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JURISPRUDENCIATasa de evaluación y fiscalización. Costas. Proporción
Se hace lugar al pago de las tasas de evaluación y fiscalización, establecidas en el art. 16 de la ley 24.051, distribuyéndose las costas en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes.
En Buenos Aires, a los 27 días de agosto de dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer el recurso interpuesto en autos «Mº DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE – AA 2053/94 C/ ESSO SAPA REFINERIA CAMPANA S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO», el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán, dice:
1º) Que, por sentencia de fs. 414/419, la señora jueza subrogante hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a ESSO S.A.P.A.
Refinería Campana a pagar la «tasa de evaluación y fiscalización», establecida por el art. 16 de la ley 24.051, por los períodos 1994, 1995, 1996 y 1997.
Impuso las costas en el orden causado «-en razón del resultado alcanzado y lo novedoso de la cuestión» (fs. 419 in fine).
Para resolver como lo hizo sostuvo, en primer lugar, que la demandada no había controvertido su calidad de generador de residuos peligrosos, la aplicación de la ley 24.051, así como tampoco la procedencia del cobro de la tasa de la evaluación y fiscalización por parte de la autoridad nacional en el período 1994/1997, «a pesar de encontrarse en jurisdicción provincial».
Recordó que por el art. 16, de la ley 24.051, se creó una tasa que debía pagarse en función de la peligrosidad y cantidad de residuos que produjeren los generadores y que este monto no podría ser superior al 1% de la utilidad presunta promedio de la actividad en razón de la cual se generasen los residuos peligrosos.
Aclaró que no correspondía la aplicación de la res. SDSPA 599/01, en tanto esta era posterior al período reclamado y al inicio del proceso.
Señaló que debía desestimarse el planteo de confiscatorierad ya que no se habían aportado elementos que mínimamente permitieran determinar su existencia.Asimismo, explicó que la empresa debía abonar el monto máximo de la tasa dado que no había adjuntado la documentación pertinente necesaria para su determinación.
Manifestó que no correspondía hacer lugar al período 1998, ya que el mismo había sido pagado a la provincia de Buenos Aires. Agregó que el 10/09/97, esta repartición y el Estado Nacional celebraron un convenio por el cual se estableció que la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos o especiales en territorio provincial, quedaría sujeto a su jurisdicción, en virtud de lo establecido por la ley nacional 24.051 y la ley provincial 11.720. Asimismo, afirmó que «este criterio, enraizado en principios constitucionales básicos, se vio forzado por cuestiones que responden a la inmediatez y eficacia, que aconsejaban asignar a la jurisdicción natural la fiscalización permanente y administrativa de los actores principales en materia de residuos peligrosos, considerando a su vez la relación directa con los municipios implicados y que dependieran de aquella en las cuestiones concernientes a la radicación industrial» (segundo párrafo de fs. 418vta.).
Por otro lado, hizo referencia al dictamen 10779 que indicaba que aun cuando la provincia ya contaba con una copiosa legislación ambiental, fue recién el 01/01/98 el momento en que entró en funcionamiento el Registro de la Provincia de Buenos Aires y por ello no correspondía el reclamo, ni el pago por el período 1998 ya que la demandada se encontraba sujeta al régimen provincial.
2º) Que, contra ese pronunciamiento, ambas partes interpusieron su recurso de apelación, la demandada a fs. 424, concedido libremente a fs. 425 y la actora a fs. 426, concedido libremente a fs. 427. Puestos los autos en la oficina, ESSO SAPA desistió de su recurso a fs. 435, mientras que el Estado Nacional expresó sus agravios a fs. 437/442, los que no fueron replicados su contraria (fs.445).
3º) Que, en primer término, la recurrente se agravia de la imposición de costas en el orden causado. Señala que la exención de costas que prevé el art. 68 del Código Procesal procede sólo cuando «media razón fundada para litigar», pero no podría prosperar sin la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia tal justificativo. Sobre esa base, indica que no hubo vencimientos parciales en la misma proporción ya que la sentencia resulto «favorable en un ochenta por ciento (80 %) a esta parte, rechazándose sólo un rubro» (quinto párrafo, fs. 438). Agrega que de confirmarse las costas se obligaría al erario público a abonar el … por ciento de los honorarios de la perito ingeniera. Además, considera que la cuestión de autos no es novedosa y fue tratada y analizada previamente por la jurisprudencia del fuero y de la CSJN.
Por otro lado, se queja respecto al rechazo del pago de la tasa de evaluación y fiscalización del año 1998, sostiene que aun cuando en ese año hubo un cambio de jurisdicción lo que se está reclamando es la contribución correspondiente a los residuos generados en 1997.
4º) Que, deviene inoficioso expedirse sobre el agravio referido al pago de la tasa de evaluación y fiscalización por el período reclamado toda vez que la jueza de la anterior instancia fue clara al señalar que correspondía «-hacer lugar a la demanda entablada por lo períodos 1994, 1995, 1996 y 1997» (el resaltado me pertenece).
5º) Que, en relación a la distribución de costas dispuesta en la anterior instancia, se principia por aclarar que el artículo 68 del Código Procesal consagra el principio rector en la materia, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (cfr. CSJN, Fallos:317:1636, 312:899, entre muchos otros; y, esta Sala, «Spinelli de Davasa Heybell Marta y otros c/ Estado Nacional (M° de Cultura y Educación) s/ empleo público», sentencia del 15/08/00, y «Condori de González Petronila y otros c/ Dirección General de Fabricaciones Militares», sentencia del 14/06/05, entre otros pronunciamientos).
No obstante ello, es posible reconocer excepciones a tal regla en las condiciones que se establecen en el segundo párrafo del artículo 68 del Código Procesal, al facultarse a los jueces a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, por decisión fundada (Fallos: 311:809 y 317:1640, entre otros).
Se ha interpretado que dicha facultad puede ejercerse aún cuando una de las partes haya sido totalmente vencida en el pleito, si aquella actuó sobre la base de una razonable convicción acerca del derecho que defendió (confr. Sala III, «Puntal S.A.C.I.F.I.A. c/Banco Hipotecario Nacional», sentencia del 31/08/82), o si la exención se encuentra debidamente justificada en otras particularidades del caso, que dan mérito para ello o se encuentran específicamente previstas en el Código Procesal.
Entre los supuestos especiales que prevé el Código Procesal en materia de costas se encuentra el previsto en el artículo 71, que permite distribuirlas prudencialmente en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes, cuando estos no se han visto satisfechos por completo respecto de la totalidad de lo solicitado en su demanda (confr. Sala III, «DANCHUK, Miguel y OTROS c/ D.N.V. s/ COBRO DE AUSTRALES», sentencia del 01/12/92), y tal resulta ser el caso de autos pues si bien la actora no resultó vencedor en todos los puntos de su reclamo, si lo fue en la mayoría. Dicha circunstancia resulta motivo suficiente para revocar las costas de la anterior instancia e imponerlas en ambas instancias en proporción a sus respectivos vencimientos.
Por ello VOTO por:
1) Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 435.
2) Confirmar la sentencia respecto al fondo de la cuestión, modificando la imposición de costas la que deberá distribuirse conforme a lo dispuesto en el considerando 5º.
Los señores jueces de Cámara Marcelo Daniel Duffy y Rogelio W. Vincenti adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
1) Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 435.
2) Confirmar la sentencia respecto al fondo de la cuestión, modificando la imposición de costas la que deberá distribuirse conforme a lo dispuesto en el considerando 5º.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE EDUARDO MORAN
MARCELO DANIEL DUFFY
ROGELIO W. VINCENTI
Ley 24.051 – BO: 17/01/1992
González, Maglio Elías c/Paye, Pablo Ángel s/ordinario – Cám. Civ. y Com. Santa Fe Sala II – 17/08/2010.
003753E
