Se condena al Estado Provincial a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la muerte de un interno por ahorcamiento en su celda en un establecimiento carcelario, con fundamento en la omisión de su deber de resguardar la integridad física de los detenidos en relación causal con el hecho dañoso, al probarse que el occiso tenía problemas vinculares con otros internos y obraba informe donde constaban sus dificultades psicológicas. Así, se consideró violado el principio contenido en el último párrafo del artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto allí se establece que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará responsable al juez que la autorice.
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