Legislación nacional

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DECRETO 2686/1993

MINERÍA

Inversiones mineras. Alcances. Tratamiento fiscal. Importaciones. Regalías. Régimen. Reglamentación

del 28/12/1993; publ. 03/01/1994

El presidente de la Nación Argentina decreta:

Art. 1.- Apruébase el reglamento de la ley 24196 que como anexo forma parte del presente, el que tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial.

Art. 2.- Comuníquese, etc.

Menem – Cavallo

Anexo

REGLAMENTO DE LA LEY 24196 DE INVERSIONES MINERAS

CAPÍTULO I:

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.– Sin reglamentación.

CAPÍTULO II:

DE LOS ALCANCES

Art. 2.– (Texto según decreto 1403/1997, art. 1 ). Las personas que pueden acogerse al régimen de la ley 24196 , a todos sus efectos, son las que desarrollan o se establezcan con el propósito de ejercer actividades mineras por cuenta propia.

Quienes realicen las actividades mineras que se indican en el art. 5 , inc. a) de la ley 24196, a título de prestación de servicios para productores mineros, reuniendo las condiciones que fije la autoridad de aplicación, y los organismos públicos del sector, podrán inscribirse en el registro habilitado por aquélla, al solo efecto de acogerse a las disposiciones del art. 21 de dicha ley.

Todos los interesados en inscribirse en el registro citado deberán cumplimentar con la guía de inscripción, con carácter de declaración jurada. La autoridad de aplicación comunicará dicho acto dentro de los treinta (30) días de producido, al organismo con competencia en la actividad minera de la provincia que corresponda.

Se considerará que subsisten las condiciones que dieron lugar a la inscripción, si no se presentare a la autoridad de aplicación una comunicación en donde se declaren, bajo juramento, las modificaciones ocurridas anualmente hasta el 31 de diciembre. Las comunicaciones sobre las modificaciones anuales deberán ser presentadas hasta el 31 de marzo del año siguiente. La falta de cumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las medidas previstas en el cap. IX, art. 29 de la ley 24196 que corresponde al caso. La autoridad de aplicación procederá a dar de baja a los inscriptos en el registro cuando las modificaciones producidas impliquen, a juicio de aquélla, alguna incompatibilidad con la permanencia en el régimen.

Las empresas inscriptas en el Registro de Beneficiarios de la ley 22095 que quieran acogerse a la Ley de Inversiones Mineras deberán presentar una declaración prestando su adhesión a la misma, cumplimentando con la guía de solicitud de inscripción que se menciona en el párr. 3 de este artículo.

Dicha adhesión no obstará a lo establecido en el art. 30 , párr. 2 de la ley 24196.

Art. 2.- (Texto según decreto 245/1995, art. 1 ). Las personas que pueden acogerse al régimen de la ley 24196 , a todos sus efectos, son las que desarrollan o se establezcan con el propósito de ejercer actividades mineras por cuenta propia. Sólo podrán inscribirse en este régimen aquellas personas cuya única actividad sea el desempeño de tareas mineras, con los alcances indicados en el art. 5 de la ley y no excluidas por su art. 6 . Las personas que desarrollen otras actividades, además de las mineras, no podrán acogerse a la ley 24196 salvo que se den en forma concurrente las siguientes condiciones:

a) Si se tratara de personas jurídicas, que el desarrollo de actividades mineras sea compatible con su objeto social, de estar éste determinado;

b) (*) En todos los casos, que el noventa por ciento (90%) de los ingresos totales, excluido el impuesto al valor agregado, de los últimos cinco (5) ejercicios comerciales anteriores a su presentación ante la autoridad de aplicación a los efectos de la inscripción, provengan del desarrollo de actividades mineras. Si la persona tuviera una existencia temporal que no le permita alcanzar esa cantidad de ejercicios comerciales se considerarán los transcurridos desde el inicio de su existencia. Para conservar la calidad de inscriptos las personas deberán continuar en el futuro reuniendo ambas condiciones enunciadas precedentemente; cuando ello no ocurra estarán obligadas a notificarlo, dentro de los diez (10) días, a la autoridad de aplicación, quien procederá a darlas de baja del registro con efectos retroactivos al inicio del ejercicio comercial durante el cual las condiciones no fueron cumplidas, debiendo en tal caso el sujeto efectuar el reintegro de los beneficios tributarios y arancelarios que hubiese utilizado, con sus debidos accesorios de acuerdo con las respectivas disposiciones legales de aplicación, con excepción de multas u otras penalidades. Si el inscripto omitiera efectuar en término la notificación a la autoridad de aplicación, le serán aplicables las multas y penalidades legalmente establecidas. Lo expuesto es sin perjuicio de la posibilidad de ulterior reinscripción de acuerdo a las normas que a tales fines establezca la autoridad de aplicación.

Quienes realicen las actividades mineras que se indican en el art. 5 , inc. a) de la ley 24196, a título de prestación de servicios para productores mineros, reuniendo las condiciones que fije la autoridad de aplicación, y los organismos públicos del sector, podrán inscribirse en el registro habilitado por aquélla al solo efecto de acogerse a las disposiciones del art. 21 de dicha ley.

Todos los interesados en inscribirse en el registro citado deberán cumplir con la guía de inscripción con carácter de declaración jurada. La autoridad de aplicación comunicará dicho acto dentro de los treinta (30) días de producido, al organismo con competencia en la actividad minera de la provincia que corresponda.

Se considerará que subsisten las condiciones que dieron lugar a la inscripción, si no se presentare a la autoridad de aplicación una comunicación en donde se declaren, bajo juramento, las modificaciones ocurridas anualmente hasta el 31 de diciembre. Las comunicaciones sobre las modificaciones anuales deberán ser presentadas antes del 31 de marzo del año siguiente. La falta de cumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las medidas previstas en el cap. IX, art. 29 , de la ley 24196 que correspondan al caso. La autoridad de aplicación procederá a dar de baja a los inscriptos en el registro cuando las modificaciones producidas impliquen, a juicio de aquélla, alguna incompatibilidad con la permanencia en el régimen.

Las empresas inscriptas en el Registro de Beneficiarios de la ley 22095 que quieran acogerse a la Ley de Inversiones Mineras deberán presentar una declaración prestando su adhesión a la misma, cumpliendo con la guía de solicitud de inscripción mencionada anteriormente. Dicha adhesión no obstará a lo establecido en el art. 30 , párr. 2, de la ley 24196.

(*) El art. 2 del decreto 245/1995 establece: «Las personas inscriptas con anterioridad a la vigencia de este decreto, que no hubieran reunido la condición indicada en el inc. b) del art. 2 del reglamento, no perderán su calidad de inscriptos por esa circunstancia, pero en el futuro deberán cumplir lo establecido en dicho inciso. De no hacerlo se les aplicará lo allí dispuesto».

Art. 2.- (Texto originario). Las personas que pueden acogerse al régimen de la ley 24196 , a todos sus efectos son las que desarrollan o se establezcan con el propósito de ejercer actividades mineras por cuenta propia.

Quienes realicen las actividades mineras que se indican en el art. 5 , inc. a) de la ley 24196, a título de prestación de servicios para productores mineros, reuniendo las condiciones que fije la autoridad de aplicación, y los organismos públicos el sector, podrá inscribirse en el registro habilitado para aquélla, al solo efecto de acogerse a las disposiciones del art. 21 de dicha ley.

Todos los interesados en inscribirse en el registro citado deberán cumplimentar con la guía de inscripción, con carácter de declaración jurada. La autoridad de aplicación comunicará dicho acto dentro de los treinta (30) días de producido, al organismo con competencia en la actividad minera de la provincia que corresponda.

Se considerará que subsisten las condiciones que dieron lugar a la inscripción, si no se presentare a la autoridad de aplicación una comunicación en donde se declaren, bajo juramento, las modificaciones ocurridas anualmente hasta el 31 de diciembre. Las comunicaciones sobre las modificaciones anuales deberán ser presentadas hasta el 31 de marzo del año siguiente. La falta de cumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las medidas previstas en el cap. IX, art. 29 , de la ley 24196 que correspondan al caso. La autoridad de aplicación procederá a dar de baja a los inscriptos en el registro cuando las modificaciones producidas impliquen, a juicio de aquélla, alguna incompatibilidad con la permanencia en el régimen.

Las empresas inscriptas en el Registro de Beneficiarios de la ley 22095 que quieran acogerse a la Ley de Inversiones Mineras deberán presentar una declaración prestando su adhesión a la misma, cumplimentando con la guía de solicitud de inscripción que se menciona en el párr. 3 de este artículo. Dicha adhesión no obstará a lo establecido por el art. 30 , párr. 2, de la ley 24196.

Art. 3.– Respecto a lo previsto en el inc. a) del art. 3 de la ley 24196, se establece que la incompatibilidad con el régimen de dicha ley, atribuible a los delitos dolosos, quedará a criterio de la autoridad de aplicación.

Los interesados manifestarán bajo declaración jurada, en oportunidad de iniciar la gestión de inscripción, que no existe ninguna de las inhabilidades de la ley 24196 y acompañarán una certificación contable sobre la inexistencia de deuda exigible impaga, en los términos del art. 3 , inc. b) de dicha ley, o la vigencia de un acogimiento a un plan de facilidades de pago. Los interesados quedan obligados a manifestar bajo juramento cualquier novedad al respecto que se produjere antes de otorgada la inscripción. La autoridad de aplicación podrá tomar las medidas que estime pertinentes para constatar la información, cuando lo considere oportuno.

Art. 4.– Sin reglamentación.

CAPÍTULO III:

DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS

Art. 5.– (Texto según decreto 1089/2003, art. 1 ). El régimen instituido por la ley 24196 alcanza tanto a nuevos emprendimientos como a los que ya se hallan en actividad a la fecha de su vigencia, con excepción de lo normado en el tít. I de su cap. IV, »Estabilidad fiscal», que alcanza exclusivamente a los emprendimientos nuevos y a las unidades productoras existentes que incrementaren su capacidad productiva mediante un proyecto de ampliación.

Determínase como productos de elaboración primaria los siguientes: diatomitas, arcillas, perlitas y vermiculitas expandidas o procesadas, cales, yesos cocidos, dolomitas calcinadas, revestimientos refractarios y rocas aserradas. También se considerarán incluidos los subproductos de los procesos mencionados en el art. 5 , inc. b) de la ley 24196 y los siguientes productos obtenidos a partir de minerales: sulfato de aluminio, boratos elaborados en general, ácido bórico, fosfatos, ocres, ferromanganeso, ferrosilicio, carburo de calcio, carburo de silicio y anhídridos y sales de cromo, litio, cobalto, tantalio, tungsteno, estroncio, bario, magnesio, potasio, cloro, soda cáustica, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio, cloruro de calcio, cloruro férrico (*), ladrillo moldeado y cocido o quemado (**), vapores endógenos procesados para su adecuación previa al uso en la generación de energía eléctrica (***).

(*) Texto incorporado por resolución 9/2004 S.M., art. 1 .
(**) Texto incorporado por resolución 109/2004 S.M., art. 1 .
(***) Texto incorporado por resolución 59/2005 S.M., art. 1 .

Facúltase a la autoridad de aplicación para introducir modificaciones en la precedente nómina, mediante resolución debidamente fundamentada.

Se define como unidad económica a la unidad productiva económica que puede componerse de uno o más procesos, partiendo del material en bruto, triturado o molido, o de los concentrados primarios.

Se considerarán regionalmente integrados con las explotaciones mineras, los procesos de tratamiento de minerales instalados dentro del radio de doscientos (200) kilómetros de los yacimientos ubicados en territorio nacional, que les provean no menos del cincuenta por ciento (50%) en peso de sus insumos minerales, teniendo en cuenta la producción total del año calendario anterior. En caso del primer año de operación se tomará en cuenta el programa que la empresa informe al respecto, el cual deberá tener carácter de declaración jurada.

La autoridad de aplicación podrá admitir un porcentaje menor al establecido cuando la problemática del mercado así lo indique. Las excepciones podrán ser revocadas por la misma autoridad en caso de modificarse las condiciones de mercado.

La autoridad de aplicación podrá extender sin límite el radio determinado en el presente artículo cuando no existiere la infraestructura necesaria, o bien en casos de regiones que presenten un bajo índice de industrialización y ocupación de mano de obra fabril, tal que resulte conveniente su desarrollo industrial, a fin de consolidar el asentamiento poblacional y elevar el nivel de vida de sus habitantes. Las excepciones se acordarán mediante resolución debidamente fundamentada.

Se considerarán regionalmente integrados con explotaciones mineras los procesos de tratamiento de minerales efectuados en instalaciones ubicadas en territorio argentino dentro de áreas de operaciones determinadas por protocolos enmarcados en acuerdos internacionales de complementación económica o en otros tratados internacionales, aun cuando no reúnan las condiciones establecidas en el párr. 5 de este artículo siempre que:

a) Las actividades contempladas en el inc. a) del art. 5 de la ley 24196 sean realizadas dentro de la misma área de operaciones, aunque lo fueran en territorio extranjero;

b) En el proyecto respectivo se prevea que, durante el desarrollo de la explotación, sea o no en los años iniciales, se procesarán también minerales extraídos en nuestro territorio, debiendo a tales efectos el interesado en inscribirse en el registro del régimen o en obtener el reconocimiento de la integración regional, acreditar ante la autoridad de aplicación la existencia de reservas explotables, al solicitar dicha inscripción o reconocimiento.

Se considerarán también regionalmente integrados, aunque no reúnan las condiciones establecidas en el párr. 5 de ese artículo ni se hallen en las precedentemente referidas áreas de operaciones, los procesos de tratamiento de minerales de origen extranjero, en instalaciones ubicadas en territorio argentino, siempre que:

a) En el proyecto respectivo se prevea que, durante el desarrollo de la explotación, sea o no en los años iniciales, se procesarán también minerales extraídos en nuestro territorio, debiendo a tales efectos el interesado en inscribirse en el registro del régimen o en obtener el reconocimiento de la integración regional, acreditar ante la autoridad de aplicación la existencia de reservas explotables, al solicitar dicha inscripción o reconocimiento;

b) Tal emprendimiento sea declarado de interés nacional a los efectos del presente párrafo por decreto de este Poder Ejecutivo nacional.

Art. 5.- (Texto según decreto 111/2001, art. 1 ) (*). El régimen instituido por la ley 24196 alcanza tanto a nuevos emprendimientos como a los que ya se hallan en actividad a la fecha de su vigencia, con excepción de lo normado en el Título I de su Capítulo IV, estabilidad fiscal, que alcanza exclusivamente a los emprendimientos nuevos y a las unidades productoras existentes que incrementaren su capacidad productiva mediante un proyecto de ampliación.

Determínase como productos de elaboración primaria los siguientes: diatomitas, arcillas, perlitas y vermiculitas expandidas o procesadas, cales, yesos cocidos, dolomitas calcinadas, revestimientos refractarios y rocas aserradas. También se considerarán incluidos los subproductos de los procesos mencionados en el art. 5 , inc. b) de la ley 24196 y los siguientes productos obtenidos a partir de minerales: sulfato de aluminio, boratos elaborados en general, ácido bórico, fosfatos, ocres, ferromanganeso, ferrosilicio, carburo de calcio, carburo de silicio y anhídridos y sales de cromo, litio, cobalto, tantalio, tungsteno, estroncio, bario, magnesio y potasio.

Facúltase a la autoridad de aplicación para introducir modificaciones en la precedente nómina, mediante resolución debidamente fundamentada.

Se define como unidad económica a la unidad productiva económica que puede componerse de uno o más procesos, partiendo del material en bruto, triturado o molido, o de los concentrados primarios.

Se considerarán regionalmente integrados con las explotaciones mineras, los procesos de tratamiento de minerales instalados dentro del radio de doscientos (200) kilómetros de los yacimientos ubicados en territorio nacional, que les provean no menos del cincuenta por ciento (50%) en peso de sus insumos minerales, teniendo en cuenta la producción total del año calendario anterior. En caso del primer año de operación se tomará en cuenta el programa que la empresa informe al respecto, el cual deberá tener carácter de declaración jurada.

La autoridad de aplicación podrá admitir un porcentaje menor al establecido cuando la problemática del mercado así lo indique. Las excepciones podrán ser revocadas por la misma autoridad en caso de modificarse las condiciones de mercado.

La autoridad de aplicación podrá extender sin límite el radio determinado en el presente artículo cuando no existiere la infraestructura necesaria, o bien en casos de regiones que presenten un bajo índice de industrialización y ocupación de mano de obra fabril, tal que resulte conveniente su desarrollo industrial, a fin de consolidar el asentamiento poblacional y elevar el nivel de vida de sus habitantes. Las excepciones se acordarán mediante resolución debidamente fundamentada.

Se considerarán regionalmente integrados con explotaciones mineras los procesos de tratamiento de minerales efectuados en instalaciones ubicadas en territorio argentino dentro de Áreas de Operaciones determinadas por protocolos enmarcados en Acuerdos Internacionales de Complementación Económica o en otros Tratados Internacionales, aun cuando no reúnan las condiciones establecidas en el párr. 2 de este artículo siempre que:

a) Las actividades contempladas en el inc. a) del art. 5 de la ley 24196 sean realizadas dentro de la misma Área de Operaciones, aunque lo fueran en territorio extranjero;

b) En el proyecto respectivo se prevea que, durante el desarrollo de la explotación, sea o no en los años iniciales, se procesarán también minerales extraídos en nuestro territorio, debiendo a tales efectos el interesado en inscribirse en el registro del régimen o en obtener el reconocimiento de la integración regional, acreditar ante la autoridad de aplicación la existencia de reservas explotables, al solicitar dicha inscripción o reconocimiento.

Se considerarán también regionalmente integrados, aunque no reúnan las condiciones establecidas en el párr. 5 de ese artículo ni se hallen en las precedentemente referidas Áreas de Operaciones, los procesos de tratamiento de minerales de origen extranjero, en instalaciones ubicadas en territorio argentino, siempre que:

a) En el proyecto respectivo se prevea que, durante el desarrollo de la explotación, sea o no en los años iniciales, se procesarán también minerales extraídos en nuestro territorio, debiendo a tales efectos el interesado en inscribirse en el registro del régimen o en obtener el reconocimiento de la integración regional, acreditar ante la autoridad de aplicación la existencia de reservas explotables, al solicitar dicha inscripción o reconocimiento;

b) Tal emprendimiento sea declarado de interés nacional a los efectos del presente párrafo por decreto de este Poder Ejecutivo nacional.

En estos dos (2) supuestos no será exigible la limitación contemplada en el inc. b) del art. 21 de este decreto referente a la importación de insumos para el tratamiento de materia prima de origen nacional.

(*) El art. 2 del decreto 111/2001 establece: «Continúa en vigencia la restricción por la cual la integración regional fundada en la cláusula octava del texto original del art. 5 del Reglamento aprobado por decreto 2686 del 28 de diciembre de 1993 y sus modifs., no alcanza a los beneficios de la ley 22095 que continúen en vigor por aplicación del art. 30 , párr. 2, de la ley 24196.

Los sujetos inscriptos que realicen operaciones con productos integrados en virtud de lo expuesto en el precedente párrafo y tengan ya integración regional por la ley 22095 para el mismo mineral, deberán discriminar la facturación correspondiente a los productos de yacimientos integrados según uno u otro caso, ya que la liberación del Impuesto al Valor Agregado no comprenderá al mineral proveniente de los integrados de acuerdo al párrafo anterior».

Art. 5.- (Texto originario). El régimen instituido por la ley 24196 alcanza tanto a nuevos emprendimientos como a los que ya se hallan en actividad a la fecha de su vigencia, con excepción de lo normado en el tít. I de su cap. IV, estabilidad fiscal, que alcanza exclusivamente a los emprendimientos nuevos y a las unidades productoras existentes que incrementaren su capacidad productiva mediante un proyecto de ampliación.

Determínanse como productos de elaboración primaria los siguientes: Diatomitas, arcillas, perlitas y vermiculitas expandidas o procesadas, cales, yesos cocidos, dolomitas calcinadas, revestimientos refractarios y rocas aserradas. También se considerarán incluidos los subproductos de los procesos mencionados en el art. 5 , inc. b) de la ley 24196 y los siguientes productos obtenidos a partir de minerales: sulfato de aluminio, boratos elaborados en general, ácido bórico, fosfatos, ocres, ferromanganeso, ferrosilicio, carburo de calcio, carburo de silicio y anhídridos y sales de cromo, litio, cobalto, tantalio, tungsteno, estroncio, bario, magnesio y potasio. (*)

(*) El art. 1 de la resolución 242/1996 S.M.I. establece: «Inclúyese en la nómina de productos obtenidos a partir de minerales contemplada en el párr. 2 del art. 5 de la reglamentación aprobada por decreto 2686/1993 al silicio metálico, al siliciuro de calcio, al siliciuro de calcio-bario, el litio metálico y al hidróxido de litio». El art. 1 de la resolución 198/1998 S.I.C.M. establece: «Inclúyese al yeso cocido moldeado en la nómina de productos obtenidos a partir de minerales, consignados en el párr. 2 del art. 5 del reglamento aprobado por decreto 2686/1993″.

Facúltase a la autoridad de aplicación para introducir modificaciones en la precedente nómina, mediante resolución debidamente fundamentada.

Se define como unidad económica a la unidad productiva económica que puede componerse de uno o más procesos, partiendo del material en bruto, triturado o molido, o de los concentrados primarios.

Se considerarán regionalmente integrados con las explotaciones mineras, los procesos de tratamiento de minerales instalados dentro del radio de doscientos (200) kilómetros de los yacimientos ubicados en territorio nacional, que les provean no menos del cincuenta por ciento (50%) en peso de sus insumos minerales, teniendo en cuenta la producción total del año calendario anterior. En caso del primer año de operación se tomará en cuenta el programa que la empresa informe al respecto, el cual deberá tener carácter de declaración jurada.

La autoridad de aplicación podrá admitir un porcentaje menor al establecido cuando la problemática del mercado así lo indique. Las excepciones podrán ser revocadas por la misma autoridad en caso de modificarse las condiciones de mercado.

La autoridad de aplicación podrá extender sin límite el radio determinado en el presente artículo cuando no existiere la infraestructura necesaria, o bien en casos de regiones que presenten un bajo índice de industrialización y ocupación de mano de obra fabril, tal que resulte conveniente su desarrollo industrial, a fin de consolidar el asentamiento poblacional y elevar el nivel de vida de sus habitantes. Las excepciones se acordarán mediante resolución debidamente fundamentada.

Por única vez, la autoridad de aplicación podrá extender sin límite el referido radio para aquellas empresas ya radicadas que así se lo soliciten, dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la publicación del presente reglamento.

La integración regional fundada en la cláusula anterior no alcanza a los beneficios de la ley 22095 que continúen en vigor por aplicación del art. 30 , párr. 2, de la ley 24196. Los sujetos inscriptos que realicen operaciones con productos integrados en virtud de lo expuesto en el precedente parágrafo y tengan ya integración regional por la ley 22095 para el mismo mineral, deberán discriminar la facturación correspondiente a los productos de yacimientos integrados según uno u otro caso, ya que la liberación del impuesto al valor agregado no comprenderá al mineral proveniente de los integrados de acuerdo al párrafo anterior.

Art. 6.– A los fines de las exclusiones y limitaciones establecidas por la ley 24196 , se entiende por:

a) Proceso industrial de fabricación de cemento: Las operaciones que se realicen a partir de la calcinación, inclusive, de sus insumos minerales.

b) Proceso industrial de fabricación de cerámicas: La elaboración a partir de la cocción de tierras arcillosas.

c) Canto rodado: Todo material pétreo de carácter clásico que se presente en depósitos naturales, cualquiera sea el tamaño y grado de rodamiento que ostenten los elementos que lo componen.

d) Piedra partida: Material pétreo de granulometría diversa, obtenido por trituración mecánica de fragmentos de mayor tamaño.

CAPÍTULO IV:

DEL TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES

Art. 7.– Sin reglamentación.

TÍTULO I:

DE LA ESTABILIDAD FISCAL

Art. 8.– (Texto según decreto 1089/2003, art. 2 ). A los fines previstos en el art. 8 de la ley 24196 se establece que: Para obtener la estabilidad fiscal las empresas que así lo soliciten deberán presentar a la autoridad de aplicación un estudio de factibilidad -avalado por profesionales competentes específicos debidamente matriculados- correspondiente a un nuevo proyecto, o bien a la ampliación de una unidad productiva existente. En este último caso, para que le sea aplicable el beneficio de estabilidad fiscal la ampliación deberá reunir las formas y condiciones que determine la autoridad de aplicación.

La presentación se ajustará a las normas establecidas por la autoridad de aplicación.

Si la autoridad de aplicación considerara que el estudio de factibilidad presenta deficiencias susceptibles de ser subsanadas, y/o faltantes de información o que no se han cumplido debidamente con los requisitos formales exigidos, intimará al solicitante para que regularice la situación en el plazo que ella determine, el que no podrá ser superior a treinta (30) días hábiles administrativos contados desde la fecha de notificación de la respectiva intimación. Si no se cumplieran -en tiempo y forma- los requerimientos establecidos en la citada intimación se tendrá, a todos los efectos, el estudio como no presentado, sin defecto que el solicitante pueda hacerlo ulteriormente. En tal caso, el beneficio de estabilidad fiscal se aplicará a partir de la fecha de la nueva presentación, en debida forma.

En el supuesto caso que el estudio de factibilidad no contenga los elementos mínimos necesarios para ser considerado como tal, la autoridad de aplicación podrá rechazarlo sin más trámite, sin necesidad de intimar al solicitante, teniendo al mismo como no presentado. El acto por el que adopte tal decisión, dispondrá asimismo el archivo de la presentación, todo lo cual será notificado al presentante.

Los certificados de estabilidad fiscal que emita la autoridad de aplicación, serán declarativos de la carga tributaria que le corresponde a cada proyecto alcanzado por el presente beneficio. Tales certificados deberán incluir los impuestos, tasas y contribuciones que sean de aplicación, sus alícuotas o montos y una breve referencia a las bases imponibles y/o a las normas que los rigen en el momento de presentación del estudio de factibilidad.

Aquellas empresas que se encuentren con su proceso productivo en marcha, habiendo obtenido el certificado de estabilidad fiscal pertinente, en la jurisdicción respectiva, y que este no reúna las características enunciadas en el párrafo anterior, podrán solicitar a la autoridad de aplicación proceder a su adecuación conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente.

La carga tributaria total se determinar, en forma separada, para la jurisdicción nacional y para cada una de las jurisdicciones provinciales y municipales, según corresponda.

A los efectos de la determinación de un incremento de la carga tributaria total en una misma jurisdicción, se deberá considerar cada nuevo proyecto o ampliación de una unidad productiva existente -alcanzado por la estabilidad fiscal- y cada ejercicio fiscal vencido en forma independiente.

Por ejercicio fiscal se entender, en todos los casos, el que corresponda al respectivo sujeto para el impuesto a las ganancias.

A los fines establecidos en el inc. 7 del art. 8 de la ley 24196, serán de aplicación la operatoria y procedimientos indicados en el anexo I del presente decreto.

Exclusivamente a efectos de lo normado en los aps. 1.1 y 4.5 del art. 8 , de la ley 24196 (distinción entre impuestos incluidos o no en el beneficio de estabilidad fiscal), se considerará -de manera general- que revisten el carácter de:

a) Impuestos directos: aquellos en los que, de conformidad con sus normas de creación, la obligación de ingreso está a cargo de la empresa minera careciendo ésta de facultades legales para resarcirse.

b) Impuestos indirectos: aquellos en los que, de conformidad con sus normas de creación, los sujetos pasivos están facultados para obtener de una tercera persona el reembolso del impuesto que debe ingresarse.

Asimismo, a los fines señalados precedentemente se considerará que, en la medida que se vinculen con emprendimientos amparados por el beneficio de estabilidad fiscal, también revisten el carácter de impuestos directos, aquellos en los que de acuerdo con sus normas de creación -en cualquier circunstancia- pudieran efectivamente incidir en los costos de las empresas mineras verificándose de manera concurrente las siguientes condiciones:

I. Que las empresas acogidas al régimen de la ley 24196 , asuman la condición de sujetos pasivos de los mencionados tributos resultando, en consecuencia, responsables directos de su ingreso al Fisco; y

II. Que los bienes y servicios gravados adquiridos sean utilizados para el desarrollo de sus procesos productivos;

A los efectos previstos en el pto. 3 del art. 8 de la ley 24196, con las modificaciones introducidas por la ley 25429 , se entender que a partir de la vigencia de esta última según su art. 11 , resultarán de aplicación las normas legales vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad. Bajo ninguna circunstancia los beneficiarios de la estabilidad tendrán derecho a solicitar la devolución y/o compensación de tributos que hubieran sido ingresados con anterioridad a la vigencia de la ley 25429 . Tampoco las modificaciones introducidas por dicha ley al pto. 3 del art. 8 de la ley 24196 se aplicarán a las obligaciones tributarias vencidas con anterioridad a la vigencia de la ley 25429 , aunque existiera acogimiento a moratorias o situaciones análogas.

Art. 8.- (Texto originario). La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos, tasas y contribuciones impositivas, como así también a los derechos o aranceles a la importación o exportación.

Para obtener la estabilidad fiscal, las empresas que así lo soliciten deberán presentar un estudio de factibilidad correspondiente a un nuevo proyecto o a la ampliación de una unidad productiva existente, el que deberá estar avalado por profesionales competentes específicos debidamente matriculados. El estudio de factibilidad será presentado de acuerdo a las normas que establezca la autoridad de aplicación.

La carga tributaria total se determinará por cada una de las jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, y a los efectos del presente título se la considerará separadamente.

Por incremento de la carga tributaria se entenderá el que pudiere surgir en cada jurisdicción como resultado de la creación de nuevos tributos y/o el aumento de las alícuotas, tasas, o montos, no compensando en la misma jurisdicción por supresiones de otros gravámenes y/o reducciones de los conceptos mencionados.

Art. 9.– Sin reglamentación.

Art. 10.– Las provincias adheridas y sus respectivos municipios deberán informar a la autoridad de aplicación, cuando ésta lo solicite, la denominación, naturaleza y tasa o monto de los tributos aplicables a los proyectos radicados o a radicarse en sus jurisdicciones, dentro de los sesenta (60) días de recibida la solicitud. La autoridad de aplicación emitirá el certificado que establece el art. 10 de la ley 24196, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la recepción de la información de las provincias y municipios.

A los fines de la estabilidad fiscal serán de aplicación las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad.

Art. 11.– La retención de los fondos coparticipables y su devolución al contribuyente se efectuará de acuerdo a las normas que al respecto dicte el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

TÍTULO II:

DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Art. 12.– (Texto según decreto 1089/2003, art. 3 ). A los fines de la deducción prevista en el párr. 1 del art. 12 de la ley 24196, se establece que:

a) Los contribuyentes del impuesto a las ganancias acogidos al régimen de inversiones instituido por la ley 24196 , podrán efectuar las deducciones de gastos de todas aquellas actividades que abarcan desde la investigación hasta la factibilidad técnico económica. Se aclara que el canon de exploración no se encuentra incluido en el concepto de gasto deducible.

b) Los gastos erogados con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la inscripción no podrán ser objeto de la deducción de que trata este artículo.

c) Las referidas deducciones se deberán realizar en la oportunidad que corresponda según las disposiciones que sobre imputación fija la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997). Cuando se trate de nuevos proyectos o ampliación de los existentes, se podrán efectuar las deducciones en su totalidad en un máximo de cinco (5) años contados a partir del ejercicio fiscal en que se produzca la iniciación del proceso productivo del nuevo proyecto o ampliación.

A los efectos de esta deducción, los beneficiarios cuya inscripción no haya sido discontinuada, podrán vincular todas las actividades exploratorias desarrolladas en el país que no hayan llegado a resultados positivos, con la o las reservas que entren efectivamente en explotación. De manera que, en el ejercicio fiscal en que se produzca la iniciación del proceso productivo de esas reservas, se realizarán las deducciones que antes no hubiesen sido practicadas, correspondientes a los gastos para las áreas discontinuadas o dadas de baja.

De realizarse prospecciones y exploraciones de nuevas reservas minerales con posterioridad a la puesta en marcha del proceso productivo, las deducciones podrán imputarse de acuerdo con las disposiciones del impuesto a las ganancias, o deducirse totalmente en el ejercicio en el que se inicie la explotación de las reservas determinadas.

d) Las personas que desarrollen simultáneamente actividades no comprendidas en las enunciaciones del art. 5 de la ley o excluidas por su art. 6 , sólo podrán efectuar en el balance impositivo las deducciones a que se refiere este art. 12 , de las ganancias propias de las actividades alcanzadas por dichas enunciaciones y no excluidas por el segundo de los artículos citados, de manera que tales deducciones no podrán realizarse sobre utilidades provenientes de actividades no mineras. A tales efectos deberán efectuar registraciones contables en forma separada.

La restricción establecida en el párrafo anterior no es de aplicación a las personas que, con anterioridad a la vigencia del derogado decreto 245 de fecha 3 de agosto de 1995, hubieran cumplido en debida forma con la presentación del estudio de factibilidad que les permitió obtener el beneficio de estabilidad fiscal. Estas personas deberán llevar contabilidad separada para cada actividad, a efectos de facilitar su contralor. En el caso que dichas personas en el futuro agreguen otro tipo de actividades a las que venían desempeñando al momento de obtener la estabilidad fiscal, sólo podrán efectuar en el balance impositivo las deducciones a que se refiere este artículo, de las ganancias provenientes del tipo de actividades que ejercían al obtener el antedicho beneficio y no de las utilidades emergentes de las actividades de otra naturaleza agregadas con ulterioridad.

e) No se aplicará la deducción que trata este artículo cuando, tratándose de sociedades de personas o de empresas unipersonales, se compensarán las deducciones con utilidades obtenidas por socios de sociedades de personas o titulares de explotaciones unipersonales, en actividades no comprendidas en la ley 24196 .

f) En el supuesto de reorganización de sociedades, fondos de comercio y en general de empresas y/o explotaciones de cualquier naturaleza, en los términos del art. 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) excepto la transformación de tipos societarios, la parte de los quebrantos impositivos originados en beneficios acordados por el presente régimen no será trasladable a la o las entidades continuadoras.

A esos efectos:

I. No serán de aplicación para este régimen las disposiciones del art. 78 , inc. 1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997).

II. Se considerará que los quebrantos impositivos se encuentran formados en primer término por los conceptos que se autoriza a deducir en el presente régimen.

Se exceptúa de lo dispuesto en este inc. f) a los casos de aquellas reorganizaciones en las cuales la entidad continuadora, inscripta en el régimen de la ley 24196 , realizara el proyecto minero iniciado por su antecesora, pero las deducciones impositivas a que se refiere este artículo sólo podrán aplicarse a las ganancias derivadas de ese mismo proyecto minero y no a las provenientes de otras actividades, aunque sean mineras.

Art. 12.- (Texto según decreto 1403/1997, art. 1 ). A los fines previstos en el párr. 1 del art. 12 de la ley 24196, se establece que:

a) Los contribuyentes del impuesto a las ganancias acogidos al régimen de inversiones instituido por la ley 24196 podrán efectuar las deducciones de gastos de todas aquellas actividades que abarcan desde la investigación hasta la factibilidad técnico económica Se aclara que el canon de exploración no se encuentra incluido en el concepto de gasto deducible.

b) Los gastos erogados con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la inscripción no podrán ser objeto de la deducción de que trata este artículo.

c) Las referidas deducciones se deberán realizar en la oportunidad que corresponda según las disposiciones que sobre imputación fija la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997).

Cuando se trate de nuevos proyectos o ampliación de los existentes, se podrán efectuar las deducciones en el ejercicio fiscal en que se produzca la iniciación del proceso productivo del nuevo proyecto o ampliación.

d) Las personas que desarrollan simultáneamente actividades no comprendidas en las enunciaciones del art. 5 de la ley o excluidas por su art. 6 , sólo podrán efectuar en el balance impositivo las deducciones a que se refiere este art. 12 de las ganancias propias de las actividades alcanzadas por dichas enunciaciones y no excluidas por el segundo de los artículos citados, de manera que tales deducciones no podrán realizarse sobre utilidades provenientes de actividades no mineras. A tales efectos deberán efectuar registraciones contables en forma separada.

La restricción establecida en el párrafo anterior no es de aplicación a las personas que, con anterioridad a la vigencia del decreto 245/1995 , hubieran cumplido en debida forma con la presentación del estudio de factibilidad que les permitió obtener el uso del beneficio de estabilidad fiscal. Estas personas deberán llevar contabilidad separada para cada actividad, a efectos de facilitar su contralor. En el caso que dichas personas en el futuro agreguen otro tipo de actividades a las que venían desempeñando al momento de obtener la estabilidad fiscal, sólo podrán efectuar en el balance impositivo las deducciones a que se refiere este artículo, de las ganancias provenientes del tipo de actividades que ejercían al obtener el antedicho beneficio y no de las utilidades emergentes de las actividades de otra naturaleza agregadas con ulterioridad.

La referencia a la estabilidad fiscal tiene el alcance que le fijan los arts. 5, párr. 1 y 8, párr. 1, de este Reglamento.

e) No se aplicará la deducción que trate este artículo cuando, tratándose de sociedad de personas o de empresas unipersonales, se compensarán las deducciones con utilidades obtenidas por socios de sociedades de personas o titulares de explotaciones unipersonales, en actividades no comprendidas en la ley 24196 .

f) En el supuesto de reorganización de sociedades, fondos de comercio y en general de empresas y/o explotaciones de cualquier naturaleza, en los términos del art. 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) excepto la transformación de tipos societarios, la parte de los quebrantos impositivos originados en beneficio acordados por el presente régimen, no será trasladable a la o las entidades continuadoras.

A esos efectos:

I) No serán de aplicación para este régimen las disposiciones del art. 78 , inc. 1) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997).

II) Se considerará que los quebrantos impositivos se encuentran formados en primer término por los conceptos que se autoriza a deducir en el presente régimen.

Se exceptúan de lo dispuesto en este inc. f) a los casos de aquellas reorganizaciones en las cuales la entidad continuadora, inscripta en el régimen de la ley 24196 , realizará el proyecto minero iniciado por su antecesora, pero las deducciones impositivas a que se refiere este artículo sólo podrán aplicarse a las ganancias derivadas de ese mismo proyecto minero y no a las provenientes de otras actividades, aunque sean mineras.

Art. 12.- (Texto según decreto 245/1995, art. 1 ). Los contribuyentes del impuesto a las ganancias acogidos al régimen de inversiones instituido por la ley 24196 podrán efectuar, conforme a lo establecido en el párr. 1 del art. 12 de dicha ley, las deducciones de gastos de todas aquellas actividades que abarcan desde la investigación hasta la factibilidad técnico-económica. Se aclara que el canon de exploración no se encuentra incluido en el concepto de gasto deducible.

Los gastos erogados con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la inscripción no podrán ser objeto de la deducción que establece el párr. 1 del art. 12 de la Ley de Inversiones Mineras.

Las deducciones a que hace referencia el art. 12 , párr. 1, de la ley 24196, se deberán realizar en la oportunidad que correspondan según las disposiciones que sobre imputación fija la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1986 y sus modificatorias).

Cuando se trate de nuevos proyectos o ampliación de los existentes, se podrán efectuar las deducciones en el ejercicio fiscal en que se produzca la iniciación del proceso productivo del nuevo proyecto o ampliación.

No se aplicará la deducción establecida en el art. 12 de la ley 24196 cuando, tratándose de sociedades de personas o de empresas unipersonales, se compensaran las deducciones con utilidades obtenidas por socios de sociedades de personas o titulares de explotaciones unipersonales en actividades no comprendidas en la mencionada ley.

En el supuesto de reorganización de sociedades, fondos de comercio y en general de empresas y/o explotaciones de cualquier naturaleza, en los términos del art. 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, excepto la transformación de tipos societarios, la parte de los quebrantos impositivos originados a beneficios acordados por el presente régimen no será trasladable a la o las entidades continuadoras.

A esos efectos:

a) No serán de aplicación para este régimen las disposiciones del art. 78 , inc. 1) de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

b) Se considerará que los quebrantos impositivos se encuentran formados en primer término por los conceptos que se autoriza a deducir en el presente régimen.

Art. 12.- (Texto originario). Los contribuyentes del impuesto a las ganancias acogidos al régimen de inversiones instituido por la ley 24196 podrán efectuar, conforme a lo establecido en el párr. 1 del art. 12 de dicha ley, las deducciones de gastos de todas aquellas actividades que abarcan desde la investigación hasta la factibilidad técnico-económica. Se aclara que el canon de exploración no se encuentra incluido en el concepto de gasto deducible.

Los gastos erogados con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la inscripción no podrán ser objeto de la deducción que establece el párr. 1 del art. 12 de Ley de Inversiones Mineras.

Las deducciones a que hace referencia el art. 12 , párr. 1, de la ley 24196, se deberán realizar en la oportunidad que corresponda según las disposiciones que sobre imputación fija la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1986).

Cuando se trate de nuevos proyectos o ampliación de los existentes, se podrá efectuar las deducciones en el ejercicio fiscal en que se produzca la iniciación del proceso productivo del nuevo proyecto o ampliación.

En el supuesto de reorganización de sociedades, fondos de comercio y en general empresas y/o explotaciones de cualquier naturaleza, en los términos del art. 77 de la ley de Impuesto a las Ganancias, excepto la transformación de tipos societarios, no será de aplicación lo previsto en el párrafo precedente y la deducción que contempla el art. 12 , parág. 1, de la ley 24196 se regirá por lo dispuesto en el párr. 3 del presente artículo.

Art. 13.– (Texto según decreto 1089/2003, art. 4 ). A efectos de la aplicación del régimen especial de amortizaciones establecido en el pto. 1.2 del art. 13 de la ley 24196, resultarán de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Será de aplicación -optativa- para los sujetos inscriptos en el régimen de la citada ley, de conformidad con lo señalado en el párr. 1 del art. 2 del presente reglamento. En el supuesto de efectuarse la opción, los sujetos beneficiados deberán declarar anualmente la vida útil asignada a la totalidad de sus bienes amortizables en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.

b) Alcanza a los bienes importados o de producción nacional, nuevos o usados quedando facultada la autoridad de aplicación para controlar las inversiones y/o amortizaciones realizadas, con la colaboración de las autoridades mineras provinciales.

c) Las amortizaciones se deducirán en el balance impositivo del impuesto a las ganancias de acuerdo con las normas generales establecidas por la ley del citado gravamen, su decreto reglamentario y normas complementarias o modifs., con excepción de los porcentajes anuales de amortización, que, de ejercitarse la opción por el régimen especial, serán los establecidos en el mencionado pto. 1.2. del art. 13 .

d) Los bienes incorporados deberán permanecer en el patrimonio del beneficiario y ser afectados a destinos mineros hasta la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su adquisición – según se define en el inc. h) de la reglamentación del art. 21 – o el término de su vida útil, si ésta fuera menor. El incumplimiento de esta obligación hará pasible al beneficiario del reintegro al balance impositivo de la amortización especial oportunamente deducida, la que se computar como ganancia gravada del ejercicio en el cual se realizó la deducción, generándose los correspondientes intereses, accesorios y sanciones previstos en la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modifs., debiendo efectuarse las rectificaciones de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los respectivos períodos fiscales.

Excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas, la autoridad de aplicación podrá autorizar la aplicación a otro destino o la transferencia anticipada de un bien amortizado según el régimen especial.

e) Las empresas que fueran titulares de varias explotaciones mineras podrán afectar alternativamente a las mismas los bienes incorporados alcanzados por el régimen especial de amortizaciones, previa información a la autoridad de aplicación.

f) Asimismo, cuando se trate de sociedades controlantes o controladas, en los términos del art. 33 de la ley 19550 de Sociedades Comerciales, o de empresas que pertenezcan a los mismos dueños, de ser éstos personas físicas, o de sociedades vinculadas por contratos de agrupación de colaboración o de unión transitoria de empresas, en los términos del cap. III de la ley 19550 , y siempre que tales sociedades o empresas se hallen inscriptas en el registro correspondiente a este régimen, se podrá afectar los bienes alternativamente a las actividades mineras de cualquiera de ellas, previa información a la autoridad de aplicación.

En el supuesto de resultar de aplicación las disposiciones contenidas en el pto. 3 del art. 13 de la ley 24196 y sus modificaciones, resultarán asimismo de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Los sujetos informarán mediante nota en oportunidad de presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias, en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, el excedente de las amortizaciones del ejercicio fiscal que no resultaren computables por superar, en dicho ejercicio fiscal, el importe de la utilidad imponible generada por el desarrollo de actividades mineras, con anterioridad a la detracción de la pertinente amortización y una vez computados, de corresponder, los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores.

b) A la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal el importe acumulado del excedente indicado en el punto precedente, a los efectos de su traslado y posterior cómputo como deducción en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, deberá asignarse entre todos los bienes amortizables que -a la fecha de cierre del ejercicio que se liquida- no hayan agotado su vida útil considerando las siguientes normas:

I. Las amortizaciones efectivamente deducidas en el balance impositivo de un determinado ejercicio fiscal deberán considerarse efectuadas, respecto de los bienes que las generan, respetando el siguiente orden de imputación:

1. En primer término: se atribuirán a los bienes de uso cuya vida útil normal expire a la finalización del citado ejercicio fiscal.

2. En segundo lugar: a aquellos bienes que, en dicho período fiscal, cuenten con la menor cantidad de períodos de vida útil normal restante, y

3. Por último: se imputarán, progresivamente, a los bienes de uso que posean una vida útil normal restante superior a la que le corresponda a los bienes señalados en el punto precedente.

Tales imputaciones procederán hasta la concurrencia con el importe correspondiente a las amortizaciones deducidas en el respectivo ejercicio fiscal.

II. El monto diferido total imputable a cada bien, correspondiente a un período fiscal, estará constituido por la diferencia entre el valor de la amortización acelerada que en el respectivo ejercicio corresponda a cada uno de ellos -de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 , pto. 1.2. de la ley 24196 y sus modificaciones- y el monto asignado a cada bien según el pto. I precedente. Al importe así determinado, de corresponder, deber :

1. Adicionarse el monto de las amortizaciones acumuladas diferidas que, en ejercicios anteriores, hubieran resultado imputables a cada bien.

2. Deducirse el importe con el que, en un ejercicio fiscal, cada uno de los bienes deba contribuir a los efectos establecidos en el art. 13 , pto. 3, inc. a) de la ley 24196 y sus modificaciones. El monto de la presente deducción no podrá exceder el importe de las amortizaciones acumuladas diferidas que, al inicio del ejercicio que se liquida, corresponda a cada uno de los bienes.

A los fines establecidos en los ptos. 2.1 y 2.2 precedentes deber seguirse la metodología de imputación descripta en los ptos. 1.1. a 1.3 del presente inc. b).

Art. 13.- (Texto originario). El régimen que se contempla en el art. 13 de la ley 24196 es de aplicación a los sujetos inscriptos según el art. 2 del presente reglamento.

Dicho régimen alcanza a los bienes importados o de producción nacional, nuevos o usados siempre que estos últimos tengan garantía del proveedor.

Las amortizaciones de los bienes de uso comprendidos en el art. 13 de la ley 24196 se realizarán de acuerdo a las normas establecidas por la Ley de Impuesto a las Ganancias , su decreto reglamentario y normas complementarias o modificatorias, con excepción de los porcentajes anuales de amortización, que serán los establecidos en el régimen de amortización acelerada previsto en el mencionado art. 13 .

Dicho régimen de amortización será de aplicación a las inversiones realizadas a partir de la vigencia de la ley 24196 .

Los bienes incorporados deberán permanecer en el patrimonio del beneficiario hasta la conclusión de la actividad que motivó su adquisición o el término de su vida útil, si ésta fuera menor. El incumplimiento de esta obligación hará pasible al beneficiario el reintegro de la amortización deducida, la que se computará como ganancia gravada del ejercicio en el cual aquélla se realizó, generándose los correspondientes intereses, accesorios y sanciones previstos en la ley 11683 , t.o. 1978 y sus modificatorias, debiendo efectuarse las rectificaciones de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los respectivos períodos fiscales.

Excepcionalmente y por razones debidamente justificadas, la autoridad de aplicación podrá autorizar la transferencia anticipada de un bien amortizado según este régimen. El mismo deberá destinarse exclusivamente a una actividad minera realizada por un tercero, inscripto en el registro de la ley 24196 .

Las empresas que fueran titulares de varias explotaciones mineras podrán afectar alternativamente a las mismas los bienes incorporados alcanzados por el art. 13 de la ley 24196, siempre que así lo hubiesen previsto en la declaración jurada a que se refiere el art. 25 de la mencionada ley.

Asimismo, cuando se trate de sociedades controlantes o controladas, en los términos el art. 33 de la ley 19550 de sociedades comerciales, o de empresas que pertenezcan a los mismos dueños, de ser éstos personas físicas, o de sociedades vinculadas por contratos de agrupación de colaboración o de unión transitoria de empresas, en los términos del cap. III de la ley 19550 , y siempre que tales sociedades o empresas se hallen inscriptas en el registro correspondiente a este régimen, se podrá afectar los bienes alternativamente a las actividades mineras de cualquiera de ellas, cuando así se hubiese previsto en la declaración jurada a que se refiere el art. 25 de la ley 24196.

La autoridad de aplicación queda facultada para controlar, de común acuerdo con las autoridades provinciales, las inversiones y/o amortizaciones realizadas.

Art. 14.– En caso de corresponder el reintegro del monto eximido por incumplimiento de la obligación prevista en el art. 14 de la ley 24196, la utilidad de que se trate se computará como ganancia gravada del ejercicio en el cual se efectuó el aporte, generándose los correspondientes intereses, accesorios y sanciones previstos en la ley 11683 , t.o. 1978 y sus modificatorias, debiendo efectuarse las rectificaciones de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los respectivos períodos fiscales.

Art. 14 bis.– (Incorporado por decreto 1089/2003, art. 5 ). A los fines de lo establecido en el art. 14 bis de la ley 24196 se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) Los bienes y servicios serán determinados por resolución de la autoridad de aplicación, pudiendo ésta modificarla cuando lo considere conveniente según los requerimientos de las actividades exploratorias.

b) El procedimiento para la devolución del saldo a favor de los responsables, consistirá básicamente en lo siguiente:

I. A fin de permitir la fiscalización pertinente por parte de la autoridad de aplicación, el interesado deberá informarle, antes del inicio de las actividades exploratorias respecto a las cuales prevé utilizar el beneficio, los siguientes aspectos:

1.1. Descripción de trabajos a realizar con su ubicación.

1.2. Cronograma de Ejecución.

1.3. Presupuesto estimativo de inversión.

1.4. Bienes a adquirir y servicios a contratar.

En caso de modificación sustancial de lo programado, deberá informar de ello a la autoridad de aplicación.

II. Con la solicitud de devolución el interesado deberá acompañar una (1) copia autenticada de las facturas correspondientes a los bienes o servicios adquiridos, de los certificados de avance de obra, de los certificados de despacho a plaza si se trata de bienes importados y de los comprobantes de pago del precio y del impuesto al valor agregado.

Sin perjuicio de ello, el interesado deberá poner a disposición los originales de la referida documentación para su intervención por la autoridad de aplicación como ésta lo establezca.

La autoridad de aplicación y la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, en forma coordinada, evaluarán la documentación y efectuarán las comprobaciones que consideren pertinentes, quedando el interesado obligado a satisfacer los requerimientos que aquéllas le formulen.

La citada Administración Federal establecerá las condiciones y recaudos necesarios para efectivizar la devolución en el plazo que, con carácter general, ella determine.

III. Las empresas inscriptas antes de la vigencia de la ley 25429 , podrán usar los beneficios de devolución del impuesto al valor agregado, para aquellos gastos no compensados, efectuados con posterioridad a tal vigencia, en las condiciones que establezcan la autoridad de aplicación y la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía. Para las empresas inscriptas con posterioridad, el beneficio ser utilizable solamente para los gastos no compensados en que se incurriere desde la fecha de inscripción.

Con relación a la información prevista en el ap. I del presente inciso, se otorgará un plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos contados a partir de la publicación de este reglamento, para que aquellas empresas que hayan realizado inversiones en exploración entre la fecha de vigencia de la ley 25429 y la referida publicación, efectúen la presentación respectiva.

c) La autoridad de aplicación y la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, quedan facultadas para dictar conjuntamente las normas complementarias y aclaratorias que consideren atinentes a la mejor aplicación del presente régimen.

TÍTULO III:

DEL AVALÚO DE RESERVAS

Art. 15.– Sin reglamentación.

Art. 16.– El avalúo de reservas de mineral y el correspondiente estudio de factibilidad técnico-económica de explotación a que hace referencia el art. 16 de la ley 24196, deberá ser avalado por profesionales competentes específicos debidamente matriculados.

TÍTULO IV:

DE LAS DISPOSICIONES FISCALES COMPLEMENTARIAS

Art. 17.– Respecto a lo previsto en el párr. 2 del art. 17 de la ley 24196, en el supuesto de bienes afectados indistintamente a tareas comprendidas en este régimen y a otras no incluidas, la exención correspondiente a ellos será equivalente al porcentaje que representen los bienes afectados exclusivamente a las actividades que encuadren en el régimen, frente al total del activo, excluido de éste los bienes afectados indistintamente a uno y otro tipo de tareas.

Art. 18.– La documentación y las registraciones relativas a las actividades comprendidas en el régimen, deberán individualizarse a los efectos de permitir su adecuado control y verificación.

Art. 19.– Sin reglamentación.

Art. 20.– Para todos los términos establecidos en días en la ley 24196 y en el presente, se computarán únicamente los días hábiles administrativos, de conformidad con lo establecido en el art. 14 de la ley 11683, t.o. 1978 y sus modificatorias.

CAPÍTULO V:

DE LAS IMPORTACIONES

Art. 21.– (Texto según decreto 1089/2003, art. 6 ). A los fines previstos en el art. 21 de la ley 24196, se establece que:

a) La exención que dicho artículo dispone alcanza a los derechos de importación y a los demás tributos que gravaren la importación o se aplicaren con motivo de ella, incluida la tasa de estadística, con excepción de las restantes tasas retributivas de servicios y del impuesto al valor agregado.

b) La autoridad de aplicación confeccionará los listados con las altas y bajas de los insumos susceptibles de importación bajo el régimen de este artículo.

c) Los bienes de capital y equipos especiales a que hace referencia el art. 21 de la Ley de Inversiones Mineras podrán ser nuevos o usados. Para el supuesto en que fueren usados, su aptitud para el uso minero deberá estar certificada por entidad pública o privada, nacional o extranjera que sea técnicamente idónea. Las partes, elementos, componentes de dichos bienes, repuestos, accesorios, insumos y demás bienes a que hace referencia el art. 21 de la Ley de Inversiones Mineras, deberán ser nuevos, salvo expresa autorización de la autoridad de aplicación.

d) Por cada uno de los bienes que se hallaren comprendidos en el régimen de la Ley de Inversiones Mineras, los importadores deberán solicitar la autorización ante la autoridad de aplicación, acompañando una declaración jurada sobre el destino de los bienes. Dicha autorización deberá tener plazo de vencimiento y obrará como parte de la documentación del despacho de importación respectivo que exige la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, para el libramiento de las mercaderías.

e) Los importadores o tenedores de las mercaderías importadas bajo el Régimen de la Ley de Inversiones Mineras, quedarán sujetos a comprobación de la aplicación de las mismas a los procesos de las actividades mineras que establece el art. 5 de dicha ley.

La autoridad de aplicación establecerá las normas que correspondan para realizar la comprobación de destino de la mercadería importada. La fiscalización podrá ser delegada por aquélla en el organismo con competencia en la actividad minera de la provincia pertinente, sin perjuicio de la intervención que le compete a la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, de acuerdo con el Código Aduanero.

f) El plazo durante el cual podrá realizarse la comprobación de destino ser :

I. Bienes de capital, sus partes y repuestos: hasta la extinción de su vida útil o la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación.

II. Insumos: hasta su consumo total, la pérdida de aptitud o la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación.

En caso de incumplimiento del destino minero de cualquiera de los bienes importados bajo el régimen, el infractor estará obligado al pago de los derechos, impuestos, tasas u otros gravámenes que correspondan al momento de detectarse la infracción, calculados sobre el valor puesto en aduana del bien a la fecha de su importación, en la forma y condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, sin perjuicio de otras medidas o sanciones que prevé la ley 24196 y otras normativas que fueren de aplicación.

g) La transferencia de un bien importado, anterior a la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación o de su vida útil, a otra actividad comprendida en el art. 5 de la ley 24196, proceder exclusivamente a un tercero inscripto en dicha ley, por razones justificadas, y previa evaluación y conformidad de la autoridad de aplicación. El nuevo titular del bien asumirá las responsabilidades con relación a los beneficios y obligaciones establecidos.

La transferencia a personas no inscriptas o sin conformidad de la autoridad de aplicación o la reexportación no autorizada, obligar al pago de los derechos, impuestos y gravámenes, que correspondan al momento de la transferencia y en el caso de reexportación a la fecha de intervención en Aduana, calculados sobre el valor en Aduana del bien a la fecha de su importación, en la forma y condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, sin perjuicio de otras medidas o sanciones que prevé la ley 24196 y otras normativas que fueren de aplicación.

La transferencia o reexportación de un bien ulterior a la extinción de su vida útil o a la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación, verificada y conformada por la autoridad de aplicación, podrá efectuarse libremente, con cualquier destino, sin que ello haga incurrir en la obligación antes mencionada o en las medidas o sanciones aludidas precedentemente.

h) Respecto a empresas mineras, defínese como ciclo de la actividad que motivó la importación, el período durante el cual deben realizarse un conjunto de operaciones concurrentes a un mismo fin y que transcurre desde la iniciación del proyecto hasta el agotamiento de las reservas de los yacimientos respectivos.

La autoridad de aplicación queda facultada a considerar concluido dicho ciclo en los casos de interrupción permanente o previsiblemente prolongada de las actividades, motivada por factores imponderables. También la autoridad de aplicación podrá dar por concluido el ciclo en cuestión cuando se trate de bienes que, por sus propias características, son utilizables sólo para uno o más tipos de actividades específicas y ellas se encuentren ya ejecutadas en el marco del emprendimiento de que se trate. En ambos casos la reexportación de los bienes, ser sin pago de los gravámenes a la importación ni sanciones y otras medidas. Si la reexportación fuera con destino a países con los cuales el nuestro tuviera en vigor tratados de libre circulación de bienes o servicios sin aplicación de aranceles u otros derechos o gravámenes, la autoridad de aplicación podrá rechazar la solicitud si a su juicio considera que la reexportación puede lesionar intereses legítimos en el país de que se trate. La transferencia en el mercado local a no inscriptos podrá ser realizada en las condiciones y con los efectos que establezca la autoridad de aplicación.

i) Para el caso particular de los bienes importados por empresas prestatarias de servicios para productores mineros o por organismos públicos del sector, de que trata el párr. 2 del art. 2 de este reglamento, se establece que el concepto conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación es equiparable y coincidente con la extinción de su vida útil.

No obstante, en el caso de las empresas de servicios, la autoridad de aplicación queda facultada a considerar concluido, temporaria o definitivamente, dicho ciclo antes de la extinción de la vida útil de los bienes, en el supuesto de caídas significativas de la demanda de servicios mineros en el país, al solo efecto de autorizar la reexportación, temporaria o definitiva, de los bienes sin pago de gravámenes ni otras medidas o sanciones.

Si la reexportación fuera con destino a países con los cuales el nuestro tuviere en vigor tratados de libre circulación de bienes o servicios sin aplicación de aranceles u otros derechos o gravámenes, la autoridad de aplicación podrá rechazar la solicitud si a su juicio considera que la reexportación puede lesionar intereses legítimos en el país de que se trate.

En lo que respecta a organismos públicos, la autoridad de aplicación podrá considerar concluido, temporaria o definitivamente dicho ciclo, si a su juicio se produce una disminución de la actividad minera que justifique la desafectación de los bienes de tareas del organismo vinculadas con el sector minero, en cuyo caso la autoridad de aplicación podrá autorizar tanto la reexportación como el uso en el país, por el mismo organismo con otros destinos.

j) Las empresas que fueren titulares de varias explotaciones mineras podrán afectar alternativamente a las mismas los bienes importados bajo este régimen, previa información a la autoridad de aplicación. Asimismo, cuando se trate de sociedades controlantes o controladas en los términos del art. 33 de la ley 19550 de Sociedades Comerciales, o de empresas que pertenezcan a los mismos dueños, de ser éstos personas físicas, o de sociedades vinculadas por contratos de Agrupación de Colaboración o de Unión Transitoria de Empresas, en los términos del cap. III de la ley 19550 , y siempre que tales sociedades o empresas se hallen inscriptas en el registro correspondiente a este régimen, se podrá afectar los bienes alternativamente a las actividades mineras de cualquiera de ellas, previa información bajo declaración jurada a la autoridad de aplicación.

k) En caso de detectarse transgresiones o infracciones con respecto al cap. V de la Ley de Inversiones Mineras y como acción complementaria de lo establecido en el cap. IX, la misma autoridad de aplicación dará cuenta de los hechos en forma inmediata, por los medios que estimare conveniente, a la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.

l) Lo expuesto en el art. 18 del presente reglamento se aplica también en relación al tema objeto de este capítulo.

m) La autoridad de aplicación establecer, mediante resolución complementaria, las condiciones que deberán cumplir los prestadores de servicios para productores mineros, para poder inscribirse en el registro de la ley y utilizar el beneficio de este artículo.

A partir de su inscripción, los prestadores de servicios deberán facturar anualmente, en concepto de servicios mineros, un porcentaje en relación al total de su facturación, no inferior al que establezca la autoridad de aplicación. Al vencimiento de cada año calendario el prestador de servicios mineros deberá informar dicho porcentaje a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada, acompañando una certificación emitida por contador público matriculado. Si a la conclusión de cada año esta condición no se cumpliere, el prestador de servicios mineros quedará automáticamente y de pleno derecho suspendido en el uso del beneficio de este artículo, por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la autoridad de aplicación.

Durante la suspensión los bienes que hubieren sido importados con la franquicia de este artículo, continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios mineros contemplados en el régimen, debiendo el prestador informar de ello a la autoridad de aplicación como sea requerido por la resolución complementaria. El incumplimiento de estas disposiciones implicará las infracciones y sanciones pertinentes, previstas en los arts. 28 y 29 de la ley, además del pago de los derechos, impuestos y gravámenes en caso de transferencia o uso en otras actividades, tal como se estipula en el inc. e).

Las disposiciones de este inciso y de la resolución que dicte la autoridad de aplicación regirán también para los casos de incumplimiento del porcentaje de la facturación anual hasta ahora vigente, ocurridos antes de la sanción de este decreto, respecto a los cuales la autoridad de aplicación no haya dispuesto ya la baja del inscripto. En esos casos, y a efectos de la procedencia de la suspensión se aplicar también, el nuevo porcentaje que fije la resolución complementaria, si fuera más favorable al inscripto en relación al hasta ahora vigente.

A los efectos de este artículo, la autoridad de aplicación fijar parámetros para definir la vida útil de aquellos bienes que estime susceptibles de tal generalización. Sin defecto de ello, la extinción anticipada al cumplimiento de los parámetros será reconocible por la autoridad de aplicación si fuera acreditada y/o certificada a satisfacción de los organismos técnicos dependientes de la misma.

Art. 21.- (Texto originario). A los fines previstos en el art. 21 de la ley 24196, se establece que:

a) La exención que dicho artículo dispone alcanza a los derechos de importación y a los demás tributos que gravaren la importación o se aplicaren con motivo de ella, incluida la tasa de estadística, con excepción de las restantes tasas retributivas de servicios y del impuesto al valor agregado.

b) La autoridad de aplicación publicará los listados con las altas y bajas de los insumos susceptibles de importación bajo el régimen de este artículo.

Podrán importarse insumos según tal régimen sólo para el tratamiento de materia prima de origen nacional. Los interesados deberán presentar ante la autoridad de aplicación una declaración jurada sobre el destino de los insumos a los efectos precedentemente indicados, en la oportunidad prevista en el inc. c) del presente artículo.

En caso de incumplimiento de la condición contemplada al comienzo del párrafo anterior, el infractor estará obligado al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan al momento de detectarse la infracción, calculados sobre el valor del insumo a la fecha de su importación, en la forma y condiciones que establezca la Administración Nacional de Aduanas, sin perjuicio de otras medidas o sanciones que prevea la normativa de aplicación.

c) Por cada uno de los bienes que se hallaren comprendidos en el régimen de la Ley de Inversiones Mineras, los importadores deberán solicitar la autorización ante la autoridad de aplicación. Esta autorización deberá tener plazo de vencimiento y obrará como parte de la documentación del despacho de importación respectivo que exige la Administración Nacional de Aduanas para el libramiento de las mercaderías.

d) Los importadores o tenedores de las mercaderías importadas bajo el régimen de la Ley de Inversiones Mineras, quedarán sujetos a comprobación de la aplicación de las mismas a los procesos de las actividades mineras que establece el art. 5 de dicha ley.

La autoridad de aplicación establecerá las normas que correspondan para realizar la comprobación de destino de la mercadería importada. La fiscalización podrá ser delegada por aquélla en el organismo con competencia en la actividad minera de la provincia pertinente, sin perjuicio de la intervención que le compete a la Administración Nacional de Aduanas de acuerdo con el Código Aduanero, ley 22415 .

e) El plazo durante el cual podrá realizarse la comprobación de destino será:

I) Bienes de capital, sus partes y repuestos: Hasta la extinción de su vida útil o la conclusión del proyecto al cual se encuentren afectados.

II) Insumos: Hasta su consumo total, la pérdida de aptitud o la conclusión del proyecto al cual se encuentren afectados.

f) La transferencia de un bien importado, anterior a la conclusión el ciclo de la actividad que motivó su importación o de su vida útil, a otra actividad comprendida en el art. 5 de la ley 24196, procederá exclusivamente a un tercero inscripto en dicha ley, por razones justificadas, y previa evaluación y conformidad de la autoridad de aplicación. El nuevo titular del bien asumirá las responsabilidades con relación a los beneficios y obligaciones establecidos.

La transferencia a personas no inscriptas o sin conformidad de la autoridad de aplicación, obligará al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan en ese momento, calculados sobre el valor del bien a la fecha de su importación, en la forma y condiciones que establezca la Administración Nacional de Aduanas, sin perjuicio de otras medidas o sanciones que pudiere prever la normativa de aplicación.

La transferencia o reexportación de un bien ulterior a la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación, pero anterior a la extinción de su vida útil, deberá efectuarse a una actividad comprendida en el cap. III de la ley 24196 , en caso contrario deberá procederse al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan a ese momento, calculados sobre el valor del bien a la fecha de su importación, según se indica en el párrafo anterior. La transferencia o reexportación de un bien ulterior a la conclusión de su vida útil podrá efectuarse libremente, con cualquier destino, sin que ello haga incurrir en la obligación antes mencionada o en las medidas o sanciones aludidas precedentemente.

Salvo la excepción prevista en el párrafo siguiente, defínese como ciclo de la actividad que motivó la importación, el período durante el cual deben realizarse un conjunto de operaciones concurrentes a un mismo fin y que transcurre desde la iniciación del proyecto hasta el agotamiento de las reservas de los yacimientos respectivos. La autoridad de aplicación queda facultada a considerar concluido dicho ciclo en los casos de interrupción permanente o previsiblemente prolongada de las actividades, motivada por factores imponderables. También podrá dar por concluido el ciclo en cuestión cuando se trate de bienes que, por sus propias características, son utilizables sólo para uno o más tipos de actividades específicas y ellas se encuentren ya ejecutadas en el marco del proyecto de que se trate.

Para el caso particular de los bienes importados por empresas prestatarias de servicios para productores mineros o por organismos públicos del sector, de que trata el párr. 2 del art. 2 de este reglamento, se establece que el concepto conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación es equiparable y coincidente con la extinción de su vida útil.

Las empresas que fueren titulares de varias explotaciones mineras podrán afectar alternativamente a las mismas los bienes importados bajo este régimen, siempre que así lo hubieren previsto en las prestaciones correspondientes al trámite que se indica en el inc. c) de este artículo. Asimismo, cuando se trate de sociedades controlantes o controladas en los términos del art. 33 de la ley 19550 de sociedades comerciales, o de empresas que pertenezcan a los mismos dueños, de ser éstos personas físicas, o de sociedades vinculadas por contratos de agrupación de colaboración o de unión transitoria de empresas, en los términos del cap. III de la ley 19550 , y siempre que tales sociedades o empresas se hallen inscriptas en el registro correspondiente a este régimen, se podrá afectar los bienes alternativamente a las actividades mineras de cualquiera de ellas, cuando así se hubiese previsto en las presentaciones a que alude el inc. c) de este artículo.

g) En caso de detectarse transgresiones o infracciones con respecto al cap. V de la Ley de Inversiones Mineras y como acción complementaria de lo establecido en el cap. IX de ella, la autoridad de aplicación dará cuenta de los hechos en forma inmediata, por los medios que estimare conveniente, a la Administración Nacional de Aduanas.

h) Lo expuesto en el art. 18 del presente reglamento se aplica también en relación al tema objeto de este capítulo.

CAPÍTULO VI:

DE LAS REGALÍAS

Art. 22.– (Derogado por decreto 1089/2003, art. 7 ).

Art. 22.- (Texto originario). Las regalías se determinarán y aplicarán en base a la cantidad de mineral extraído en boca-mina, con declaración, en cada caso, de su procedencia original y en el estado en que se realiza su comercialización.

Se entiende por valor boca-mina aquel que surja de las ventas o negocios jurídicos realizados por el contribuyente, o del precio del mercado nacional o internacional, el que fuera mayor según que los mismos sean sobre mineral en boca-mina o, en el caso de productos elaborados, sobre el precio en la primera etapa de comercialización, descontándole los costos agregados desde su extracción hasta la puesta en condiciones de venta en dicha etapa.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, las provincias que adhieran al régimen de la ley 24196, en los términos de sus arts. 4 y 22 , conservan la potestad de establecer en sus respectivas jurisdicciones mecanismos para la determinación de la base imponible y/o beneficios adicionales para los productores mineros en correspondencia a las características particulares del proyecto bajo análisis.

CAPÍTULO VII:

DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Art. 23.– Los inscriptos deberán presentar a la autoridad de aplicación, en la o las oportunidades que ella determine, a través de las normas complementarias a cuyo dictado faculta el art. 24 de este reglamento, los estudios técnicos referidos al impacto ambiental que provocará la actividad pertinente. La autoridad de aplicación los informará al organismo competente de la provincia que corresponda y fiscalizará las tareas juntamente con éste, sin perjuicio de la intervención de otras instancias que tuvieren competencia en la materia.

Los acogidos al presente régimen deberán informar anualmente a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada, el importe de la previsión especial que han efectuado y el efectivamente erogado.

El monto deducible en la determinación del impuesto a las ganancias en cada período fiscal será el de la previsión efectivamente constituida en ese período, conforme a las disposiciones del art. 23 de la ley 24196, hasta el límite allí establecido. Dicha previsión se acumulará en los diferentes ejercicios que correspondan al ciclo productivo.

El monto de las erogaciones que exceda a la previsión constituida incidirá directamente en el ejercicio fiscal en que tal hecho ocurra.

Se considerará que la finalización del ciclo productivo se produce cuando se agota el yacimiento en explotación. Independientemente de ello, en el caso de que los trabajos se interrumpieren totalmente por un lapso que exceda los dos (2) años, la autoridad de aplicación dará por finalizado el ciclo productivo y, consecuentemente, el contribuyente estará obligado a la restitución al balance impositivo del impuesto a las ganancias de los montos de la previsión no utilizados. La autoridad de aplicación queda facultada a ampliar el plazo precedentemente fijado por causas debidamente fundamentadas.

CAPÍTULO VIII:

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 24.– La competencia de la Secretaría de Minería de la Nación como autoridad de aplicación es sin perjuicio de la participación que la Ley de Ministerios o leyes especiales determinen para otros ministerios u organismos del Estado.

La autoridad de aplicación queda facultada para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten pertinentes para la mejor aplicación del presente régimen, y para colaborar con las autoridades impositivas y aduaneras en el cumplimiento de las funciones que a las mismas competen. Asimismo, establecerá normas para la confección, presentación y diligenciamiento de la documentación.

Art. 25.– La declaración jurada a presentar debe exponer con fidelidad las tareas, estudios e inversiones, con su respectivo cronograma, que el sujeto inscripto tiene proyectado efectuar, no obstante, éste podrá introducir libremente modificaciones a dicho programa sin necesidad de autorización, pero deberá informarlas a la autoridad de aplicación anualmente, en la misma oportunidad que se establece en el art. 2 , párr. 4, del presente reglamento. La falta de cumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el cap. IX, art. 29 de la ley 24196 y/o en la ley 11683 , t.o. 1978 y sus modificatorias, que correspondan.

La autoridad de aplicación informará sobre tales presentaciones al organismo con competencia en la actividad minera de la provincia respectiva.

Art. 26.– (Texto según decreto 1089/2003, art. 8 ). La autoridad de aplicación realizará inspecciones, por sus medios o por quien ella indique, tendientes a constatar el cumplimiento de las condiciones que posibilitaron su encuadramiento en el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera. En el caso de detectar incumplimientos, infracciones o hechos que autoricen a presumirlos, dispondrá la instrucción de los correspondientes sumarios, cursando asimismo aviso a la Dirección General Impositiva y/o a la Dirección General de Aduanas, dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.

Art. 26.- (Texto originario). La autoridad de aplicación realizará inspecciones, por sus medios o por quien ella indique, tendientes a constatar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los inscriptos, como así también el mantenimiento de las condiciones que posibilitaron su encuadramiento en el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera. En el caso de detectar incumplimientos, infracciones o hechos que autoricen a presumirlos, dispondrá la instrucción de los correspondientes sumarios, cursando asimismo aviso a la Dirección General Impositiva y/o a la Administración Nacional de Aduanas.

El certificado a que hace referencia el art. 26 de la ley 24196 será emitido cuando el interesado lo solicite, a instancia de la Dirección General Impositiva, debidamente acreditada.

Art. 27.– La obligación de los inscriptos de aportar la información geológica de superficie de las áreas exploradas será efectiva al momento de presentar a la autoridad de aplicación el estudio de factibilidad, o al momento de desistir de continuar la exploración, o cuando hubiesen transcurrido dos (2) años contados desde la conclusión o interrupción de las tareas de exploración, lo que ocurra en primer término. La autoridad de aplicación remitirá copia de dicha información geológica al organismo provincial correspondiente.

CAPÍTULO IX:

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 28.– (Texto según decreto 1089/2003, art. 9 ). En relación a los incumplimientos establecidos en el art. 28 de la ley 24196, resultarán asimismo de aplicación las siguientes disposiciones:

La autoridad de aplicación podrá prorrogar o renovar el plazo fijado en la intimación a la que se refiere el inc. b) del art. 28 de la ley.

A todos los efectos establecidos en el inc. e) del art. 28 de la ley 24196, se entenderá que se produce la desafectación de los bienes cuando éstos se destinen a cualquier uso, permanente o transitorio, en actividades ajenas a las mineras comprendidas por la ley 24196 , su reglamento y las resoluciones complementarias o aclaratorias dictadas por la autoridad de aplicación. Esta última podrá considerar, a su exclusivo juicio, que un uso no minero, atribuible a necesidades de índole personal o familiar del beneficiario, que sea puramente ocasional, no constituye desafectación.

Arts. 28 y 29.- (Texto originario). Las informaciones, declaraciones juradas y comprobantes a que se refieren los arts. 28 y 29 de la ley 24196, son tanto los requeridos por esa misma ley y por la presente reglamentación, como los que exijan las resoluciones que dicte la autoridad de aplicación.

La sanción prevista en el inc. b) del art. 29 de la ley 24196 será aplicable a los casos de demora o reticencia en la entrega de la información, declaraciones juradas o comprobantes requeridos.

Art. 29.– (Incorporado por decreto 1089/2003, art. 10 ). Sin reglamentar.

Art. 30.– (Texto según decreto 1089/2003, art. 11 ). Los gastos en inversiones que pueden deducirse por aplicación del art. 9 de la ley 22095, son exclusivamente los erogados con anterioridad a su derogación, salvo el caso que, antes de este acto, se hubiere producido la habilitación de los bienes para su normal funcionamiento, en cuyo caso los beneficiarios podrán efectuar la deducción de la totalidad del saldo impago en el ejercicio fiscal durante el cual tuvo lugar la habilitación. A efectos de lo previsto en el párr. 2 del art. 30 de la ley 24196, se establece que para la tramitación y resolución de todas las cuestiones emergentes de la ley 22095 , será autoridad de aplicación, la de la ley mencionada en primer término. Continuarán siendo aplicables a tales cuestiones las correspondientes disposiciones de la ley 22095 y de su decreto reglamentario 554 del 24 de marzo de 1981 y demás normas complementarias.

La autoridad de aplicación, a pedido de parte, procederá a revisar las resoluciones dictadas durante la vigencia de la ley 22095 con el objeto de dejar sin efecto las exigencias y/o condicionamientos que hubieren sido incorporados a aquéllas y no existieran como requisitos obligatorios en los términos de la citada ley o de su reglamentación. A criterio de la autoridad de aplicación, dichas exigencias y/o condicionamientos podrán dejarse sin efecto desde su origen, ponderando las circunstancias existentes en su momento y privilegiando las fuentes de trabajo.

Art. 30.- (Texto originario). Los gastos en inversiones que pueden deducirse por aplicación del art. 9 de la ley 20095 son exclusivamente los erogados con anterioridad a su derogación, salvo el caso que, antes de este acto, se hubiere producido la habilitación de los bienes para su normal funcionamiento, en cuyo caso los beneficiarios podrán efectuar la deducción de la totalidad del saldo impago en el ejercicio fiscal durante el cual tuvo lugar la habilitación.

A efectos de lo previsto en el párr. 2 del art. 30 de la ley 24196, se establece que para la tramitación y resolución de todas las cuestiones emergentes de la ley 22095 será autoridad de aplicación la de la ley mencionada en primer término. Continuarán siendo aplicables a tales cuestiones las correspondientes disposiciones de la ley 22095 y de su decreto reglamentario 554 del 24 de marzo de 1981 y demás normas complementarias.

(CAPÍTULO INCORPORADO POR DECRETO 1089/2003, ARTÍCULO 12):

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 31.– (Incorporado por decreto 1089/2003, art. 12 ). A los efectos establecidos en el pto. 2. del artículo incorporado por el cap. X, «Disposiciones transitorias», de la ley 24196 y sus modificaciones, establécese que respecto de los bienes adquiridos a partir de la entrada en vigencia de la ley 25429 , se podrá optar por el método de amortización previsto en el pto. 1.1. del art. 13 de la Ley de Inversiones Mineras.

Art. 32.– (Incorporado por decreto 1089/2003, art. 12 ). El traslado de los quebrantos impositivos acumulados, en la parte correspondiente a la deducción de las amortizaciones aceleradas -de conformidad a lo establecido en el artículo incorporado por el cap. X de la ley 24196 , con las modificaciones introducidas por la ley 25429 – se realiza:

a) En la medida que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25429 , no hubiera caducado la posibilidad de su cómputo por aplicación de las disposiciones del art. 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997) y sus modificaciones.

b) Considerando la totalidad de los bienes amortizables, existentes al cierre del ejercicio inmediato anterior al de la fecha de entrada en vigencia de la ley 25429 y en la medida que, a dicha fecha de cierre, no se hubieran agotado sus respectivas vidas útiles.

A los fines indicados precedentemente el quebranto susceptible de ser trasladado para su posterior cómputo en el balance impositivo del impuesto a las ganancias de los años siguientes, deberá distribuirse imputándolo a los bienes amortizables antes citados considerando las siguientes normas:

I. Se entenderá que el total del quebranto acumulado existente al cierre del ejercicio fiscal indicado en el pto. b) del párrafo precedente, -que cumpla con la condición expuesta en el pto. a) del párrafo anterior- se compone, en primer término, por las amortizaciones de bienes de uso que fueron deducidas en los balances impositivos correspondientes a los ejercicios fiscales inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley.

II. A los efectos de la determinación del nuevo plazo de prescripción el importe del quebranto acumulado precedentemente citado deberá asignarse, en primer término, al valor de los bienes de uso que al cierre del ejercicio citado en el precedente pto. I, cuenten con la mayor cantidad de períodos de vida útil normal restante y continuando, con posterioridad, sucesivamente y de manera regresiva con los bienes de uso que posean una menor cantidad de períodos de vida útil remanente. El monto a asignar conforme a la metodología señalada, no podrá superar el importe correspondiente a la sumatoria de los valores de origen de los bienes de uso, cuya vida útil expira a la finalización de un mismo período fiscal.

III. El importe citado en el precedente pto. II, constituir el monto susceptible de ser compensado con utilidades impositivas que se generen hasta los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores al período fiscal en que se produzca la expiración de la vida útil de cada uno de los respectivos bienes.

IV. Los contribuyentes deberán informar en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, las nuevas fechas límites hasta las cuales, de conformidad con la metodología señalada precedentemente, podrán utilizar los quebrantos impositivos acumulados a los que se refiere el artículo incorporado por el cap. X de la ley 24196 , con las modificaciones introducidas por la ley 25429 .

Anexo I (Incorporado por decreto 1089/2003, art. 2 )

DETERMINACIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA. METODOLOGÍA

A. APLICACIÓN

Art. 1.- A los fines establecidos en el art. 8 de la ley 24196 y sus modificaciones, el sujeto beneficiario de la estabilidad fiscal deberá cumplir, en jurisdicción nacional, con sus obligaciones tributarias y arancelarias aplicando las disposiciones normativas vigentes al momento de la obtención del beneficio de estabilidad fiscal, con los alcances establecidos en el presente anexo.

En el supuesto que el beneficiario considerara que le resulta más conveniente aplicar las disposiciones vigentes en cada ejercicio fiscal, podrá ejercer dicha opción en cada uno de ellos -de manera excluyente. La Subsecretaría de Minería dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, emitirá una constancia de dicha opción aplicable a cada ejercicio fiscal, remitiéndolas al sujeto beneficiario, a la Dirección General Impositiva y a la Dirección General de Aduanas, dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.

B. NORMATIVA APLICABLE PARA CUANDO SE OPTE POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES,

EN CADA EJERCICIO FISCAL

Art. 2.- Cuando los sujetos beneficiarios elijan la opción indicada en el párr. 2 del artículo anterior, serán de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Deberán manifestar su voluntad en tal sentido -hasta la finalización del tercer mes calendario siguiente desde el inicio de cada período fiscal o al de la publicación en el Boletín Oficial del presente decreto, según corresponda-. Para ello deberán efectuar una presentación ante la Subsecretaría de Minería, la que deberá ser suscripta por el representante legal o apoderado de la empresa y su firma certificada en forma notarial, bancaria o por autoridad policial.

b) No ejercida la opción en los términos señalados en el precedente ap. a), automáticamente serán de aplicación, para ese ejercicio fiscal, las disposiciones establecidas en el párr. 1 del art. 1.

C. NORMATIVA QUE REGIRÁ CUANDO SE APLIQUEN LAS DISPOSICIONES VIGENTES

AL MOMENTO DE LA OBTENCIÓN DEL BENEFICIO DE ESTABILIDAD FISCAL

Art. 3.- Cuando corresponda al beneficiario el cumplimiento de las obligaciones tributarias y arancelarias aplicando las disposiciones normativas vigentes al momento de la obtención del beneficio de estabilidad fiscal, resultarán de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Todos los sujetos o entidades -públicas o privadas- vinculadas con la liquidación y percepción de los tributos y/o aranceles, aplicarán las normas tributarias y arancelarias correspondientes con la sola presentación por parte del beneficiario, de una copia autenticada del certificado de estabilidad fiscal oportunamente emitido por la autoridad de aplicación. Los titulares de emprendimientos que gocen del beneficio de estabilidad fiscal quedarán excluidos de los regímenes de retenciones en el impuesto a las ganancias (por parte de sujetos o entidades privadas) respecto de las operaciones correspondientes a tales emprendimientos, debiendo en su reemplazo efectuar el ingreso de las sumas que correspondan de acuerdo con el procedimiento que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.

b) En el caso de tributos y/o aranceles que, estando vigentes al momento de la obtención de la estabilidad fiscal y fueren ulteriormente derogados, no corresponderá su pago a partir de tal derogación. No obstante, si en sustitución de los derogados, se sancionaran otros tributos y/o aranceles, corresponderá el pago de estos últimos pero sin exceder los montos que se hubieren debido abonar de no producirse la derogación de los primeros.

c) En el supuesto de reducciones en las alícuotas o modificaciones en la base imponible que signifiquen una reducción de la carga tributaria y/o arancelaria durante el ejercicio fiscal, los beneficiarios de la estabilidad fiscal podrán beneficiarse de las mismas aplicando el régimen vigente durante el ejercicio en curso.

D. NORMATIVA APLICABLE A LA FINALIZACIÓN DE CADA PERÍODO FISCAL

Art. 4.- Con la finalidad de determinar la magnitud de la carga tributaria y arancelaria efectivamente soportada y asegurar el efectivo goce del beneficio de la estabilidad fiscal, serán de aplicación las siguientes normas:

a) Los beneficiarios deberán informar en carácter de declaración jurada a la autoridad de aplicación sobre la utilización de los beneficios de la estabilidad fiscal durante el ejercicio.

Dicha información deberá ser presentada hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias.

b) En el supuesto que el beneficiario, durante el ejercicio fiscal, se hubiera beneficiado con alguno de los supuestos contemplados en los incs. b) y c) del art. 3 del presente anexo deberá determinar a la fecha de finalización de cada ejercicio fiscal, en valores absolutos, la diferencia existente entre los importes efectivamente tributados y el menor de los importes resultantes de comparar entre:

i) La aplicación de la totalidad de las normas aplicables de acuerdo con la estabilidad fiscal del beneficiario -es decir, las correspondientes a la fecha de obtención de ese beneficio- y

ii) La aplicación de la totalidad de las normas vigentes durante el ejercicio fiscal de que se trate -es decir, las normas vigentes en ese ejercicio fiscal que se hubiesen aplicado de no haber optado por la aplicación de las disposiciones vigentes al momento de la obtención del beneficio de la estabilidad fiscal-. En tal caso deberán presentar dicha información -con carácter de declaración jurada- hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, en la forma y condiciones que ella determine, remitiendo simultáneamente copia a la autoridad de aplicación. Los sujetos beneficiarios individualizarán las normas tributarias y arancelarias aplicadas.

c) El sujeto que hubiera soportado en un ejercicio fiscal una carga tributaria y/o arancelaria total superior a la que hubiera correspondido, atendiendo a su calidad de sujeto beneficiario de la estabilidad fiscal, de conformidad con las disposiciones establecidas por la ley 24196 y sus modificaciones, podrá solicitar la compensación o devolución de las sumas que hubiere abonado de más, en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, la que, asimismo, establecerá la forma, plazo y condiciones para el ingreso al Fisco de lo que se hubiere tributado de menos por aplicación de estas normas, pudiendo además determinar los intereses compensatorios que correspondieren en uno u otro caso. Para la determinación de la carga tributaria no se considerarán los gravámenes que constituyan pagos a cuenta de otros tributos, en la medida de su efectiva posibilidad de imputación, de conformidad con las disposiciones legales en vigencia.

E. OTRAS DISPOSICIONES

Art. 5.- A todos los fines señalados en el presente anexo, resultarán asimismo de aplicación las siguientes disposiciones:

Para facilitar las tareas de fiscalización, los beneficiarios deberán efectuar sus registraciones contables de modo tal que pueda identificarse – en forma separada- a las actividades comprendidas por la estabilidad fiscal de las no alcanzadas y adoptar sistemas de registros que permitan una verificación cierta, así como cumplir toda otra forma, recaudo o condiciones establecidas con relación a este beneficio por las normas pertinentes.

En caso que se produjera un incumplimiento de la beneficiaria respecto de las obligaciones previstas en el presente anexo, serán de aplicación las pertinentes disposiciones de los arts. 28 y 29 de la ley 24196 y de su reglamento, sin defecto de otras responsabilidades y sanciones que resulten de aplicación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, deberá informar de los incumplimientos a esta autoridad de aplicación, a los efectos precedentemente indicados.

Sin defecto de ello, si el incumplimiento hubiere acarreado la falta de pago de los importes adeudados, se aplicarán los intereses, sanciones y demás medidas correspondientes a tal situación, según las normas vigentes.

Art. 6.- Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar excepciones puntuales y efectuar las modificaciones que considere convenientes en la operatoria establecida en el presente anexo, las que se aplicarán a todos los beneficiarios independientemente de la época de la adquisición de la estabilidad fiscal.

Art. 7.- Las jurisdicciones adheridas al Régimen de la ley 24196 , deberán dictar reglamentaciones similares a las contenidas en el presente anexo, que permitan establecer metodologías claras para asegurar el beneficio de estabilidad fiscal y para determinar si se produjeron modificaciones en la carga tributaria correspondiente a esa jurisdicción, en atención a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad. En el caso de que dichas reglamentaciones no aseguren en forma correcta dicho beneficio, deberá estarse a lo dispuesto en el art. 11 de la ley 24196. La autoridad de aplicación, ante el reclamo del beneficiario, determinará la alteración a la estabilidad fiscal en virtud de lo establecido en el presente anexo.

Referencias: Código Aduanero -L 22415 -: LA 198-A-82 – Ley de impuesto a las ganancias, t.o. 1986 -D 450/1986-: LA 19-B-1115 – L 11683, t.o. 1978-B-1391 – L 19550, t.o. 1984 –D 841/1984-: LA 19-A-46 – L 22095: LA -B-1620 – L 24196: LA 19-B-1584 – D 554/1981: LA 198-A-441.

Cita digital del documento: ID_INFOJU87740