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JURISPRUDENCIADespido indirecto. Injuria laboral. Maltrato. Trato hostil. Daño moral. Prueba testimonial. Valoración de la prueba
Se hace lugar a la demanda por despido iniciada por el trabajador, toda vez que se acreditó el maltrato personal propiciado por su superior jerárquico, durante el desarrollo de su relación de trabajo, que generó un daño psicológico en el dependiente. Por tal razón, además de las indemnizaciones del sistema de la ley de contrato de trabajo, se fijó una indemnización por daño moral.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016.
En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:
Contra la sentencia de primera instancia vienen en apelación todos los demandados, en una presentación conjunta a fs. 961/968; cuya contestación obra a fs. 970/976.
Asimismo, la perito contadora a fs. 958, cuestiona los honorarios que le fueron regulados, por considerarlos reducidos.
En primer lugar, examinaré la queja presentada por las demandadas.
En este sentido se advierte que las presentantes se agravian centralmente por la valoración de las injurias invocadas por el trabajador para considerarse incurso en situación de despido indirecto; por la condena por diferencias salariales por trabajo cumplido en exceso de la jornada legal; por la procedencia del incremento indemnizatorio establecido por el art. 1 de la ley 25323; por lo decidido en relación al pago de la liquidación final; por la condena a las empresas demandadas en tanto grupo económico; por lo resuelto en materia de certificaciones y multa por falta de entrega de las mismas; y finalmente, por la condena en forma personal de la persona física demandada.
Desde esta perspectiva, me adentraré en los agravios expuestos en relación a la valoración de las injurias invocadas por el actor para considerarse incurso en situación de despido.
En este sentido, y tal como ha quedado establecido en el pronunciamiento de grado, en el sub lite se ha logrado demostrar que el actor fue objeto de un trato hostil y persecutorio por parte del codemandado -E. A. J. P- (persona física demandada en autos).
Los testigos D. (fs. 544), F., N. (fs. 547), C. (fs. 550) y F., A. R. (fs. 736) -exhaustivamente examinados por el sentenciante de grado- dan cuenta de los malos tratos recibidos por el actor por parte del directivo en cuestión.
Por su parte, D. explica que la relación entre el actor y P. era tensa, “…cada vez que hablaba por teléfono con él quedaba muy nervioso…”, y que “…una vez presenció una discusión entre P. y el actor, donde P. le dijo vos no entendés nada vení a mi oficina, y luego se escuchaba que discutían, que a raíz de esta discusión el actor estaba muy mal, se ponía mal en el trabajo, se ponía muy nervioso…”.
N. F., declara conocerlos porque primero trabajó en el bar de al lado y les llevaba café y, posteriormente, ingresó a trabajar en Bainter. En esas condiciones, explica que “…la relación entre ellos no era buena por el trato que tenía P. hacia el actor, que cuando la dicente llevaba el café a P. tenía que esperar a que le pagara cuando hablaba por teléfono y ahí escuchaba que el decía que era un inútil, lo gritaba, bastardeaba, que no servía el trabajo que hacía, eso lo escuchó la dicente siempre…” asimismo, agrega que “…cuando la dicente ingresó en 2007 la dicente estaba en el segundo piso con el actor, y P. en el tercero, y veía cuando bajaba P. gritando “F.”, que pasó con esto o por qué esto está así, siempre a los gritos tratándolo de inútil…” que “…cualquier defectos era culpa del actor, la dicente podía escuchar los gritos, cualquier falla que tuviera el trabajo P. trataba mal al actor, la dicente lo escuchaba porque temporalmente estuvo al lado de la oficina de P. , que escuchaba que le gritaba que era un inútil, que las cosas no podía ser así, que era culpa de él, y las cosas no eran así, le gritaba o lo llamaba a su escritorio para allí pelear, cuando llegaba lo primero que preguntaba era por el actor, siempre lo trató de inútil, lo gritaba mucho…”.
C., por su lado, declara que “…la relación de éste con el actor era bastante compleja…” que “…presenció varias discusiones, algunas personales, otras por teléfono, lo hacía ir varias veces, discutían, muchas veces le decía inútil, las discusiones entre ellos eran muy fuertes, que con los demás la relación de P. era normal…”.
Y, A. R. F., explica que “…P. trataba mal al actor, lo insultaba, le decía que era un inútil, que no servía para nada, que no sabía hacer nada, lo gritaba, lo mandaba a su puesto, lo llamaba a los gritos, la dicente escuchaba todo esto porque trabajaba allí…” y que “…el trato de P. con el resto de la gente era bueno, no tenía problemas con nadie más…”.
Al respecto cabe puntualizar que, en la apreciación de la prueba testimonial, lo relevante es el grado de credibilidad de los dichos, a cuyo fin, se valoran las condiciones personales del declarante, la razón de sus dichos, la existencia o ausencia de interés en el asunto; es decir, todos los elementos subjetivos que puedan restar fuerza de convicción a aquéllos. Los testimonios deben ser analizados en forma global, integrando las diversas respuestas brindadas en el interrogatorio al que se sometieron los testigos, que constituye la única forma de extraer verdaderamente el contenido de aquél, y apreciar, en consecuencia, su validez de acuerdo a las reglas de la sana crítica (cfr. arts. 386 y 456 CPCC y 90 LO).
La circunstancia de que algunos testigos hayan iniciado algún pleito contra la misma demandada, no los inhabilita como tales, y no se advierte razón alguna para descalificar sus testimonios cuando (como ocurre en el sub lite) éstos se observan coherentes, concordantes y suficientemente fundados en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieran conocimiento de los hechos sobre los cuales se expiden. Debe tenerse en cuenta que los sucesos laborales se dan en una comunidad de trabajo y por eso quienes participan de ella son los que pueden aportar datos al respecto y en muchas ocasiones la prueba testimonial constituye el único elemento de convicción del cual depende el magistrado para esclarecer la cuestión en debate -arts. 386 y 456 del CPCCN-.
En el proceso laboral, como en el civil, la selección y valoración de las pruebas es función privativa de los jueces de la causa, quienes no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino a tomar en cuenta sólo aquellas que entiendan conducentes para la mejor solución del litigio.
Asimismo, encuentro demostrado que las circunstancias relatadas han causado en el actor un trauma de índole psicológico que le genera incapacidad; sin que se adviertan eficazmente controvertidos los fundamentos expuestos por la experta médica (ver informe de fs. 865/867 y fs. 905) al respecto.
Por lo expuesto, y no encontrando en el escrito recursivo en examen, elemento objetivo que justifique un apartamiento de lo decidido al respecto, propongo se mantenga lo decidido en origen respecto a la injuria basada en el trato persecutorio y hostil, que ha sido invocada por el trabajador como impeditiva de la prosecución del vínculo dependiente que los uniera (art. 242 LCT).
La acreditación de una de las causales invocadas -que obstó a la continuidad del vínculo laboral y, en consecuencia, legitimó la denuncia del contrato- exime de analizar la suerte de las restantes injurias invocadas en función de la indivisibilidad del contrato de trabajo. Ello por cuanto el despido puede basarse en varios hechos, y al trabajador le basta probar que uno de los hechos injuriantes invocados revistió la gravedad suficiente como para justificar el despido.
En relación con lo anteriormente expuesto, considero ajustado a derecho lo resuelto en grado respecto a la pretensión resarcitoria por daño moral.
En el caso, se advierte la existencia de daños atribuibles a la conducta adoptada por quien fuera la empleadora del actor, resarcibles más allá de la tarifa legal prevista por la normativa. Por lo demás, destaco que los argumentos expuestos al respecto no distan de una mera manifestación subjetiva de disconformidad, sin aportar elemento objetivo alguno que justifique un apartamiento de lo decidido al respecto (art. 116 LO).
Seguidamente, examinaré los términos vertidos en la queja de las demandadas, vinculados con lo decidido en grado en relación a las labores cumplidas en exceso de la jornada legal.
En este sentido, adelanto que el recurso tendrá favorable acogida.
En el presente caso, el actor invoca haber laborado para la demandada de Lunes a Viernes de 9 a 19 horas, peticionando en consecuencia, el pago de diferencias salariales por un período de 24 meses por la cantidad de dos horas diarias en exceso de la jornada legal.
Desde esta perspectiva, considero que de los elementos probatorios aportados a la causa, no surge demostrado tal extremo fáctico.
De las declaraciones testimoniales de autos, tanto las ofrecidas por la parte actora como por la parte demandada (ver D. a fs. 544, F. a fs. 736, B. a fs. 842, Lujan a fs. 737, y S. a fs. 753) surge que el actor, y el resto del personal, laboraban de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Así las cosas, corresponde efectuar una interpretación armónica de las normas referidas a la limitación de la jornada que, salvo supuestos especiales, son la ley 11.544 y su decreto reglamentario 16.115/33.
En efecto, la ley 11.544 establece un máximo de 8 horas diarias o 48 semanales, en tanto el decreto 16.115/33 dispone algunas modalidades especiales. Su artículo 1º inciso b) permite distribuir la jornada de manera desigual, siempre que en cada día no se excedan las 9 horas de trabajo.
Por tanto, en mi opinión, no se ha logrado demostrar el trabajo en exceso de la jornada legal, por lo cual tampoco resultan, en el caso, operativos los efectos presuncionales derivados de la falta de aporte de planillas horarias.
Por lo expuesto, de prosperar mi voto, propongo se detraiga del monto de condena la suma de $ 59.990, correspondiente a diferencias salariales por horas extras.
El planteo recursivo vinculado con el pago de la liquidación final, no resulta atendible, puesto que en el caso no se advierte demostrado tal extremo de conformidad con las pautas establecidas en el art. 138 LCT.
Procederé a examinar los agravios expuestos por las sociedades demandadas en relación a sus respectivas condenas.
En el caso, de los elementos probatorios aportados a la causa, surge demostrado que el actor comenzó laborando para Bainter SA de Ahorro para fines determinados, y luego a través de distintas escisiones societarias se fueron formando las otras sociedades aquí demandadas (Bainter Inversiones Inmobiliarias SA, Bainter Gerente de Fondos Comunes de Inversión SA, Círculos Inmobiliarios de Emprendimientos SA).
En este sentido, el testigo D. (fs. 544) expresa que “…cuando ingresó la dicente sólo estaba Bainter Ahorro y luego se fueron abriendo las otras empresas…” y que “… el actor trabajaba para todas las empresas como todos, es un mismo grupo de empresas, el actor era el jefe de sistemas, hacía todo lo que era programación…”, que “…en un principio las demandadas Bainter Inversiones, Bainter Gerente de Fondos y Círculo Inmobiliario no tenían personal propio, eran todos para todas, luego los fueron separando, que el actor respondía a Ahorro…” que “…mientras el actor estuvo trabajando hacía trabajo para todas las empresas…”.
También N. F. (fs. 547) manifiesta que conoce a todas las demandadas, porque estaban todas en el mismo edificio, que el edificio era del grupo Bainter.
Colman, por su parte, también expresa que el actor era el jefe de sistema del grupo.
En este orden de ideas, coincido con los argumentos dados en grado por el sentenciante en cuanto afirma que el actor, habiendo sido registrado por Bainter SA de Ahorro para fines determinados; laboró en forma indistinta para todas las demandadas, y que dichas sociedades se encuentran estrechamente vinculadas, tal como surge de la informativa a la IGJ, integradas por los mismos socios, con unidad de gestión administrativa, con los mismos domicilios, con comunidad de directores e intereses comunes determinados por el objeto social de cada una de ellas.
En consecuencia, considero ajustado a derecho lo decidido en grado en relación a la condena de dichas sociedades como partes integrantes de un grupo económico en los términos del artículo 31 LCT, compartiendo tanto medios materiales como personales, concretándose así el fraude previsto por el art. 14 LCT.
Por tanto, y no encontrando en el escrito recursivo en examen más que meras manifestaciones de disconformidad con lo decidido en grado, sin aportar las quejosas elementos objetivos que justifiquen una decisión diferente a la propuesta en grado, de prosperar mi voto propongo se mantenga lo decidido al respecto en origen.
De conformidad con lo expuesto, en atención al fraude señalado y a la deficiente registración del vínculo, los agravios vinculados con la condena a abonar el incremento indemnizatorio establecido por el art. 1 de la ley 25323, y a la condena en forma personal de la persona física demandada en los términos de la Ley General de Sociedades; no resultan atendibles (art. 116 LO).
Tampoco resultan procedentes los agravios vertidos respecto tanto a la condena a entregar las correspondientes certificaciones como a abonar la multa prevista por el art. 80 LCT.
Ello así, por cuanto la puesta a disposición invocada por el presentante no desactiva lo decidido, ya que el deudor de las certificaciones contaba, en todo caso, con el procedimiento de consignación judicial; extremo que no aconteció.
Por lo expuesto, de prosperar mi voto, propongo se modifique el fallo apelado y se establezca el monto de condena en la suma de $ 616.970; que llevará intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, de conformidad con la tasa dispuesta por esta Cámara a través del Acta Nro. 2601 (21/5/2014) y del Acta Nro. 2630 (27/4/2016).
En virtud de las previsiones establecidas por el art. 279 CPCCN, propongo que las costas sean soportadas por las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN), asimismo, considero ajustados a derecho los porcentuales de honorarios determinados en grado, con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses.
Ello así en atención, a la naturaleza y mérito de los trabajos profesionales cumplidos en autos, al resultado final del pleito y a las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, dto. 16638/57).
Las costas de esta instancia, propicio que también sean soportadas por las apelantes vencidas (art. 68 CPCCN), a cuyos efectos estimo los honorarios de los presentantes de fs. 970 y fs. 961 en el …% de lo regulado en la etapa anterior.
LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:
Respetuosamente disiento con la solución que propone mi distinguido colega, el Dr. Raffaghelli, en tanto considera procedente la multa del art. 1º de la ley 25.323.
En efecto, el Señor Juez “a quo”, al dictar la sentencia definitiva, admitió la pretensión del trabajador y, en especial y en lo que concierne a este aspecto, pese a que desestimó las multas de los arts. 10 y 15 de la LNE, hizo lugar al incremento indemnizatorio del art. 1º de la ley 25.323 solicitado en subsidio en el escrito inicial (ver fs. 32, pto. VI). Para así decidir consideró que, de los elementos de prueba rendidos en la causa, se verificaban irregularidades registrales “…al no abonarse y deja(r) sentado en los libros la liquidación de los rubros correspondientes a las labores que se acreditan cumplidas en exceso de la jornada normal y habitual para (la) actividad” (ver fs. 950).
Ahora bien, la procedencia del rubro horas extraordinarias fue objeto de un agravio concreto por parte de los demandados, el que fue favorablemente receptado en el voto que antecede, cuya solución, en esta faceta puntual (v.gr.: improcedencia del rubro diferencias salariales por horas extras), comparto.
Por consiguiente, en mi criterio, frente a la propuesta de dejar sin efecto la condena “horas extras adeudadas 50%” por la suma de $ 59.990 (Pesos cincuenta y nueve mil novecientos noventa), se desvanece el presupuesto fáctico que, en la instancia de grado, motivó la condena del incremento indemnizatorio del art. 1º de la ley 25.323 y, en particular, sobre el cual los demandados tuvieron oportunidad de defenderse en su memorial de agravios (ver fs. 964vta., primer párrafo).
A lo expuesto cabe agregar que tampoco quedaron acreditados, en el “sub lite”, los pagos fuera de registro denunciados al demandar, aspecto que arriba firme a esta Alzada (arg. arts. 271 “in fine” y 277 del C.P.C.C.N.).
Desde esta perspectiva de análisis, considero que la decisión de mantener el incremento indemnizatorio de marras con sustento en el “…fraude (…) y a la deficiente registración del vínculo…”, tal como se propicia en el voto que antecede, conllevaría un apartamiento de las constancias de la causa (ver fs. 30vta.; fs. 32 y fs. 950).
Ello es así, toda vez que, tal como lo tiene dicho el Alto Tribunal, la facultad de suplir el derecho -que autoriza a los jueces a calificar autónomamente los hechos y a subsumirlos en las normas jurídicas (“iura novit curia”)- reconoce excepción respecto de los tribunales de Alzada, en el ámbito de los puntos decididos en la anterior instancia y que son motivo de agravio por parte del interesado, en tanto éstos no pueden exceder la jurisdicción devuelta por los recursos llegados ante ellos (doct. Fallos 307:948; 312:696; 313:983; etc.).
En consecuencia, y en atención a la forma en que fue decidida la cuestión en la sede de origen y, en especial, el alcance de la pieza recursiva sometida a decisión de esta Sala, a mi juicio, corresponde detraer del monto de condena no sólo el rubro “horas extras” ($ 59.990) sino también la suma de $ 152.000 en concepto de la multa prevista en el art. 1º de la ley 25.323.
Las consideraciones hasta aquí señaladas me llevan a proponer que, de ser compartido mi voto, se modifique parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su mérito, se establezca como nuevo monto nominal de condena la suma de $ 464.970 (Pesos cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta); crédito que devengará intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, de acuerdo con la tasa de interés prevista por esta Cámara en el Acta Nro. 2601/14 del 21/05/2014 y el Acta Nro. 2630/16 del 27/04/2016
En las restantes cuestiones, adhiero, por análogos fundamentos, al voto del Dr. Raffaghelli, incluso en materia de costas y honorarios.
MIGUEL ANGEL PIROLO DIJO:
Mis distinguidos colegas coinciden en la solución que debe adoptarse con respecto a distintas cuestiones involucradas en esta causa; pero disienten en torno a la viabilidad o no del incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323, por lo que mi voto ha de referirse estrictamente a este punto de divergencia.
En orden a ello, observo que, como surge de las circunstancias analizadas en los votos que anteceden, no se ha comprobado en autos que haya mediado clandestinización total ni parcial de la relación laboral, por lo que no se verifica ninguno de los supuestos contemplados en la disposición sancionatoria sub-examine.
En tales condiciones, con relación a la divergencia planteada, adhiero a la solución propuesta de la Dra. Craig.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18345) EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar el fallo apelado. II) Establecer el monto de condena en la suma de $ 464.970, crédito que devengará intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, de acuerdo con la tasa de interés prevista por esta Cámara en el Acta Nro. 2601/14 del 21/05/2014 y el Acta Nro. 2630/16 del 27/04/2016. III) Confirmar en lo restante que decide. IV) Imponer las costas de primera instancia a las demandadas vencidas. V) Mantener los porcentuales de honorarios determinados en grado, con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses. VI) Imponer las costas de esta instancia, por las apelantes vencidas (art. 68 CPCCN). VII) Fijar los honorarios de los presentantes de fs. 970 y fs. 961 en el …% de lo regulado en la etapa anterior.
Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.
Regístrese, notifíquese y vuelvan.
LUIS A. RAFFAGHELLI
JUEZ DE CAMARA
GRACIELA L. CRAIG
JUEZ DE CAMARA
MIGUEL ANGEL PIROLO
JUEZ DE CAMARA
Ley 20744 – BO: 27/09/1974
Luque, Myriam S.: Acoso laboral o mobbing – CJ – junio 2009
C., A. F. c/Casa Hutton SA s/mobbing – Cám. Nac. Trab. – Sala I – 21/11/2012
R. J. M. c/ADT Security Services S.A. s/otros reclamos – mobbing – Cám. Nac. Trab. – Sala I – 01/10/2015
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