Se confirma la decisión en cuanto se descartó la operatividad al caso del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, al concluirse que la crisis económica nacional, la caída pronunciada del producto bruto interno, del consumo, de la actividad económica y la altísima inflación en general no resultaban idóneas para justificar la aplicación de la norma en debate, desde que también era menester que la empresa denuncie y acredite (en concreto) haber tomado medidas empresariales apropiadas para intentar evitar que esas circunstancias proyecten sus efectos sobre los trabajadores, habida cuenta de que los riesgos propios de la actividad no deben trasladarse a quienes se desempeñan en relación de dependencia, sino que deben ser afrontados por el empresario.
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