En una demanda laboral sobre cobro de rubros laborales iniciada contra un municipio ante el fuero laboral, corresponde declarar la competencia contencioso administrativa y se ordena al actor que adecue sus pretensiones en los términos de la ley 11330, pues se trata de resarcir los daños y perjuicios derivados del actuar ilegítimo de la administración en el marco de una relación de derecho público, y la circunstancia de que en la demanda se pretendan indemnizaciones fundadas en la Ley Contrato de Trabajo no le resta, en principio, su condición de pública.
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