Se hace lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor y, en consecuencia, se declara la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 3 de la ley 3021 y de su reglamentación dispuesta en el artículo 3 del Decreto nº 377/09, en cuanto excluyen al actor del ejercicio del derecho de opción de obra social por el solo hecho de ser un agente pasivo. Para decidir de este modo, se dijo que una restricción al derecho de opción de la obra social de fuente legal se traduce en una afectación indirecta al derecho de igualdad y no discriminación, cuya garantía mediante acciones positivas resulta una obligación impostergable de las autoridades públicas, especialmente, en la hipótesis de las personas mayores, pues bien puede presumirse que su condición demande una mayor cobertura y necesidad del sistema de salud.
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