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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Deportes de riesgo. Boxeo. Muerte de un pugilista. Exención de responsabilidad
Se confirma el rechazo de la demanda de daños deducida a raíz de la muerte del hijo de los actores como consecuencia de un golpe recibido en la cabeza durante un entrenamiento de boxeo.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 7 días del mes de abril del año dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “Hernán, María Cecilia c/Federación Argentina de Box s/daños y perjuicios” (exp. 15.219/01) y “Soto, Marcos Sergio y otros c/Federación Argentina de Box” (exp. 96.317/02) respecto de la sentencia corriente a fs. 469/475 -exp. 15.219/01- y fs. 892/989 -exp. 96.317/02-, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. UBIEDO, CASTRO y MOLTENI.
Sobre la cuestión propuesta la Dra. UBIEDO dijo:
I. El Juez a quo dictó una única sentencia en los autos “Hernán, María Cecilia c/Federación Argentina de Box s/daños y perjuicios”, exp. 15.219/01 (v. fs. 469/475) y “Soto, Marcos Sergio y otros c/Federación Argentina de Box s/daños y perjuicios”, exp. 96.317/02 (v. fs. 892/898), rechazando las demandas promovidas por María Cecilia Hernán, Marcos Sergio Soto y Celma del Carmen Salguero por sí y en representación de sus hijos Hugo Hernando Soto, Norma Cecilia Soto y Gabriela Soledad Soto contra Federación Argentina de Box, Aladino Alanis, Salvador Bruno y Hugo Osvaldo Rodríguez por indemnización de daños y perjuicios, con costas.
Dicho decisorio fue apelado por los actores. María Celia Hernán expresó agravios a fs. 486/488 (exp. 15.219/01); Fecha de firma: 07/04/2015 Firmado por: CARMEN UBIEDO- PATRICIA CASTRO- HUGO MOLTENI y Marcos Sergio Soto y Celma del Carmen Salguero hicieron lo propio a fs. 916/933 (exp. 96.317/02), los que fueron respondidos únicamente por la Federación Argentina de Box (v. fs. 493/500, exp. 15.219/01 y fs. 935/949, exp. 96.317/02). A su vez, habiéndose subsanado por Secretaría la notificación del auto de fs. 914 -exp. 96.317/02- a los restantes coactores -Hugo Hernando Soto, Norma Cecilia Soto y Gabriela Soledad Soto, quienes se habían presentado en autos por derecho propio, éstos se presentaron a fs. 954 adhiriéndose a los fundamentos de la expresión de agravios de fs. 916/933, adhesión ésta, la que no fuera contestada.
II. Sentado lo expuesto, creo oportuno efectuar un breve resumen de los hechos que motivaron el presente litigio.
Las partes fueron contestes en que el día 10 de mayo de 2000 el Sr. Sergio Ariel Soto se encontraba realizando una habitual práctica de entrenamiento de boxeo junto con el Sr. Roberto Analis en el gimnasio “Oriani” de la F.A.B.; que al recibir de éste un golpe cayó pegando su cabeza contra el piso del ring; que una vez concluido el entrenamiento se desplomó inconsciente en el piso del baño, por lo que fue trasladado en una camioneta particular al Hospital Ramos Mejía, donde luego de efectuársele un drenaje a efectos de disolver el coagulo de sangre que se había formado en el cerebro, permaneció en terapia intensiva hasta el momento de su fallecimiento, el 18 de octubre de 2000.
El sentenciante de la anterior instancia, luego de encuadrar jurídicamente el caso, concluyó que el golpe que provocara el deceso del causante fue desafortunado y su muerte de carácter accidental, ajena a toda ilicitud de las reglas del deporte que practicaba, de los que no resultaban responsables los demandados.
Ello motiva las quejas de los accionantes, quienes cuestionan la valoración que ha efectuado el sentenciante de los distintos elementos de prueba arrimados a la causa que hacen a la responsabilidad de los demandados, como así también la decisión de no haber considerado que la muerte de Sergio Soto fue producto de una conducta irreglamentaría ajena a las reglas del deporte que practicaba. Y -a mi modo de ver- no les asiste razón.
III.- El deporte como juego, como profesión, como espectáculo, forma parte importante de la vida contemporánea, siendo una de las características de esta actividad los riesgos que genera, que son frecuentísimos. Ello hace que en principio, cuando se produce alguna lesión derivada de ese riesgo propio de la actividad, no haya obligación de reparar, la que si existiría cuando el mismo hecho se produce fuera del juego (C.C. y C. S.M., 50741, RSD 129-2 S (-5- 2002, JUBA 7, B2002209),
Esta Sala ha dicho que “Tratándose de deportes riesgosos para la integridad física de los participantes, los daños que estos puedan provocarse entre sí no generan responsabilidad civil en tanto hayan actuado en el marco de las respectivas reglamentaciones. La licitud que otorga al juego y a sus consecuencias la autorización del Estado para practicarlos y la asunción voluntaria de esas consecuencias por los propios contendores fundamenta dicha conclusión, admitida en forma prácticamente unánime por la doctrina y la jurisprudencia, aunque con distintos acentos y matices (“Santero, Fernando Fabián c/ Lobato, Juan Guillermo s/ daños y perjuicios» (exp. 98.030/99), del 23/12/2003; “Oneglia, Alejandro c/ Hernández, Edgardo y otro s/ daños y perjuicios» (exp. 102.940/99), del 2/12/2004, entre otros).
En el mismo sentido se ha dicho que si el daño se causa en la práctica de un deporte, con pleno cumplimiento de las reglas de juego, el lesionador no debe reparar a la víctima. El fundamento de esta teoría reside en la aceptación, por los participantes, de los riesgos propios de cada deporte (conf. Tratado de la responsabilidad civil, trad. Kemelmajer de Carlucci, Astrea, Buenos Aires. T. 2- y ESSER -Lesiones deportivas y Derecho Penal. En especial, la responsabilidad del futbolista desde una perspectiva alemana, La Ley, Madrid, 1-6-90-). En nuestro país no existe acuerdo pacífico en doctrina sobre el concepto, algunos autores afirman que es una eximente autónoma, y otros se manifiestan por la posición contraria (MAZZINGHI, J., «La Víctima del Daño y la Aceptación de los Riesgos», ED, 76-876; «Responsabilidad Objetiva: uso de la cosa contra la voluntad del dueño y la asunción del riesgo», LL, 1995-E, p. 205; ZAVALA DE GONZÁLEZ, M., Resarcimiento de Daños, Tomo 4, Hammurabi, 1999, p. 287; PIZARRO, D., «Causalidad adecuada y factores extraños», en Derecho de Daños, obra colectiva dirigida por F. A. Trigo Represas y R. Stiglitz, «Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe», Buenos Aires, La Rocca, 1989, p. 269; PREVOT, J.M. y MAYO, J., cit., p. 992; MOSSET ITURRASPE, J., «La Aceptación de Riesgos. Retroceso en la Responsabilidad Civil por Actos Ilícitos», en Estudios sobre Responsabilidad por Daños, Tomo 1, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 1980, p. 115.).
El perjuicio debe ser no intencional; por eso se excluye de la noción de accidente deportivo la hipótesis en que la infracción haya sido perpetrada utilizando el juego dolosamente como medio para su ejecución (Carbelli, Lorenzo, nota a fallo LL, 4-700; Brebbia, ob. cit., pg. 16/17; Orgaz, «La ilicitud», p. 180; id. Brebbia, Roberto H., «La responsabilidad en los accidentes deportivos”, Bs. As., Perrot, 1962, pag. 8, cit. por Trigo Represas y otro, en Responsabilidad Civil., T° II, p. 784).
Quedarán descartados de esta conceptualización tanto los daños ocasionados dolosamente durante la práctica de un deporte como aquellos ocurridos por violación del reglamento. Por el contrario, si se cumple con éste, la regla es la irresponsabilidad. Así se ha resuelto jurisprudencialmente, decidiéndose que en los accidentes deportivos el principio es la irresponsabilidad del jugador, si se trata de un deporte autorizado, salvo que el daño se cause con dolo o violación de las reglas de juego y notoria imprudencia o torpeza (C.N.Civ., Sala G, 28-4-88, L.L., 1990-B-138).
En el último de los casos, se ha de distinguir entre los deportes de alto riesgo que llevan implícito un serio peligro para la vida, salud o integridad del participante (como el alpinismo, el boxeo, el full contac, el automovilismo, el parapente, el paracaidismo, etc.), de los que no llevan implícito un alto riesgo para la vida, salud, integridad del participante y en los que alguna lesión o resultado dañoso sobreviene excepcionalmente (por ejemplo, voleyball, hanball, fútbol, etc.) (Trigo Represas F., López Mesa M.J., ”Responsabilidad civil.”, T° II, pag. 786). Es decir, cuando el riesgo es el propio de la actividad que se practica, la conducta del agente no puede ser juzgada con el mismo criterio con que es apreciada la actividad de esa misma persona en otro ámbito de relaciones en que el riesgo no existe. «Esta aseveración no encuentra su base en un principio trascendente de justicia sino que es el desarrollo del principio legal establecido en el art. 512 del C. Civil, en el cual el codificador no suministra el concepto de culpa…. Precisamente, las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar que se ponen de manifiesto en una actividad deportiva difieren por completo de las que integran las circunstancias corrientes. La apreciación de la conducta del deportista para determinar su culpabilidad en el accidente debe efectuarse partiendo de la premisa de que, mientras se ciña en principio a los reglamentos del certamen y no realice actos que se aparten de lo normal en la competencia, quedará exento de responsabilidad por no configurar su actividad una omisión de las diligencias que exigían el caso, esto es, por no haber incurrido en culpa. Y sin culpa no hay hecho ilícito» (Brebbia, R. «La Responsabilidad en los accidentes deportivos» Bs.As. Abeledo Perrot. N 7, 9, 13, p. 28/35).
Ante la falta de una codificación formal de estas reglas de juego, ellas se deducen de la intención de las partes interpretada, salvo manifestación en contrario, a la luz de los usos deportivos. Sobre el punto y como bien lo sostuvo la Sala A de esta Cámara en los autos “F., J.L. c/B., J. s/daños y perjuicios” del 11 de julio de 2013 “siempre que exista culpa, el deportista será responsable; pero esa culpa, de conformidad con lo que ordena el art. 512, que impone la atención de las circunstancias de tiempo, persona y lugar, debe ser analizada tomando en consideración la finalidad que persigue el deporte que se practica, la autorización administrativa dada para su funcionamiento, la reglamentación que lo regula, los usos y costumbres en cuanto a su práctica”(…) “las lesiones o daños derivados de los riesgos inherentes al ejercicio normal de un deporte autorizado están de ante mano justificadas como la actividad de la cual proceden, pues si el Estado legitima un ejercicio que por sí entraña riesgos es obvio que simultánea y necesariamente legitima también las consecuencias de ese ejercicio” (voto del Dr. Ricardo Li Rosi).
Los reglamentos deportivos no son normas jurídicas stricto sensu, y de ahí que el comportamiento de un jugador puede ser antijurídico pese a ajustarse a tales reglas y, a la inversa, también es cierto que con los reglamentos se tratan de prever comportamientos expertos, prudentes y diligentes (Mosset Iturraspe Jorge, ”Responsabilidad por daños”, Edit. Rubinzal- Culzoni, Bs. As., 1998, T° II -B, p. 92).
La licitud del deporte llevado a cabo con autorización estatal abarca todas las consecuencias dañosas que irroga el juego dentro del reglamento y también aquellas infracciones reglamentarias que son “normales” “inevitables” en vista, de las características de la actividad de que se trate y que el deber de responder por las lesiones deportivas tiene origen en los siguientes casos: a) cuando existe una acción “excesiva” que viola grosera y abiertamente el reglamento del juego y b) cuando existe intención de provocar el resultado dañoso, sea durante el desarrollo del juego, o bien cuando éste se encuentre detenido (C.N.Civ., Sala D,17-12-1982, L.L. 1983-D-385; DE. 103-540). Dicho de otro modo, se consideran daños normales aquellos que se produzcan dentro del marco del reglamento del deporte de que se trate, por lo cual, en tal caso, enmarcándose la acción causativa del daño dentro del ámbito de la licitud estatal para la practica del deporte, no habrá antijuridicidad alguna, y por ende, el daño no deberá ser reparado (MARQUEZ, José F. – CALDERON, Maximiliano, “Daños sufridos por el futbolista profesional” en Revista de Derecho de Daños 2010-2, Daño Deportivo, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires-Santa Fe, p. 112).
En tal sentido, estimo -a tenor de las constancias de autos- que en el caso en estudio no medió una acción “excesiva” o de notoria imprudencia o torpeza por parte del codemandado Alanis en el infortunio que le costara la vida a Sergio Ariel Soto.
Repárese que al momento del suceso Soto se encontraba entrenando (“guanteando”) con el correspondiente cabezal, protector bucal y guantes de 14 onzas (obligatorios a tal efecto) con Alanis -de similar pesaje-, quien hasta ese entonces no era boxeador profesional (v. fs. 331/335), por ende no contaba con más experiencia que el primero, lo que no hace suponer una disparidad de condiciones entre ambos. Tampoco se encuentra acreditado que Alanis haya propinado a Soto un golpe desmedido que diera pautas o síntomas de alarma que hicieran presumir las consecuencias de autos. Todo lo contrario, así lo expresó el entrenador de Soto, Juan Carlos Pradeiro -no demandado en autos-, quien al declarar en sede penal dijo que “…Soto se encontraba haciendo guantes con Alanis (casi sin pegarse en la cara), cuando en un momento determinado Soto se encontró mal parado (con los pies juntos) y cayó de espaldas dentro del ring más por un “empujón” que por un golpe en sí. Que inmediatamente se incorporó y ante las preguntas que él le formulaba insistentemente manifestó que se hallaba bien y que podría continuar, por lo que concluyó el round y luego realizó uno más como si nada hubiera pasado. Fue así que ya concluido el trabajo, Soto se bajó del ring, se quitó los guantes, el cabezal y el protector bucal, al tiempo que le dio de beber agua, hasta que comenzó a desvanecerse, a cerrar los ojos como si se desmayara…” (v. fs. 58 de la causa penal 50.181/00). En el mismo sentido, Amilcar Brusa, quien declaro a instancia de la investigación llevada a cabo por el Tribunal de Disciplina de la Federación Argentina de Box, manifestó que “…vio el primer round del entrenamiento entre el boxeador Soto y el boxeador Alanis, round que, fue desarrollo con total normalidad (…); que tenían protector inguinal, bucal, cabezal y combatían con guantes de 14 onzas. Luego se retira al lugar donde tiene todos los elementos de boxeo a los efectos de pesar a distintos boxeadores, tarea habitual a su cargo. Observa desde este lugar que en el entrenamiento el boxeador Soto se cae, pero que de inmediato se levanta y continua normalmente el guanteo. Manifiesta que toda vez que un boxeador cae por golpes recibidos se suspende automáticamente el enfrentamiento. No fue este el caso pues el boxeador Soto estaba en perfectas condiciones proyectando golpes. Luego se sorprende al ver agrupados a boxeadores y técnicos alrededor de Soto, se acerco y vio en mal estado y sin sentido al boxeador Soto, de manera urgente los trasladaron al Hospital Ramos Mejía…” (v. fs. 7, causa penal N° 118.478/20).
Como dijera, el boxeo es un deporte intenso en el que el riesgo de lesión, de menor o mayor gravedad, es prácticamente inherente y consecuencia propia del deporte. Esto se ve simplemente con el hecho de que la forma más fácil de ganar es noquear al rival, es decir, infringirle un daño suficiente para que sea incapaz de seguir peleando o, por decirlo de otro modo, lesionarle momentáneamente o temporalmente para así ganar el combate. Por eso, la 35ª Asamblea Médica Mundial (Venecia, octubre/1983) consideró que “El Boxeo es un deporte peligroso. A diferencia de otros deportes, la intención básica del boxeador es producir daño corporal a su adversario. El boxeo puede provocar la muerte y provoca una incidencia alarmante de lesión cerebral crónica. Por esta razón, la Asociación Médica Mundial recomienda que el boxeo sea prohibido”.
En esta línea de pensamiento, tiene dicho parte de la jurisprudencia -criterio que comparto- que “un jugador que participa de forma voluntaria en una actividad cuyos riesgos o peligros son conocidos por él, constatándose el accidente dentro del ámbito del riesgo aceptado y asumido, esto es, sin existir un incremento externo del riesgo, este participante está obligado a soportar ese daño (Calvo Costa, Carlos Alberto, “Asunción de riesgo y consentimiento del damnificado. Parecido, pero diferentes”, la Ley 03/09/2014, AR/DOC/29213/2014; “La aceptación de los riesgos”, en Estudios sobre la responsabilidad por daños, T. I, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé, p. 119; “Daños ocasionados en la práctica de rugby”, Revista de Derecho de Daños 2010-2, Daño Deportivo, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires-Santa Fe, p.104; TRIGO REPRESAS y LÓPEZ MESA, Tratado…, Ob. Cit., p. 810. [51] Cfr. ZAVALA DE GONZALEZ, M., Resarcimiento de daños, t.4, Presupuestos y funciones del Derecho de Daños, Hammurabi, Buenos akires, 1999, p. 287; MEDINA ALCOZ, María, La asunción del riesgo por parte de la víctima. Riesgos taurinos y deportivos, Madrid, Ed. Dykinson, 2004, p. 254; VERDERA SERVER, Rafael, Una aproximación a los riesgos del deporte, Indret, Working Paper n° 116, Barcelona, enero de 2003, www.indret.com; PIÑERO SALGUERO, José, Accidentes deportivos: lesiones consentidas», Indret, n° 297, Barcelona, julio de 2005; MAZZINGHI, Jorge (h), Una sentencia severa pero justa, La Ley 1996-C, 698, entre muchos otros).
Merece mencionarse también un relevante fallo dictado en razón de daños derivados en la práctica de rugby: Nos referimos al caso B. S., J. G. c. Unión Cordobesa de Rugby, en donde el juez de la instancia de grado, determinó que «como el jugador había asumido voluntariamente la decisión de jugar en un puesto en el que no se desempeñaba, excluyó la responsabilidad de las uniones deportivas demandadas” (CSJN, 20/11/2012, «B. S., J. G. c. Unión Cordobesa de Rugby otros s/daños y perjuicios», LL 2012-F, 645).
Idéntico criterio sostuvo la Corte de la Provincia de Buenos Aires al resolver el caso «Gil, Exequiel Osvaldo y otro contra Sociedad de Fomento Deportivo y Cultural Siglo XX y otro. Daños y perjuicios”, causa nro. 95.241 del 24 de Noviembre de 2011 con voto de la Dra. Kohan, donde se focalizó en los riesgos del deporte y sus límites, afirmando que en todo partido de fútbol los jugadores se exponen a los riesgos propios de esa práctica deportiva que muchas veces derivan en lesiones. Cuando tales lesiones provienen del riesgo normal que imponen las reglas del juego, ellas quedan cubiertas por la «licitud» del mismo. Agregó además que la irresponsabilidad en los accidentes deportivos, resulta de la concurrencia de diversos elementos: la licitud del juego o deporte mismo; el consentimiento de la víctima para exponerse y someterse a los riesgos inherentes al deporte que practica; la ausencia de dolo, culpa u otra circunstancia que comporte la responsabilidad del autor del daño; y finalmente la observancia de las reglas, pragmáticas o cánones del juego o deporte de que se trate.
Similar criterio han empleado los distintos tribunales franceses y españoles, emanando de las sentencias dictadas que en los deportes de contacto y en razón de la aceptación de riesgos asumida por cada deportista participante, la responsabilidad de uno de ellos sólo surgirá en caso de actitud desleal o intencionalidad contraria al espíritu deportivo (Tribunal de Rennes del 26/6/90 (Juris-Data nro. 047606); del Tribunal de Metz del 19/5/92 (Juris-Data nro. 043269) y del Tribunal de Pau del 18/11/93 (Juris-Data nro. 047236); sentencias obrantes en Code civil: enrichi d’annotations tirées des bases de données juridiques, 1. éd. rédigée avec le concours de Gilles Goubeaux, Philippe Bihr, Xavier Henry, Dalloz, París, 1995; Tribunal Supremo español STS, 1° (Ar. 8399) del 22/10/92, entre otros; citado por Calvo Costa, Carlos Alberto, “Asunción de riesgo y consentimiento del damnificado. Parecido, pero diferentes”, la Ley 03/09/2014, AR/DOC/29213/2014), circunstancias estás ultimas que no se dan en el caso de autos.
En este entendimiento, tengo para mí que la lesión que derivó en el fallecimiento de Soto ya sea producto de un empujón o golpe que provocó su caída a la lona durante el entrenamiento, fue una consecuencia previsible, no siempre evitable, desafortunada y accidental propia de la disciplina que practicaba -en el caso boxeo, de altísimo riesgo-, ajena -a mi criterio- de toda ilicitud y por ende de toda antijuridicidad, máxime cuando de las declaraciones mencionadas no se advierte que se hayan violado las reglas del juego “excediendo” el ejercicio del deporte ni que Alanis haya actuado con notoria imprudencia o torpeza (con acciones excesivas o brutales) o con intención malévola (dolo).
Por otra parte, luego de un pormenorizado análisis de las constancias del expediente penal labrado por la autoridad competente que se resolvió archivar la causa n° 118.478/00 por inexistencia de delito (v. fs. 202/207), coincido con el magistrado interviniente en cuanto señaló que “…Se encuentra acreditado que la Federación Argentina de Boxeo cumplió con todas sus obligaciones a este respecto, ello por cuanto el damnificado se encontraba apto físicamente para pelear y efectuar un entrenamiento, con su correspondiente licencia al día y los exámenes de rigor aprobados, habiendo estado supervisado por su entrenador personal en oportunidad de ocurrir el desgraciado suceso, ahora investigado…” (v. fs. 206 vta. último párrafo). En sentido concordante, ante la denuncia efectuada por la “Fundación Fair Play -juego limpio- para la erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos”, el juez ordenó archivar las actuaciones por inexistencia de delito y expresó que “…no surgió de las constancias agregadas de la Federación de Box así como de los exámenes médicos practicados por ese organismo, elemento alguno que permitiera echar un manto de duda sobre la aptitud para desarrollar el deporte en cuestión…” (v. fs. 119, causa penal N° 50.181/00). Es más, tanto la libreta de licencia de Boxeador profesional obrante a fs. 377 como los estudios médicos obrante a fs. 30/33 de la causa penal N° 50.181/00 dan cuenta que Soto -al momento del evento- se encontraba con el apto médico aprobado. Todo lo cual, de conformidad con los Decretos N° 282/63 y 2689/63.
De todos modos, aun si se dudara de la veracidad de la información contenida en la libreta mencionada -como arguyen los recurrentes-, estimo que el que aceptó el riesgo, el que buscó libremente participar de una actividad riesgosa, no puede ampararse en el mismo riesgo que quiso asumir para pretender la responsabilidad del organizador (La Ley 1978-D, pág. 1067, “La aceptación de los riesgos-Retroceso en la responsabilidad civil por actos ilícitos”). Es decir, la responsabilidad por la organización de una actividad riesgosa no puede -como se explicó más arriba- funcionar a favor de quien ha asumido voluntariamente el riesgo.
En tales condiciones, entiendo que si Soto, quien contaba en su haber con 60 combates como amateur (v. fs. 29 c, penal n°50.181/00) y 6 como profesional (v. libreta de fs. 377, exp. n° 15.219/01), aceptó libremente participar de la actividad riesgosa -más allá de contar o no con el apto médico-, no puede volverse cándidamente contra el titular de la actividad, como si él mismo no hubiera conocido y aceptado el riesgo que iba o pudiera correr.
Por lo demás, y sin perjuicio que la FAB no cuenta con médico permanente cuando los púgiles llevan a cabo sus entrenamientos -por cierto, reprochable- (v. declaración del representante legal de la entidad a fs. 185, causa penal N° 118.478/00), es dable también poner de manifiesto que, una vez acontecido el hecho, a los pocos minutos como lo dijeron los testigos en forma coincidente (v. fs. 47, 49, 52, de la misma causa), Soto fue asistido médicamente por un facultativo de una clínica ubicada enfrente del lugar (v. 197/198 del referido expediente), y no se demostró, ni se intento siquiera acreditar -como era su carga-, responsabilidad en la producción o el agravamiento de la lesión padecida por la ocasión de tales hechos (art. 377 del CPCCN).
Por estos argumentos y los propios de la sentencia recurrida, propongo confirmarla, imponiendo las costas de alzada a los actores por resultar vencidos (artículo 68 del Código Procesal).-
Por razones análogas, los Dres. CASTRO y MOLTENI adhieren al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto.
Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N..-
MARIA LAURA RAGONI
Secretaría
Buenos Aires, 7 de abril de 2015.
Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1°) Confirmar la sentencia apelada; 2) Imponer las costas de alzada a los actores.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
CARMEN N. UBIEDO
HUGO MOLTENI
P ATRICIA E. CASTRO
De la C., F. c/Domínguez, Alejandro Mariano y otros s/daños y perjuicios» y «Ameri, Juan Emilio c/Domínguez, Alejandro Mariano s/daños y perjuicios – Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. – Sala III – 06/08/2013
L., C. A. c/Instituto Técnico Privado Parroquial San Roque y otros s/ordinario – daños y perjuicios – otras formas de responsabilidad extracontractual – otras causas de remisión – reenvío – Cám. 8ª Civ. y Com. Córdoba – 31/05/2011
001211E
