Se hace lugar a la demanda interpuesta por el actor y se ordena la suspensión de la circular 1/2017 y de la resolución general 3997-E., ambas normas reglamentarias de la ley 27253. Para decidir así, el tribunal explicó que resultó violatorio del principio de legalidad tributaria la indebida extensión de la obligación de los profesionales en derecho, de aceptar como medios de pago las transferencias instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios de pago que el Poder Ejecutivo Nacional considere equivalentes.
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