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JURISPRUDENCIACosa juzgada. Valoración. Tipo penal. Resarcimiento civil. Responsabilidad civil. Caso fortuito. Fuerza mayor
Se rechaza el recurso de nulidad, pues no se advierte la existencia de vicios o irregularidades procesales declarables de oficio.
En la ciudad de Rosario, a los 22 días del mes de Setiembre de dos mil quince, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, doctores Ariel C. Ariza, María Mercedes Serra y Edgar J. Baracat con quienes se integra el Tribunal, para resolver en la causa caratulada “RIVERO, Juan J. contra SCONOCHINI, Hugo y/o ot. sobre Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 65/2013, estableciéndose al efecto plantear las siguientes cuestiones:
Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?
Segunda: ¿Es ella justa?
Tercera: ¿Qué resolución corresponde dictar? Correspondiendo votar en primer término al señor vocal doctor Ariza, a esta primera cuestión dijo:
El recurso de nulidad interpuesto a foja 228 no ha sido sustentado en esta instancia. Tampoco se advierte la existencia de vicios o irregularidades procesales declarables de oficio y, a todo evento, las quejas de la recurrente son canalizables por el recurso de apelación ya que denuncia la existencia de supuestos errores in iudicando y no in procedendo, sumado al hecho de que la nulidad es estricta y restrictiva. Así me expido (art. 360 y 361 del C.P.C.).
Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Serra, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que coincide con los fundamentos expuestos por el señor vocal doctor Ariza y vota en el mismo sentido.
Concedida la palabra al señor vocal doctor Baracat, a quien le correspondió votar en tercer término, y a ésta cuestión dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advertir la existencia de dos votos totalmente concordantes, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art. 26, ley 10.160, absteniéndose de emitir opinión.
A la segunda cuestión el señor vocal doctor Ariza dijo:
1. La Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 2, del Distrito Judicial N° 6, mediante sentencia N° 1.892 del 22.11.2011 -fs. 216/223- hizo lugar a la demanda y condenó Víctor Hugo Sconochini a pagar a la parte actora dentro del término de diez días, la suma que surgiría de la planilla a practicarse. Estableció que dicho monto devengaría intereses desde la fecha del accidente y hasta el vencimiento del plazo que la sentencia otorga a la tasa del 8% anual. Desde el vencimiento del plazo referido dispuso que se aplique la tasa activa promedio mensual vencida del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos a treinta días. Hizo extensivo el efecto de la sentencia a FATA S.A. Impuso las costas al demandado vencido.
Contra dicho decisorio interpuso recurso de apelación la parte accionada -fs. 228- expresando agravios a fs. 242/249. La parte apelante criticó el pronunciamiento de primera instancia señalando que se había efectuado una interpretación errónea, parcial y antojadiza al invertir la carga probatoria atento haberse causado el accidente por la conducción del Sr. Adrián José Rivero. Luego de transcribir considerandos de la sentencia apelada indicó que el sumario penal concluyó con el archivo de la causa en razón de que no encontró recaudos que autoricen a deducir la aparente existencia de una conducta subsumible objetiva y subjetivamente en alguno de los tipos penales previstos en la ley sustancial. Afirmó que el a-quo confundía lugar prohibido para estacionar con lugar prohibido para estacionar vehículos pesados. Indicó que el lugar no era prohibido para estacionar indicando que si hubiese estado estacionado un auto o camioneta también se hubiese producido el hecho con las mismas consecuencias. Expuso que la supuesta ordenanza que fue promulgada un mes antes del hecho no era conocida por el demandado. Dijo que se equivocaba el decisorio cuando afirmaba que era la causa eficiente de la producción del accidente considerando que esa circunstancia no revestía por sí influencia causal relevante. Afirmó que las fotografías del sumario penal demostraban en forma clara el lugar de los hechos siendo además claros los testimonios en cuanto que desde siempre existen camiones o acoplados estacionados en la Avenida Alem. Invocó que la jurisprudencia es unánime en cuanto que el estacionamiento en violación a normas municipales no es un acontecimiento imprevisible ni siquiera excepcional y por sí solo no basta para atribuir responsabilidad por daños ocasionados a raíz de un accidente. Expuso que el demandado Sconochini no tuvo culpa. Expuso que era un requisito de la responsabilidad del agente dañoso el juicio de valor que merezca la conducta obrada y que permita formular una declaración de culpabilidad respecto de aquél. Se agravió de que la a-quo sin sustento lógico ni fáctico expresó que la cosa inerte por las circunstancias y contigencias climáticas se transforma en cosa riesgosa. Estimó que el razonamiento resultaba absurdo haciendo responsable al propietario del acoplado en razón de la existencia de mal tiempo. Objetó que posteriormente se haya sostenido que la causal culpa de la víctima debía ser alegada y probada. Dijo que del propio sumario penal surgía que la noche era oscura y lluviosa y que existía mala visibilidad por falta de luces en la calle no pudiendo estos hechos ser interpretados contra el propietario de la cosa inerte. Adujo que el acoplado no estaba estacionado en medio de la calle ni obstruyéndola. Entendió que lo más frecuente era que debía presumirse la culpa del conductor del vehículo que embiste a otro. Cuestionó la sentencia en cuanto consideró que la demandada debió probar la negativa a la afirmación de la actora con referencia al uso del casco, atento que los actores nunca alegaron que la víctima tenía puesto casco protector. Estimó que el a-quo invertía la carga de la prueba.
Corrido traslado de la expresión de agravios, lo contestó la parte apelada a fs. 251/254, oponiéndose.
2. El relato de los antecedentes de la causa ha sido adecuadamente desarrollado por la sentenciante de primera instancia -fs. 216/218vto.- por lo cual a dicha relación de hechos, que no ha sido objeto de reproche alguno, corresponde remitir en esta instancia.
La crítica de la parte apelante basada en que el Juez penal no encontró razones que autoricen a deducir la aparente existencia de una conducta subsumible objetiva o subjetivamente en alguno de los tipos penales no resulta atendible. Ello por cuanto constituye doctrina judicial reiteradamente sostenida que la resolución de archivo adoptada por el Juez penal que conoció de los hechos que motivaron el posterior reclamo por resarcimiento civil no implica condicionamiento alguno para la determinación de la responsabilidad civil del causante del daño. En efecto, que no hayan existido elementos que justifiquen encuadrar los hechos examinados en un tipo penal no constituye óbice para que, en cambio, pueda establecerse -como lo hizo el fallo en recurso- que estaba acreditada la responsabilidad civil del demandado, atento que los fundamentos de una y otra índole de responsabilidad son diferentes y tienen distintos requisitos de procedencia.
Debe repararse que la decisión de archivo de la causa ni siquiera alcanza a establecer los efectos de cosa juzgada que puede tener por ejemplo una decisión de sobreseimiento (arg. art. 1103 del C.C.), razón por la cual la valoración de no concurrencia de elementos del tipo penal respecto de la conducta examinada no proyecta efectos condicionantes sobre el juzgamiento de los presupuestos de la responsabilidad civil.
Es que los mencionados efectos condicionantes tienen lugar en los supuestos en que el pronunciamiento se encuentra estrechamente vinculado a la sentencia a dictarse en el proceso criminal, en relación con la calificación de los hechos en que se funda la acción civil; pues en ellos existe la misma razón de orden público, la cual reside en asegurar al respecto el principio de la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal. La justificación de su aplicación radica, entonces, en la conveniencia de que ambos pronunciamientos no se ignoren enteramente y porque en algunos supuestos, la sentencia penal hace cosa juzgada con respecto a la acción civil (LLAMBÍAS, J. Tratado de Derecho Civil, t.IV-B, pág.70, n° 2764 y pág.65 y sigts., n° 2762 y t.II-B, pág.399; SALAS, Acdeel E., Código Civil Anotado, Depalma, 1956, T.I, pág.563, n° 1), elementos que, como se vio, no concurren en autos.
En lo referido al lugar de estacionamiento del acoplado contra el que colisionó la víctima, resulta necesario destacar en forma liminar que las alusiones que introduce la parte apelante en el memorial recursivo sobre la vigencia de la Ordenanza 4113 del año 2000 sancionada por el Concejo Municipal de la ciudad de Cañada de Gómez no formaron parte de la postura defensiva asumida al contestar la demanda, oportunidad en la cual el demandado no sostuvo en modo alguno que el mencionado cuerpo legal no estuviese vigente o que tampoco lo haya conocido. Antes bien, desarrolló su posición defensiva sobre la base del alcance de las previsiones de la Ordenanza.
A todo evento le asiste razón a la parte apelada cuando con toda precisión refiere -en el responde a los agravios del accionado- que se agregó al proceso respuesta del Municipio de Cañada de Gómez -fs. 157/162- en el que se consignó que la vigencia de la Ordenanza se estableció desde la fecha de su promulgación, elemento éste que no fue motivo de consideración ni cuestionamiento por parte del apelante.
En cuanto a la invocación de que no se trataba de un lugar genéricamente prohibido para estacionar sino que mediaba una prohibición para estacionar vehículos pesados, ha de observarse que la argumentación no reviste decisividad para arribar a una solución distinta a la adoptada en la instancia de origen. Por una parte, resulta necesario reparar en que la sentencia en crisis valoró la infracción en consonancia con otras circunstancias en las que apoyó la calificación del acoplado como cosa riesgosa causante del daño. Es decir, no se trató de una mecánica consideración de la magistrada en cuanto que el sólo hecho de registrarse una inobservancia de la Ordenanza en cuanto a la prohibición de estacionar vehículos pesados, determine la caracterización de la cosa como riesgosa sino que tal circunstancia fue cotejada conjuntamente con la iluminación del lugar, las condiciones climáticas, etc. valoración conjunta e integrada del material probatorio que aparece como adecuada en las circunstancias del caso.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el argumento referido a que otro vehículo como un auto o una camioneta podría haber estado estacionado con posibilidad de que se genere igual resultado carece de toda consistencia. Es que, la decisión estatal de limitar la circulación y estacionamiento de vehículos pesados en el radio urbano trasluce el criterio de considerar a esta categoría de vehículos con mayor precaución y necesidad de prevención, lo que no aparece como irrazonable. En el caso, poco importa conjeturar sobre el posible resultado si el estacionado hubiera sido un vehículo permitido atento que si el examen de hecho hubiera determinado de todos modos que se trataba de una cosa riesgosa del mismo modo habría correspondido atribuir responsabilidad. Como tales circunstancias de hecho están únicamente instaladas en el plano conjetural poco aporta el argumento para contrarrestar la conclusión de la sentencia suficientemente asentada en los elementos de acreditación incorporados al proceso.
La invocación de las fotografías correspondientes al proceso penal, agregadas al trámite de declaratoria de pobreza, tampoco otorgan base a las críticas del apelante. Es que ni siquiera expresa la recurrente cuál es la conclusión que pretende extraer de estos elementos documentales, no observándose de ellas que contradigan por ejemplo la descripción que surge del acta de inspección ocular -conf. fs. 71 del mismo proceso-.
En orden a la invocación de ausencia de culpabilidad del demandado Hugo Sconochini corresponde señalar que el argumento no es idóneo para desvirtuar la conclusión atributiva de responsabilidad establecida en el fallo apelado. Ello por cuanto, se ha entendido aplicable al caso lo establecido por el art. 1113 2do párrafo del C.C., disposición legal cuyo factor de atribución es objetivo, resultando irrelevante a su respecto la carencia de culpabilidad del demandado, dado que la disposición atribuye la responsabilidad por el daño causado al dueño de la cosa, en razón del riesgo creado.
Objetó también el apelante el tramo del decisorio que calificó al acoplado contra el que colisionó la víctima como cosa riesgosa. Si bien alega el apelante que sería absurdo endilgarle responsabilidad por la mala visibilidad existente o por las condiciones climáticas lo cierto es que la sentencia lo hace responsable del riesgo creado por la cosa que es de su propiedad, surgiendo que tal riesgo efectivamente se consideró configurado por las condiciones del lugar en que ella se encontraba. Tal valoración del riesgo de la cosa, conforme a las circunstancias en que se produjo el evento dañoso no sólo no es criticable sino que se corresponde con la necesidad de ponderar el riesgo de la cosa en su dimensión concreta. Que factores ajenos que puedan determinar el riesgo de la cosa inerte, no dependan exclusivamente de su dueño, no exonera a éste del deber de previsión que le corresponde por su carácter de propietario.
Se quejó finalmente la apelante de que la sentencia no tomó adecuadamente en consideración la alegación que efectuó de la causal culpa de la víctima. Sin embargo, el decisorio de primera instancia ha efectuado un correcto encuadramiento de la defensa intentada por el demandado entendiendo que no se había demostrado la incidencia de la culpa de la víctima en el caso -fs. 220 vto./221-. Es que, efectuado el encuadramiento del caso bajo la regulación del art. 1113 del C.C. 2do párrafo, el juicio inicial recae sobre el contacto de la víctima con la cosa riesgosa, derivándose de ello que la disposición legal pone en cabeza del responsable la demostración de la ruptura del nexo causal. Intentar, como lo hace el apelante, invocar la condición de embistente de la víctima supone desconocer cuál ha sido el encuadramiento normativo del caso, dado que el modo de producción del evento dañoso, en el pensamiento sentencial, ha sido ocasionado por la cosa inerte a la que se calificó como riesgosa. De tal forma, ni la invocación del carácter de embistente ni la invocación de falta de dominio del vehículo pasan de ser alegaciones genéricas que no encuentran entidad ni asiento probatorio como para transformarse en la causal culpa de la víctima.
En abono de la conclusión sentada en el decisorio apelado cabe recordar que: “…la culpa de la víctima con virtud para cortar el nexo de causalidad entre la actividad y el perjuicio a que alude la última parte del art.1113 del Cód. Civil, debe aparecer como la única causa del daño, para romper totalmente el nexo aludido, y revestir las características de la imprevisibilidad e inevitabilidad propia del caso fortuito o fuerza mayor (Corte de Justicia de la Nación, Prile de Nicolini c. Segba, 15 de octubre de 1987; Entel c. Dycasa, 9 de setiembre de 1986; Fernández c. Ballejo, 11 de mayo de 1993), extremos que no han sido acreditados por la demandada invocante. Además, la culpa de la víctima se debe demostrar en forma indudable por las características especiales de la defensa, apreciándose con pautas restrictivas (Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Provincia de Buenos Aires c. Mustafá, R.E.D. T.23-50, entre otros)” (C. Civ. y Com., Rosario, Sala 1ra. “Correa, Alicia c. Pérez Villena y/u otros”, L.L.Litoral 2000-269)” (C. Civ. y Com. Rosario, Sala 1ra., “Lazzari, Alberto Daniel c/ Tomazzini, Adelquis”, Acuerdo N° 523 del 16.12.2008).
En la misma tesitura, en el precedente de esta Sala recaído in re “Santángelo, Raúl c/ Colomina, Néstor” (Acuerdo N° 186 del 09.06.2008), se sostuvo en consideraciones que son trasladables al sub lite que: Para que la «culpa de la víctima» tenga aptitud para cortar el nexo de causalidad, ésta debe aparecer como la única causal del daño y revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (conf. CS, Fallos: 321:700 y 1462; CSJPSF, A. y S., «Levy», T.105, p.192, «Espíndola», T.105, p.198, «Simili», T.132, p.351, «Lazzari de Milanesi», T.148, p.240, entre otros)”.
Cabe agregar, finalmente, que no ha mediado inversión de la carga probatoria alguna atento que la carga probatoria en cabeza del dueño de la cosa derivó por determinación legal al considerarse subsumido el caso en lo dispuesto por el art. 1113 2do párrafo del C.C.
Sobre la cuantificación de los daños reclamados no ha mediado agravio de la parte apelante.
A esta segunda cuestión voto pues por la afirmativa.
Concedida la palabra a la señora vocal doctora Serra, a esta cuestión dijo: Que coincide con lo expuesto por el señor vocal doctor Ariza y vota por la afirmativa.
Sobre esta misma cuestión, el señor vocal doctor Baracat, dijo: Que se remite a lo expuesto en la primera cuestión, absteniéndose de emitir opinión.
A la tercera cuestión, el señor vocal doctor Ariza, dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores el pronunciamiento que corresponde dictar es: Rechazar los recursos de nulidad y apelación con costas al apelante. Los honorarios de Alzada deben regularse en el … por ciento (… %) de los que corresponden a la instancia de origen.
Así voto.
Sobre esta tercera cuestión la señora vocal doctora Serra dijo: Que coincide con la resolución propuesta por el señor vocal preopinante, y vota en igual forma.
Concedida la palabra al señor vocal doctor Baracat, a esta cuestión dijo: Que se remite a lo considerado en la primera cuestión, y se abstiene de votar.
En mérito a los fundamentos del Acuerdo que antecede la Sala Primera Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: Rechazar los recursos de nulidad y apelación con costas al recurrente. Regular los honorarios de Alzada en el … por ciento (… %) de los que corresponden a la instancia de origen. Insértese, hágase saber y bajen. (Expte. Nro. 65/2013).
ARIZA
SERRA
BARACAT
-art.26 ley 10.160-
Nota:
(*) Sumarios elaborados por Juris online
005244E
