Se hace lugar a la demanda por despido iniciada por la actora, toda vez que el pago de parte de la remuneración sin constancia documental configura una grave injuria laboral para el dependiente. Asimismo, se declaran procedentes las multas de la ley de empleo, habida cuenta de que tribunal consideró al telegrama colacionado dirigido a AFIP como instrumento público y tuvo por probado su diligenciamiento, pese al desconocimiento del mismo por parte de la demandada. Por último, se hace lugar a la pretensión por daño moral por hostigamiento laboral solicitado por la actora.
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