifestado a las funcionarias que había padecido tos, consecuentemente su posición debe ser atendida por la instrucción.

Las funcionarias Alejandra Marcela Chipolina, Mirta Mabel Brito y Carina Viviana Pagano, como cualquier otro testigo, se encuentran obligadas a volcar en sus declaraciones todo aquello que perciban con sus sentidos y, particularmente en el caso las especialistas se encontraban allí para desarrollar todos los protocolos que la emergencia reclamaba, lo que comprendía interrogar en todo lo concerniente a su salud al entrevistado, que era de lo que se trataba la cuestión, lo cual en modo alguno puede equipararse a la obtención de una declaración de un imputado -tal el carácter autoincriminante que pretenden otorgar a las manifestación de él obtenidas- y reitero, a través de un procedimiento profesional conforme la función epecífica que les tocaba desempeñar a las integrantes del cuerpo de Sanidad de Fronteras. De otro modo lisa y llanamente hubieran incumplido con las funciones que les han sido confiadas.

No se registran en el legajo visos de animosidad contra del imputado, mucho menos han sido puestas en tela juicio sus actuaciones -nadie las ha descalificado-, como para suponer que sus declaraciones puedan intencionalmente contener datos diferentes de lo que han percibido, olvidando asimismo que en todo momento la totalidad del procedimiento fue controlado por la integrante de la fuerza federal de seguridad con competencia convocada para el caso, tratándose de la intervención que le cupo en todo tanto momento a la Oficial Auxiliar Nadia Soledad Arancibia -cfr. fs. 1/2 y 28- de la Prefectura Nacional Argentina.

Por supuesto que los datos obtenidos de estas declaraciones deben luego integrar la presente valoración, eso es inevitable y corresponde a la tarea jurisdiccional, en lo que aquí respecta, las conclusiones son las que se vienen delineando, pues aquellas declaraciones aparecen contestes entre sí y congruentes con el resto de la prueba reunida.

En honor a la autosuficiencia con que debe contar todo decisorio, me permito repasar esos testimonios.

A fs. 66/67 obra la declaración testimonial prestada por Alejandra Marcela Chipolina, funcionaria de la Dirección Nacional de Fiscalización y Sanidad de Fronteras, quien refirió que el día 19 de marzo del año en curso fue designada para realizar control sanitario de setenta y un (71) pasajeros que habrían concurrido a los países y zonas de riesgo afectados, provenientes de Europa, que estaban embarcados en el buque «JUAN PATRICIO» IMO 9106118 de bandera argentina. Que a las 19:05 horas aproximadamente, se apersonó a BUQUEBUS, con información aportada por la Directora a cargo de esa dependencia, la Sra. Claudia Madies, relativa a que se encontraría a bordo del buque una persona como posible caso positivo de COVID-19, esta persona sería el Sr. S. L. A. -DNI N° 41780738-.

Declaró que, una vez en el buque, se hicieron presente en la Sección de Comisaría a bordo, consultando por el señor S., constatando que el causante se encontraba allí, esperando con un barbijo colocado.

Que se tomó la temperatura corporal del referido en reiteradas oportunidades en distintos intervalos de tiempo, de los cuales se obtuvo resultados entre los 36° y 36,5° grados centígrados. Que, posteriormente, se entregó a S. un formulario de declaración jurada (PLANILLA DEL VIAJERO), a fin de que la complete. Que antes de completar el formulario, la dicente le realizó el cuestionario en forma verbal, consultándole sobre si poseía síntomas o si había tenido síntomas durante los últimos catorce (14) días, a lo que el causante respondió en dos (2) ocasiones que «NO» (sic), que en la tercer oportunidad respondió «PADECI TOS CON FLEMA, PERO MUY POCO» (sic).

Que el señor S. quedó a cargo de la inspectora Mirta Mabel Brito y la declarante se retiró del lugar de aislamiento. La Inspectora Brito fue la que controló que el causante complete el formulario, y este lo hizo y declaró «no poseer ningún tipo de síntomas» firmando la correspondiente declaración al pie de la misma. Minutos más tarde, luego que la dicente se retirara de la zona de aislamiento, la inspectora Brito le informó que el pasajero S. habría recibido un mensaje vía WhatsApp donde le confirmaban que era un caso positivo de COVID-19.

Por ello la declarante consultó al imputado sobre la ubicación del asiento en el cual se trasladó a bordo del buque, para identificar el grupo de riego y lograr que también completen las Planillas del Viajero las personas cercanas a la ubicación del causante -es decir, 2 metros a los costados, 2 metros detrás del asiento, y 2 metros delante-, como así también la toma de temperatura corporal a todos ellos, lo que arrojó resultado normal.

Cabe destacar que en este expediente se glosó copia de la declaración jurada de S. de fecha 19 de marzo de 2020, donde refirió haber estado en “España, Francia y Uruguay”. Asimismo, indicó mediante una cruz que no poseía los síntomas a los que hace referencia el documento y posee inserta una firma, mientras que el respectivo original se encuentra reservado en la caja fuerte de la Secretaría.

Que a fs. 71 y 72 se halla incorporada la captura de pantalla donde consta un mensaje remitido por el abonado +…, el que reza: “L. S. hemos querido comunicarnos ud. Estamos enviando resultado de coronavirus para su conocimiento, el mismo ha sido positivo.” Y el informe realizado por el Sanatorio “MAUTONE CENTRAL”, laboratorio de Análisis Clínicos de la República Oriental del Uruguay.

Luego de ello, al prestar declaración testimonial Mirta Mabel Brito -empleada de la Dirección Nacional de Fiscalización y Sanidad de Fronteras- a fs. 73/74, manifestó que el día 19 del mes de marzo del año en curso, siendo las 19:10 horas se hizo presente en la empresa Buquebus sita en Antártida Argentina y Cecilia Grierson, junto a Marcela Chipolina y Carina Pagano (Inspectoras todas ellas) a fin de realizar una inspección de rutina que generalmente realizan a todos los buques que ingresan a Puerto. Allí hablaron con la Sra. Vicki (Encargada de Operaciones) y en un momento la referida Chipolina se dirigió a Migraciones en donde le manifestaron que dentro del buque San Patricio había una persona con posible caso de COVID-19. Que, al abordar la embarcación, hallaron a L. A. S. parado al lado de la Comisaría y se dirigieron a una habitación tipo cocina, donde la señora Chipolina acompañada por el personal de la Prefectura le preguntó al pasajero respecto de sus síntomas, si tenía fiebre, si había estado enfermo, contestando éste de manera negativa. Que a la tercera vez que se le preguntó, contestó que había tenido tos. Se procedió a tomarle la temperatura corporal en varias oportunidades, arrojando ello resultados normales.

Por ello la declarante le manifestó “quédate llenando la planilla” (en referencia a la declaración jurada de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Frontera) saliendo de la habitación para ayudar a sus compañeras. Transcurridos cinco (5) o diez (10) minutos, volvió a la habitación y le preguntó a S. si había terminado de llenar la planilla, constatando que no había rellenado nada de la misma; volvió a tomarle la temperatura arrojando 36,5° grados centígrados. Que en ese momento la dicente le preguntó si había tenido fiebre o había estado enfermo, manifestando que estaba bien, que no había estado enfermo y mientras hablaba por teléfono. En su relato dijo que volvió a salir y continuó ayudando a sus compañeras; que luego de diez (10) minutos regresó y le tomó nuevamente la temperatura dándole 36°. Que fue entonces cuando S. le manifestó que le habían mandado un mensaje de WhatsApp donde le decían que el resultado del estudio que se había realizado le había dado positivo. Que la declarante le preguntó a qué estudio se refería, contestando S. “no nada” y dejando el celular. Seguidamente la declarante le solicitó que exhiba su celular, y observó que le decían que lo estaban llamando para informarle que los resultados eran positivos. Por ello le requirió el celular a Chipolina para obtener una fotografía del mensaje existente en el celular del pasajero, lo que así hizo.

En virtud de ello, se informó a la Superioridad y se efectuó la toma de la temperatura corporal a las personas que habían estado alrededor de S., como también a los pasajeros que previamente habían estado en países europeos.

Al hacer lo propio, Carina Viviana Pagano -también empleada de la Dirección Nacional de Fiscalización y Sanidad de Fronteras- (fs. 76), declaró que el día 19 del mes de marzo del corriente año, siendo las 19:05 horas se hizo presente en la empresa Buquebus sita en Antártida Argentina y Cecilia Grierson junto a Marcela Chipolina y Mirta Brito (Inspectoras) a fin de realizar una fiscalización en el Buque San Patricio, procedente de la ciudad de Colonia, República Oriental del Uruguay. Que siendo las 19:20 horas aproximadamente, Marcela Chipolina recibió un llamado telefónico de parte de la señora Claudia Madies, Directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Frontera, manifestando que dentro del buque había una persona que posiblemente contenga COVID-19; seguidamente Chipolina se dirigió hacia Migraciones, en donde le hicieron entrega de una foto del posiblemente infectado y le informaron nombre y apellido del mismo. Que luego, la propia Chipolina le informó lo que estaba sucediendo, comunicándole tal novedad a la empresa BUQUEBUS y al personal de Prefectura que se encontraba cumpliendo funciones dentro de las instalaciones.

Fue así que siendo las 19:40 horas aproximadamente, luego que amarró dicho buque, procedieron a embarcar junto al personal de prefectura, dirigiéndose al sector de Comisaría donde se llamó al ciudadano quien fue trasladado a un lugar tipo habitación, aislado del resto de los ocupantes. Que allí sus compañeras recibieron la declaración del viajero y le tomaron la temperatura, pasado un buen rato, luego de terminar dicho procedimiento, Brito salió de la habitación informando que el resultado había dado positivo, comunicándoselo a las autoridades. Que se tomó la temperatura a las personas que viajaban en cercanías del individuo, y que luego se efectuó el mismo procedimiento con los extranjeros y tripulantes en donde no surgió novedad alguna.

Asimismo, se desprende del acta circunstanciada de fs. 20 la declaración brindada por el oficial Víctor Núñez, quien se hizo presente en el Sanatorio Agote y notificó al imputado de la existencia de la presente causa. Además, se entrevistó con el médico Dr. Santiago Beccio -MN 112.933-, quien refirió que el causante se trataba de un paciente hasta el momento asintomático, con estudios clínicos normales, aparentemente con buen estado de salud y que aún no presentaba síntomas de la enfermedad COVID-19. Que los estudios realizados tenían una demora aproximada de cinco (5) días para poder estimar la existencia del virus. Por otro lado, se procedió al secuestro de los elementos electrónicos en poder del prevenido, los que fueron detallados en el acta de secuestro de fs. 23 y fotografiados a fs. 24/25.

También, obra a fs. 190 la constancia de estudios de laboratorio con membrete SISA -Sistema Integrado de información Sanitaria Argentino- a nombre de L. A. S., fecha de toma de muestra 20/03/2020 -un día después del hecho- y resultado emitido el 24/03/2020 que versa “Determinación: Genoma viral 2019-nCoV; Técnica: RT-PCR en tiempo real; Establecimiento: 136208-INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS -INEI-ANLIS-(PARQUE PATRICIOS, CABA); Evento en estudio: Caso sospechoso de COVID-19; Recibida por Derivación: Si; Fecha recepción: 21-03-2020; Resultado: Detectable; Valor: sin dato”.

Dicho todo lo anterior, el análisis se ha proyectado al tipo subjetivo, habiéndose alcanzado a través de la valoración la conclusión -siempre con el alcance que este estadio procesal requiere- sobre el acabado conocimiento que L. A. S. poseía y posee de las medidas de orden sanitario y del cumplimiento obligatorio de ellas -recordemos que regresaba de la zona neurálgica en términos de propagación del virus-.

Evaluadas entonces en su conjunto las evidencias que se recolectaron durante el curso de la encuesta, se está en condiciones de dictar un pronunciamiento respecto de L. A. S., y así regularizar su situación luego que brindara la oportuna declaración indagatoria.

Entiendo que los elementos probatorios agregados al legajo permiten tener por acreditado, al menos con el grado de probabilidad que requiere esta instancia, tanto la materialidad de los hechos descriptos como que el encausado S. resulta “prima facie” autor penalmente responsable del delito de violación de medidas sanitarias previsto y reprimido en el art. 205 del CP, ello a título de autor conforme lo prescribe la norma del art. 45 ídem.

De esta manera y con el alcance previsto durante el proceso en este período de instrucción y más precisamente en su aspecto investigativo, las probanzas reunidas hasta el momento permiten tener por acreditadas, tanto la materialidad del hecho que se le imputa, como la responsabilidad que en el mismo le cupo al imputado cuya situación procesal habrá de resolverse mediante el presente.

Ocurre que a esta altura de la valoración, la conclusión anterior se presenta ineludible, con lo cual el estudio que resta -indispensable porque se relaciona con el origen de la “notitia criminis” y también con la prolongación de la investigación-, no hará más que reforzarla.

Así, en primer lugar, se encuentra debidamente demostrado que el día 19 de marzo del corriente año, L. A. S. abordó en la ciudad de Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay el buque «JUAN PATRICIO» -IMO 9106118- con destino a la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente, se comprobó que el pasaje N° 1010703746 que utilizó, fue adquirido el día anterior de su viaje y abonado con una tarjeta de crédito American Express -cfr. fs. 216-.

En segundo lugar, que S. -días previos-, había estado en distintos países de la Unión Europea, esto es: el Reino de España y Francia, siendo tales zonas afectadas por la pandemia en los términos del decreto 260/20.

En tercer lugar, se demostró también que el encausado se sometió a un estudio en el país vecino, tendiente a establecer si era portador de COVID-19, puntualmente en el Sanatorio “MAUTONE CENTRAL”, laboratorio de Análisis Clínicos de Uruguay.

Estas premisas no son controvertidas.

Ahora bien, el punto de inflexión consiste en determinar hasta que punto L. A. S. tenía conocimiento -o no- que efectivamente padecía la enfermedad coronavirus aun antes que recibiera aquel mensaje de WhatsApp, por el que se le comunicaba que se encontraba contagiado. En ese sentido, toda vez que no es posible ingresar al fuero de los pensamientos de un individuo, debieron analizarse minuciosamente a lo largo de este decisorio todos los elementos de prueba reunidos en el presente proceso.

Así las cosas, corresponde preguntarse ¿ porqué una persona se realiza un análisis clínico tendiente a determinar si posee una determinada enfermedad ? Evidentemente el referido S. poseía una fuerte sospecha de estar afectado por COVD-19, lo cual muy probablemente surgió a partir de determinada sintomatología que el nombrado padeció compatible con la pandemia, o también pudo haber sido por el solo hecho de haber estado -con la consecuente inquietud- en dos países en los que el contagio del virus avanzaba incesantemente -aun lo sigue haciendo-, esto más allá que no descarto la lógica preocupación que en ese sentido le habría transmitido su propia familia.

Es cierto el inminente cierre de fronteras anunciado en ese entonces por las autoridades de la República Argentina, de hecho el buque se encontraba realizando uno de los transportes denominados de repatriación, pero no lo es menos que también el trámite de realización del estudio demuestra una urgencia, ello desde que la muestra fue tomada en el propio domicilio donde se encontraba alojado y que ingresada la muestra al laboratorio (LAC) el día 18, al día siguiente 19 a partir de las 14:16:20 horas -cfr. fs. 107- el resultado ya se encontraba disponible, lo que contrasta con que L. A. S. no lo esperara y decidiera emprender el viaje a la Argentina, sobre todo sin cumplir las medidas de resguardo que las autoridades de la hermana República habían dispuesto para quienes ingresaran a ella provenientes de las naciones y/o zonas de riesgo, ya que antes de cumplir el término de cuarentena allí instaurado inició el regreso a Buenos Aires, adonde de la misma manera se produjo su ingreso al país transgrediendo las normas tal y como entiendo ha quedado hasta aquí establecido con el carácter provisorio que conlleva esta decisión de dictar un auto de procesamiento en esta etapa.

En este punto, encuentro apropiado recordar que S. al momento de efectuar su descargo, manifestó que consiguió pasaje para viajar desde la Unión Europea con destino directo a Montevideo el día 15 de marzo del corriente año, y señaló que las autoridades de la República Oriental del Uruguay recién el día 17 de ese mes y año decretaron aislamiento por catorce (14) días a los ingresantes a ese país desde las zonas de riesgo, asegurando no haber violado por ende ninguna norma sanitaria en el mismo.

Sin embargo, existen algunas imprecisiones en tales afirmaciones que entiendo pertinente aclarar. En efecto, con fecha 13 de marzo de 2020 se promulgó en la República Oriental del Uruguay el decreto 93/020 que declara el estado de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVD-19. Asimismo, en su art. 2 establece la implementación inmediata de las medidas adoptadas por tal decreto. Al mismo tiempo, su art. 8 reza: “Deberán permanecer aislados, por lo menos durante catorce días, bajo contralor y siguiendo las indicaciones del médico tratante o de la autoridad sanitaria, aquellas personas que: a) hayan contraído COVID-19; b) presenten fiebre, y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y además, en los últimos quince días, hayan permanecido de forma temporal o permanente en «zonas de alto riesgo»; c) quienes hayan estado en contacto directo con casos confirmados de COVID-19; d) las personas que ingresen a la República Oriental del Uruguay luego de haber transitado o permanecido en zonas de alto riesgo». Finalmente, en lo que aquí interesa, la mencionada disposición define «Zonas de alto riesgo» como aquellas que determine la Organización Mundial de la Salud en sus actualizaciones diarias, estando comprendidas a esa fecha el Reino de España, República Italiana, República Francesa, República Federal de Alemania, República Popular China, Corea del Sur, Japón, República de Singapur y la República Islámica de Irán.

Dicho de otra manera, aun aceptando que nos encontrábamos por entonces con un caso asintomático, las demás circunstancias reseñadas se erigían en motivo suficiente para no emprender en ese momento un viaje en un buque con más de cuatrocientas (400) personas, con otra señal también llamativa que fue la decisión de embarcarse usando barbijo -no sé por recomendación de quién- en una época -no tan distante en el tiempo, recientemente se cumplió un poco más de un mes de aquel viaje, sin embargo los acontecimientos nos hacen ver el suceso muy atrás- en que ese sistema de precaución solamente estaba en la esfera de conocimiento de los profesionales de la salud para adoptarlo o recomendarlo, más no en la de los particulares, debiéndose reparar en que aquella protección se encuentra destinada en la práctica a evitar la producción de contagios por parte de quien la usa y no al revés.

Pero más allá de lo que la lógica del hombre medio indica y la legislación del país vecino -absolutamente vigente al día de los hechos que motivan estos obrados-, la normativa sanitaria emanada del decreto 260/20 insta a las personas sintomáticas procedentes de zonas afectadas a abstenerse de viajar hacia la República Argentina, hasta tanto cuenten con un diagnóstico médico de la autoridad sanitaria del país en el que se encuentren, con la debida certificación que descarte la posibilidad de contagio (art. 2 inciso 5). Es así que, existiendo en el caso concreto un estudio de laboratorio cuyo resultado se encontraba pendiente -punto sobre el cual no versa discusión alguna-, L. A. S. debió haber aguardado hasta poseer cabal conocimiento de sus conclusiones -aun atendiendo a sus manifestaciones entorno a que no poseía dicho conocimiento al inicio y transcurso de su viaje-. En otras palabras, no debió abordar la embarcación hasta tanto contara con una confirmación de no contagio, toda vez que la salud de los demás pasajeros y tripulantes se erige como un bien jurídico de mayor importancia que su entendible interés de repatriarse. Máxime cuando poseía los medios necesarios para obtener asistencia médica por parte de su prepaga en Uruguay, lo cual, teniendo en cuenta su proceder durante su estadía en dicho país, no desconocía en absoluto.

En ese orden de ideas, para quien no conozca en detalle todos los pormenores del mensaje recibido por L. A. S., vale la pena transcribirlo: “L. S. hemos querido comunicarnos ud. Estamos enviando resultado de coronavirus para su conocimiento, el mismo ha sido positivo”, pues puede válidamente comprendérselo por su tenor en el de una comunicación común, aunque tratándose de un tema claro está tan delicado resulta por tanto llamativo el método de transmisión escogido, pero no solo eso, a poco que se lo analiza vemos que el anuncio traslada la inquietud derivada de que antes de emitirlo se trató de ubicarlo -a S.- sin éxito por alguna otra vía y para finalizar entonces el aviso, adquiere un carácter de notificación.

Tras esta descripción, importa desgranar lo concerniente al desarrollo del tema en Buenos Aires como consecuencia de lo acontecido en la República Oriental del Uruguay.

En la descripción de la materialidad del hecho se afirmó que la intervención de las fuerzas federal y sanitaria en la Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires tuvo lugar “… debido a una “alerta”… que tenía como base información originada en el país limítrofe …” -cfr. apartado A) de este considerando-, con lo cual resta ahora repasar aquellos elementos de prueba que nos permitan reconstruir el camino de la especie que en definitiva en esta ciudad culmino por transformarse en una verdadera “notitia criminis”.

En efecto, siempre siguiendo una misma técnica, esto es a partir de construir una línea de tiempo lo más detallada posible, surge de fs. 124 lo informado a esta judicatura por el señor Ministro de Salud de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós en cuanto a que el día 19 de marzo ppdo., había recibido un llamado telefónico del Dr. Gabriel Novich, Director Médico Corporativo de la Clínica Suizo Argentina, quien le informó que procedente de Colonia -RPO- llegaría una persona positivo COVID 19, aportándole en un mensaje que le llegó a las 6.49 hs PM por la aplicación Whatsapp el nombre del aquí imputado, su número de documento, indicándole que el buque llegaría aproximadamente a las 19:30 hs. con un socio de Swiss Medical Group (SMG) agregando el médico “Hola Fernan. Te paso los datos. Si te parce vayamos como se debe. Denuncio el caso y vos procede según procedimiento fijado. Es socio de SMG, pero dada la situación y conociendo el caso, yo quedo a disposición para buscarlo si así me indican, recibirlo si me lo traen o que lo deporten devuelta a uruguay si es lo que se tiene que hacer. Estoy seguro que vas a estar de acuerdo. Si llega a Uruguay nosotros tenemos cobertura ahí y lo tomamos de ese lado en combinación con las autoridades de Uruguay donde además tenemos director médico para organizarlo …” -textual-.

Consecuentemente, de esta manera queda expuesto que este médico perteneciente al SMG, cuanto menos desde esa hora (6.49 hs PM) supo del hecho y que la información, inequívocamente, se generó en la República Oriental del Uruguay, particularmente en el ámbito de la prestadora de servicios médicos de su afiliado L. A. S. y especialmente sobre conocimiento que se tenía del resultado positivo para COVID 19 que arrojara el estudio de laboratorio que en su explicación S. señaló que se realizó con intervención del Sanatorio Mautone de Maldonado -ROU-.

Lo anterior exhibe con claridad desde qué hora temprana aquel día 19 de marzo ppdo., en el país limítrofe ya era preocupación el resultado positivo para el virus que presentó S. y la necesidad imperiosa de ubicarlo. Aunque el señor titular de la cartera ministerial de salud no indicó a que hora había recibido aquel llamado telefónico -previo al mensaje de texto transcripto más arriba-, de acuerdo a lo señalado por el Secretario del Ministerio de la Salud de la Nación, señor Arnaldo Darío Medina, éste último indicó que a las 18:00 horas -cfr. fs. 109- recibió un aviso del Dr. Bernaldo de Quiros a través de un mensaje de audio por el que le transmitía la novedad, lo que resulta demostrativo de la antelación con que en el Uruguay, en particular en el ámbito de la prestadora de salud del causante, se contaba con la información sin olvidar que el resultado de laboratorio se encontraba disponible desde las 14:16:55 horas -cfr. fs. 107-.

Ahora bien, recibida la noticia en el Ministerio de Salud de la Nación, el señor Secretario se la transmitió a la titular de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras -cfr. fs. 109/110 y 127- Dra. Claudia Madies, la que emprendió dos acciones urgentes, la primera dar intervención a tres funcionarias de su dirección (Chipolina, Brito y Pagano) para que actúen a la llegada del buque -con el resultado ya comentado- y en lo que interesa a este apartado, como segunda acción, arbitró los medios para averiguar en la República Oriental del Uruguay si allí se tenía conocimiento de la cuestión, consiguiendo la ratificación de la información -luego de mantener dos comunicaciones- a través de la Dra. Raquel Rosa, Directora General del Ministerio de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay.

Queda expuesto entonces que, en el ámbito oficial, más precisamente en la cartera de salud del país limítrofe también circulaba el “alerta” por este caso, lo que resulta totalmente lógico porque el laboratorio y/o el servicio médico invariablemente comunicaron a las autoridades con competencia nacional el registro del caso -de máxima delicadeza- positivo de COVID 19; por supuesto también la identidad del infectado, de modo que lo que restaba era con urgencia tratar de ubicarlo y es allí que debe reiterarse la trascendencia del tenor del mensaje que reza “L. S. hemos querido comunicarnos ud. Estamos enviando resultado de coronavirus para su conocimiento, el mismo ha sido positivo” -el subrayado me pertenece-, sobre todo de su primera parte que como ya se ha reflexionado transmite una imposibilidad anterior de ubicarlo o de comunicarse con él para darle un aviso tan importante; esto es lo que generó el alerta con esa entidad.

La pregunta entonces continúa así: ¿ Puede entonces en estas condiciones, reseñados que fueron todos estos elementos objetivos con que cuenta el legajo, sostenerse que la primer noticia que L. A. S. sobre su efectivo contagio la constituyó la recepción del mensaje a las 19:29 horas ?, la respuesta es que, pese al esfuerzo puesto en defender su posición frente a la imputación que enfrenta, la noción de semejante desconocimiento no es lo que la prueba valorada exhibe.

Ahora bien, lo que hasta aquí se ha descripto también encuentra correlato en las imágenes de las que se dispone, las que se obtuvieron por medio de distintas cámaras de video del sistema de monitoreo del buque; se cuenta aquí entonces con lo elocuente que siempre resulta acceder a una filmación -así como ocurre con varios de los recursos técnicos a los que también hoy puede accederse y que los transforma en evidencia incontrastable-.

Cuando se tiene la oportunidad de tener material probatorio en imágenes, éstas suelen transformarse en el eje central de la reconstrucción histórica del suceso, con lo cual a su presentación restaría completarla con una mera descripción de lo que se observa.

Sin embargo, en este caso se ha logrado llegar a conclusiones producto del análisis minucioso de los restantes elementos de juicio, aun antes de recurrir a estos que provienen de la tecnología, pues entiendo que el haber seguido este orden ha colaborado a poner en imágenes lo que se logró deducir antes.

La empresa Buquebus aportó el contenido capturado por once (11) cámaras (son once archivos remitidos vía mail de los que no todos ofrecen imágenes a color) ubicadas en el interior de la embarcación el mismo día del hecho -otro material fílmico también enviado al Tribunal daba cuenta de lo ocurrido en el denominado “pontón”, esto es en tierra justo en el sitio de amarre-.

Son cuatro (4) las cámaras que ilustran los dos lugares principales en los que se desarrollaron las situaciones que han sido descriptas a lo largo de la presente. Dos (2) de los equipos de filmación se ubican en diferentes ángulos de observación en el salón de clase turista (“Cámara 2-Turista P1 a Estribor” y “Cámara 11-Turista Popa a Babor”) y, el restante par en la escalera donde confluyen el acceso a la bodega, la comisaría del buque y el free shop (“Cámara 1-Escalera Acceso Bodega” y “Cámara 3 – Free Shop a Escalera”).

Previamente a analizar las imágenes, es necesario hacer una aclaración respecto a que el reloj de las filmaciones se encuentra atrasado catorce (14) minutos, lo que puede discernirse del archivo 00_172.20.50.253_3_20200319_192005.avi (el último de los treinta y un -31- archivos en la carpeta “Cámara 3 – Free Shop a Escalera” ) que a la hora 19:26:00 exhibe el ingreso (con sus trajes blancos de protección) del personal de Sanidad de Frontera, un horario imposible si tomamos como parámetros, primero que en ese lugar que toma la cámara además del personal mencionado que accedió de tierra también se ve que L. A. S. ya estaba allí (frente a la comisaría del buque) lo que no podría resultar de esa manera en tanto que el propio imputado ha declarado en autos haberse presentado a las autoridades del barco después de las 19:29:00 horas -oportunidad en que recibiera aquel mensaje de texto, horario que se encuentra certificado con la captura de pantalla que obra en autos de su celular- y segundo, porque tanto las funcionarias de la salud como la oficial a cargo de la PNA han declarado que el abordaje se produjo a las 19:40:00 horas, pudiéndose concluir entonces que es esta última la hora real de la escena. Por ello, la diferencia exacta -entre la hora exhibida por las filmaciones y la real- será siempre de catorce (14) minutos, tiempo este que deberá adicionarse al horario de las imágenes -el subrayado me pertenece-).

Ahora bien, conforme lo explicado es necesario dejar bien en claro que el desfasaje que justifica la necesidad de realizar la corrección aludida, queda fundado a partir de otros horarios ya corroborados en el expediente, sobre todo por datos relacionados con el propio L. A. S. que, como se ha señalado en el caso del horario en que recibió ese mensaje, se trata de un dato que tiene también un origen técnico -cfr. fs. 71 donde obra la captura de pantalla de su teléfono-.

Pero hay más.

Si en la misma carpeta de la Cámara 3 se consulta el archivo 00_172.20.50.253_3_20200319_190808.avi a la hora 19:11:25 para remitirnos a la escena en que L. A. S. desciende por las escaleras proveniente del sector turista donde estaba ubicado dirigiéndose al encuentro del personal de la tripulación, ese suceso bajo ninguna razón podría haber ocurrido tan “temprano”; de nuevo, se encuentra como se advierte todavía mucho más atrasado respecto de las 19:29:00 horas en que decidió -a su decir- reportarse.

En la descripción que sigue, a los fines prácticos se utilizarán las referencias horarias que exhiben las filmaciones -de otro modo se dificultaría la ubicación de las escenas cuando se precise compulsar el material fílmico-, y se destacará en negrilla la hora real en que a mi entender todo sucedió.

Las imágenes permiten identificar a L. A. S. vistiendo zapatillas blancas, pantalón negro, remera blanca con el frente estampado rectangular, gorra gris de una marca conocida -“Goorin Bros”-, portando una mochila gris y un carrion, además de utilizar barbijo -en las imágenes llegadas al proceso en ningún momento se lo quitó-, conformando un grupo de por lo menos cinco (5) personas -todos jóvenes ellos-.

Se observa también que otro de los integrantes poseía cabello más largo y de color rubio, también utilizaba una gorra y barbijo, quien luego se observa que tuvo una activa participación en el momento de contactar a S. con la dotación de la tripulación.

Veamos lo que surge de los dos (2) espacios seleccionados.

1.

Archivos correspondientes a la “Cámara 2- Turista P1 A Estribor” (siete -7- archivos) y a la Cámara 11 – Turista Popa a Babor”.

Se trata de uno de los sectores del barco reservado a los pasajeros que adquirieran su billete en clase turista, pudiéndose observar un espacio que de la mitad hacia atrás y a lo ancho de toda esa parte del ambiente tiene cinco (5) columnas de butacas de un ancho de tres (3) asientos divididas por tres (3) pasillos; la filas de butacas se extiende hasta el fondo y en el frente sobre uno de los costados se encuentra una escalera.

En la Cámara 2 -en adelante las referencias de los secuencias pertenecerán todas a este equipo-, en el archivo 00_172.20.50.253_2_20200319_174000.avi a las 17:45:00 hs -17:59:00 hs- se observa llegar a L. A. S. que recorre el pasillo central entre las columnas de asientos e interactúa con otros jóvenes -resultan cinco (5) en total, todos con barbijos colocados- de edad similar que conformaban un grupo, se sienta a las 17:45:50 hs -17:59:50 hs-, y ocupa un asiento en la cuarta fila de butacas en el medio de dos (2) de uno de los jóvenes que ascendieron con él y un desconocido, esto es al embarcar en Colonia – República Oriental del Uruguay-.

También forma parte del grupo el segundo joven descripto más arriba, aunque al momento del embarque se lo ve con buzo y pantalón oscuros mientras que, más tarde -pasadas las 19:00:00 horas de las cámaras-, se nota que el equipo pasa a funcionar en “infrarrojo”, lo cual genera que la prenda superior que luce este muchacho se vea más clara a partir de ese momento; vale esta mención porque al momento de tomar protagonismo esta diferencia podría hacer pensar que no se trata de la misma persona cuyos movimientos -durante todo el viaje- se describirán más adelante, y si lo es.

L. A. S. una vez ubicado en su asiento no se movió de allí, tampoco hablaba demasiado con los otros (4) cuatro compañeros, uno de ellos sentado a su derecha (1), delante de éste otro (2) -en una fila diferente- y pasillo por medio a la derecha de (1) se sentó otro de los jóvenes descriptos (3) y detrás de éste último el restante -en otra fila- (4).

En el archivo nro. 00_172.20.50.253_2_20200319_180000.avi se observa que a las 18:05:48 hs -18:19:00 hs-, el joven indicado como (2) se incorporó en el pasillo y se puso a conversar con (3) -otro de los muchachos aquí descripto-, hasta que el propio (2) y también (1) que se incorpora, se retiran hacia delante y se pierden de vista, pues bajan las escaleras.

En el archivo nro. 00_172.20.50.253_2_20200319_182000.avi se ve que a las 18:23:53 hs -18:37:53 hs-, L. A. S. se pasó al asiento que había dejado libre al que se identificó como (1) y se pone a conversar -pasillo por medio- con su amigo (3) cuya descripción también se ha efectuado, sumándose a la conversación el identificado como (4), desde el asiento ubicado detrás de (3). Se observa como todos ellos manipulaban sus teléfonos celulares, pero en particular como (3) durante la secuencia entabla una conversación telefónica a las 18:25:27 hs -18:39:27- que se prolonga por aproximadamente dos (2) minutos, luego se incorpora para asomarse a la baranda -parece buscar a alguien o a los otros dos (2) compañeros que habían descendido-, vuelve a su lugar y quien se incorpora a las 18:28:10 hs -18:42:10- es (4) para dirigirse nuevamente a la escalera, aunque no llega a descender y regresa al asiento que ocupaba.

A partir de las 18:29:49 hs -18:43:49 hs- el joven identificado como (3), se pone a conversar con S., a veces habla por teléfono como se consignó antes y no deja de manipular su aparato de telefonía celular, pero para mantener ese intercambio con el imputado voltea su frente hacia el pasillo colocando sus piernas en el paso, lo que se prolonga casi ininterrumpidamente (incluso durante todo el contenido del archivo 00_172.20.50.253_2_20200319_184000.avi) llegándose así a las 19:00:00 hs -19:14: hs- (para lo que debe consultarse el archivo siguiente 00_172.20.50.253_2_20200319_190000.avi), momento a partir del cual la conversación entre S. y (3) se intensifica -este último volcado definitivamente hacia el pasillo y acercándose más al nombrado L. A. S.- hasta que, a las 19:08:06 hs -19:22:06 hs- y luego de un último intercambio cercano -ambos inclinaron sus cabezas hacia el pasillo para hablar-, el señalado como (3) se incorpora y se dirige hacia adelante o al frente, para rodear la baranda que luego da a la escalera por la que desciende; además lo hace detrás o siguiendo a una tripulante a la que durante el viaje se la observa que tiene a cargo varias tareas en la nave -su descripción y participación se incluirá en el detalle de sucesos ocurridos en la zona que está ubicada debajo en que desemboca la mentada escalera-.

Hasta ese momento se ha observado que tanto L. A. S. como el otro joven que también fue descripto e identificado como (3), jamás durante la duración del viaje dejaron sus asientos -como se señaló S. solamente se desplazó un lugar cuando se cambió a la ubicación que dejó libre (1); otros tres sí en algún momento se incorporaron pero regresaron enseguida- y, como quedara dicho, finalmente el joven (3) descendió aunque a los tres (3) minutos regresó para hablar brevemente con S., quien tomó sus pertenencias para dirigirse a la zona inferior, lugar desde el cual justamente viniera su compañero -aunque este no lo acompañó-.

Hasta aquí la tarea ha sido eminentemente descriptiva, pero es imperioso -debido a la trascendencia del último horario señalado dos párrafos atrás-, que deba realizar a esta altura una valoración sobre estos datos.

En efecto, aunque esté adelantándome a los acontecimientos, corresponde indicar que el motivo del descenso del joven (3) fue ir a entrevistarse con un integrante de la tripulación, derivado de lo cual tres (3) minutos después L. A. S. se estaba presentando ante esa autoridad.

Como se dijo, el horario en que (3) toma esta determinación -las -19:22:06 hs- (en la filmación las 19:08:06 hs)-, resulta trascendental porque nos lleva a preguntarnos:

¿Porqué su amigo fue a dar aviso sobre L. A. S. a la tripulación si -supuestamente- hasta ese momento ni el propio imputado sabía que estaba enfermo? Recordemos que S. dijo que jamás tuvo síntoma alguno y que recién supo de su condición de contagiado a las 19:29:00 hs que es cuando recibió el mensaje del laboratorio -el subrayado me pertenece-.

La respuesta es que, tal y como las pruebas lo han demostrado a lo largo de la realización de la pesquisa emprendida -siendo este material técnico un elemento más a valorar-, cuanto menos S. y su compañero de viaje -no sabemos los restantes- ya sabían que el imputado habría emprendido el viaje estando enfermo.

En su declaración indagatoria S. intenta ubicar este episodio -real- de la gestión de su amigo, consistente en ir a conversar o dar aviso a las autoridades de la tripulación, aunque ubica el suceso como ocurrido inmediatamente después de haber recibido el mensaje en cuestión. Pero vemos que realmente no pudo ser así porque el aviso de laboratorio llegó después de la secuencia descripta, de modo que la hora 19:29:00 no fue el punto de partida para su posterior presentación ante las autoridades del barco sino que se gestó antes, pocos minutos por cierto -lo que justamente le permite la posibilidad de introducir la confusión-, pero los suficientes para dejar expuesta su intención defensiva.

Lo que sigue debe empalmarse con lo que también se describirá más adelante, todo ello respecto de lo ocurrido en la zona de comisaría del buque.

Efectivamente el joven aludido regresa al piso superior de clase turista a las 19:10:35 hs -19:24:35 hs-, habla con S. y éste toma su equipaje para dirigirse a la escalera y así descender a la zona de comisaría; su amigo ya no lo acompañó pues se quedó en el sitio en que desarrolló el viaje el encartado.

Se percibe entonces en las imágenes auscultadas, que a las 19:10:49 hs -19:24:49 hs- cuando ese joven le indicaba a S. que debía descender, el resto del pasaje aplaude, con seguridad al haber escuchado el anuncio típico sobre la aproximación del arribo al puerto de Buenos Aires.

Queda así desmitificado de manera simultánea que, por un lado se hubiera dado allí aviso a la tripulación de manera inmediata y responsable -tal como lo quiere hacer ver S.- de la comunicación que hubiera hecho de su caso COVID 19 y, por otro, que no supiera que estaba enfermo.

Por supuesto, descartado el aviso, no es que falten elementos objetivos a los cuales atribuir aquel impulso de recurrir a las autoridades del buque por la situación de S..

Podrían estar directamente relacionadas, por ejemplo con la posibilidad de canalizar su atención médica al momento de descender de la embarcación, acaso para poder anticiparse a un control sanitario previo al descenso, teniendo en cuenta que durante el trayecto se había exhibido por las pantallas un corto sobre el COVID 19 -cfr. fs. 220/221- y también por la vigencia de la declaración jurada de salud, sin contar que concomitantemente el capitán del barco había sido informado -cfr. fs. 226- que tenía abordo un caso de COVID 19 y que, por lo tanto, se encontraba dispuesto el despliegue de un protocolo sanitario en la nave al momento del amarre, lo que no se descarta podría también haber integrado parte de los anuncios destinados a los pasajeros de un pedido de paciencia -al menos como recordatorio de rutina- para no sembrar inquietud entre ellos.

Es objetivo pensar que la preocupación por la salud de L. A. S. ya se encontraba instalada -y desde hora temprana aquel día 19 de marzo ppdo.- pues estaban pendientes, claro está, especialmente su familia y en particular se destaca la atención que el asunto despertó en el más alto nivel de su prestadora de salud -“Swiss Medical Group”-, desde donde se comunicó el hecho a las autoridades locales sobre la base de las noticias que provenían desde la República Oriental del Uruguay, de modo que si a esto le sumamos que durante la travesía la comunicación fue la nota constante y sobresaliente -demostrado en que lo que las filmaciones exhiben del uso de teléfono de su parte y en particular del otro joven que luego se encargó de contactar a la tripulación-, deviene insostenible la posición defensiva que ensaya el encartado.

En cuanto al contenido de la “Cámara 11 – Turista Popa a Babor”, nos ilustra acerca de casi todos los mismos movimientos anteriores aunque de un ángulo distinto, esto es, desde la escalera, distinguiéndose en particular los movimientos anteriores, aunque quedan un poco más lejos del alcance del equipo los pormenores ocurridos en la zona en que estaban sentados los jóvenes, de todos modos, la integridad de las secuencias fue captada por dos (2) cámaras en el recinto.

2.

Archivos denominados “Cámara 1-Escalera Acceso Bodega” (7 archivos) y (31 archivos). “Cámara 3 – Free Shop a Escalera”

Enseñan un espacio común en el que se observa una escalera (en el piso superior se encuentra un lugar de clase turista -popa a babor-) en el que confluyen el free shop, la bodega, una ventana de oficina -la llamada comisaría del buque- y a la derecha de esta abertura vidriada -casi debajo de la escalera- hay una puerta de acceso a la propia oficina que, incluso, conduce a otra dependencia cuyo interior no puede vislumbrarse; la toma corresponde a la cámara cuyos archivos se encuentran en el soporte “Cámara 3 – Free Shop a Escalera” (que contiene 31 archivos).

Dicha cámara exhibe de frente tanto la abertura vidriada -que incluso posee mesada de ventanilla- como la escalera, pudiéndose observar la tarea incesante de varios de los integrantes de la tripulación, en particular de una mujer que viste camisa blanca de la empresa Buquebus, pantalones oscuros, cabello negro recogido finalizado en una “colita”, zapatos negros chatos, con un pañuelo y credencial, la que además utiliza barbijo, guantes y porta un Handy.

Corresponde describir lo que se aprecia en este lugar, ello continuando con la escena descripta del piso superior -clase turista babor-, en la que se remarcó el descenso por la escalera del compañero de S..

Así, en el archivo identificado como 00_172.20.50.253_3_202000319_182000.avi (archivo 29), se observa que a la hora 19:09:25 hs -19:23:25- aparece en imagen el acompañante de S. que baja por la escalera y sigue a la integrante de la tripulación que acabo de describir, a la que logra entrevistar.

La cámara “Cámara 1-Escalera Acceso Bodega” ofrece desde otro ángulo en su archivo 00_172.20.50.253_3_202000319_190808.avi a la hora 19:09:29 -19:23:29 horas- la misma escena, donde se ve al joven hablar con la referida integrante de la tripulación y que la conversación se extiende por unos segundos, luego, que el muchacho asciende por la escalera regresando al lugar de origen, desaparece por unos segundos y la misma mujer lo vuelve a llamar para darle una indicación; allí sí el joven se va para quedarse arriba definitivamente -la secuencia acaecida en el lugar con S. ya se detalló-.

Volviendo al contenido de la “Cámara 3 – Free Shop a Escalera”, en el archivo 00_172.20.50.253_3_202000319_182000.avi (archivo 29) y a la hora 19:10:30 hs -19:24:30 hs- se observa que la susodicha integrante de la tripulación del buque, se dirige a la comisaría y a través de la ventanilla se ve que hace una comunicación, para salir luego hacia el centro del lugar de paso, a esperar que baje L. A. S..

También se observa que no desaloja el lugar, donde había otras cuatro (4) personas, tres (3) mujeres sentadas -sobre la derecha de espaldas a las escaleras- y un (1) masculino restante de pie, el que luce colocada una gorra y remera musculosa oscura.

El señalamiento efectuado se encuentra orientado a mesurar el grado de alerta que despertó en la tripulante lo que le comunicara el joven acerca de la condición de su amigo -se destaca porque habrá de valorarse nuevamente el extremo-

Entonces, en el mismo archivo se puede observar que a la hora 19:11:26 hs -19:25:26- desciende S. con su equipaje y lo estaba esperando la misma integrante de la tripulación, la que le indica que se ubique delante de la ventana vidriada en un rincón -sobre la izquierda de la imagen-y allí se prolongará su estadía hasta las 19:27:19 hs -19:41:19-.

En ese lapso, S. recibió a las 19:29 hs el mensaje que le confirmaba que era un caso positivo de COVID 19, lo que aclara en que lugar físico de la embarcación estaba ubicado al recibir el respectivo WhatsApp.

Por cierto, no lo recibió cuando estaba con sus amigos y eso lo decidió entonces a presentarse ante la tripulación; tampoco cuando estaba con la funcionaria de sanidad a la que se lo mostró -situación que ya se analizó- manifestándole que en ese mismo momento lo había recibido.

Durante todo ese tiempo manipuló constantemente su teléfono, mantuvo comunicaciones telefónicas, se le solicitó documentación y datos en la ventanilla, apoyaba sus manos en la mesa de esta y la actividad inherente al buque era desarrollada normal e intensamente por parte todo el personal, en especial por la tripulante que le ordenó quedarse allí en los últimos minutos que restaban de viaje hasta que ocurrió el amarre -19:30:00 hs-, y así continuó hasta que abordara el personal de sanidad a las 19:26:00 -19:40:00 hs-.

A la ventanilla se acercaban particulares a realizar preguntas y concretar algún trámite -con S. parado al lado-, siendo incesante la circulación de gente (las tres (3) mujeres y el hombre identificados -el que en un momento se sentó en el piso delante del imputado-, los que permanecieron todo el tiempo en el lugar frente al mismo) y una mujer que se acercó para algún menester que quedó pegada a S.; a ese espacio -reducido- se agregó otra mujer que se quedó parada allí con su equipaje, quien además en un momento se acercó a preguntar algo a la ventanilla acercándose al incuso. También se acercó un señor de camisa blanca, guantes blancos y barba perteneciente a la tripulación que había bajado por la escalera y conversó, con S. al lado, con la señora a la que se viene haciendo alusión que estaba en la oficina del otro lado de la ventanilla -todo esto puede consultarse en los archivos 00_172.20.50.253_3_202000319_191844.avi (archivo 30) y parte del 00_172.20.50.253_3_202000319_192005.avi (archivo 31)-.

Así, como quedara dicho entonces, a las 19:26:00 hs -19:40:00- se divisa en la filmación (archivo 31) que llega el personal de Sanidad de Frontera con sus trajes especiales colocados -se presentan seis (6) personas vestidas de blanco de pies a cabeza-, las que son acompañadas por la tripulante que se hallaba al frente de aquella ventanilla, las cuales por un momento parece que no reparan en que la persona que buscaban era el joven que estaba a su lado, lo que advierten luego y lo entrevistan, despejan la zona y a la hora 19:27:19 hs -19:41:19- hacen que ingrese a la oficina que se viene identificando.

Resumiendo, L. A. S. permaneció frente a la ventanilla de mención entre las 19:25:26 hs y las 19:41:19 hs.

Se impone por ello a esta altura realizar otra valoración. Como quedó subrayado más arriba, un planteo respecto a la índole de la noticia que el amigo de L. A. S. le transmitió a la integrante de la tripulación que no se compadece con lo que la estrategia defensiva expresa, pues resulta que todo el escenario descripto durante la espera del nombrado en ese sector frente a la comisaría del buque, no se justifica frente a la gravedad que revestía el asunto en tratamiento, ello en cuanto si efectivamente al personal de la tripulación le hubieran manifestado que era un caso confirmado de coronavirus -COVID 19- habrían dejado expuestos para el contagio, cuanto menos, a todos los que han sido señalados -incluso a esos integrantes de la tripulación- durante aproximadamente veinte (20) minutos de tiempo.

Ello refuerza lo sostenido en este decisorio respecto a que el joven amigo del imputado ni el propio S., jamás fueron claros ni contundentes con el anoticiamiento durante todo ese lapso, ello acerca de la verdadera situación de contagio que revestía este último.

Por lo demás, ya ha sido explicado sobradamente en que momento se develó la situación, evidentemente cuando ya era insostenible continuar ocultándola.

La respuesta a la pregunta ¿ qué se buscaba con presentarse poco antes de llegar al puerto sin que se supiera su condición de COVID 19 positivo ?, bien podría estar relacionada con la posibilidad de desembarcar inmediatamente sin consecuencias.

De hecho, conforme fue acreditado en el proceso, su derivación al Sanatorio Agote fue inmediata.

Por supuesto que una salida subrepticia hubiera representado la culminación de un plan cuyas consecuencias en términos de contagio podría haber resultado sumamente trágica, sobre todo si nos atenemos a la experiencia que vamos recogiendo a partir de lo que estamos viviendo -diría propio de un curso acelerado-; sólo las autoridades sanitarias con especialidad en epidemiología estaban en condiciones de evaluarlas, y una dimensión de ello lo representa que se decidió colocar en cuarentena a más de cuatrocientas (400) personas sin que se admitiera objeción alguna.

Pero hay otro detalle que llama la atención de la instrucción.

Regresando por un momento a las imágenes captadas por la “Cámara 2- Turista P1 A Estribor”, más precisamente al archivo 00_172.20.50.253_2_20200319_174000.avi al horario de las 17:42:17 hs -17:54:17 hs-, la imágenes muestran que momentos antes a que ingresara al lugar L. A. S. junto al grupo de jóvenes para tomar sus ubicaciones a bordo del buque, también ingresaron dos (2) jóvenes del sexo femenino, ambas vestidas con ropa deportiva oscura, una de ellas con vivos claros en las mangas y cabello suelto, mientras que la otra tenía colocada una gorra, ambas con un bolso-cartera en el hombro derecho y la primera llevando un carrion, resultando que conocerían al grupo de muchachos de que se trata.

En efecto, antes de tomar ellas ubicación, los esperaron; habían avanzado hacia la izquierda que es la zona de asientos delanteros para luego volver, allí aguardaron por unos instantes a los jóvenes y después de observarse que la chica de gorra tiene un breve intercambio tanto con el joven identificado como (3) amigo de S., como con el propio incuso -17:44:30 o bien 17:58:30 hs-, se aprecia que las dos deciden tomar ubicación en la parte delantera donde habían estado eligiendo anteriormente sus lugares, mientras que el grupo de jóvenes se sentaron conforme ha quedado descripto en la parte trasera del salón; allí quedó definitivamente confirmado el conocimiento de aquellas con el grupo -en especial con S. y el amigo al que se viene aludiendo-.

Y aquí viene lo llamativo, pues una vez transcurrido el viaje y cuando L. A. S. bajó al sector de comisaría al que reiteradamente se aludió, transcurridos unos minutos -a mi entender suficientes como para que el resto del pasaje percibiera que algo extraño estaba ocurriendo y que definitivamente se evidenció con la presencia del personal de Sanidad de Frontera-, varias personas se acercaron a la baranda para ver lo que sucedía, entre ellas, se acerca desde la parte delantera la joven que tenía la gorra colocada y se asoma mirando hacia abajo entre la gente que se había convocado -cfr. archivo 00_172.20.50.253_2_20200319_192000.avi a las 19:26:23 hs -19:40:23 hs-. Se observa así que vuelve por un momento a ver a su compañera y a continuación se desplaza hasta llegar al asiento donde se encontraba el amigo de S. -que desde que este había bajado ocupó la butaca que dejó liberada- para conversar con él -se lo identificó antes como (3)- (cfr. archivo 00_172.20.50.253_2_20200319_192000.avi a las 19:29:26 hs -19:43:26 hs-, intercambio que se calcula duró menos de veinte (20) segundos y que culminó con la chica realizando un claro gesto de desaprobación, esto es, levantando su brazo izquierdo doblando el codo y tirando la mano hacia atrás de su cara y cabeza -cfr. archivo 00_172.20.50.253_2_20200319_192000.avi a las 19:29:41 hs -19:43:41 hs- dirigido a su interlocutor, al tiempo que giraba dándole la espalda para regresar al lugar que ocupaba -el subrayado me pertenece-.

Esa reacción a mi entender, pone al descubierto que el breve intercambio tuvo origen en alguna cuestión de conocimiento común de los interlocutores -probablemente “venía de antes” como suele decirse-, y acaso fuera un reproche al joven masculino, demostrándole con ese gesto el disgusto o desagrado que le causaban las derivaciones y consecuencias del asunto que ellos conocían.

Francamente, no parece que ese clima se hubiera generado de manera espontánea -de buenas a primeras-, mucho menos que obedeciera a una circunstancia sorpresiva del momento, pues haberse enterado aquella o cualquiera eventualmente de que un compañero o integrante del grupo estaba contagiado de coronavirus, entiendo se hubiera erigido en un factor de preocupación y no de reproche. Consecuentemente, colijo que la escena representa una manifestación de disgusto en relación a un proceder hasta allí ocultado.

Dicho todo lo anterior, considero que el imputado S. en un primer momento, conocía la altísima probabilidad de ser portador de coronavirus y, posteriormente, lo confirmó mediante el correspondiente informe de laboratorio efectuado en la República Oriental del Uruguay. Como así también, estaba informado de la normativa sanitaria vigente en este país. Sin embargo, a pesar de las descriptas circunstancias, fue su intención abordar la embarcación de la empresa Buquebus junto con una multitud de personas -en infracción al art. 2° inciso 5 del decreto 260/20-, omitiendo dar información de crucial relevancia en términos sanitarios a lo cual, además, estaba obligado a brindar en miras a proteger el bien común de la sociedad en general -en infracción al art. 8° del decreto 260/20- y, finalmente, ampararse en la literalidad de un instrumento -declaración jurada de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras- cuya confección tiene por objeto abarcar un universo de casos. Entonces, si lo que deben informarse son los síntomas, va de suyo que la fundada sospecha de ser portador de la enfermedad en cuestión y, obviamente, su confirmación, es indispensable ponerla en conocimiento -en infracción al art. 2° inciso 13 del decreto 260/20-.

Por lo expuesto, las probanzas colectadas en autos y con el grado de probabilidad que exige esta etapa procesal, reitero, permiten tener acreditado que L. A. S. resulta “prima facie”, autor penalmente responsable del delito de violación de medidas adoptadas por autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia, previsto y reprimido en el art. 205 del CP, a título de autor conforme lo prescribe la norma del art. 45 ídem.

Vuelvo, aunque sea por un momento, a la actividad funcional de las tres funcionarias de sanidad, porque parte de la labor cumplida tiene todavía repercusión en este campo investigativo.

En efecto, una vez que fuera confirmado -no sin esfuerzo como se vio- que L. A. S. era positivo COVID 19, las profesionales emprendieron un relevamiento de aquellas personas con ubicación próxima durante el viaje -de contacto estrecho (fs. 112)-, más allá de haber tomado la temperatura a todos aquellos pasajeros que también habían regresado por esa vía desde Europa, habiendo recopilado copia de veintiocho (28) de las declaraciones juradas de salud que han quedado incorporadas a fs. 37/45 y 47/65, todas de aquellos viajeros que ocuparon sitios cercanos a S. en el sector turista.

Sobre la base de la evacuación que realizó el SAME y de la cuarentena que debió establecerse para la totalidad del pasaje y sus tripulantes, más los datos recolectados por las funcionarias de sanidad y el seguimiento epidemiológico que obligatoriamente emprendieron las autoridades, necesariamente deberá prolongarse esta pesquisa.

Una aclaración sobre las condiciones en que hasta acá se ha llevado el trámite del expediente.

No obstante las necesarias limitaciones derivadas de la pandemia desatada por el COVID 19 que ha modificado absolutamente todo, para cumplir las disposiciones decretadas por las autoridades en el orden nacional y en lo que al Poder Judicial de la Nación específicamente atañe, las nociones rectoras en consecuencia emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de seguido el ordenamiento dispuesto por la Excelentísima Cámara del fuero, de todos modos, este proceso fue hasta aquí desarrollado -y continúa siéndolo- bajo esas premisas de cuidado y preservación de todos los operadores.

Colaboraron especialmente las partes legitimadas como tales, por solo dar un ejemplo que engloba todo ese esfuerzo, en que conforme se dispuso en el legajo se celebrara el acto de la declaración indagatoria del imputado, se cumplió con la utilización de medios técnicos a través del sistema de videoconferencia, en lo que colaboró el propio imputado L. A. S. incluso atravesando su internación por contagio de COVID 19; por lo demás, las partes han ejercido sus ministerios con la herramienta Lex 100 de la CSJN.

De igual forma, en el caso de la Prefectura Nacional Argentina, el Ministerio de la Salud de la Nación, el Ministerio de Salud del GCBA, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Buquebús y el Sanatorio Agote, sus autoridades también recopilaron y proveyeron los datos necesarios para abonar la pesquisa con elementos que trasmitieron al Tribunal por medios electrónicos; los instrumentos originales que se compadecen con las impresiones que integran el legajo y que sustentan su trabajo se encuentran bajo custodia en cada dependencia y oficina.

Sin embargo, pese al esfuerzo y sobre la base de información nueva que se vaya incorporando, hasta aquí la imprescindible para el dictado de este decisorio se ha reunido sobradamente -en particular para el alcance provisorio que caracteriza las decisiones de la etapa-, seguramente surgirá la necesidad de producir nueva prueba y algunas de ellas, como por ejemplo el trámite de una rogatoria internacional, en estas condiciones ya sea por los requisitos especiales de orden procesal fijados para la canalizar estas solicitudes y también por el momento particular que atraviesan las cancillerías, así como todos los estamentos estatales cuyos recursos humanos y materiales que se encuentran volcados a la atención de la pandemia, se trata de trámites que por el momento por motivos de fuerza mayor admiten cierta postergación.

En conclusión, el ejercicio de la recopilación de la prueba y en particular el de interpretar los datos que de ella se desprenda no se ha detenido; lo actuado hasta el momento inmediato anterior al dictado de este pronunciamiento así lo certifica.

Por ejemplo, trascurrida la cuarentena obligatoria que debió cumplir todo el grupo de viajeros más sus tripulantes, se ha abierto la exploración a quienes han integrado ese conjunto, especialmente el resultado de su seguimiento epidemiológico, esto claro está, genera una actividad jurisdiccional nueva.

En efecto, por medios periodísticos -cfr. fs.. 222/224- se ha tomado conocimiento que un ciudadano argentino de nombre Ramón Besterio o Basteiro, de 83 años de edad, había sido interceptado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y que se dirigía a la ROU para pasar a la ciudad de Fray Bentos. En esa circunstancia, en Gualeguaychú debió intervenir la justicia federal competente con motivo que Besteiro se había desplazado allí desde Buenos Aires y por tanto el viaje habría representado una violación a la cuarentena vigente.

Ahora bien, Ramón Besterio o Basteiro se habría constatado como un caso positivo de COVID 19, lo que provocó la puesta en cuarentena de un grupo de gendarmes y de una familia que lo había alojado en la zona, pero en lo que interesa a esta causa se supo que había llegado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 19 de marzo ppdo. en el buque San Patricio. Efectivamente, se corroboró que formaba parte de aquel pasaje -cfr. fs. 6, ubicación 33 en el listado de pasajeros-; desde la empresa Buquebus se confirmó que viajó así como que había adquirido su pasaje el mismo día 19 abonándolo en efectivo -cfr. fs. 228- aunque de acuerdo a la información proporcionada desde la Oficina Legal y Técnica del Ministerio de Salud del GCBA, generada en el Área de Vigilancia Epidemiológica de la cartera, el señor Besteiro no figura como infectado conforme el seguimiento del que fuera objeto por aquella condición.

Siempre por noticias periodísticas publicadas el día 21 de abril ppdo., se supo que Ramón Besteiro falleció en la República Oriental del Uruguay -cfr. fs. 262/267-, y que si bien era de nacionalidad argentina, residía en la ciudad de Maldonado de ese país. No se tiene información en que momento logró de todos modos cruzar de Gualeguaychú a Fray Bentos, pero en el país limítrofe quedó internado por la afección y finalmente se registró su deceso; de momento no obran en la causa elementos que puedan atribuir su infección al viaje motivo de estudio en autos.

También el cruzamiento de la información que se va agregando se transforma en otra nueva fuente de análisis, tal es el caso de lo que ocurre con el ciudadano T. H. (D.N.I. …) que ha resultado positivo COVID 19 según el informe epidemiológico de la cartera de salud de esta ciudad (hay otros cuatro casos además de éste) y que se encontraba en el mismo sector turista que L. A. S., considerándoselo por tanto “contacto estrecho” por lo que se incorporó a fs. 37 copia de su “Declaración de Salud del Viajero”, documento del que además surge que recorrió similar periplo (España, Francia, Uruguay) al de S., por lo que al resultar contagiado abre el interrogante sobre cuándo se infectó y si no se trata de uno de los amigos a los que el causante hizo alusión en su declaración -por la comunidad de datos, incluso la coincidencia de edad, pues al declarar S. no aportó el nombre siquiera de uno si es que estaba acompañado-, pero como H. resultó en definitiva con la enfermedad corresponderá revisar a su respecto todo lo necesario que haga de interés a esta causa.

No se agotan en este caso los interrogantes, pues resta realizar averiguaciones por las restantes cuatro personas infectadas (además de S. y H.), lo que también ha generado nuevas consultas a la empresa Buquebús que indudablemente significa la apertura de una nueva línea de investigación generada en los resultados de aquella cuarentena; todo esto es muy reciente.

Finalmente, más allá de lo que el avance del proceso nos depare, hay algo que resultará inamovible y que no puedo dejar de mencionar.

Siempre a la luz de la línea de tiempo que se ha ido construyendo, puede afirmarse que la inmediata transmisión que el señor Ministro de Salud del GCBA, Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós, hizo de la noticia que recibió -completada recién a las 6:49 PM- al Dr. Arnaldo Darío Medina de la cartera de salud en el orden nacional, fue el primer eslabón que permitió llevar adelante el operativo sanitario -que finalizó en una evacuación de la embarcación-.

Unos pocos minutos de demora hubieran significado que se concretara el desembarque -a las 19:30 hs.- de todos los pasajeros con las inimaginables consecuencias epidemiológicas que podría haber ello causado; la frustración del operativo no ocurrió exclusivamente por esta primer reacción del ministro de la cartera de salud de la ciudad.

Seguidamente y con igual reflejo, el Dr. Arnaldo Darío Medina transmitió el alerta a la Dra. Claudia Madies que instruyó a las funcionarias de sanidad para que intervinieran en el lugar; media hora antes del amarre de la nave estaban destacadas en el lugar contactándose con la autoridad federal (PNA) que a su vez lo hizo con las autoridades de Buquebus -Gerente de Operaciones de la terminal, Sra. María Victoria Laurent Sánchez- con lo cual el recibimiento de la nave -y con ello el desempeño de acuerdo a los protocolos- estaba asegurado.

Aquel aseguramiento se prolongó hasta que tomó intervención el SAME a través de su titular, el Dr. Alberto Crescenti, quien se encargó de la evacuación de más de cuatrocientas (400) personas para disponer su cuarentena, cumpliendo con el traslado de todo el conjunto a tres (3) hoteles dispuestos a tal fin por el GCBA.

Reitero, recién ha transcurrido un poco más de un (1) mes del episodio y en la actualidad si bien las palabras cuarentena y obligatoria para quienes regresen del exterior resulta moneda corriente, en aquel entonces era todo una novedad, con lo cual aquel día 19 de marzo ppdo. se suscitó el primer hecho que puso a prueba todos estos mecanismos de emergencia y especialmente la profesionalidad de los funcionarios precitados, máxime cuando éste no se trató de un caso de cuarentena grupal programada -como los que se organizaron después-, sino que el protocolo debió activarse ante la emergencia de un caso positivo de COVID 19 confirmado entre el conjunto de viajeros.

La desagradable sorpresa, claro está, la experimentaron los propios pasajeros que llegaron al Puerto de Buenos Aires y no pudieron desembarcar, habiendo llevado el despliegue del operativo, por lógicas razones, muchas horas, circunstancias en que, tanto las funcionarias de sanidad Alejandra Marcela Chipolina, Mirta Mabel Brito y Carina Viviana Pagano como los integrantes de la fuerza de seguridad federal (PNA) Oficial Auxiliar Nadia Soledad Arancibia, los Cabo Segundo Romero, Cabo Segundo Cidelón y el Marinero Ramírez, en conjunto lograron contener a todo el pasaje -calmando a las personas-, porque querían descender sin más.

Definitivamente, del mismo modo que los señores ministros, el titular del servicio de emergencia -SAME- así como la directora del área específica -Sanidad de Frontera-, también los funcionarios citados en el último párrafo demostraron estar sobradamente a la altura de las circunstancias; deben por supuesto sumarse aquí a todos aquellos -que con seguridad no son pocas personas- que pusieron su vocación y compromiso en la emergencia.

Cuarto: Prisión preventiva

Ahora bien, arribado el momento de resolver sobre este punto, al igual que en el incidente registrado con el n° 1, comenzaré por señalar que la única justificación constitucionalmente válida para mantener privada de su libertad a una persona durante el proceso, cuando aún goza de la presunción de inocencia, es la existencia de peligro procesal; es decir, la existencia de elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse o que, estando en libertad, entorpecerá el desarrollo de la investigación.

Al respecto, la Sala I de la Excelentísima Cámara del Fuero en una resolución en la que revocó una denegatoria de excarcelación, dijo: “… esta Cámara se ha expedido reiteradamente sobre este tema, destacando la necesidad de evaluar la presencia de riesgos procesales en cada caso -es decir, para el cumplimiento de los fines del proceso penal- y la posibilidad de aventarlos con medidas menos gravosas que la privación de la libertad durante el procedimiento (en este sentido, ver causa Nº 37.788, “Páez, Gustavo E.”, Reg. Nº 345, rta. el 29/04/05, entre otras). Siguiendo este lineamiento, esta Sala ha anulado por falta de fundamentación resoluciones que denegaban los pedidos de exención de prisión o de excarcelación bajo fórmulas genéricas y abstractas, basadas en una interpretación de las escalas penales referidas en los arts. 316 y 317 del CPPN como presunciones iure et de iure de la configuración de los peligros procesales, sin analizar las circunstancias concretas de cada caso y la conducta procesal de los peticionantes (ver en este sentido, de esta Sala, causa Nº 41.755 “Márquez, Martín”, Reg. 438, rta. el 30/04/08, entre muchas otras).[…] Asimismo, debe valorarse que […] no registra antecedentes penales que incidan de modo negativo en el caso, se encuentra fehacientemente identificado desde el inicio de estos actuados y tiene un lugar de residencia fija acreditado en autos. Estos extremos permiten presumir que los fines del proceso se encontrarán suficientemente resguardados por la imposición del tipo de caución que el magistrado de grado estime pertinente (artículos 320 y ss. del C.P.P.N.) -cfr. C.C.C.Fed. Sala I; causa N° 47.973 “Brid, Víctor Darío s/excarcelación”; Juzgado N° 6 – Secretaría N° 11; expte. N° 284/2011/23; Reg. N°: 48, rta. el 29 de enero de 2013-”.

El análisis sobre la probabilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia o entorpezca el curso de la investigación debe realizarse valorando las circunstancias de cada caso particular, la severidad de la pena conminada en abstracto; la gravedad de los hechos concretos del proceso; la naturaleza del delito reprochado; el grado de presunción de culpabilidad; la peligrosidad evidenciada en el accionar; las circunstancias personales y demás circunstancias que fueren mencionadas en «Castells, Raúl» al cual me remito (Reg. nro. 636/05, rta. 11/08/2005, de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal).

Cabe recordar que al momento de evaluar la viabilidad del pedido de excarcelación se tuvo en cuenta que el hecho imputado a L. A. S., conforme los términos de la declaración indagatoria que se le recibiera por teleconferencia, encuadrarían “prima facie” en el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, implicando ello que la pena en expectativa a aplicarse en el ilícito achacado, no supera el máximo establecido en el art. 316, segundo párrafo del C.P.P.N., lo que tornaría procedente la concesión del beneficio, máxime cuando no se ha dado noticia de ningún contagio ulterior.

Sin embargo, como ya se ha dicho, ése no debe ser el único parámetro, sino que es preciso analizar los riesgos procesales que podrían aparecer, en caso de que el encausado se encuentre en libertad.

Con respecto al entorpecimiento de la investigación, como se analizó en el correspondiente incidente, se cuenta en el legajo con la información a la que puede denominarse de primera mano, de modo que el aseguramiento de esos elementos de prueba se ha cumplido y sobre la restante información y medidas de pruebas que podrían producirse en estos obrados en adelante, no existen indicios para suponer que S. intentará obstaculizarla.

Así, el análisis de los riesgos procesales relativos a que el encausado se sustraiga del proceso, habré de reiterar que L. A. S. inequívocamente se domicilia en la calle Soldado de la Independencia nro. …, Piso …°, Dto. “…” de esta Ciudad. Como así también, se ha acreditado arraigo, toda vez que vive junto a su núcleo familiar y estudia en el país.

Bajo estos parámetros, reitero, conforme surge del incidente de excarcelación que corre por cuerda, se le acordó el beneficio al sindicado, bajo caución juratoria, pedido que había sido formulado por sus abogados defensores, trámite en el que la Fiscalía actuante opinó favorablemente para la concesión.

La decisión lleva fecha 25 de marzo ppdo., pero vale aclarar que entonces L. A. S. debió permanecer internado en el Sanatorio Agote en tratamiento tras haberse confirmado -una vez más luego del informe de laboratorio uruguayo- su caso de COVID 19, de allí que, más allá de haber obtenido un primer resultado negativo a la detección del virus -cfr. fs. 212, 1/04/20- hasta que no obtuviera el alta clínica y epidemiológica con fecha 6 de abril de 2020 -cfr. fs. 213 y 26/27 de la incidencia- comunicada a la judicatura, no resultó externado.

En relación a lo aquí esbozado, la totalidad de las circunstancias particulares apuntadas, valoradas en conjunto y no aisladamente, importan la demostración de que no media en autos un peligro cierto de que L. A. S. pueda impedir el normal desarrollo del proceso, ya sea intentando eludir el accionar de la justicia -evitando cumplir los actos procesales dispuestos sobre su persona y especialmente la pena que en definitiva pudiere caberle- o entorpeciendo la investigación, conforme los extremos establecidos en el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación.

Estas consideraciones resultan contestes con la reciente Resolución n° 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del 13/11/2019, la que dispuso la implementación solamente de los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal de la Nación -vigente desde el día 19 de noviembre del año 2019-. En particular, con los lineamientos fijados por dicho artículo 221 -incisos a), b) y c)- para decidir acerca del peligro de fuga.

Nótese que tal normativa impone la necesidad de sopesar el arraigo, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculta; las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento; entre otras. Todo lo cual tuve en consideración al adoptar ese decisorio y el presente.

De otra parte, L. A. S. no posee antecedentes conforme surge de la información proporcionada desde los organismos y registros SIFCOP e IDGE y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal -cfr. fs. 32 y 33-.

Por todo lo expuesto, es que habré de dictar el procesamiento de L. A. S., sin prisión preventiva.

Quinto: Embargo

Para comenzar, corresponde recordar que con fecha 27 de marzo de 2020 en el marco de incidente registrado bajo el n° 2, se dictó una medida cautelar de carácter real de conformidad con lo normado en el art. 23 del Código de fondo en la materia, a fin de asegurar la viabilidad de las posibles consecuencias de índole económica que el accionar de S. podría traer aparejadas.

En efecto, el Estado debió realizar erogaciones, fundamentalmente en disponer un andamiaje sanitario tendiente a relevar el estado de salud del pasaje completo que viajaba en el buque, con más su tripulación, las que superaron las cuatrocientas (400) personas por posible contagio del virus COVID 19, los alojamientos momentáneos en hoteles de pasajeros para su evaluación, más las cuarentenas que particularmente a las que cada uno de ellos debió someterse, privándolos de sus actividades normales, sin contar los insumos médicos y un operativo sanitario de alta especialización como es la intervención del SAME; no queda fuera de este listado el transporte del que se debió disponer en cada caso de este conjunto importante de pasajeros que debió afrontar el Ministerio de Transporte del gobierno local.

Empero, toda vez que no se encuentra debidamente detallado en autos, ni en el marco de la incidencia de medidas cautelares qué organismo afrontó dichos gastos -de orden nacional o local-, como así tampoco se estimó el monto de lo gastado, se dispuso decretar la inhibición general de bienes de L. A. S., medida que fue anotada en los registros de la Propiedad Inmueble de esta Ciudad, en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, Registro Nacional de Aeronaves, Registro Nacional de Buques y el congelamiento de productos bancarios a través del Banco Central de la República Argentina, por el término de ciento veinte (120) días.

Ahora bien, con relación a la medida de índole real contemplada en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, se debe atender a las pautas de determinación establecidas en el artículo 533 de dicho plexo normativo.

Sobre este punto, se impone destacar que una de las finalidades de la medida cautelar que se adoptará, consiste en asegurar al menos la posibilidad de una futura responsabilidad pecuniaria y la producción de gastos por las costas del proceso y los honorarios de letrados particulares.

Asimismo, habrá de tenerse en especial consideración el perjuicio ocasionado al Estado Nacional y local y/o a los particulares -empresa Buquebus, demás pasajeros y tripulación-, tal como fuera especificado en párrafos anteriores.

En virtud de lo expuesto, habré de fijar embargo sobre los bienes y/o dinero de L. A. S. hasta cubrir la suma de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000).

Oportunamente, se deberá confeccionar el correspondiente mandamiento de embargo en el incidente respectivo, e intimar al encausado a dar a embargo la suma antes señalada.

Sin perjuicio de ello, es menester dejar sentado que la medida cautelar que aquí se analiza es de carácter provisorio y, por tanto, en caso de cuantificarse el costo económico del operativo desplegado a raíz de la conducta investigada en autos y demás perjuicios, podría modificarse o actualizarse el monto de la misma.

En razón de todo lo expuesto, de conformidad con la normativa vigente, corresponde y así;

RESUELVO:

I. DICTAR EL PROCESAMIENTO DE L. A. S., de las demás constancias personales obrantes en autos, en la presente causa que lleva como registro el nro. 1407/2020, por considerarlo “prima facie” autor penalmente responsable del delito de violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia (arts. 45 y 205 del CPN, en función del decreto 260/20 publicado con fecha 12 de marzo de 2020 en BO 34.327 y art. 306 CPPN), SIN PRISIÓN PREVENTIVA por no encontrarse reunidos los extremos exigidos por el art. 312 del Código de rito para la materia -considerandos primero, segundo, tercero y cuarto-

II. MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes de L. A. S., en la presente causa nro. 1407/2020, hasta cubrir la suma de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000), ordenando librar el correspondiente mandamiento (art. 518 del CPPN) en el incidente que se formará a tal fin -considerando quinto-

Notifíquese a la Sra. Agente Fiscal, parte querellante y a la defensa del encartado mediante cédula electrónica.

En la misma fecha se cumplió. Conste.-

 

Gustavo Ariel RAMIREZ

LUIS RODRIGUEZ

 

  Correlaciones:

T. G. s/propagación de epidemia – Juzg. Fed. Campana – 16/03/2020 – Cita digital IUSJU000241F

 

Notas:

  (1) Jorge Eduardo Buompadre, Revista Pensamiento Penal, http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48653-reflexiones-derecho-penal-tiempo-coronavirus-violacion-cuarentena-y-otras-medidas

  (2) MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal Parte General, B de F. Buenos Aires, 2012, pág. 160/169.

  (3) Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal, Ed. Trotta, Madrid, 1995, pág. 464 y sgtes.

  (4) D´ ALESSIO Andrés José y DIVITO Mauro, Código Penal comentado y anotado Parte Especial Tomo II, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2004.

  (5) Conf. Carrara, Francesco “Programa de Derecho Criminal. Parte Especial. Volumen VI”; Editorial Temis, Bogotá 1998,Páginas 262/263, Par. 3172.

  (6) Creus, Carlos “Derecho Penal. Parte Especial (Tomo II)”, editorial Astrea, Buenos Aires, séptima edición, año 2007, p.57.

  (7) Finocchiaro Enzo, “Art. 200 a 204 quinquies”, Revista Pensamiento Penal, Código Comentado, http://www.pensamientopenal.com.ar/cpcomentado/38027-art-200-204-quinquies-delitos-contra-salud-publica

  (8) MOLINARIO, Alfredo (texto preparado y actualizado por AGUIRRE OBARRIO, Eduardo), «Los Delitos», tomo III, Ed. TEA, Buenos Aires, 1999, págs. 121/122.

  (9) FONTAN BALESTRA, Carlos, «Derecho Penal’; Parte especial, t. IV, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, pág. 338.

  (10) CREUS Carlos, Derecho Penal Parte Especial Tomo 2, Editorial Astrea, 6° Edición, Bs As, 1998, páf. 75

  (11) Resultan muy interesantes los antecedentes históricos que culminaron con la actual redacción del antedicho artículo. Sin intención de ahondar en esa temática, simplemente habré de destacar que el proyecto de Código Penal de 1881, en el capítulo destinado a la salud pública, establecía que aquellas personas que violaren una cuarentena en tiempos de epidemia sufrirían la pena de destierro menor.

El proyecto de 1895 (Segovia), contempló en el artículo 285, la posibilidad de aplicar una pena de penitenciaría de tres meses a un año a quien “violare la cuarentena u otras medidas de aislamiento y precaución tendientes a prevenir la introducción o propagación de una enfermedad contagiosa…” tipo penal referido contemplaba una agravante en la pena para el caso en que, como consecuencia del incumplimiento de la medida impuesta, se hubiere afectado a otra persona; para este último caso la pena se elevaba de seis a dieciocho meses.

Los proyectos que siguieron, fueron ampliando la acción típica a la violación de medidas sanitarias en general, hasta verse plasmado en la actual redacción del art. 205 CPN. Conf. Zaffaroni, E Raúl y Arnedo, Miguel Alfredo “Digesto de Codificación Penal Argentino», editorial AZ, Madrid, 1996, Tomo I a VII.

  (12) C.S.J.N. Fallos: 323:3426

  (13) Zaffaroni, E. Raúl, Alagia, A. y Slokar, A. “Derecho Penal. Parte General”, editorial Ediar, año 2003, Pág. 115/116.

  (14) Zanazzi Sebastian, “Art. 205”, Revista Pensamiento Penal, Código Cometado,http://www.pensamientopenal.com.ar/cpcomentado/37843-art-205-violacion-medidas-contra- epidemias  (15) Donna, Edgardo Alberto, “Derecho Penal, Parte Especial”, Tomo II-C, editorial Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2013. pág. 248.

  (16) Jorge Eduardo Buompadre, Revista Pensamiento Penal, http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48653- reflexiones-derecho-penal-tiempo-coronavirus-violacion-cuarentena-y-otras-medidas

  

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