Se resuelve que la solicitud de copias certificadas de la sentencia y las liquidaciones impagas en el juzgado de origen, a los efectos de demostrar un crédito laboral, configuran un acto que interrumpe el plazo de prescripción establecido en el artículo 56, LCQ. Para decidir de este modo, se tuvo en cuenta que se trataba de un crédito laboral y que el criterio de interpretación del instituto de la prescripción debe ser restrictivo.
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