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JURISPRUDENCIAEjecución penal. Salidas transitorias. Constitucionalidad del art. 56 bis de la ley 24660. Igualdad ante la ley
Se confirma el rechazo del pedido de salidas transitorias efectuado por el interno por aplicación del artículo 56 bis de la ley 24660, en cuanto inviabiliza la posibilidad de otorgamiento de los beneficios del período de prueba a quienes estuvieran condenados por los delitos que enumera, entre los que se encuentra el previsto en el artículo 165 del Código Penal, por el que cumple pena el peticionante.
En la ciudad de Santa Fe, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, con la integración del señor Juez de Cámara doctor Oscar José Burtnik, bajo la presidencia del señor Ministro decano doctor Eduardo Guillermo Spuler, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “BELIZÁN, MANUEL LUIS – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. 774/13) EN AUTOS: ‘BELIZÁN, MANUEL LUIS S/ ROBO CALIFICADO POR HOMICIDIO RESULTANTE -SALIDAS TRANSITORIAS-‘ (EXPTE. 1534/12) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)”, (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00509230-9). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Erbetta, Gastaldi, Netri, Gutiérrez, Spuler y Burtnik.
A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:
Mediante acuerdo registrado en A. y S. T. 253, pág. 268, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Manuel Luis Belizán contra la resolución 451, del 27 de diciembre de 2012, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario.
El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055 -con los principales a la vista- me conduce a ratificar esa conclusión, en el entendimiento de que se encuentran cumplidos todos los requisitos formales de la vía intentada, incluso la actualidad del agravio, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 30/33v.).
Ello es así, considerando la mutabilidad de las calificaciones de concepto y conducta que se toman en cuenta para avanzar en el régimen progresivo de cumplimiento de la pena privativa de libertad y para acceder a las salidas transitorias -que se elaboran trimestralmente-, así como la obligación de las autoridades penitenciarias de reincorporar al interno al régimen del que fuera excluido en el caso que mejoren las calificaciones (vide ley 11661 -que adhiere a la ley 24660- y decreto reglamentario 598/2011, fundamentalmente en sus arts. 23 y 132).
Sentado ello, atendiendo al motivo por el que fueron denegadas las salidas transitorias en el caso -la aplicación de una norma cuya constitucionalidad se discute-, se advierte la definitividad de la cuestión, así como la actualidad del planteo dada la posibilidad de que al momento de resolverse el presente recurso el interno reúna nuevamente los requisitos para acceder al beneficio peticionado, configurándose como único obstáculo la disposición del artículo 56 bis de la ley 24660.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:
En el nuevo examen que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, con los principales a la vista, ratifico la admisibilidad del recurso deducido por la defensa técnica de Belizán conforme lo expusiera esta Corte en A. y S. T. 253, pág. 268. Criterio del cual no creo necesario apartarme, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 30/33v.
En efecto, debe viabilizarse la admisibilidad, ante la posible afectación de garantías y principios constitucionales cuya consideración habría sido omitida por el A quo; con apartamiento de disposiciones legales y convencionales (arts. 5.6, C.A.D.H.; 10.3, P.I.D.C.P.; 16, 18 y 75, inc. 22, C.N.; 7, 8 y 9 Const. Prov.; 1 y 6, ley 24660).
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:
En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, con los principales a la vista, ratifico la admisibilidad del recurso interpuesto por la defensa técnica de Belizán, estimando que se encuentran satisfechos los recaudos formales de la impugnación, así como también que el planteo recursivo ostenta entidad constitucional suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 30/33v.).
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez, el señor Ministro decano doctor Spuler y el señor Juez de Cámara doctor Burtnik expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.
A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:
A los fines de una acabada comprensión de la cuestión a decidir, cabe en primer término relatar lo ocurrido en la causa:
1.1. En fecha 8.05.2012 Manuel Luis Belizán, por derecho propio y sin patrocinio letrado, solicitó su incorporación al régimen de salidas transitorias (f. 1, expte. 1534/12).
1.2. Elaborados los informes pertinentes vinculados al tratamiento penitenciario del condenado, el Director del Instituto Correccional Modelo de Coronda dictó en fecha 10.07.2012 la disposición N° 1272/12, por la cual se incorporó a Belizán al período de prueba, pero sin proponer su incorporación al régimen de salidas transitorias, con fundamento en que la asesoría letrada del Instituto advirtiera que resultaba aplicable la cláusula impeditiva del artículo 56 bis de la ley 24660 (fs. 15/v., expte. 1534/12).
1.3. Corrida vista al Fiscal, se opuso a la concesión de las salidas transitorias “…teniendo en cuenta el delito por el que fuera condenado el interno…” (f. 16v., expte. 1534/12), mientras que la Defensora oficial a quien se corriera traslado postuló se haga lugar a lo solicitado (fs. 19/20, expte. 1534/12).
Por su parte, el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Ejecución de Coronda rechazó la petición. Expuso como fundamento que si bien no consideraba “…feliz ni conveniente el cometido legislativo plasmado en la ley N° 25.948…” en función del principio de progresividad del cumplimiento de la pena privativa de libertad y de su fin resocializador, debía aplicar la norma prohibitiva, en el entendimiento de que “…debe respetarse la voluntad del legislador…”. Concluyó así que “…no obstante considerarla a nuestro juicio desacertada e inconveniente, este Juzgado no encuentra mérito con entidad suficiente, para considerar inconstitucional a la reforma de la ley 25.948…” (fs. 21/22v., expte. 1534/12).
1.4. Apelada la decisión por el penado, la Defensora General de Cámara de Rosario expresó agravios aduciendo que “…los parámetros objetivos para acceder a las salidas transitorias no fueron puestos en dudas…”. Así, centró sus cuestionamientos en el artículo 56 bis de la ley 24660, peticionando que éste no sea aplicado, o bien que sea declarado inconstitucional en el caso concreto por ser contrario a la finalidad de resocialización que tiene en nuestro sistema la pena privativa de libertad (fs. 27/28v., expte. 1534/12).
Corrida vista al Fiscal de Cámara, sostuvo que a su criterio “…los ya citados artículos resultan prima facie inconstitucionales…”, por atentar contra los fines de la ley 24660 que contempla un régimen progresivo. Agregó que “…para el caso de que sea declarada la inconstitucionalidad del art. 56 bis de la ya mencionada ley 24.660, en este caso concreto, estimo se dan por parte de Belizán las condiciones para acceder a las salidas transitorias…” (fs. 30/v., expte. 1534/12).
1.5. Al resolver el recurso, la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, por decisión N° 451 del 27.12.2012, confirmó -por mayoría- el auto apelado (fs. 37/48, expte. 1534/12).
En el voto del señor Juez de Cámara doctor Crippa García, luego de cuestionarse el modo en que se elaboran las calificaciones de conducta y concepto por parte de los organismos carcelarios, se analizó la norma en crisis, entendiéndose que es constitucional y que su aplicación deviene ineludible. Se consideró para ello que la ley que la contiene fue dictada siguiendo el procedimiento constitucional, que no resulta violatoria del derecho a la igualdad -por tratarse de hechos que “por su entidad, gravedad y magnitud conmueven a la sociedad”-, ni una manifestación de derecho penal de autor. Asimismo, se señaló que responde a una decisión de política criminal de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que su no aplicación implicaría “…obrar contra legem, y desequilibrar el sistema constitucional de los tres poderes…”.
Se sostuvo en consecuencia que “…la resolución puesta en crisis debe confirmarse, no tanto por las motivaciones argumentales sobre el penado, sino fundamentalmente, por la prohibición establecida en la ley, y como lo entendió la Fiscalía de Cámara, que admitiría o dictaminaría favorablemente, sólo en caso de declararse la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, lo que no ha sido receptado…” (fs. 37/39, expte. 1534/12).
Por su parte, el señor Juez de Cámara doctor Ríos, en su voto en disidencia, concluyó que la norma en cuestión resulta inconstitucional, enfatizando que tanto la defensa como la fiscalía coincidieron en su inconstitucionalidad y en el cumplimiento por parte de Belizán de las condiciones para acceder a las salidas transitorias.
Para motivar su postura, analizó la posibilidad del control de constitucionalidad judicial incluso de oficio y sostuvo que si bien es viable en algún supuesto la no aplicación de una disposición legal sin necesidad de resolver su invalidación, ésta resulta procedente en el caso, por incurrir el artículo en “inconstitucionalidad manifiesta”. En este sentido, estimó que la norma es contraria a la resocialización como finalidad de la ejecución de la pena privativa de libertad (prevista en la ley 24660 y en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos) y violatoria del principio de igualdad, ya que el objetivo de reinserción del condenado en la base social se procura mediante un régimen progresivo que implica creciente acercamiento a la libertad, que se ve impedido a personas condenadas por determinados delitos, afectándose la necesaria igualdad de trato (fs. 39/45, expte. 1534/12).
Finalmente, el señor Juez de Cámara doctor Prunotto adhirió al criterio del Vocal que votara en primer término, agregando: que privar al Congreso Nacional de la posibilidad de utilizar herramientas de política criminal implicaría afectar la propia existencia de la sociedad; que el control de constitucionalidad debe efectuarse “…sopesando todos los bienes jurídicos y derechos en juego…”; y que, más allá de no considerar acertada la norma, declarar su inconstitucionalidad implicaría una intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Entendió asimismo que, según las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, el régimen preparatorio para la liberación puede efectuarse dentro del penal y refirió los fallos de esta Corte Suprema de Justicia sobre libertad condicional.
1.6. Contra tal pronunciamiento interpone la Defensora particular de Belizán -doctora Guirado- recurso de inconstitucionalidad (fs. 1/20).
Al fundar la procedencia de la vía, expresa que el único motivo por el cual el Juez de Ejecución Penal de Sentencia y luego la Cámara de Apelación no incorporaron a Manuel Luis Belizán al régimen de salidas transitorias es porque se encuentra condenado por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal y, por tanto, en función del artículo 56 bis de la ley 24660 no puede gozar de los beneficios del período de prueba.
Postula, en consecuencia y en primer término, la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24660, por considerarlo violatorio de los principios de culpabilidad, “ne bis in ídem”, derecho penal de acto, proporcionalidad, igualdad, razonabilidad, resocialización y progresividad penitenciaria.
De este modo, señala que el referido dispositivo legal choca con el principio de culpabilidad, porque impone al autor de un delito un reproche mayor al decidido por el sentenciante al condenarlo. Agrega que hay dos juicios de reproche por un mismo injusto: el efectuado por el Tribunal al condenar a Belizán y el realizado por el Juez de Ejecución al denegarle las salidas transitorias, situación que conlleva también la violación al “ne bis in ídem”.
Expresa que el artículo 56 bis de la ley 24660 prevé un “adicional de pena” que aparta al interno del régimen progresivo penitenciario común, para ubicarlo dentro de uno “paralelo”; y que le aplica a los condenados por determinados delitos una “pena extra”, que resulta cruel y que “…importa una evidente violación al principio de proporcionalidad de la reacción punitiva con el contenido injusto del hecho…” (f. 11).
Por otro lado, alega que dicha norma afecta los principios de igualdad y razonabilidad. En este sentido, refiere que el artículo 56 bis incurre en un “error” al aludir a “…los beneficios del período de prueba…”, porque se trata en realidad de “derechos”, que según el artículo 12 de la ley 24660 son alcanzables a todos los condenados, por lo que establecer un distingo en función del delito cometido para que algunos tengan menos derechos que otros “…es un criterio discriminador irracional, injusto y arbitrario que afecta gravemente la igualdad ante la ley…” (f. 12).
Agrega que el principio de igualdad se violó además en el caso, dado que el coimputado de Belizán en el proceso penal -condenado como coautor del mismo delito- obtuvo sus salidas transitorias en diciembre del año 2012, por cuanto la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, con distinta integración, declaró la inconstitucionalidad del dispositivo legal en crisis.
En otro orden de cosas, pone de resalto que el artículo cuya inconstitucionalidad postula atenta contra los principios de resocialización y de progresividad penitenciaria (arts. 5.6, C.A.D.H.; 10.3, P.I.D.C.P. y 1, ley 24660). Refiere que esta finalidad resocializadora debe primar como criterio interpretativo y que la imposibilidad de obtener salidas transitorias “…inhibe el fin resocializador ya que cancela y destruye totalmente la progresividad…” (f. 15). Concluye que sin salidas transitorias, ni derechos del período de prueba no hay régimen progresivo, y sin éste la reinserción social no es posible.
En segundo lugar, plantea que en el caso se violaron los principios acusatorio, de contradicción, debido proceso e “in dubio pro reo”. Para fundar este agravio, relata que, tal como lo resaltara el Vocal disidente en su voto, el Fiscal de Cámara en su dictamen sostuvo que la norma resultaba “prima facie” inconstitucional y manifestó que “…para el caso de que sea declarada la inconstitucionalidad del Artículo 56 bis, en este caso concreto estimo que se dan por parte de Belizán las condiciones para acceder a las salidas transitorias solicitadas…” (f. 17v.).
En este sentido, critica que la Sala no hubiera tenido en cuenta el acuerdo de partes acerca de la inconstitucionalidad de la norma y del cumplimiento por Belizán de los requisitos para obtener las salidas transitorias, entendiendo que “…no puede interpretarse que la Sala quedó habilitada para declarar o no la inconstitucionalidad de la norma, en primer lugar, porque el fiscal fundadamente explica las razones por las que el artículo 56 bis se encuentra en pugna con la Constitución Nacional en su dictamen, y en segundo lugar, porque la declaración de inconstitucionalidad fue materia de agravio de la defensa…” (f. 19).
Cita en apoyo de su postura lo resuelto por esta Corte en el fallo “Capozzuca” y concluye que la Alzada incurrió en arbitrariedad e incongruencia, ya que fue más allá de lo requerido por el actor penal, contrariando el artículo 402 II del Código Procesal Penal.
2. Conforme lo relatado, la cuestión determinante en el caso para el rechazo del pedido de salidas transitorias efectuado por el interno Belizán fue la aplicación del artículo 56 bis de la ley 24660 -en cuanto inviabiliza la posibilidad de otorgamiento de los beneficios del período de prueba a quienes estuvieran condenados por los delitos que enumera, entre los que se encuentra el previsto en el artículo 165 del Código Penal por el que cumple pena el peticionante- norma cuya constitucionalidad ha sido puesta en crisis.
Frente a este panorama, propiciaré la declaración de procedencia del presente recurso, en el entendimiento de que tal disposición legal resulta inconstitucional por resultar violatoria, fundamentalmente, de los principios de resocialización, culpabilidad, proporcionalidad de la pena e igualdad ante la ley.
3. De inicio, cabe reiterar aquí lo expuesto en el precedente “González, Gonzalo” (A. y S. T. 260, pág. 207) en relación a la libertad condicional, en cuanto a que la circunstancia de que la regulación de la ejecución de la pena privativa de libertad constituya una facultad legislativa dentro del amplio margen que ofrece la política criminal, no supone necesariamente el deber de asumir una actitud “acríticamente contemplativa” (Ferrajoli, Luigi: “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”, Editorial Trotta, 1995, pág. 399). Es que, una aplicación mecánica de la ley llevaría a resignar el ejercicio de la función preeminente de la jurisdicción: asegurar la supremacía de la Constitución nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (arts. 31 y 75, inc. 22, C.N.) mediante el control de constitucionalidad y convencionalidad que debe efectuarse incluso de oficio (cfr. Fallos:324:3219 y 327:3117; y mi voto en A. y S. T. 255, pág. 141).
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha evaluado las directivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Almonacid”, 2006), según las cuales si bien los jueces están sujetos al imperio de la ley y, por ello, obligados a aplicar las disposiciones legales, cuando un Estado ha ratificado un Tratado Internacional, en el caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces también están sometidos a ella y, de este modo, deben ejercer una suerte de “control de convencionalidad” entre las normas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. “Mazzeo”, Fallos:330:3248).
Por tanto, no se pretende invadir una esfera propia del Poder Legislativo, sino advertir que, dada su naturaleza, en la habilitación de poder punitivo la Constitución no sólo condiciona la actividad de interpretación y aplicación de la ley sino, antes bien y expresamente, la producción legislativa; y que si bien la lucha política por el derecho es de rango legislativo, la primera formulación de la política criminal está en la propia Constitución y sus principios penales.
Desde esta perspectiva, la contraposición “Código versus Constitución”, tiene un valor fundamental y exige a la Judicatura extremar los principios de máxima taxatividad interpretativa (los defectos del legislador se sancionan con una interpretación restrictiva del ámbito de lo punible o con la inconstitucionalidad) y de limitación máxima de la respuesta contingente, que hace ya un cuarto de siglo ponía de manifiesto Baratta (“Principios de Derecho Penal mínimo para una teoría de los Derechos Humanos como objeto y límite de la ley penal”, en D.P., 1987, págs. 623 y ss.).
Un entendimiento contrario resulta insostenible en un Estado “constitucional” de Derecho, en tanto si la función jurisdiccional se limitara a legitimar cualquier decisión del legislador, recobraría vigencia la advertencia del maestro Carrara cuando, hace casi doscientos años, denunciaba al saber penal que se limitaba a racionalizar cualquier decisión del poder punitivo para justificarlo, llamándolo la “schifosa scienza”, porque su función no es legitimarlo sino limitarlo o contenerlo (Carrara, Francisco: “Vicisitudes del fundamento del derecho de castigar”, en “Opúsculos de Derecho Criminal», Vol. I, Bogotá, 2000, pág. 143).
En conclusión, corresponde a este Tribunal conforme el sistema de control difuso de constitucionalidad, verificar la compatibilidad del artículo en cuestión con los principios que se derivan de las normas superiores previstas tanto en la Constitución nacional, como en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos con igual jerarquía.
4. Sentado lo anterior, debe recordarse que más allá de la exigencia de que la pena privativa de libertad implique un trato digno y humano (art. 18, C.N.), ésta debe además respetar la explícita finalidad reconocida a partir de la reforma de 1994, con la inclusión, con igual jerarquía, de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que han establecido que debe tener por objetivo “…la reforma y la readaptación social de los condenados…” (arts. 5.6, C.A.D.H. y 10.3, P.I.D.C.P.).
De este modo, ese es el marco en el que debe interpretarse el denominado principio de progresividad de la pena incorporado en el ámbito infraconstitucional por la ley 24660. Es que, más allá de la posibilidad real de alcanzar la finalidad resocializadora por vía de la separación de la persona de la sociedad libre, al plantearse aquélla como el objetivo último que debería tener la pena, se constituye -en nuestro sistema constitucional- como un límite más al ejercicio del poder punitivo.
Así, las referidas disposiciones convencionales implican que las leyes que se dicten vinculadas a la ejecución de estas penas no pueden contrariar tal objetivo, así como que la idea de reinserción social debe servir de guía en la solución de cualquier cuestión conflictiva que se presente en relación a los institutos que se vinculan con la ejecución de las penas privativas de libertad.
Y tal como se adelantó, es teniendo en miras la finalidad resocializadora de la pena que la ley 24660 prescribe que “…el régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuere la pena impuesta, se caracterizará por su progresividad…” y lo estructura procurando evitar la permanencia de los condenados en establecimientos cerrados. Así, promueve en lo posible, y conforme su evolución favorable, la incorporación de los internos a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina, aspirando a que el reintegro a la vida en libertad no se efectúe abruptamente (arts. 6 y 12).
Conforme lo expuesto, la posibilidad de atemperar la rigurosidad del encierro a través de los derechos del período de prueba y luego mediante la libertad condicional ha sido considerada por la ley 24660 como una herramienta fundamental teniendo en miras la necesidad de incorporación paulatina y controlada del penado a la vida libre, es decir, la progresividad y, por tanto, la resocialización.
Es por ello que una norma que priva a los condenados por determinados delitos de modo objetivo y absoluto de uno de los períodos del tratamiento penitenciario (o lo que es lo mismo de los derechos que éste conlleva), desvirtúa un derecho fundamental como lo es el de todo condenado a cumplir su pena dentro de un régimen progresivo que aspire a alcanzar la finalidad resocializadora. Es decir, al inviabilizar el artículo 56 bis de la ley 24660 por vía legislativa cualquier posibilidad de resocialización, por la sola naturaleza o gravedad del delito que motivara la pena, se violentan de modo manifiesto las disposiciones convencionales citadas.
5. En segundo lugar, debe reconocerse que la norma en cuestión resulta violatoria de los principios de proporcionalidad de la pena y culpabilidad por el acto (arts. 18 y 19, C.N.; 9, C.A.D.H. y 15, P.I.D.C.P.), en cuanto proscriben la imposición de una pena que exceda la gravedad del injusto y la culpabilidad del autor en el hecho.
En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Gramajo” dijo que “…la pena (…) no puede ser cruel, en el sentido que no debe ser desproporcionada respecto del contenido injusto del hecho…”, debiendo “…guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico afectado por el hecho, porque las previsiones legales expresan tales magnitudes a través de las escalas penales…” (Fallos:329:368).
En efecto, las previsiones de los artículos 56 bis de la ley 24660 (incorporado por ley 25948) y 14 del Código Penal (luego de la reforma incorporada por ley 25892) determinan, por vía de un endurecimiento de las condiciones de ejecución, que en los casos de los delitos enumerados la pena resulte en los hechos más grave que la impuesta a otro condenado a la misma pena por un delito no mencionado en tales normas, resultando por ende la pena por los delitos enumerados desproporcionada en relación a la gravedad del injusto y la culpabilidad (como reproche personalizado por el injusto cometido).
Ello es así, por cuanto la elección por el legislador de los delitos incluidos en el artículo 56 bis de la ley 24660 (y del artículo 14 del Código Penal) resulta inexplicable desde el punto de vista de la gravedad del injusto, al comprobarse que no se han seleccionado todos los tipos penales que contemplan el resultado muerte, ni tampoco todos los que tienen prevista pena privativa de libertad perpetua (de hecho la figura penal por la que fuera condenado Belizán prevé pena temporal). Paradigmática resulta por ejemplo la situación de los homicidios calificados, de los cuales sólo se ha incluido uno (homicidio “criminis causae”) cuando en la sistemática del Código Penal todos ellos han sido considerados igualmente graves (art. 80, C.P.).
En este sentido, se ha dicho que “…la situación ingresa francamente en el terreno de la irrazonabilidad cuando comparamos los tipos delictivos excluidos de la libertad condicional, donde -salvo el resultado muerte de una persona- difícilmente podamos encontrar un denominador común, tanto en las conductas descriptas por el tipo objetivo, cuanto en las distintas modalidades que asume el tipo subjetivo…” (Lascano, Carlos: “El nuevo régimen de la libertad condicional -ley 25892”, en “Pensamiento penal y criminológico. Revista de derecho penal integrado”, año V, N° 9, 2004, Editorial Mediterránea).
Cabe referir en similar tenor el voto del doctor Hornos en el fallo “Soto Trinidad, Rodolfo Ricardo” en cuanto a que “…no puede colegirse una razón plausible por la que el legislador nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales (art. 75, inc. 12 de la C.N.), ha escogido estos delitos en particular para sustraer a sus autores de la ejecución de la pena junto al resto de los condenados. Si bien no escapa al análisis la gravedad que estos crímenes detentan como característica en común, no se explica la enumeración taxativa establecida. En síntesis, no han quedado expresados suficientemente los motivos por los cuales el Congreso de la Nación ha decidido que quienes hayan cometido estos delitos determinados, no pueden acceder a ningún mecanismo progresivo de libertad anticipada…” (fallo de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal del 20.12.2013, Registro N° 2557/13).
6. En tercer término, considero que la norma en cuestión viola asimismo el principio de igualdad (art. 16, C.N.).
En efecto, al reglamentar el principio en cuestión el artículo 8 de la ley 24660 dispone, luego de establecer que las normas de ejecución serán aplicadas sin discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia, que “…las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado…”.
De este modo -más allá de la arbitrariedad de la selección legislativa de los tipos enumerados que implica por vía de la desproporción de la pena indirectamente también una afectación a este principio- la violación luce manifiesta considerando que genera un régimen de cumplimiento de la pena privativa de libertad particular y más gravoso para algunos internos que no se sustenta en un criterio de diferenciación razonable.
Es que, aun cuando el principio de igualdad no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, el motivo de la diferenciación no puede resultar irrazonable y, conforme lo expuesto, el único criterio admisible para efectuar distinciones en el régimen penitenciario está dado por lo ocurrido durante el mismo tratamiento, es decir, por el esfuerzo personal, la forma de comportamiento y la evolución demostrada por el interno durante las distintas fases de cumplimiento.
Esto no ocurre si se priva de los derechos del período de prueba por el solo hecho de haber sido condenado por un delito determinado, elaborándose un régimen penitenciario diferente basado exclusivamente en tal pauta objetiva y sin considerar en absoluto lo ocurrido durante la ejecución de la pena.
Si bien se ha invocado para justificar este endurecimiento en las condiciones de ejecución la “entidad, gravedad y magnitud” de los delitos enumerados y el modo en que ellos “conmueven a la sociedad” (vide voto del señor Juez de Cámara doctor Crippa García a f. 3, expte. CUIJ N° 21-00508926-0), en realidad ello no puede ser admitido desde el punto de vista del principio analizado.
Es que, aun cuando no se discute que la gravedad del delito es una pauta razonable para la determinación de la pena (por el legislador y por el juez en el caso concreto), no lo es para efectuar distingos en el tratamiento penitenciario, considerando que las normas superiores no prevén excepciones a la finalidad resocializadora, de modo que ésta debe guiar el régimen de cumplimiento de la pena privativa de libertad en todos los casos, y no sólo en los menos graves.
No resulta por ende admisible la alusión normativa a la gravedad del delito para elaborar un régimen de ejecución diferente y más riguroso, mucho menos si éste se fundamenta en la negación de otros principios constitucionales y carece de toda razonabilidad, en tanto sólo parece alimentarse de una concepción político criminal inocuizadora que no encuentra lugar alguno en nuestro ordenamiento jurídico.
Cabe referir en este sentido nuevamente lo expuesto por el doctor Hornos en el fallo citado, en cuanto a que “…en caso de circunscribirnos a la exégesis del texto legal en cuestión, estaríamos aceptando la implementación de un sistema diferenciado o paralelo de ejecución de la pena privativa de libertad, incompatible con el diseño constitucional (…) de donde surge claramente que dicha modalidad debe regirse por un principio progresivo para todos los condenados. En rigor de verdad, el legislador ha pretendido trazar una línea divisoria entre los condenados por los delitos enumerados en la referida disposición legal, del resto de los penados. Dicha escisión configura un menoscabo patente al derecho de todo condenado a ser tratado en igualdad de condiciones que los demás…”.
Finalmente, no puede desconocerse que, tal como lo señala la Defensora en su recurso, la afectación al derecho a la igualdad se vislumbra más manifiesta aún en el caso, considerando que el coimputado de Belizán, Pablo Andrés Sánchez, quien fuera condenado a la misma pena como coautor del mismo delito, obtuvo las salidas transitorias (en fecha 18.02.2013) dado que la misma Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario con distinta integración declaró la inconstitucionalidad de la norma en cuestión (vide acuerdo N° 411 del 3.12.2012).
7. En síntesis, el artículo 56 bis de la ley 24660 en cuanto inviabiliza la posibilidad de obtención de los derechos del período de prueba a los condenados por los delitos que enumera resulta contrario a normas superiores y esenciales de nuestro sistema constitucional, por lo que corresponde su declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto y la anulación del fallo de Cámara, debiendo oportunamente resolverse la concesión de las salidas transitorias de Belizán atendiendo exclusivamente a las restantes exigencias reguladas en la ley 24660.
Como consecuencia de lo expuesto, voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:
1. Las garantías y principios invocados por la recurrente conducen sustancialmente a analizar la tutela a “la igual dignidad de las personas”, y en particular, al alcance y condiciones de aplicabilidad que tal estándar tiene en la ejecución de la pena privativa de libertad de los condenados por determinados delitos en virtud de las excepciones a las modalidades básicas de la ejecución dispuestas en el artículo 56 bis, ley 24660.
En el caso, los cuestionamientos constitucionales impetrados por la defensa técnica al artículo 56 bis giran en torno a determinar si, por una parte, asiste un derecho al interno Belizán a acceder a las salidas transitorias, como peticionara, en igualdad de condiciones que los demás internos. O bien el impedimento legal del artículo 56 bis de la ley 24660 restringe dicho derecho a las salidas, colocando a los penados por determinados delitos en un régimen distinto y paralelo respecto del régimen penitenciario progresivo que el Estado dispone para los restantes internos. Aspectos estos en los cuales se invocan las implicancias de la aplicabilidad de principios universales de reinserción social, progresividad, humanidad y dignidad de las personas.
2. De inicio, cabe señalar que no resulta objeto de discusión que el sistema constitucional y convencional impone como objetivo “superior” la reinserción social del penado (Fallos:327:388; 328:1186 y su cita; “Mendez” del 1.11.2011). Finalidad que se traduce en obligaciones para el Estado y correlativamente en derechos para las personas privadas de libertad (C.A.D.H., 5.6; P.I.D.C.P., 10.3; art. 75, inc. 22, C.N.; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, regla 56 y siguientes; y ley 24660, art. 1).
También, si bien no por sabido, no puede dejar de remarcarse que el único Poder al que se le ha conferido por la Constitución la potestad de aplicar penas, es exclusivamente el Poder Judicial. Es decir, la Judicatura es quien tiene la competencia y potestad de asignar la responsabilidad penal de una persona y determinar en su caso una pena privativa de libertad; y también es el Poder Judicial a quien le ha sido conferido tutelar la libertad de las personas (arts. 18, C.N. y 9, Const. Prov.).
En la esfera de las libertades, la Constitución establece prohibiciones constitucionales que son directamente operativas (art. 7 “in fine”, Const. Prov.). Tal como esclarecidamente lo señala Ferrajoli: “…los derechos fundamentales, cuando tengan expresión en normas constitucionales, corresponden prohibiciones y obligaciones a cargo del Estado, cuya violación es causa de invalidez de las leyes y de las demás decisiones públicas y cuya observancia es, por el contrario, condición de legitimidad de los poderes públicos” (Ferrajoli, Luigi: “Derechos Fundamentales”, págs. 34/35 en “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, Edición de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Editorial Trotta, 2001). En su conocida fundamentación de los derechos fundamentales, el autor puntualiza la distinción entre los derechos patrimoniales -como “derechos singulares”- y los derechos fundamentales respecto de los cuales afirma de inicio resultan universales, indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles y personalísimos (pág. 46, obra cit.).
Así, desde las “libertades” y consecuentes “prohibiciones” en las que se plasma el “coto vedado” es exigida a la Judicatura la consecuente tutela constitucional y convencional (arts. 31 y 75, inc. 22, C.N.) analizando el marco de legitimidad y validez de los actos y leyes emanadas de los demás Poderes. Así, se desarrolla el Estado de Derecho entendido como un sistema de límites sustanciales impuestos legalmente a los poderes públicos en garantía de los derechos fundamentales establecidos en nuestro bloque constitucional. Así, ninguna ley, incluso en la democracia política más perfecta, votada por una mayoría aplastante podría disponer o consentir la afectación de derechos fundamentales, por ejemplo: que un hombre sea castigado sin haber cometido algún hecho prohibido o por haber realizado actos inofensivos.
De tal modo, si la Judicatura tiene conferida la potestad de aplicación de penas conforme las leyes compatibles con el bloque constitucional, también resulta de obligación el control judicial en la etapa de ejecución cuando el alcance de las libertades y derechos fundamentales -que también asisten a los penados- pudiera verce cercenado (Fallos:318:2002; 327:388; 335:38; entre otros).
Así entonces, respecto de la etapa de ejecución de la pena, su discurrir debe analizarse en el marco de las garantías convencionales que han sido incorporadas al bloque constitucional; desde lo cual, no podrían desconsiderarse los principios que tienden a garantizar la reinserción social (arts. 5 y 6, C.A.D.H.; 10.3, P.I.D.C.P. y 1, ley 24660) y la progresividad del régimen penitenciario (art. 6, ley 24660).
Y en cuanto concierne al ideal de “reinserción social”, tal directiva se plasma como finalidad expresa de la ejecución de la pena en el artículo 1 de la ley 24660, y tiende a que el Estado procure dotar a los privados de libertad de los medios y condiciones necesarias para un desarrollo personal tendente a su integración a la vida social. Para lo cual han sido establecidos los llamados “beneficios” del período de prueba, prisión discontinua o semidetención y libertad asistida.
Ahora bien, a estarse al texto de la ley 25948, tal dispositivo vendría a resultar restringido para determinados penados según lo dispuesto en el artículo incorporado como 56 bis a la ley 24660 (ley 25948, B.O. del 12 de noviembre de 2004).
Y es aquí respecto de tal cuestión, donde el A quo debió indagar las implicancias del principio de igualdad constitucional (art. 16, C.N. y 8, Const. Prov.) que conforme inveterada doctrina requiere que se expliciten y concurran “…objetivas razones de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad” (Fallos:302:484 y 313:1638, considerando 11 del voto del señor Ministro doctor Belluscio). Que determine la existencia de alguna base válida para la clasificación, distinción o categoría adoptada, lo que significa que debe haber algún motivo sustancial para que las propiedades o personas sean catalogadas en grupos distintos (doctrina de Fallos:138:313; 147:402), considerado como tal aquél conducente a los fines que imponen su adopción (Fallos:256:241, considerando 5° y sus citas) e inválido el que se apoya en un criterio de distinción arbitrario, es decir, que no obedece a fines propios de la competencia del Congreso, o si la potestad legislativa no ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido (Fallos:250:410, considerando 2°).
Criterio constitucional que los Jueces soslayaron y dieron por superado aludiendo tan sólo a que “…la garantía constitucional de igualdad, no impide que el legislador contemple en forma distinta, situaciones que considera diferentes, en tanto ello no importe arbitrariedad o indebido privilegio de personas o grupos…”, aludiéndose por uno de los Camaristas a que “…la selectividad que ha tenido el legislador, ha tenido en cuenta, como o por razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios a quienes han cometido determinados delitos, no ha sido arbitraria, sino por el contrario, han sido considerados aquellos hechos que por su entidad, gravedad y magnitud conmueven a la sociedad, que indican y muestran facetas en los autores de una agresividad y desprecio por el mayor de los bienes, como es la vida, y que ha mostrado en muchos casos, inclusive de reciente conocimiento, como quienes gozaban de salidas transitorias, reiteraban esas gravísimas conductas, por lo que de ninguna manera hay inconstitucionalidad en su normativización y aplicación…” (f. 3). O lo consignado por el restante Vocal que conformara mayoría, quien luego de reinvindicar que el legislador cuente con herramientas de política criminal, también en la etapa de ejecución, seguidamente repasó las reglas de tratamiento de reclusos coligiendo de ellas que para satisfacer la exigencia de progresividad en la reintegración de los reclusos a la “vida libre”, no resultaba imprescindible la externación anticipada, sino que dicha progresión podría cumplirse dentro del mismo establecimiento. Y en ese mismo discurrir argumentativo, aludió a la significación del valor vida como bien jurídico fundamental que ameritaba la restricción (fs. 10/13, expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00508926-0).
Pero lo cierto es que de tal modo ambos votos que formaron mayoría dejaron sin respuesta el interrogante principal. Esto es, las implicancias del principio de igualdad constitucional en vinculación a la manda de promover la reinserción social y la reintegración a la “vida libre”. En efecto, resulta manifiesto que quienes hubieren sido igualmente condenados por haber afectado la vida de las personas (Ej.: art. 80, inc. 1, C.P.); si cumplen pautas y requisitos reglamentarios, pueden acceder a la externación anticipada. Desde lo cual, se patentiza la omisión de tratamiento achacada por la recurrente con base en dicho principio constitucional. Omisión ésta que en verdad traduce la reticencia sentencial a efectuar el control de constitucionalidad. Reticencia que más allá de las argumentaciones individuales expuestas, pasó por entender que dicho control implicaría una intromisión en las facultades del Poder Legislativo, incompatible con el concepto de República y de división de poderes (f. 11, expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00508926-0).
Es decir, los Sentenciantes explicitaron manifiestamente que en tanto mediaba una disposición legal, más allá de su parecer, no podían desentenderse de lo que en el ámbito legislativo se había dispuesto estando frente a una cuestión de “política criminal” del Congreso de la Nación.
Señalado lo anterior y en el marco de tales lineamientos, se advierte como configurado en el decisorio el vicio de omisión de tratamiento de cuestiones planteadas y de las postulaciones defensivas para denegarle las salidas transitorias a Belizán con una aplicación ritual de la norma (art. 56 bis, inciso 4, ley 24660), que prescinde de realizar el control convencional respecto de las mandas que hacen a la ejecución de la pena privativa de libertad, especialmente en cuanto a la reinserción social (arts. 5.6, C.A.D.H.; 10.3, P.I.D.C.P.; 75, inc. 22, C.N.; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, regla 56; y art. 1, ley 24660) y progresividad del régimen penitenciario (art. 6, ley 24660) que tiene derecho a gozar todo interno conforme los principios de igualdad ante la ley y dignidad de las personas (arts. 16, C.N.; 7 y 8, Const. Prov.).
Recuérdese que “…el ingreso a una prisión, no despoja al hombre de la protección de la leyes, y en primer lugar de la Constitución Nacional, y que la dignidad humana implica que las personas penalmente condenadas son titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso (Fallos:327:388; 328:1146). Y que la reinserción social del penado resulta, indudablemente, no un mero objetivo de la ejecución de las penas privativas de la libertad, sino el objetivo superior de ese sistema (Fallos:328:1146)”.
Así planteada la cuestión, el recurso debe declararse procedente, en tanto asiste razón a la recurrente en sus reproches de haber incurrido el A quo en la omisión de tratamiento de sus agravios y demás cuestiones planteadas. Corresponde en consecuencia nulificar la confirmación del rechazo “in límine” de la petición del condenado señor Belizán.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:
1. Conforme las constancias de la causa, el Juez de Ejecución Penal de Coronda, al igual que la Cámara -confirmando la decisión de baja instancia- rechazaron el pedido de salidas transitorias efectuado por Manuel Luis Belizán, en base al impedimento previsto en el artículo 56 bis de la ley 24660, el cual deniega la posibilidad de acceder a los beneficios del período de prueba a los penados por determinados delitos -entre los que se encuentra el homicidio en ocasión de robo previsto en el artículo 165 del Código Penal, figura por la que fuera condenado-.
Al interponer el presente recurso, la defensa de Belizán postula la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24660 por considerarlo violatorio de los principios de culpabilidad, “ne bis in idem”, derecho penal de acto, proporcionalidad, igualdad, razonabilidad, resocialización y progresividad penitenciaria.
Asimismo, plantea que en el caso se violaron los principios acusatorio, de contradicción, debido proceso e “in dubio pro reo”.
2. A fin de dar respuesta a los planteos de la impugnante, en primer lugar debe señalarse que cobra especial resonancia la inveterada jurisprudencia que considera a la declaración de inconstitucionalidad como un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas gozan de presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (conf. Fallos:316:188, 1718 y 2624; 319:3148; 321:441 y 1888; 322:842 y 919; 324:920; 325:1922 y 330:855 y 5345, entre muchos otros; A. y S., T. 128, pág. 52; T. 161, pág. 290).
Y la no menos relevante directiva constitucional atinente a que la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa escapa al control de constitucionalidad, pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial (conf. Fallos:306:1964; 323:2409; 324:3345; 325:2600; 327:5614; 328:2567; 329:385 y 4032 y 330:3109, entre muchos otros).
Adelanto que propiciaré la declaración de improcedencia del presente recurso, puesto que considero que la disposición del artículo 56 bis de la ley 24660 constituye una clara prohibición que se erige como un obstáculo insalvable para el acceso a los beneficios del período de prueba por parte de los condenados por los delitos que la norma enumera -entre los cuales quedan comprendidas las salidas transitorias-.
2.1. En primer término, la defensa sostiene que la norma cuestionada afecta los principios de igualdad y razonabilidad, al establecer una distinción en función del delito cometido.
Agrega que en el caso, dicho principio también fue violado, por cuanto la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, con distinta integración, declaró la inconstitucionalidad de la norma atacada y concedió las salidas transitorias a su coimputado Sánchez, quien fuera condenado como coautor del mismo delito.
Sobre esta cuestión, cabe señalar que no resulta violatorio de las normas constitucionales el distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que, en los términos del artículo 56 bis de la ley 24660, cometen cualquiera de los delitos especialmente ofensivos allí descriptos, respecto de aquéllas que no hayan sido encontradas culpables de alguno de esos tipos penales. Lo mismo puede decirse en cuanto a la distinción entre quienes se conducen de una manera diversa en la comisión de un ilícito por el que son condenados, actuando con mayor violencia o provocando una lesión a un bien jurídico de mayor importancia, respecto de quienes no lo hacen. Ello se justifica por la gravedad de tales delitos, y por lo tanto, si “…existe un fundamento razonable para hacer tal distinción, el legislador se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime convenientes para cada caso” (Fallos:311:1451, “L’Eveque, Ramón Rafael s/robo”).
A lo anteriormente expuesto se agrega que dicha potestad se encuentra respaldada por ser una disposición del orden sustantivo. Lo cual equivale a afirmar que la garantía de igualdad consagrada en la Constitución nacional no se halla afectada por la excepción contemplada en el artículo 56 bis, toda vez que dicha garantía consiste en aplicar la ley a todos los casos concurrentes según sus diferencias constitutivas.
Siendo ello así, no se trata de la igualdad absoluta o rígida, sino de la igualdad para todos los casos idénticos, lo que importa la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en las mismas circunstancias (Fallos:123:106; 180:149), pero no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto aquéllas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio de personas o grupos, aunque su fundamento sea opinable (Fallos:301:381 y 1094; 304:390).
En ese mismo sentido, la garantía en cuestión exige que concurran objetivas razones de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad (Fallos:313:1638).
Ello determina la existencia de alguna base válida para la clasificación, distinción o categoría adoptada, lo que significa que debe haber algún motivo sustancial para que las propiedades o personas sean catalogadas en grupos distintos (Fallos:138:313; 147:402), considerando como tal aquél conducente a los fines que imponen su adopción (Fallos:256:241) e inválido el que se apoya en un criterio de distinción arbitrario, es decir, que no obedece a fines propios de la competencia del Congreso o si la potestad legislativa no ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido (Fallos:250:410).
En ese orden, se advierte que el precepto legal -artículo 56 bis de la ley 24660- que el A quo aplicó para denegar la concesión de las salidas transitorias -y que la defensa tilda de inconstitucional-, cumple con las exigencias mínimas de razonabilidad, siendo el motivo sustancial y la razón fundante de la distinción que prevé la norma cuestionada, la gravedad de los delitos allí enumerados, entre los cuales el legislador incluyó al homicidio en ocasión de robo, figura por la cual fue juzgado, condenado y actualmente se encuentra cumpliendo pena Belizán.
Y en esa línea, no se advierte que la Cámara haya incurrido en arbitrariedad al considerar que en el caso de Belizán no se afectaban principios constitucionales con la aplicación del artículo 56 bis de la ley 24660.
Resta agregar en cuanto a lo planteado respecto a la situación del coimputado Sánchez, quien obtuviera de la misma Sala Tercera un pronunciamiento que declaró la inconstitucionalidad de la norma en crisis, que aquella decisión es consecuencia del control de constitucionalidad difuso que incumbe a todos los jueces del Estado sin distinción de fueros o instancias, a fin de examinar la validez de las normas en los casos concretos que se sometan a su decisión, a la luz de los principios derivados de las normas superiores.
2.2. Del mismo modo, tampoco se vislumbra una afectación a los principios de resocialización y de progresividad penitenciaria consagrados tanto en el orden normativo local como en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitución nacional a través del artículo 75, inciso 22.
En efecto, es conveniente proceder a un análisis del plexo normativo que rige en nuestro país en materia de ejecución penal.
En primer lugar, la ley 24660 establece que la finalidad de la ejecución de la pena privativa de libertad es “…lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad” (cfr. art. 1).
Por su parte, los artículos 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos proclaman como finalidad esencial del régimen penitenciario la reforma y readaptación social de los condenados a través del tratamiento.
A su vez, es oportuno examinar el catálogo de “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” (Organización de las Naciones Unidas), las que -sin perjuicio de no gozar de jerarquía constitucional-, conforme la Corte nacional, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención (Fallos:328:1146). Dichas reglas establecen la conveniencia -introduciendo un lenguaje recomendativo- de que antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un “retorno progresivo a la vida en sociedad”, estableciendo tres modos diferentes en que puede alcanzarse el mismo. Esto es, dentro del mismo establecimiento penitenciario, en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional (cfr. Regla 60.2).
Así se advierte que el Estado cumpliría su obligación alternativa -aun si percibiéramos que el lenguaje fuera imperativo- bajo cualquiera de esas modalidades, dos de las cuales serían a través de la institucionalización de la persona condenada, y no mediante el régimen de la “liberación condicional”, haciendo así alusión a “externación”.
Con las referencias apuntadas hasta aquí, debe reconocerse que no puede concluirse que “resocialización” equivale sin más a “externación” y, como surge del propio texto de las Reglas Mínimas, es factible instaurar un régimen progresivo a desarrollarse intramuros.
En esa línea, también se puede indicar que la restricción contenida en el artículo 56 bis de la ley 24660, no resulta en sí misma contradictoria con el ideal resocializador, sino que se asienta en la necesidad de adecuar la progresión en el régimen carcelario al grado de indiferencia o rechazo al orden jurídico puesto de manifiesto por cada imputado.
A mayor abundamiento sobre este punto, de la lectura de otros documentos de carácter internacional -de igual naturaleza interpretativa en la materia- se extraen similares conclusiones.
Así, del “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas” realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se comentan y desarrollan los problemas que enfrentan las personas privadas de libertad en la región, se extrae que el mismo no se dedica a diseñar y justificar un sistema de encarcelamiento y resocialización progresivo, y en sus conclusiones no se vincula el significado del artículo 5.6 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos con un régimen de progresividad creciente en materia de ejecución de la pena extra-muros (cfr. párrafo 608 del citado informe).
El citado documento, cuando analiza la educación -párrafo 616- y el trabajo penitenciario -párrafos 617, 619 y 620-, no hace referencia alguna al carácter de la progresividad en la fase de ejecución penal.
Y por último, los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas” realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco refiere a un régimen progresivo entendido como derechos extra-muros. Dichos principios establecen que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados, como así también la resocialización y reintegración familiar, no especificando que dichas finalidades se alcancen mediante la resocialización por fuera de la penitenciaría.
Dada la gravedad del delito por el que fuera condenado Belizán, el legislador ha considerado necesario que todo condenado por aquél -así como los restantes que la norma enumera- cumpla en su totalidad la pena impuesta, como un modo de propender a que internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado con su conducta ilícita y, de esa manera, lograr los fines de la resocialización de la pena.
A la luz de los lineamientos establecidos por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y las disposiciones legales enunciadas sobre la ejecución de la pena privativa de libertad, no se advierte que la recurrente haya demostrado que la Cámara, al aplicar al “sub lite” el artículo 56 bis de la ley 24660 para denegar la concesión de las salidas transitorias, haya incurrido en una violación de los mismos.
2.3. En cuanto a la alegada afectación al derecho penal de acto por parte de la disposición legal cuestionada, debe señalarse que la excepción que contempla la norma -condena por determinados delitos como circunstancia fundante para denegar los beneficios comprendidos en el período de prueba-, no se trata de un dato antojadizo, ni de una característica inherente a la personalidad del enjuiciado, sino que reposa sobre un extremo fáctico.
La propia estructura de la prohibición y los presupuestos que la rigen, son claramente indicativos de que no se aplica a la persona por lo que es -lo que se traduciría en una franca violación al artículo 19 de la Constitución nacional-, sino por lo que ha hecho, siendo adecuado así a un derecho penal de acto.
2.4. En lo atinente a los agravios relativos a la imposición a Belizán de una pena cruel, contraria a los principios de proporcionalidad, culpabilidad y “ne bis in idem”, los mismos tampoco pueden prosperar.
En tal sentido, se advierte que por su obrar ilícito el Sentenciante de grado le impuso una pena temporal de doce años de prisión, cuyo vencimiento opera el 27.07.2017 (v. f. 1, expte. N° 1077/13, unido por cuerda a los presentes).
Luego, el Tribunal a quo al denegar las salidas transitorias, aplicó la restricción del artículo 56 bis, no imponiendo una pena nueva, ni distinta, ni más gravosa.
Con tal prohibición, el legislador estableció que el régimen de progresividad para el fin de reinserción no contempla en estos casos que el condenado permanezca cierto tiempo fuera del establecimiento penal, es decir, otras herramientas deberán utilizarse para este cometido y no las salidas transitorias.
Sentado ello, no se advierte afectado el principio de “ne bis in idem”, siendo que el Juez de Ejecución -y luego la Cámara cuando confirma el rechazo a la concesión de las salidas transitorias- no efectúa juicio de reproche, ni impone una pena adicional sobre el condenado, sino que aplica el precepto legal.
2.5. Por último, en cuanto a lo sostenido por la impugnante en relación a que en el caso se violaron los principios acusatorio, de contradicción, debido proceso e “in dubio pro reo”, tales postulaciones deben ser desestimadas, al sostener la defensa que la Sala no tuvo en cuenta el acuerdo de partes acerca de la inconstitucionalidad de la norma y del cumplimiento por Belizán de los requisitos para obtener las salidas transitorias.
En consonancia con lo dicho precedentemente, los jueces tienen el deber de verificar la compatibilidad de las normas aplicadas en los casos concretos sometidos a su decisión, a la luz de los preceptos constitucionales.
3. A mayor abundamiento, es dable señalar que de la lectura de las constancias obrantes en el expediente N° 1077/2013 surge que en fecha 20.09.2012, es decir previo al dictado del fallo de Cámara, el Director del Instituto Correccional Modelo (U.I) aplicó una sanción disciplinaria a Belizán, y como consecuencia de ello, se produjo un descenso en su calificación de conducta y se lo excluyó del período de prueba.
Considerando dicha circunstancia, y sin perjuicio de que el Tribunal a quo confirmó la decisión de baja instancia aplicando sin más el artículo 56 bis de la ley 24660, se advierte asimismo que al momento del dictado del pronunciamiento impugnado, Belizán ya no reunía las condiciones que la ley exige a todo condenado para poder peticionar la concesión de las salidas transitorias (cfr. arts. 15 y 17 de la ley 24660).
4. Por tanto, dado que la posibilidad de obtención de las salidas transitorias se ve obstaculizada por la aplicación al caso concreto de la norma del artículo 56 bis de la ley 24660, y conforme los fundamentos expuestos, la recurrente no ha logrado demostrar que dicho obstáculo legal pueda tildarse como contrario a los principios constitucionales que alega vulnerados.
Voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:
1. Comparto y hago propio el relato efectuado por el señor Ministro doctor Erbetta en los puntos 1.1. a 1.6. de su voto.
2. De acuerdo al relato de las constancias de la causa, cabe tener presente que tanto el Juez de Ejecución Penal como la Alzada -al confirmar el decisorio de baja instancia- denegaron el pedido de salidas transitorias efectuado por Belizán, en base al impedimento previsto en el artículo 56 bis de la ley 24660, en cuanto inviabiliza la posibilidad de otorgamiento de los beneficios del período de prueba a quienes estuvieran condenados por los delitos que enumera -entre los que se encuentra el de homicidio en ocasión de robo previsto en el artículo 165 del Código Penal por el que cumple pena el nombrado-.
La defensa del condenado ataca tal decisión, por considerar que la misma se funda en una norma violatoria de los principios de culpabilidad, “non bis in ídem”, proporcionalidad, igualdad, razonabilidad, resocialización y progresividad penitenciaria.
A fin de dar respuesta a los planteos esgrimidos por la recurrente, de inicio, cabe recordar que constituye un principio democrático esencial que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que su posible nulificación obliga a ejercer dicha atribución de revisión constitucional con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.
La jurisprudencia de la Corte Federal ha señalado que el ejercicio del elevado control de constitucionalidad debe imponer la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto que la Carta Magna asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (Fallos:242:2534; 256:386; 300:1087; vid. C.S.J.S.F., “Marozzi”, A. y S. T. 161, pág. 290); que la declaración de inconstitucionalidad de una ley sólo puede admitirse como “ultima ratio” del orden jurídico (Fallos:247:387; 249:51; 303:248; 304:849 y 1069; 311:394, etc.) y constituye “la más delicada de las funciones que puedan encomendarse a un tribunal de justicia” (Fallos:313:72).
Por ello, tratándose de la delicada misión de eliminar del ordenamiento jurídico una norma, se erige con todo vigor la jurisprudencia de este Tribunal -en consonancia con la Corte nacional- que establece que tachar de inconstitucional una ley impone la carga de fundamentar detallada y exhaustivamente la impugnación (v. A. y S., T. 191, pág. 267; T. 212, pág. 469; entre otros); por lo que la declaración de inconstitucionalidad requiere no sólo el aserto de que la norma cuestionada es violatoria de normas de jerarquía superior, sino también la demostración en concreto de que ello se configura en el caso (cfr. A. y S. T. 231, pág. 12).
Consecuentemente, el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental; mas no inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Fallos:257:127; 293:163; 300:642; 301:341).
Sentadas estas premisas, adelanto que propiciaré la declaración de improcedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Belizán, por considerar que no se advierte que la restricción establecida por el artículo 56 bis de la ley 24660 (texto según ley 25948, B.O. 12.11.2004), en cuanto veda la concesión de cualquiera de las modalidades de ejecución distintas al encierro que implican el ingreso al período de prueba -entre las que se encuentran las salidas transitorias- resulte violatoria, en el caso en examen, de los derechos y principios que se derivan de las normas superiores previstas tanto en la Constitución nacional como en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos con igual jerarquía y que fueran invocadas por la impugnante en sustento de su postulación.
En efecto:
2.1. En primer lugar, para dar respuesta al planteo de la recurrente vinculado a que la imposibilidad de obtener salidas transitorias “inhibe el fin resocializador ya que cancela y destruye totalmente la progresividad” (f. 15), pues -a su criterio- sin régimen progresivo la reinserción social no es posible, cabe efectuar las siguientes aclaraciones.
Si bien es cierto que con la incorporación al bloque constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos (artículo 75, inciso 22, Constitución nacional) la pena privativa de libertad tiene como finalidad esencial la “reforma y readaptación social” de los condenados (arts. 5.6 de la C.A.D.H. y 10.3 del P.I.D.C.P.), ello no significa que tal finalidad se materialice indefectiblemente a través de un sistema progresivo que involucre cualquiera de las modalidades de ejecución distintas al encierro. Vale decir, no debe confundirse la finalidad de resocialización y readaptación social del condenado con la nota de progresividad del régimen penitenciario, pues no necesariamente tal cometido constitucional exige la incorporación paulatina del penado al medio libre a través del egreso anticipado al cumplimiento total de la pena.
En este sentido, ha de tenerse presente que el principio de progresividad del régimen penitenciario no cuenta con raíz constitucional; es un principio incorporado por la ley 24660 en su artículo 6 y es esta misma norma la que establece en su artículo 56 bis los casos en los que se encuentra vedada la posibilidad de determinados condenados a acceder a los beneficios comprendidos en el período de prueba, al de la libertad asistida y a los referidos a la prisión discontinua o semidetención.
Así, partiendo de la base de que los beneficios del período de prueba, entre los que se encuentra la posibilidad de obtener salidas transitorias (art. 15, inc. b, ley 24660), responden a un sistema de progresividad que es puramente de raigambre legal, pero que no tiene su origen en la Ley Fundamental, cabe afirmar que no resulta irrazonable que sea precisamente el legislador quien establezca la existencia o no de estos institutos liberatorios, cuándo y en qué casos proceden, quiénes son sus destinatarios y los requisitos que deben cumplimentarse para su acceso.
Asimismo, debe señalarse que de los fines de la pena reseñados en los artículos 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es posible inferir que los Estados estén obligados a incluir en sus sistemas penales el régimen de salidas transitorias o que el acceso a éste sea obligatorio para todos los condenados (igual criterio para la libertad condicional: Cámara Federal de Casación Penal, “Rearte, Mauro Germán s/Recurso de casación”, causa N° 14423, Sala II, Reg. 19569 del 21.12.2011, pronunciamiento que ha quedado firme -C.S.J.N., fallo del 26.03.2013-).
En punto a ello, la mencionada ley -dentro de este régimen de progresividad- cuenta con herramientas para cumplir con la finalidad resocializadora y ayudar al condenado a prepararse para su retorno a la vida social libre -entre otras: previsiones adecuadas para un trabajo, continuación de estudios, aprendizaje profesional, sistema de recompensas y estímulo educativo (v. artículos 1, 103/106, 114, 133, 135 y 140 de la ley 24660)-.
Así las cosas, la defensa no logra demostrar la posible violación de las disposiciones convencionales citadas por la aplicación en el caso del artículo 56 bis de la ley de ejecución de pena.
2.2. En orden al reproche de la impugnante por la presunta afectación en el caso de los principios de igualdad (art. 16, Const. nacional) y razonabilidad (art. 28, Const. nacional), corresponde precisar que el principio de igualdad no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, pero exige que “concurran ‘objetivas razones’ de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad (…). Ello determina la existencia de alguna base válida para la clasificación, distinción o categoría adoptada, lo que significa que debe haber algún motivo sustancial para que las propiedades o personas sean catalogadas en grupos distintos (…), considerado como tal aquel conducente a los fines que imponen su adopción (…) e inválido el que se apoya en un criterio de distinción arbitrario, es decir, que no obedece a fines propios de la competencia del Congreso, o si la potestad legislativa no ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido” (Fallos:327:2868).
En el caso sujeto a estudio, considero que la norma cumple con las exigencias mínimas de razonabilidad que recaen sobre toda ley penal, puesto que la razón por la que se les veda a determinados penados los beneficios referidos, responde a que en los casos exceptuados el legislador entendió que por la índole de los delitos por los que fueran condenados -delitos enumerados en el artículo 56 bis, entre los que se encuentra el homicidio en ocasión de robo (inciso 4)- correspondía sustraer a sus autores de la ejecución de la pena bajo la modalidad de externación anticipada.
Tal criterio de distinción no se advierte arbitrario, puesto que existe un denominador común que justifica una mayor severidad en la ejecución de la pena y tal nota caracterizante radica precisamente en la gravedad de los delitos que motivan la condena (ver al respecto la discusión parlamentaria de la ley 25948 en L.L. “Antecedentes Parlamentarios”, Tomo 2005-A, pág. 285).
La circunstancia de que el legislador no incluyera en la prohibición referida a todos los tipos penales que contemplan el resultado muerte, ni tampoco a todos los que tienen prevista pena privativa de libertad a perpetuidad, no convierte en irrazonable tal criterio diferenciador, en tanto, como ha sostenido el máximo Tribunal de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad no podría fundarse en la omisión del legislador de proteger de igual modo otros bienes jurídicos, «pues en tal caso la sentencia de la Corte no tendría por fin descalificar una incriminación legislativa de conductas, sino, antes bien, imponer al Poder Legislativo la incriminación de otras conductas en la misma medida que la descalificada. Desde tal mira, la Corte sometería a dicho Poder a sus propios criterios acerca de qué conductas deben ser declaradas delictivas y cómo deben ser punibles, lo que repugna a la organización constitucional del poder de la República Argentina” (cfr. Fallos:314:424, considerando 9° de la mayoría).
Así las cosas, ello impide la formulación de un juicio de reproche contrario a la constitucionalidad del precepto mencionado, pues los motivos que llevaron al legislador a introducir esta norma -como se señaló- no parecen arbitrarios ni irrazonables, sino que son el fruto del legítimo ejercicio de las facultades discrecionales que posee el Poder Legislativo -por ser conferidas por la propia Constitución nacional- y que responden a razones de política criminal sobre el tratamiento penitenciario de los penados, respecto de cuyo ejercicio esta Corte carece de control.
En consecuencia, no se advierte que la Cámara haya incurrido en arbitrariedad al considerar que en el caso de Belizán no se afectaban principios constitucionales con la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 56 bis, pues la Alzada arribó a tal conclusión en el marco del control difuso de constitucionalidad que importa el deber de los jueces de verificar la compatibilidad del artículo en cuestión con los principios que se derivan de las normas superiores. Función preeminente de la jurisdicción que debe ejercerse incluso de oficio (ver mi voto en A. y S. T. 255, pág. 141).
Estos argumentos resultan trasladables como respuesta al planteo de la recurrente respecto a la situación del coimputado Sánchez, quien fuera condenado a la misma pena como coautor del mismo delito y obtuvo las salidas transitorias por haber resuelto la Sala Tercera (con distinta integración), que la norma en cuestión respecto del nombrado era inconstitucional, toda vez que tal decisión también es consecuencia del referido sistema de control de constitucionalidad difuso y circunscribe sus efectos al caso concreto sometido a estudio.
2.3. En igual sentido, no se advierte que la norma en cuestión contravenga los principios de “non bis in idem” (arts. 18 y 75, inc. 22, C.N.; 8.4, C.A.D.H. y 14.7, P.I.D.C.P.), proporcionalidad de la respuesta punitiva y culpabilidad por el acto (arts. 18, 19 y 75, inc. 22 C.N.; 9 C.A.D.H. y 15 P.I.D.C.P.), como sostiene la impugnante.
Así:
2.3.1. En orden a que el mencionado dispositivo legal choca con el principio de culpabilidad porque impone al autor de un delito un reproche mayor al dispuesto por el sentenciante al condenarlo, ha de señalarse que con tal afirmación no logra evidenciar la recurrente la afectación de esta disposición constitucional, toda vez que la mayor intensidad de la respuesta punitiva estatal en la faz de cumplimiento de la pena, encuentra sustento en que el legislador consideró que para los condenados por determinados delitos altamente reprochables debía necesariamente imponerse distinto tratamiento penitenciario en función a la mayor culpabilidad que se le reprocha al condenado, la que se afinca en la gravedad de la conducta cometida al afectar bienes jurídicos esenciales de la sociedad.
Este mayor grado de culpabilidad en nuestro sistema penal repercute a la hora de individualizar la sanción punitiva, cuestión que debe abarcar no sólo la cuantificación, sino también su forma de ejecución.
La consideración de la gravedad del delito como dato objetivo y formal no aparece ajeno a la sistemática del Código Penal. Al respecto, es oportuno recordar que nuestro máximo Tribunal de la Nación en relación a la constitucionalidad de la prohibición estatuida en el artículo 14 del Código Penal en cuanto veda la libertad condicional al reincidente, sostuvo que el legislador puede “tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en nueva infracción criminal” (“Valdéz, Enrique Carmelo”, Fallos:311:552).
Al respecto, la ley 24660 cuenta con normas generales sobre el modo de cumplimiento de la pena, pero a cada delito en particular le corresponde un tratamiento penitenciario distinto. Ello en función del “quantum” de la pena impuesta -mayor o menor según el delito de que se trate y el bien que tutele- y el grado de reproche que corresponde a su autor.
2.3.2. En igual sentido, no puede sostenerse que el Juez de Ejecución al denegarle las salidas transitorias a Belizán efectúa otro juicio de reproche por el mismo injusto por el que fue condenado, ni que ello importe adicionar una pena “extra”, argumentos sobre los que funda la recurrente la violación de los principios de “non bis in idem” y proporcionalidad de la reacción punitiva.
Ello así pues el principio de “non bis in idem” prohíbe que la misma persona sea sometida nuevamente a proceso o a cumplir otra vez pena por el mismo delito y, en lo que aquí interesa, los hechos que fueron materia de juicio y castigo no son juzgados nuevamente por el Juez de Ejecución.
La consideración de la naturaleza del delito para establecer una mayor rigurosidad en la ejecución de la pena no denota una violación al “non bis in idem”, pues no se aplica una nueva pena por un mismo hecho, sino que -como se sostuvo- se ajusta con más precisión el tratamiento penitenciario para aquellos supuestos en los que el delito por el cual está condenado el interno es sumamente grave.
2.3.3. De igual manera, esta pena “extra y cruel” a la que hace referencia la recurrente para fundar la afectación del principio de proporcionalidad, importa un cuestionamiento que carece del elemental asidero, a poco se repare que el contenido del injusto y culpabilidad por los hechos reprochados al autor fueron ponderados por el Juez de Sentencia a los fines de determinar la responsabilidad penal e individualizar la pena -dentro de los límites legales del tipo penal por el delito que fuera condenado Belizán-. En tanto, el Juez de Ejecución -insisto- no impone ni adiciona pena, sino que interviene en su faz de ejecución.
2.4. Por último, el reproche de la impugnante -con cita del antecedente de esta Corte “Capozzuca” (A. y S. T. 242, pág. 395)- vinculado a que la Sala no tuvo en cuenta el “acuerdo de partes” acerca de la inconstitucionalidad de la norma y del cumplimiento por Belizán de los requisitos para obtener las salidas transitorias, violando -a su criterio- los principios acusatorio, de contradicción y debido proceso, luce improponible, pues no resiste el examen de las elementales reglas que imperan en materia de actividad jurisdiccional respecto a la actividad indelegable que tienen los jueces de verificar la compatibilidad de las normas internas con los principios que se derivan de las normas superiores previstas tanto en la Constitución nacional como en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, independientemente de la postura constitucional que tengan las partes y de la naturaleza y características del proceso.
3. Por las razones expresadas, la defensa de Belizán no ha logrado demostrar -ni se advierte- que la restricción establecida por el artículo 56 bis de la ley 24660 merezca en el caso reparos constitucionales.
Voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Spuler y el señor Juez de Cámara doctor Burtnik expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido
A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto.
Así voto.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Netri y Gutiérrez, el señor Ministro decano doctor Spuler y el señor Juez de Cámara doctor Burtnik dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.
En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto.
Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano, los señores Ministros y el señor Juez de Cámara por ante mí, doy fe.
FDO.: SPULER BURTNIK ERBETTA (en disidencia) GASTALDI (en disidencia) GUTIÉRREZ NETRI BORDAS (SECRETARIO).
Tribunal de origen: Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Ejecución de Sentencia de Coronda.
030522E
