Se declara la nulidad del decreto provincial atacado, ordenándose al Estado Provincial que reincorpore al actor al cargo y situación de revista que ocupaba antes de su emisión o en un cargo y función de nivel escalafonario similar, pues el acto ha sido emitido por el Poder Ejecutivo Provincial en total contravención al ordenamiento legal aplicable y, de esa manera, ha vulnerado el derecho a la estabilidad propia que ostenta el agente, so pretexto de ejercer potestades discrecionales, para sortear el imperativo carácter de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
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