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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido por falta de trabajo o fuerza mayor. Cierre de establecimiento
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la pretensión indemnizatoria del trabajador, pues el cierre del establecimiento del empleador por orden judicial no constituye por sí mismo una causal de despido por fuerza mayor (art. 247 LCT).
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de abril de 2015, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:
I.- Llegan las actuaciones a esta Sala por el recurso de apelación planteado por la demandada contra la sentencia que hizo lugar al reclamo. La parte actora contestó los agravios a fs. 163.
El perito contador recurrió la regulación de honorarios, por considerarla insuficiente.
II. Se agravia el demandado por la decisión de la señora Jueza a quo que lo condenó al pago de la indemnización prevista en el artículo 245 de la LCT, aplicó multas pese la ausencia de pruebas, impuso las costas a su parte, aplicó una multa diaria para el supuesto de demora en la entrega de los certificados y reguló honorarios elevados -a su criterio-.
III. El recurso planteado por la condena al pago de la indemnización prevista en el artículo 245 de la LCT, es insuficiente, porque el recurrente no se hace cargo del fundamento con el que el señor Juez a quo desestimó su pretensión. Esto es, la falta de acreditación del cierre del inmueble ubicado en Florida …. No obstante, aún en el mejor de los supuestos para el mismo, cabe destacar que el cierre del establecimiento por orden judicial no constituye una causa de fuerza mayor si no se acredita la ajenidad a algo que es propio del riesgo empresario. Por ello, corresponde confirmar lo resuelto en grado (artículo 116 L.O.).
IV. Seguidamente recurre el accionado, de forma bastante confusa, por cierto, la aplicación de multas (presumo que se refiere a las de los artículos 1 y 2 de la Ley 25.323) pese -a su decir- la ausencia de probanzas rendidas por la actora.
Funda su recurso en el hecho que la actora no lo intimó a regularizar la relación laboral, lo que le impediría reclamar la aplicación de multa alguna, pero soslaya que la intimación previa no es requisito para la procedencia de la indemnización del artículo 1 de la Ley 25.323, y que mediante la CD …, cuya copia obra a fs. 13, la trabajadora intimó el pago de las indemnizaciones por despido, circunstancia que habilita la procedencia de la sanción del artículo 1 de la Ley citada. Y el Correo Argentino, a fs. 15, confirmó la autenticidad de dicha misiva.
Por ende, propongo se confirme este aspecto de la sentencia.
V. Finalmente, la queja referida a la imposición de astreintes para el supuesto de demora en la confección y entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la LO, es improcedente.
Las astreintes son sanciones conminatorias, que fueron impuestas para la eventual falta de entrega de los certificados de trabajo y aportes previsionales, sin perjuicio de la carencia de fundamento del pedido, cabe recordar que las astreintes son siempre provisionales y revocables y, a mayor abundamiento no existe injuria actual para el demandado, por lo que nada cabe reparar.
VI. Atento que existen planteos respecto de las costas y los honorarios regulados a la representación letrada de las partes y perito contador, corresponde tratarlos.
En cuanto a las costas, no encuentro mérito para apartarme del principio general aplicado en grado, atento que la demandada resultó vencida.
Respecto los honorarios de la representación letrada de las partes y del perito contador, en atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, el marco del valor económico en juego, y de conformidad con las pautas arancelarias previstas por el art. 38 de la L.O., y los arts. 6, 7, 8, y sig. Ley 21.839, soy de opinión que los honorarios regulados no son elevados, por lo que propicio que sean confirmados, (conf. art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21.839).
VII. Por lo expuesto, propongo en este voto se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; se impongan las costas de esta instancia a la apelante (artículo 68 CPCCN); se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes en el …% de lo que fueran regulados en la instancia anterior.
EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:
Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios;
2) Imponer las costas de Alzada a la apelante;
3) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y demandado, por sus trabajos en esta instancia, en el …%, respectivamente, de lo fijado por la anterior. Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/5/13 y, oportunamente, devuélvanse.-
VICTOR ARTURO PESINO
JUEZ DE CÁMARA
LUIS ALBERTO CATARDO
JUEZ DE CÁMARA
Ante mí:
ALICIA E. MESERI SECRETARIA
Ferreirós, Estela M., Relaciones entre el principio de ajenidad y el despido por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Erreius on line, mayo 2007.
001151E
