Se exhorta al Congreso de la Nación para que -en un plazo razonable- cumpla con su deber constitucional y designe al Defensor del Pueblo de la Nación, quien tiene una función relevante en la ejecución del plan integral de saneamiento ambiental fijado por la Corte Federal en la sentencia del 8 de julio de 2008, respecto de la cuenca Matanza Riachuelo. Ello así, como coordinador del cuerpo colegiado que integra junto con las organizaciones no gubernamentales intervinientes, a fin de garantizar la participación ciudadana en dicha instancia del proceso. Asimismo, se establece que -entre tanto- el cuerpo colegiado así creado adopte sus decisiones por mayoría absoluta, con prescindencia de la coordinación oportunamente fijada en cabeza del “ombudsman”.
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