Se declara la constitucionalidad del art. 12 del Código Penal, en tanto priva al interno de la administración de sus bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos, pero se reputa inconstitucional el art. 19 del digesto referido, en cuanto preceptúa “La inhabilitación absoluta importa: ...la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión...”.
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