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JURISPRUDENCIADelito. Homicidio. Prueba. Indicios. Prisión perpetua. Constitucionalidad. Femicidio
Se rechaza el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condenó al imputado a la pena de prisión perpetua por resultar autor material del delito de homicidio calificado por el vínculo, por haber causado la muerte de su hijo de seis años de edad.
Salta, 20 de abril de 2015.
Y VISTOS: Estos autos caratulados “C/C S., R. A. – RECURSO DE CASACIÓN” (Expte. Nº CJS 37.275/14), y
CONSIDERANDO:
Los Dres. Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Guillermo Alberto Posadas, dijeron:
1º) Que a fs. 1148/1170 vta., el Dr. Jorge Eduardo Bonetto, Defensor de Juicio y Ejecución Nº 1 (interino), en ejercicio de la asistencia técnica de R. A. S., interpone recurso de casación en contra de la sentencia de fs. 1101 y vta. -cuyos fundamentos obran a fs. 1107/1146- dictada por la Sala I del Tribunal de Juicio, que condenó a su defendido a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas, por resultar autor material del delito de homicidio calificado por el vínculo (arts. 80 inc. 1º, 12, 19, 29 inc. 3º, 40 y 41 y cc. del C.P.).
2º) Que en sus agravios, el recurrente sostiene que la sentencia cuestionada es arbitraria por contener vicios esenciales en la valoración de la prueba, ya que el tribunal “a quo” -dice- partió de un análisis parcial de la misma, apartándose de las reglas del recto entendimiento humano, con un amplio abanico de subjetividades, no demostradas por medio de prueba alguno y con la intención de considerar al imputado autor del hecho, por descarte y no por convencimiento de lo realmente acaecido. En ese sentido, entiende que del material probatorio no surge la certeza de que el hecho investigado haya sido cometido por su defendido, quien -a su criterio- no sólo es inocente sino que, además, es víctima junto a su hijo fallecido. Afirma que, por ello, se vulneraron garantías constitucionales, tales como el debido proceso, la defensa en juicio y la presunción de inocencia.
Por otra parte, se agravia respecto de la pena de prisión perpetua impuesta a su defendido y considera que la misma es inconstitucional. Así, expresa que el art. 80 inc. 1º del C.P. vulnera las previsiones del art. 1º de la Ley 24660 y el art. 75 inc. 22 de la C.N., y que la prisión perpetua resulta contrapuesta a los principios de legalidad, humanidad, proporcionalidad y racionalidad de la pena.
Concluye solicitando se haga lugar al recurso y, en su mérito, se absuelva a R. A. S. por el principio “in dubio pro reo” o, subsidiariamente, se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua aplicada.
3º) Que a fs. 1188 y vta., el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 dictamina que la sentencia contiene motivación suficiente respecto a los hechos y que la pena de prisión perpetua es constitucional, por lo que se pronuncia por el rechazo del recurso.
4º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto el recurso fue oportunamente concedido (v. fs. 1177 y vta.), previo a expedirse sobre los motivos invocados por el recurrente, incumbe a esta Corte en la presente instancia efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (art. 36 de la Ley 7716).
A ese respecto, se observa que el recurso ha sido presentado en término y por parte legitimada (v. fs. 1147 y vta. y 1170 vta.); además, la resolución resulta formalmente impugnable y los motivos expuestos se encuentran previstos legalmente (arts. 466 incs. 1º, 2º y 3º, 467, 469 inc. 1º del C.P.P., texto según Ley 6345 y modificatorias). Por ello cabe ingresar al examen de la cuestión planteada en el recurso.
5º) Que el tribunal de juicio tuvo por acreditado que el día 22 de febrero de 2012 en la localidad de Coronel Mollinedo, Barrio 20 viviendas, manzana …, casa …, a hs. 00:30 aproximadamente, en oportunidad en que R. A. S. se quedó sólo con su hijo J. E. S., de seis años de edad, quien se encontraba mirando dibujos animados en el televisor ubicado en el comedor, luego de cerrar la única puerta que servía de ingreso a la casa -la trasera-, dejando la llave puesta por dentro y portando un cuchillo de cabo plástico color blanco de 23 cm. de largo, tomó a su hijo desde atrás seccionando su cuello, ocasionándole una herida profunda -13 cm. de longitud- hasta la cara anterior de la columna vertebral, causándole la muerte inmediata por shock hipovolémico grave. Inmediatamente después, el imputado se autoinfirió lesiones con la misma arma, primero en la muñeca izquierda, luego en el abdomen, produciendo la evisceración del intestino delgado y una tercera en el tórax, que atravesó todas las capas de la pared torácica. Dichas heridas -a pesar de su gravedad- no le impidieron llegar a la cocina y abrir la garrafa de gas allí existente, a fin de procurar su propia muerte, lo cual no ocurrió debido a la intervención de O. C., quien dio aviso a la policía, siendo trasladado con vida al Hospital San Bernardo, donde se recuperó.
El tribunal “a quo” efectuó una valoración de cada una de las pruebas producidas e incorporadas al debate y, en base a las mismas, concluyó que R. A. S. es autor material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo (art. 80 inc. 1º del C.P.), en perjuicio de J. E. S..
6º) Que el primer agravio del recurrente gira en torno a la valoración de la prueba efectuada por el tribunal “a quo” para arribar a la condena.
Al respecto, es oportuno señalar que en nuestro sistema procesal rigen el sistema de libertad probatoria (art. 201 del C.P.P., texto según Ley 6345 y modificatorias) y el de libre convicción del juez o de sana crítica racional (arts. 230 “in fine”, 252 último párrafo y 403, 3er. párr. del citado C.P.P.). Ello implica, por un lado, que el juez no debe limitarse a los elementos probatorios descriptos por la ley y que, sea cuales fueren los que se arrimen a la causa para demostrar o desvirtuar la existencia del hecho, conserva la facultad de valorarlos conforme a las reglas del recto entendimiento humano, sin sujeción a directiva o tasación alguna (esta Corte, Tomo 109:1043; 156:697; 157:231; 165:203; 188:655, entre otros). Y cuando se halla en juego el sustento lógico de la sentencia y se alega arbitrariedad en la apreciación de la prueba, se activan las atribuciones de contralor del Tribunal, en orden a la verificación del cumplimiento de las disposiciones procesales de raigambre constitucional que prescriben, bajo pena de nulidad, el deber de motivar debidamente las decisiones judiciales (Tomo 97: 993).
Al efectuar esa verificación, se habrá de agotar el esfuerzo de revisar todo lo que se pueda revisar, aplicando el criterio de máximo rendimiento de la instancia, con el único límite de aquello que surja de manera directa y excluyente de la inmediación del tribunal de juicio (cfr. CSJN, Fallos, 328:3399), cuya actuación en la etapa plenaria del proceso penal no puede ser subrogada por el tribunal de casación, por los efectos de la referida inmediación. Por ello, le está vedado asignar crédito o restárselo a una prueba producida en la audiencia de debate que el “a quo” conoció de manera directa, salvo que su apreciación aparezca contraria a las normas de la sana crítica racional, o no se halle acompañada de fundamento alguno. Son las severas deficiencias lógicas que desvirtúen la sentencia como pronunciamiento jurisdiccional válido y no las variantes interpretativas de la prueba las que puedan imponer la anulación del fallo.
Por lo tanto, la revisión del fallo se cumple -en lo esencial- para establecer si los argumentos elaborados por el tribunal de juicio revisten rigor lógico y son suficientes para otorgar basamento a su parte dispositiva (esta Corte, Tomo 102:797; 136:521; 171:269; 175:675, entre otros).
7º) Que de la lectura de los fundamentos del fallo se advierte que la totalidad del material probatorio ha sido valorado con criterio racional y de forma particularizada, en un contexto integrador que permitió al “a quo” determinar la verdad histórica de lo acontecido, sus circunstancias en cuanto a personas, modo, tiempo y lugar, otorgando a la sentencia una base lógica suficiente para determinar su legalidad.
En base a la prueba producida, el tribunal de juicio tuvo por acreditado que el imputado y la señora M. J. G., vivieron en concubinato y que al momento del hecho se encontraban separados, que tenían un hijo en común, J. E. S., quien residía con su madre en la casa de su abuela materna, O. C.; que había una buena relación entre padre e hijo y, a pesar de no existir un convenio de tenencia, el niño solía estar alternativamente con ambos progenitores en sus respectivos domicilios, pues habitualmente permanecía de día con la madre y pernoctaba con el padre.
En relación al hecho, consideró que el día 21/02/12 a hs. 20:30, aproximadamente, S. fue a buscar a su hijo a la casa de la madre y que ella le impidió verlo, por lo que el niño quedó llorando y que aproximadamente a hs. 23:00, M. J. G. decidió llevarlo a dormir a la casa del padre e ingresó al domicilio del imputado con la llave que ella portaba, oportunidad en que éste salió del dormitorio sin remera, por lo que se dio cuenta de que estaba acompañado y supuso que se trataba de O. C. -su propia madre- cuyo teléfono celular vio en la mesa del comedor; que por tal motivo discutieron y él la tomó del brazo, la golpeó y la introdujo por la fuerza en el baño, juntamente con el niño, para que no pudieran ver a la persona con quien se encontraba, la cual aprovechó esa circunstancia para salir de la casa; que salieron del baño, siguieron discutiendo y luego vio a su madre llegar a la casa de S., diciéndole éste que no había estado con ella, sino con C. C. Posteriormente G. se fue del domicilio de S., dejando al niño con el imputado y, al retirarse dejó la puerta trasera abierta. Después, en compañía de su amiga S. S. se dirigió a la policía a efectuar la denuncia contra S. obrante a fs. 128, por las lesiones que éste le propinó y que constan en el certificado médico a fs. 32 vta., a raíz de lo cual G. decidió pernoctar en la casa de S.. Que su madre fue nuevamente a la casa de S. a buscarla, acompañada por la menor R., oportunidad en que observaron por una ventana que J. se encontraba tendido en el piso y con sangre, por lo que O. se dirigió a la policía a informar lo que había visto y envió a la menor R. para avisarle a G. lo sucedido. De inmediato ésta se dirigió a la casa del imputado pero sólo pudo observar desde la ventana que su hijo estaba tendido en el piso de la sala, ya que estaba todo cerrado. Que los agentes Brandán Botteri y Orellana, previo intento de forzar las puertas del domicilio, ingresaron por una ventana, así como el sargento Ruiz lo hizo rompiendo un vidrio de la puerta del fondo, por lo que logró abrirla con la llave que estaba puesta por dentro.
El tribunal “a quo” consideró probado que al momento del hecho la puerta trasera del domicilio del imputado se encontraba cerrada y tenía la llave puesta desde adentro. Para ello valoró como fundamental el testimonio del policía A. Wentel Ruiz, quien, sin contradicciones ni fisuras, manifestó en la audiencia de debate que intentó ingresar a la vivienda por la puerta del costado con las llaves que momentos antes le había dado M. J. G., y que no funcionó ninguna, por lo que fue hacia el fondo y vio que en la puerta trasera había una llave puesta del lado de adentro, que mientras otro de los agentes policiales procuraba ingresar por alguna ventana, él rompió el vidrio de la parte de arriba de la puerta y, de ese modo, logró abrirla con la llave que se encontraba puesta (v. fs. 1045/1046 y 1116 vta./1117 vta.). Que el “a quo” tuvo en cuenta también las declaraciones de los agentes Olber Brandán Botteri (fs. 24) y Daniel Orellana (fs. 1114 vta./1115 vta.) quienes expresaron que al no poder ingresar a la vivienda por alguna de las puertas, ya que se encontraban cerradas, lo hicieron forzando una ventana sin rejas que da a un dormitorio, que al entrar vieron al imputado tirado en la cocina al lado de una garrafa, que sintieron olor a gas y verificaron que aquella estaba abierta (v. fs. 1033/1035). En el mismo sentido declaró el enfermero Marcos Alancay, quien atendió al imputado, al señalar que recuerda que en la casa había olor a gas (v. fs. 1037 vta.).
En relación al arma empleada, a fs. 5 obra acta de secuestro de un cuchillo, cabo de plástico, color blanco, cuya hoja de aluminio mide 23 cm. la cual presentaba manchas sanguinolentas, conforme puede observarse en las fotografías de fs. 225. De las declaraciones de los agentes Brandán, Orellana, Ruiz y de los enfermeros Marcos Alancay y Lorena Orellana (v. fs. 1026 y vta.), surge que ese elemento fue hallado debajo del cuerpo del imputado y que el análisis de las muestras de sangre existentes, tanto en el cuchillo como en el envoltorio plástico de la rosca de la garrafa, determinó que ambas pertenecían al imputado (v. informe de ADN, fs. 857/864).
Respecto a las heridas que presentaba el cuerpo del menor J. S., están descriptas en el informe de autopsia de fs. 7 efectuado por el Dr. Manuel Villagra, que consigna como causa de la muerte un shock hipovolémico grave provocado por herida cortante en el cuello por arma blanca, no presentando el cuerpo otras lesiones externas ni internas. Por ello y por no existir un mínimo indicio de resistencia, el tribunal entendió que el niño fue atacado con una fuerza importante, cuando estaba desprevenido mirando televisión.
Por último, respecto de las heridas del imputado, si bien éste sostuvo que recibió 19 puñaladas, de las constancias de autos surge que al momento de los hechos fueron tres: en la muñeca, en el abdomen y en el tórax, siendo estas últimas dos de tal gravedad que pusieron en riesgo su vida. También quedó demostrado que las restantes heridas fueron producidas con posterioridad al hecho. A tal conclusión se arribó como resultado del análisis y valoración de la historia clínica, de los informes médicos -incorporados en la audiencia por lectura y con el consentimiento de las partes a fs. 1090 vta./1091- así como de los testimonios de los enfermeros que prestaron los primeros auxilios y de los médicos que atendieron posteriormente al imputado.
Sobre la posibilidad de intervención de terceras personas en el hecho alegada por la defensa, el tribunal de juicio entendió que ello quedó descartado. En efecto, tras la evaluación de todo el material probatorio concluyó que no existió un tercero agresor. En tal sentido, cabe tener en cuenta que tanto de los informes policiales agregados a la causa como de los testimonios de quienes estuvieron en el lugar, no surge que las aberturas de la casa se hubieran encontrado forzadas. Además, la inspección ocular y láminas fotográficas de fs. 219/231 dan cuenta de todos los elementos hallados en el lugar, indicando que los dormitorios estaban ordenados.
Por último, en relación a la huella de calzado impresa en una sábana, quedó acreditado que pertenece al personal policial que ingresó por la ventana del dormitorio.
8º) Que en el referido contexto, el tribunal “a quo”, entendió -en base a la lógica y la experiencia común- que si hubiera intervenido en el hecho un tercero agresor, el imputado y el menor presentarían alguna lesión o signo compatible con su defensa. Tampoco resulta verosímil la versión del imputado de que fue golpeado en la cabeza cuando se encontraba durmiendo en un sofá del comedor, y que a causa de ello perdió el conocimiento, ya que su cuerpo fue encontrado por el personal policial en la cocina, al lado de la garrafa de gas, sin que existan rastros de que se hubiera arrastrado.
A estas contundentes evidencias se suma el examen psicológico practicado al acusado por la Lic. Sonia Juri (fs. 689), cuyo informe indica que la preocupación de aquél “aparece más bien dirigida al conflicto legal en el que se encuentra, apreciándose un funcionamiento deshumanizado y frialdad afectiva sobre cuestiones que se esperaría lo angustien, tales como la muerte de su hijo”, lo que es reiterado por la mencionada profesional en la audiencia de debate (fs. 1070/1072), donde también indica que el imputado “tiene dificultad para canalizar y sublimar lo impulsivo, cuando algo no se da como él espera puede descontrolarse y actuar impulsivamente”.
La reconstrucción fáctica formulada por el tribunal de juicio encuentra sustento en numerosos elementos de convicción colectados en la causa y referidos en la sentencia, la que resulta plenamente válida porque en sus fundamentos cumple con una ponderación completa de los hechos, de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo, modo y lugar, sobre la base de un nutrido plexo probatorio rendido en autos. Cuenta con un análisis razonado de las constancias de la causa por el que arriba a la existencia de certeza y determina la responsabilidad del imputado delimitando con precisión lógica la significación que cabe asignar a los hechos, sus circunstancias, y su autoría.
En efecto, el tribunal de juicio expresó los concretos motivos que lo llevaron a otorgar credibilidad a los dichos de los testigos, cumpliendo de ese modo con los deberes de la sana crítica racional y, en especial, con aquellos que le imponen apreciar integral y equilibradamente la prueba, explicitando por qué hizo prevalecer y otorgó preeminencia a algunas de tales declaraciones, cuyos extremos resultaron de vital importancia para reconstruir el hecho (cfr. esta Corte, Tomo 146:441, 159:983, entre otros). Así no resulta arbitraria la valoración del sentenciante al dar mayor credibilidad a la primera declaración de Olber Brandán Botteri rendida a fs. 24, por tener mayor concordancia con las otras pruebas.
La acumulación de indicios y su correlación entre sí conducen a un juicio de certeza apropiado, tal como ocurre en el “sub lite”. Si la sumatoria de indicios, que individualmente pueden tener explicaciones compatibles con otras hipótesis fácticas, en su valoración global permite descartar la probabilidad de que ellos indiquen una situación distinta a la imputación, entonces la duda se transforma en un juicio de certeza. La tarea de unir dichos elementos y concordarlos con la acusación fue llevada a cabo correcta y detalladamente por el tribunal “a quo” (cfr. Tomo 163: 365).
9º) Que los agravios del recurrente constituyen una interpretación segmentada de algunas de las pruebas y, por ello, carecen de entidad para revertir el nivel de convicción alcanzado en la sentencia, que refleja un profundo y concienzudo análisis del abundante material probatorio producido e incorporado al debate, donde cobró particular importancia el principio de inmediación, así como los indicios y presunciones que derivaron en conclusiones consistentes sobre el hecho. Todo ello con aplicación del método de la sana crítica racional.
10) Que como lo ha señalado reiteradamente esta Corte, la certeza para condenar no debe insoslayablemente surgir de un panorama totalmente desprovisto de elementos favorables a la posición del acusado. Sin embargo, la viabilidad de un pronunciamiento condenatorio requiere un convencimiento razonablemente alcanzado mediante el triunfo racional de los factores incriminantes por sobre los que revisten carácter neutro o favorable al encausado, situación ésta que, como quedara dicho, se ha producido en la presente causa, luego de un análisis y encuadre lógico producto de la sana crítica racional (Tomo 121:351; 158:495; 163:365; 188:655, entre otros).
11) Que respecto del agravio referido a la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta a R. A. S., cabe señalar que la misma es legítima y resulta adecuada a las pautas constitucionales, pues dicha sanción guarda proporcionalidad con la gravedad del hecho, teniendo en cuenta que el bien jurídico lesionado es la vida de su propio hijo.
En el caso particular, es aplicable el agravante previsto en el art. 80 inc. 1º del Código Penal, toda vez que el imputado es el padre biológico de la víctima y conocía perfectamente el vínculo legal que lo unía al niño. Ello surge de la fotocopia del acta de nacimiento del menor J. E. S. (v. fs. 476, incorporado al debate el documento original obrante a fs. 1057 y vta.).
La pena de prisión perpetua no viola el art. 18 de la C.N., ni los instrumentos internacionales de la misma jerarquía. En efecto, dicha pena, predeterminada en el artículo 80 del Código Penal, como sanción establecida por el legislador en proporción a la incuestionable gravedad de la infracción penal allí tipificada no resulta inconstitucional, en tanto no es infamante, cruel ni inhumana y tampoco es verdaderamente perpetua por no ser vitalicia, ya que admite la posibilidad -transcurrido determinado tiempo de su cumplimiento- de obtener la libertad condicional, art. 13 y cc. del C.P. (cfr. esta Corte, Tomo 145:875).
El régimen del Código Penal argentino no resulta -en lo sustancial- diferente al sistema que establece el Estatuto de Roma, pues ambos prevén la pena de prisión perpetua y también admiten el acceso al beneficio de reducción de la pena después de transcurrido un período de tiempo y, en consecuencia, resultan concordantes con el criterio de la invalidez constitucional de la pena privativa de libertad realmente perpetua, que fue adelantado por la CSJN al admitir el recurso de hecho deducido en el caso “Jiménez Ibáñez” (Fallos, 329:2440).
Ello permite afirmar que no existe contradicción entre el régimen de prisión perpetua establecido en el artículo 80 del Código Penal y el sistema constitucional, ni vulneración de los tratados internacionales que la República Argentina ha suscripto y se encuentran incorporados a nuestra Constitución Nacional (arts. 31 y 75 inc. 22), en tanto aquélla no es realmente perpetua porque admite obtener la libertad condicional y acceder a regímenes de salidas transitorias y de semilibertad anticipada, con lo que resulta que, además, la finalidad resocializadora de la pena se cumple igualmente porque esos beneficios permiten al condenado mantener viva la esperanza de volver a obtener su libertad, cumpliendo las condiciones establecidas en la ley.
En síntesis, la pena de prisión perpetua es constitucional porque nuestra Carta Magna no prohíbe esa clase de pena sino que protege la dignidad inherente a la persona humana, vedando las penas degradantes, crueles o inhumanas. Incluso ninguno de los tratados internacionales mencionados (art. 75 inc. 22) han abolido la pena de reclusión o prisión perpetua (Breglia Arias, Omar; Gauna, Omar R., “Código penal y leyes complementarias comentado, anotado y concordado”, Ed. Astrea, Bs. As., 2003, Tomo 1, pág. 666; esta Corte, Tomo 159:983; 191:785).
12) Que por todo lo expuesto, la sentencia recurrida se cimenta en una motivación regular, elaborada en base a las pruebas introducidas al proceso sin objeción alguna, cumple con el presupuesto legal de fundamentación, al corresponderse con el plexo probatorio -con las explicaciones necesarias por las cuales se arriba a la decisión- por lo que debe ser considerada como un acto judicial debidamente motivado.
13) Que en consecuencia cabe rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 1148/1170 vta. y confirmar la condena impuesta a R. A. S..
La Dra. Susana Graciela Kauffman de Martinelli, dijo:
1º) Que adhiero al voto emitido por la mayoría, sin perjuicio de añadir las siguientes consideraciones.
2º) Que en el caso en análisis se ha configurado lo que se ha dado en llamar, ya con anterioridad a la reforma del art. 80 del Código Penal, como femicidio vinculado.
3º) Que es dable señalar que el “femicidio” ha sido categorizado de diferentes maneras y tres son los tipos más difundidos, que luego fueron explicitados en la reforma de la normativa penal (cuya entrada en vigencia se produjo poco tiempo después de acontecido el presente hecho): a) el femicidio íntimo, es decir, aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a éstas; b) el femicidio no íntimo o público, es decir, aquellos asesinatos cometidos por varones con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a éstas; frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el ataque sexual de la víctima y c) el femicidio por “conexión o vinculado” que registra dos categorías: 1) personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el crimen o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer, tal es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron asesinadas por el femicida; 2) personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad (actual inciso 12 del art. 80 del C.P.).
Éste último es el acontecido en autos, lo que es puesto de relieve en la sentencia en grado a fs. 1143 vta. último párrafo y fs. 1145 segundo párrafo “in fine” ya que el padre mató a su hijo para causar sufrimiento a la madre. Tal circunstancia emana de la declaración de M. J. G. (madre del menor fallecido) quien manifiesta que “… S. le dijo que si su hijo no era para él no iba a ser para nadie” (cfr. fs. 1021). Asimismo la testigo relatara los reiterados hechos de violencia inferidos a su persona por su ex pareja.
4º) Que por ello, si bien al momento del hecho no resultaba de aplicación al caso la reforma del art. 80 inc. 12 del Código Penal incorporada por Ley 26791, la conducta por la cual viene incriminado R. A. S. debe ser examinada también en el marco de lo que se encuadra como “femicidio vinculado” es decir aquellas acciones del femicida que para consumar su fin matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce dominación lo realiza sobre su entorno familiar o afectivo, a las que la reforma mencionada castiga con pena de prisión o reclusión perpetua.
5º) Que es preciso analizar el presente caso también dentro de las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y Ley 24632 la que en su art. 7º expresa: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia…”.
El derecho internacional de los Derechos Humanos al momento de la interpretación de estos tratados posee reglas propias que deben tenerse presente a la hora de la interpretación de su normativa y aplicación de medios hermenéuticos consignados en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados antes mencionados. Por lo que siendo un compromiso del Estado Argentino la aplicación del Tratado en este marco, se dictó la Ley 26485 (B.O. 14/04/2009) y su Decreto Reglamentario 1011/2010 (B.O. 20/07/2010) y en el año 2012 la Ley 26791 ya referenciada.
La Ley 26485 está basada principalmente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ratificada por Ley 24632, B.O. 9/4/1996), conocida como Convención de Belém do Pará, en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1979, ratificada por Ley 23179 (B.O. 03/06/1985; incorporada a la Constitución Nacional por el art. 75 inc. 22) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, ratificada por Ley 23849 (22/10/1990); art. 75 inc. 22 de la C.N.). Lleva el nombre de “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
6°) Que en consecuencia deben los jueces interpretar de manera insoslayable los distintos institutos de naturaleza penal que se relacionen en casos que involucren a mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de violencia, bajo pena de hacer incurrir al Estado Nacional en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
En el caso en examen si bien la víctima del homicidio no fue la ex pareja del condenado sí lo fue su hijo por lo que se trata -como ya se ha dicho- de femicidio vinculado o de una víctima indirecta de femicidio.
7º) Que por las razones expuestas voto por la confirmación de la sentencia casada y por la constitucionalidad de la pena aplicada.
Por lo que resulta de la votación que antecede,
LA CORTE DE JUSTICIA,
RESUELVE:
I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 1148/1170 vta.
II. MANDAR que se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos.
(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Abel Cornejo, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Ernesto R. Samsón -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).
001024E
