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JURISPRUDENCIAACCIDENTE DE TRABAJO. Acción civil. Incapacidad laboral. Prescripción. Plazo
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, dado que la acción se inició luego de haber transcurrido los dos años desde que la trabajadora tomó conocimiento de su incapacidad laboral producto de un accidente de trabajo.
En la ciudad de La Plata, a 20 de mayo de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Negri, Pettigiani, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.901, «Fernández, Yesica Soledad contra Fiscalía de Estado -Pcia. Bs. As. y otro/a-. Accidente de trabajo-Acción especial».
ANTECEDENTES
El Tribunal del Trabajo nº 4 del Departamento Judicial San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la excepción de prescripción y rechazó la acción promovida, con costas en el orden causado (fs. 482/485 vta.).
La actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 504/515 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 520 y vta.
Dictada a fs. 538 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
CUESTIÓN
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
VOTACIÓN
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:
I. El tribunal del trabajo acogió la defensa de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires contra la acción deducida por Yesica Soledad Fernández, mediante la cual le había reclamado -con sustento en las normas del Código Civil- el cobro de una indemnización por la incapacidad laborativa que padece como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas bajo su dependencia.
Lo hizo por considerar acreditado que, en tanto la demanda fue interpuesta el día 6-V-2009 y la actora tomó conocimiento de la incapacidad que padece en el año 2005, había transcurrido, al momento en que la acción fue promovida, el lapso bienal de prescripción de la acción.
Para arribar a esa conclusión, ponderó el a quo en primer lugar que, según se desprende de la prueba pericial médica, si bien la actora se sometió a una cirugía programada de la columna lumbar el día 13-VI-2007, la afección que padece ya había sido detectada el día 8-VI-2005, dato que resultó corroborado por la junta médica que se le realizó a la trabajadora con fecha 11-VII-2005.
Añadió que de la documental acompañada por la propia actora (fs. 29/30) surge que, con fecha 8-VI-2006, tras practicarse una resonancia magnética de columna, se le informó que padecía una discopatía degenerativa, con signos de desgarro fibrilar y hernia de disco posteromedial, diagnóstico que fue confirmado por otra médica con fecha 14-III-2007, todo lo cual ratifica que la acción se había extinguido cuando se dedujo la demanda.
Con base en tales consideraciones concluyó -como anticipé- que «la toma de conocimiento debe ser fijada en el año 2005», descartando que dicho hito pudiese ser establecido en la fecha en que se le practicó la intervención quirúrgica (vered., fs. 480 y vta.).
Explicó todavía el tribunal que no se probó que la actora hubiere realizado denuncia administrativa o acto alguno susceptible de provocar la interrupción de la prescripción. Con todo, señaló que, de asignarse efecto interruptivo a la denuncia que formuló la empleadora a la aseguradora de riesgos del trabajo (efectuada el 23-II-2005), el plazo de prescripción debió comenzar a correr el 23-VIII-2005, por lo que de todos modos la acción se hallaría prescripta; incluso -concluyó- tomando una postura más favorable a la actora y contando la interrupción desde el día 11-VI-2005, el plazo habría comenzado a correr el 11-I-2006, por lo que la mencionada solución no variaría (vered., fs. 481 y vta.).
Ya en la sentencia, reiteró, con cita de la doctrina legal establecida por esta Corte en las causas L. 40.850 (sent. del 6-XII-1988) y L. 33.099 (sent. del 25-IX-1984) -entre otras-, que lo que se indemniza no es el accidente sino la incapacidad que ocasiona, por lo que el cómputo del plazo prescriptivo comienza a correr cuando el trabajador conoce la incapacidad que lo afecta, lo que no importa la técnica y precisa graduación del déficit, sino el conocimiento de la disminución de su capacidad de trabajo, independientemente del grado o porcentaje de la minusvalía, dato que debe fijarse judicialmente.
Luego, en tanto en la especie ello ocurrió el día 8-V-2005 (cuando se le practicó a la actora la resonancia magnética), o, en la hipótesis más favorable a la trabajadora, el día 11-VII-2005 (cuando se realizó la junta médica), la acción se hallaba prescripta a la fecha de la interposición de la demanda (sent., fs. 484).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la accionante denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 18 y 19 de la Constitución nacional; 1, 10, 15. 39 inc. 3 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 44 de la ley 24.557; 258 de la Ley de Contrato de Trabajo; 55 de la ley 11.653; 3989 del Código Civil y doctrina legal que identifica (fs. 504/515 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
1. En lo sustancial, cuestiona que el tribunal haya fijado la toma de conocimiento de la incapacidad el día 11-VII-2005 (fecha en que se celebró la junta médica), ignorando así que, en realidad, debió fijar el inicio del plazo de prescripción el día 11-IX-2007, fecha en la cual le explicaron a la actora los resultados de los estudios médicos.
Explica, en ese sentido, que mal pudo el tribunal computar como hito de inicio del lapso prescriptivo la fecha en que se efectuó la resonancia magnética, ni aquella en la cual se practicó la junta médica, pues constituyen estudios técnicos que los pacientes no saben interpretar, por lo que deben ser llevados al médico para comprenderlos.
Refiere que, en tanto el plazo de prescripción nace cuando el dependiente adquiere noción cabal de la disminución de su capacidad laboral, y se prolonga durante el tiempo de inacción voluntaria del actor, mal pudo empezar a correr mientras la empleada desconocía la etiología de su discopatía lumbar.
No obsta a ello -dice-, la junta médica celebrada en julio de 2005, que fue realizada al solo efecto de justificar las ausencias, máxime cuando en la misma apenas se constataron dolores lumbares, sin que se los hubiese vinculado causalmente con el accidente.
Invoca en apoyo de su postura lo resuelto por esta Corte en la causa L. 78.632, «Gutiérrez» (sent. del 21-II-2007), entre otras, en cuanto se resolvió que la exigibilidad del crédito y la acción se originan cuando el trabajador adquiere conocimiento de la disminución de su capacidad laboral (y no cuando se produjo el accidente). Añade que la aparición de los primeros síntomas de la minusvalía no puede tomarse como punto de partida de la prescripción, en tanto no constituye la determinación de la incapacidad a la que hace referencia el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sobre esa base argumental, insiste en que el plazo de prescripción comenzó a correr el día 11-IX-2007, cuando, tras la intervención quirúrgica que se le practicó el día 13-VI-2007, se le otorgó a la actora el alta médica. Luego, en su criterio, el tribunal no debió basarse en los estudios médicos de fechas 8-VI-2005 y 14-III-2007, sino en los certificados del 11-IX-2007, desde que de estos últimos surge la explicación del médico a la paciente acerca de los efectos de la dolencia.
2. Desde otro ángulo, plantea que, al considerar que el plazo comenzó a correr el día 11-VII-2005, el juzgador dio por tierra con lo normado por el art. 44 de la ley 24.557, con arreglo al cual las acciones derivadas de esa ley prescriben a los dos años desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada, o en todo caso transcurridos dos años desde la extinción de la relación de trabajo.
Luego, siendo que la actora tenía derecho a una prestación provisoria durante 36 meses prorrogables por 24 meses más, (es decir, 60 meses, o 5 años desde el accidente), para recién con posterioridad devengar el derecho a la prestación por incapacidad definitiva, la acción deducida el 6-V-2009 no pudo considerarse prescripta. Máxime cuando tampoco transcurrieron dos años desde la extinción del vínculo laboral, que continúa vigente.
3. Por otra parte, alega que, de seguirse la interpretación acuñada por el tribunal, debe considerarse que el reconocimiento efectuado por el empleador en cada una de las juntas médicas interrumpió el plazo de la prescripción en los términos del art. 3989 del Código Civil, lo que evidencia que el juzgador confundió esa norma con el art. 3986 del mismo ordenamiento.
III. El recurso no prospera, pues ha sido insuficientemente fundado (art. 279, C.P.C.C.).
1. No alcanza la recurrente a rebatir la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad determinada en el fallo, conducto por el cual el tribunal de grado culminó declarando prescripta la acción.
a. Es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción constituyen -en tanto involucran el análisis de aspectos de hecho- cuestiones privativas de los tribunales del trabajo, en principio irrevisables en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (conf. causas L. 109.322, «Barrientos», sent. del 19-IX-2012; L. 107.783, «Menno», sent. del 14-III-2012; L. 100.977, «H., L.», sent. del 2-III-2011; L. 104.077, «Andersen», sent. del 23-II-2011; L. 100.239, «García», sent. del 18-VIII-2010; L. 94.234, «Andino de Moreno», sent. del 26-VIII-2009; L. 85.861, «Tellechea», sent. del 18-IV-2007; L. 86.872, «Sánchez», sent. del 27-VI-2007; L. 78.827, «Sánchez», sent. del 1-IV-2004; L. 74.049, «Jara», sent. del 28-V-2003; L. 58.518, «Rivas Mora», sent. del 17-VI-1997; L. 48.733, «González», sent. del 6-X-1992; L. 34.070, «Lorenzoni», sent. del 14-V-1985; L. 33.785, «Svistuniuk», sent. del 21-XII-1984).
b. Aunque lo denuncia, juzgo que la recurrente no logra demostrar que el fallo se encuentre afectado por el vicio de marras.
Evidenciando una técnica recursiva deficiente, se limita la impugnante a oponer a la conclusión principal del juzgador (afincada en que la actora tomó conocimiento de su incapacidad el día 8-VI-2005 o, en todo caso, el 11-VII-2005, cuando se detectó la lesión invalidante que la afectaba, vered., fs. 480 vta.), su apreciación personal sobre el punto, sin siquiera detenerse a explicar -con la contundencia que es exigible para ingresar al análisis de cuestiones fácticas y probatorias, por regla ajenas al ámbito de la casación- en qué consistiría el grave dislate constitutivo del absurdo que endilga al pronunciamiento.
En efecto, la quejosa ni siquiera se ocupa de rebatir con contundencia el razonamiento esgrimido por el juzgador para desechar la fecha de toma de conocimiento por ella denunciada (vered., fs. 480 y vta.), pretendiendo que el juzgador debió haber ponderado (en lugar de los estudios médicos que mencionó en el veredicto) los certificados médicos confeccionados el día 11-IX-2007 (ver recurso, fs. 511 vta.).
Ignora así que el absurdo no se configura -como parece creer la recurrente- mediante la pretensión de disputar al tribunal del trabajo su facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, que constituye un método totalmente inapropiado para denunciar la existencia del vicio invocado (conf. causas L. 107.783, «Menno», sent. del 14-III-2012; L. 86.736, «Fuzik», sent. del 15-XI-2006; L. 67.121, «Arena», sent. del 6-IV-1999; L. 60.830, «Kittlein», sent. del 20-VIII-1997). También, que la mera exhibición de un criterio discrepante (conf. causas L. 102.279, «Bulacio», sent. del 20-X-2010; L. 80.599, «Ruiz», sent. del 27-VIII-2003; L. 34.291, «Garau», sent. del 21-V-1985) o la crítica del interesado basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal (conf. causas L. 98.181, «Duarte», sent. del 28-V-2010; L. 84.287, «R., R.», sent. del 31-VIII-2007; L. 81.383, «Arrospide», sent. del 24-VIII-2005) distan, en mucho, de constituir una vía idónea para demostrar el absurdo.
Ante la marcada insuficiencia de la crítica, lo expuesto basta para desestimar el agravio, desde que -como es sabido- corresponde a la parte que lo alega demostrar la existencia de «absurdo» y no a la Suprema Corte explicar por qué no se configura (conf. causas L. 104.313, «Fernández», sent. del 27-IV-2011; L. 101.165, «Prado Delgadillo», sent. del 10-III-2011; L. 98.143, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent. del 11-III-2009; L. 89.615, «Ortigosa», sent. del 28-V-2008; L. 85.178, «Arce», sent. del 11-IV-2007; L. 84.493, «Carro», sent. del 21-VI-2006; L. 57.164, «Borja», sent. del 3-X-1995; L. 36.127, «Ogroglich», sent. del 3-VI-1986; L. 34.426, «Gómez», sent. del 9-IV-1985; L. 32.901, «Arias», sent. del 15-V-1984).
c. Por otra parte, resulta estéril la invocación de la doctrina legal con arreglo a la cual la exigibilidad del crédito y la acción se originan cuando el trabajador adquiere conocimiento de la disminución de su capacidad laboral (y no cuando se produjo el accidente), habida cuenta que, respetando esa hermenéutica, el tribunal lejos de haber fijado el dies a quo del plazo de prescripción en el momento del accidente (ocurrido el día 22-II-2005, vered., fs. 479 vta.), lo estableció en el momento en el cual, a su juicio, la actora tomó conocimiento de su minusvalía (8-VI-2005 o 11-VII-2005, vered., fs. 480 vta.), por lo que mal podría considerarse que se apartó de la jurisprudencia de este Tribunal invocada a fs. 510/511 del embate.
Por similares motivos, no acierta la quejosa en cuanto denuncia transgredido el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A contrario de lo que parece haber interpretado la agraviada, la determinación de la incapacidad a que alude el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo no importa la técnica y precisa graduación del déficit laborativo que aqueja al trabajador, sino que coincide con la fecha en que el mismo toma conocimiento del carácter irreversible de su minusvalía, lo que supone una noción cabal de su parte que sufre un déficit laborativo permanente, no resultando exigible el parejo conocimiento, o la noción, de su magnitud (conf. causa L. 84.052, «Paniagua», sent. del 19-IX-2007; entre muchas).
2. En otro orden, es improcedente el agravio por el cual se denuncia la violación del art. 44 de la ley 24.557.
Ello porque, en tanto en la especie la acción deducida tiene por objeto la reparación integral del daño con sustento en las normas del derecho común (arts. 1109 y 1113 del Código Civil, ver demanda, fs. 75 vta./88) -y no un resarcimiento sistémico fundado en la ley 24.557-, el citado precepto legal no resulta aplicable al caso.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que si la pretensión por la cual se reclama una indemnización por los daños derivados de un accidente de trabajo se encuentra fundada en el art. 1113 del Código Civil, la prescripción de esa acción no está alcanzada por el art. 44.1 de la ley 24.557, sino por las normas que regulan dicho instituto respecto de las acciones por responsabilidad civil extracontractual (arts. 3947, 3949, 3956, 4037 y cc., Código Civil; conf. causa L. 117.271, «López», sent. del 29-X-2014; con voto del suscripto en primer término).
3. Por último, tampoco asiste razón a la impugnante en cuanto señala que el reconocimiento de la dolencia que afecta a la actora en las sucesivas juntas médicas realizadas por el Fisco interrumpió la prescripción en los términos del art. 3989 del Código Civil.
Más allá de que el planteo ha sido efectuado de manera dogmática e imprecisa, lo igualmente relevante para desestimarlo es que el mismo no fue introducido oportunamente por la actora al replicar, en el segundo traslado, la excepción de prescripción opuesta por la accionada (ver fs. 139/141), por lo que su incorporación en el recurso extraordinario debe reputarse extemporánea.
Basta, pues, para rechazar el agravio recordar que resultan ineficaces para habilitar la instancia extraordinaria las razones introducidas en el recurso, producto de una reflexión tardía del recurrente quien, frente al fracaso de su pretensión, procura reconducirla con renovados fundamentos (conf. causas L. 98.496, «Berón», sent. del 2-VII-2010; L. 96.480, «González», sent. del 26-VIII-2009; L. 89.861, «Piñeiro», sent. del 18-VI-2008).
Máxime cuando la actora no denunció en dicha oportunidad la existencia de motivos susceptibles de provocar la suspensión o interrupción del plazo de prescripción circunstancias que, como es sabido, no pueden ser introducidas oficiosamente por los magistrados (conf. causas L. 109.322, «Barrientos», sent. del 19-IX-2012; L. 98.724, «Gutiérrez», sent. del 21-IV-2010; L. 95.269, «Fernández», sent. del 24-VI-2009).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Costas a la recurrente vencida (art. 289 del C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores Negri, Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
SENTENCIA
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JUAN CARLOS HITTERS
HECTOR NEGRI
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
GUILLERMO LUIS COMADIRA
Secretario
Ley 20.744 – BO:27/09/1974
Ley 24.557 – BO: 04/10/1995
007245E
