Se dispone el cese de la intervención de la jurisdicción penal para entender en una medida de seguridad impuesta al imputado desde hace más de quince años, sin límite de tiempo establecido y en clara violación de los principios de legalidad y proporcionalidad, pues atenta contra los derechos fundamentales de quienes tienen una discapacidad mental y por ello se encuentran en una situación de vulnerabilidad aún mayor.
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