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JURISPRUDENCIAReajuste de haberes. Nulidad. Sentencia. Requisitos. Principio de congruencia
Se declara la nulidad de la sentencia por reajuste de haberes apelada, toda vez que la misma peca de dogmática al ordenar la aplicación de la doctrina de la CSJN resuelta en el caso “Badaro”, a una causa a la que le resulta temporalmente inaplicable. El actor solicitó el beneficio previsional en el año 2009, habiendo desempeñado tareas hasta el año 2008 e inició juicio para obtener el reajuste previsional. Por otro lado, la doctrina “Badaro” comprende únicamente el período que se extiende desde enero de 2002 a diciembre de 2006, por lo que resulta inaplicable para resolver la controversia planteada por el beneficiario.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01/11/2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Estas actuaciones en las que el titular de autos inició demanda tendiente a obtener el reajuste de su haber previsional, tanto a partir de la modificación del haber inicial como de su movilidad posterior, con base en la ley 24.241, por ser éste el cuerpo normativo bajo el cual obtuvo su beneficio previsional. Plantea la inconstitucionalidad de diversas resoluciones de Anses pues a su juicio limitan la aplicación de los índices de actualización a los que remite el art. 24 inciso a) de la ley 24.241. También ataca por inconstitucionales los arts. 7º, 11º punto 1, 9º, 21º y 24º de la ley 24.463. Solicita se disponga la actualización de los importes devengados como haberes retroactivos desde la primera liquidación del beneficio y hasta el efectivo pago.
La Sra. Juez “a quo”, ante el planteo efectuado, dictó una sentencia definitiva con base en doctrina y jurisprudencia relativa al reajuste de haberes previsionales pero sin aplicarlos al caso concreto que le era sometido a estudio.
Lo antes afirmado obedece a que la magistrada actuante se refirió a tópicos que no coinciden con los elementos obrantes en la causa.
Así, puede observarse que Balderrama solicitó el beneficio jubilatorio el 12/05/2009 (ver fs. 25) habiendo desempeñado tareas hasta febrero de 2008. No obstante la Dra. Piñeiro ordenó la aplicación de la doctrina recaída en el caso “Badaro” que comprende únicamente el período que se extiende desde enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006.
Planteada así la cuestión no puede menos que recordarse que la sentencia es un documento escrito que debe contener determinados requisitos intrínsecos que le conceden eficacia y valor jurídico.
Estos requisitos se encuentran establecidos en el art. 163 del CPCCN.
Así, un pronunciamiento deberá contener: lugar y fecha de emisión del acto jurídico, nombre de las partes, la relación sucinta de las cuestiones objeto de debate o estudio, los fundamentos jurídicos que apoyan la decisión tomada, y la decisión expresa, positiva, precisa que se traduce , en la mayoría de los casos, en pronunciamientos condenatorios o absolutorios de naturaleza patrimonial.
En otras palabras, el magistrado competente está obligado a efectuar una aplicación racional de la ley y a decidir de acuerdo a la voluntad legislativa, dando respuesta adecuada a las posturas contradictorias esgrimidas por las partes de acuerdo a los términos de sus peticiones.
En el caso bajo análisis la sentencia emitida peca de dogmática pues la Sra. Juez “a quo” abarcó distintos supuestos fácticos mediante expresiones condicionales que no constituyen una respuesta adecuada a la solicitud formulada por el peticionante, ni a las defensas esgrimidas por Anses, sin explicar cuál era la situación concreta bajo análisis, que era lo peticionado por el afiliado, cuando había entrado en pasividad y que norma previsional le era aplicable.
Se ha señalado que las decisiones judiciales deben configurar un todo indivisible demostrativo de una unidad lógico jurídica (CSJN 16/06/2015 “Diego,Claudia Lidia c/Estado Nacional” L.L.2015-E-132; 06/08/2015 “Flores, Héctor Rubén c/Granja Tres Arroyos SA” L.L. 2015-E-416; 28/06/2016 “Comita, Nilda Eloisa c/Aguiar, Gabriel Esteban s/Daños y perjuicios”) debiendo responder al principio de congruencia interno entre los argumentos esgrimidos para resolver y la parte dispositiva del documento (Maraniello, Patricio “El principio de congruencia interno” L.L. 2015-F-88) puesto que no resulta válido resolver un litigio con arreglo a criterios y razonamientos que no se encuentran fundados en elementos de convicción suficientes existentes en la causa (Varela Casimiro “Fundamentos constitucionales del derecho procesal” pág. 96)
Asimismo, se ha puntualizado que los pronunciamientos judiciales deben contar con fundamentos consistentes y racionalmente sostenibles, expresando las razones que el derecho suministra para la resolución de las controversias, puesto que tal extremo favorece la credibilidad de las decisiones tomadas por el Poder Judicial en el marco de la sociedad democrática, so pena de ser descalificados por violentar la garantía constitucional de la defensa en juicio (CSJN 15/03/16 “S.,D. c/Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno”)
Cabe reiterar que el pronunciamiento de la anterior instancia carece de una relación sucinta de las cuestiones objeto del juicio de acuerdo a lo peticionado por el afiliado, no considera objetivamente las cuestiones objeto de debate o estudio, ni da los fundamentos jurídicos que sustenten la decisión tomada, formulando juicios hipotéticos que lo descalifican como acto jurisdiccional válido.
Tal situación determina la conveniencia de devolver la presente causa a la Magistrada actuante quien deberá dictar sentencia sobre la cuestión sometida a su conocimiento, por no haberse configurado prejuzgamiento.
Por lo expuesto, y compartiendo lo expresado por el Sr. Representante del Ministerio Público el Tribunal RESUELVE: 1º) Declarar la nulidad del pronunciamiento emitido en la instancia a quo, 2º) Devolver sin más trámite las actuaciones al tribunal de origen a fin que la Sra. Magistrada, dicte un nuevo pronunciamiento, en los términos del art. 163 del CPCCN, que responda en forma concreta al planteo formulado por las partes, 3º) Imponer las costas procesales por su orden.
Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
El Dr. Emilio Lisandro Fernández no vota por encontrarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.)
LUÍS RENE HERRERO
Juez de Cámara
NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara
ANTE MI: AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara
Badaro, Adolfo Valentín c/ANSeS s/reajustes varios – Jubilaciones y Pensiones. Reajuste – Corte Sup. Just. Nac. – 08/08/2006 – Cita digital IUSJU067821B
021456E
