En el marco de un secuestro prendario, se confirma el decisorio que declaró la incompetencia del tribunal para entender en estas actuaciones al amparo de las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor, pues tratándose de una acción iniciada por una entidad financiera contra una persona física -y el contrato prendario que sostiene documentalmente la petición exhibe que el vehículo ha sido afectado para uso particular y/o privado-, tal actividad financiera queda comprendida en el ámbito de la relación de consumo definida en el art. 3 de la Ley 24240.
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