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Ley 24411
Ley 24411
Beneficios que tendrán derecho a percibir por medio de sus causahabientes, personas que se encuentren en tal situación. Recaudos para su obtención. Alcances
Sancionada el 7 de diciembre de 1994
Promulgada el 28 de diciembre de 1994
Publicada en el B. O. el 3 de enero de 1995
1. Las personas que al momento de la promulgación de la presente ley se encuentren en situación de desaparición forzada, tendrán derecho a percibir, por medio de sus causahabientes, un beneficio extraordinario equivalente a la remuneración mensual de los Agentes Nivel A del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional aprobado por decreto 993/91 por el coeficiente 100.
A los efectos de esta ley, se entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiera privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada bajo cualquier otra forma del derecho a la jurisdicción.
2. Tendrán derecho a percibir igual beneficio que el establecido en el artículo 1 los causahabientes de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10–83.
2 bis. La indemnización establecida por la presente ley tiene el carácter de bien propio del desaparecido o fallecido. En el caso de desaparición y en tanto la ausencia permanezca, será distribuida haciendo aplicación analógica del orden de prelación establecido en los artículos 3545 y siguientes del Código Civil, sin perjuicio de los derechos que reconoce el artículo 4 de esta ley.
(Según ley 24823)
3. Para la acreditación de las situaciones enunciadas precedentemente, y a los efectos exclusivos de esta ley, se procederá de la siguiente manera:
1. En el artículo 1, la desaparición forzada se probará por cualquiera de los siguientes medios:
a) La pertinente denuncia penal por privación ilegítima de la libertad y por la resolución del juez de que prima facie, la desaparición es debida a esa causa. Al respecto el juez deberá comprobar la veracidad formal de la denuncia, y resolver al solo efecto de esta ley y en forma sumarísima;
b) Indistintamente, por la denuncia realizada ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas creada por decreto 187/83, o ante la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
2. En el artículo 2, por cualquiera de los medios enunciados en el inciso anterior, además del fallecimiento que se acreditará con la partida de defunción pertinente.
4. Los efectos y beneficios de esta ley se aplicarán también a las reuniones matrimoniales de hecho que tuviesen una antigüedad de por lo menos dos años anteriores a la desaparición o fallecimiento, según el caso, y cuando esto se probará fehacientemente.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existió unión de hecho cuando hubiera descendencia reconocida por el desaparecido o el fallecido, o la filiación del descendiente hubiera sido establecida judicialmente. La persona que hubiese estado unida de hecho concurrirá en la proporción que hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiera concurrencia de cónyuges y de quien hubiera probado unión de hecho durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la desaparición o el fallecimiento, la parte que correspondiese al cónyuge será distribuida entre ambos en partes iguales.
(Párrafo según ley 24823)
Como excepción al Título IV de la Sección Segunda, Libro Primero del Código Civil sobre Adopción Plena, se establece que los hijos que como consecuencia de la desaparición forzada o muerte de uno o ambos padres hubieran sido dados en adopción plena, tendrán derecho a la percepción de la indemnización establecida por la presente ley.
(Párrafo según ley 24823)
4 bis. La persona, cuya ausencia por desaparición forzada se hubiera declarado judicialmente en los términos de la ley 24321, percibirá dicha reparación pecunaria, a través de sus causahabientes, los cuales deberán acreditar tal carácter en sede judicial.
El juez actuante en la causa de ausencia por desaparición forzada, será competente para dictar la declaración de causahabientes.
Previo al dictado de la declaración de causahabientes, el juez ordenará la publicación de edictos por dos días en el Boletín Oficial, a fin de que los causahabientes del desaparecido se presenten a estar a derecho por el término de treinta días contados a partir de la última publicación. Finalizado dicho plazo, el juez, dentro de los treinta días declarará quiénes son sus únicos causahabientes, mediante declaración que tendrá efectos análogos a los del artículo 700 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Bajo pena de nulidad en lo pertinente, en ningún supuesto, el juez interviniente podrá declarar la muerte ni fijar fecha presunta de fallecimiento.
(Según ley 24823)
4 ter. El pago de la indemnización a los herederos del fallecido o a los causahabientes del desaparecido que hubiesen acreditado tal carácter mediante declaración judicial, incluyendo la resolución que correspondiere a las uniones de hecho, liberará al Estado de la responsabilidad que le compete por esta ley. Quienes hubieran percibido la reparación pecuniaria en legal forma, quedarán subrogando al Estado si con posterioridad solicitasen igual beneficio otros causahabientes o herederos con igual o mejor derecho.
La subrogación no se aplicará en caso de que se presentaren hijos que hubieran ignorado su condición de tales, al momento de efectuarse el pago.
(Según ley 24823)
5. En caso de aparición de las personas mencionadas en el artículo 1, se deberá comunicar esta circunstancia al juez competente, pero no habra obligación de reintegrar el beneficio si ya hubiera sido obtenido.
6. La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, quien comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos para su obtención. La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio, será recurrible dentro de los diez días de notificada ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso se presentara fundado, y el Ministerio del Interior lo elevara a la Cámara con su opinión dentro del quinto día. La Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo del veinte días de recibidas la actuaciones.
En caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por esta ley, deberá estarse a lo que sea más favorable al beneficiario o sus causahabientes o herederos, conforme al principio de la buena fe.
(Segundo párrafo según ley 24823)
7. La solicitud del beneficio deberá efectuarse, bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los ciento ochenta días de la fecha de entrada en vigencia de la presente.
8. El Ministerio del Interior será la autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo el pago del beneficio que ella establece, mediante deposito en bancos oficiales dentro de la jurisdicción que corresponda al domicilio del/los beneficiarios, a su orden.
El importe del beneficio previsto en la presente ley podrá hacerse efectivo de conformidad a los terminos de la ley 23982.
Vencido el plazo establecido para ser efectivo el pago del beneficio sin que éste se hubiera complementado, el/los beneficiarios podrán exigirlo judicialmente, sin necesidad de intimación, trámite o reclamo previo, aplicándose para ello las normas que reglan la ejecución de sentencia.
9. En los casos en que se haya reconocido indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial o se haya otorgado el beneficio previsto en el decreto 70/91, decreto 1313/91 o por la causal que establece el artículo 4, párrafo cuarto de la ley 24043, y el mismo haya sido precedido, los beneficiarios solo podrán percibir las diferencias entre lo establecido por esta ley y los importes efectivamente cobrados por la otra normativa indicada. Si la percepción hubiera sido igual o mayor no tendrán derecho a la nueva reparación pecunaria.
(Según ley 24823)
9 bis. Deróganse en cuanto hubieren tenido vigencia, y decláranse insanablemente nulos, el acto institucional de la Junta Militar del 28 de abril de 1983, y el llamado informe Final sobre la lucha antisubversiva de igual fecha.
Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la ley 24411 y a la presente.
(Según ley 24823)
10. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderán con cargo a «Rentas Generales».
10 bis. La indemnización que estipule esta ley estará exenta de gravámenes como así también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o de vínculo, en jurisdicción nacional. La publicación de edictos en el Boletín Oficial será gratuita.
(Según ley 24823)
10 ter. Invítase a los Estados Provinciales a sancionar las leyes pertinentes para eximir del pago de la tasa de justicia y tasa administrativa a los trámites judiciales y/o administrativos y publicaciones de rigor, necesarios paa la percepción del beneficio.
(Según ley 24823)
