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JURISPRUDENCIADaño ambiental. Cuenca Río Matanza – Riachuelo. Acumar. Incumplimiento. Plan integral de saneamiento ambiental. Informes. Asesor tutelar
En el marco de la causa que investiga los daños ambientales de la cuenca Río Matanza – Riachuelo, se ordena remitir los oficios efectuados por el asesor tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, referidos a la situación de los grupos familiares que residen en el camino de sirga de las Villas 21-24 y 26, al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón. Se destaca en el informe del asesor el incumplimiento de los plazos del cronograma de relocalización de los grupos familiares que residen en la zona -que en algunos casos lleva más de 4 años de demora-, como así también los elevados valores de plomo en sangre de los menores que habitan en la zona afectada.
Texto Completo:
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016
Autos y Vistos; Considerando:
Que el Asesor Tutelar n° 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitió a esta Corte dos oficios referidos a la situación de los grupos familiares que residen en el camino de sirga de las Villas 21-24 y 26 de la ciudad mencionada. Señala que ejerce la representación de niños, niñas y adolescentes (art. 103 del Código Civil y Comercial, y art. 53 de la ley local 1903), Y que en ese marco se encuentra participando en las mesas de trabajo para planificación y ejecución de criterios y parámetros de relocalización de los vecinos afectados por el camino de sirga.
En virtud de ello, destaca en primer término el incumplimiento de los plazos del cronograma de relocalización de los grupos familiares que residen en el camino de sirga, que en algunos casos lleva más de 4 años de demora. Afirma seguidamente que a la vulneración del derecho a una vivienda adecuada se agrega la violación del derecho a la salud y a un ambiente sano de sus representados. Precisa en este punto que el Informe Preliminar de la Evaluación Integral de salud en Áreas de Riesgo (EISAR) llevado a cabo por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) estableció que el 24,5% de los menores de 6 años analizados en la Villa 21-24 y el 17% de ese universo en la Villa 26 obtuvieron valores de plomo en sangre superiores al valor de referencia vigente que la Academia Nacional de Medicina recomienda en base a lo que establecen los estudios toxicológicos internacionales que evalúan su peligrosidad. Explica – citando el informe de la academia mencionada- que la «plombemia es ocasionada mayormente en niños, niñas y adolescentes que residen ‘en áreas cercanas a industrias que trabajen con este metal, vivienda cercana a basurales, vivienda cercana a industrias que realicen fundición de metales, vivienda con depósito de basura electrónica’”. Concluye que «la responsabilidad en la demora de la relocalización compromete al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Estado Nacional condenados en este proceso, como así también a la órbita Jurisdiccional quien no toma medidas positivas frente a la omisión en la observancia de los mandatos judiciales por parte de los órganos gubernamentales pertinentes».
Que esta Corte sostuvo en su decisión del 19 de diciembre de 2012 que los magistrados designados a cargo de la ejecución de la sentencia definitiva en la presente causa deberán, en el marco de sus respectivas competencias, hacer especial énfasis en la erradicación y relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios. Se especificó entonces que «deberá instarse el efectivo y completo cumplimiento del plan de erradicación y relocalización de aquellos que se encuentren ubicados sobre el denominado ‘camino de sirga’, aprobado por el juez de ejecución el 22 de febrero de 2011; es público y notorio que se encuentran vencidos los plazos oportunamente comprometidos por las jurisdicciones involucradas para su cumplimiento, a raíz de las demoras ocurridas en la construcción de las viviendas a las que debería trasladarse la población afectada. (…). En todos los casos, deberá preservarse apropiadamente el derecho de todas las personas relocalizadas a acceder, en los nuevos inmuebles que habitaren, a los servicios públicos esenciales, a la educación, salud y seguridad (considerando 6°, punto d).
Por lo expuesto, remítase a sus efectos las presentaciones del Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires al juzgado federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón.
RICARDO LUIS LORENZETTI
ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO
JUAN CARLOS MAQUEDA
HORACIO ROSATTI
CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ
Mendoza, Beatriz S. y otros c/Estado Nacional y otros – Corte Sup. Just. Nac. – 20/06/2006
012421E
