Se confirma la resolución de la Inspección General de Justicia que dispuso una multa en contra de la demandada, pues la recurrente no brindó una explicación plausible para su omisión de informar la nómina de autoridades y presentar estados contables, incumpliendo el deber de información derivado de los artículos 60 y 62 de la Ley General de Sociedades y la Resolución IGJ 1/2010.
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