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JURISPRUDENCIAPrisión domiciliaria. Nulidad. Examen médico. Rechazo. Trato inhumano
Se rechaza el planteo de nulidad interpuesto por la defensa contra la resolución que ordenó el control médico del encartado para evaluar la concesión de la prisión domiciliaria, en tanto el recurso no fue presentado en tiempo oportuno, con lo cual deviene extemporáneo; ello no obstante que se pretenda ver en la pretensión una nulidad de carácter absoluto.
Salta, 22 Febrero de 2016.-
AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO:
Que tal como lo señala el Ministerio Público Fiscal el planteo de nulidad incoado por la defensa de R. L. no fue presentado en tiempo oportuno, con lo cual deviene extemporáneo; ello no obstante que se pretenda ver en la pretensión una nulidad de carácter absoluto y que en esos términos fuera planteada.-
Ahora bien, aún cuando no se da el requisito formal condicionante para habilitar la jurisdicción dentro del plazo de tiempo expresamente establecido, corresponde dar fundamentos en torno a que no estamos en presencia de un vicio con caracteres que conlleven a una afectación a derechos constitucionales, como lo pretende la defensa.-
El decreto cuestionado en lo formal aplica el Art. 33 de la Ley 24.660 procesal, vigente en cuanto al modo de cumplimiento de las prisiones preventivas y dispone -como medida para mejor proveer- a los fines de contar con los datos precisos para resolver el agravio de la apelación, con conocimiento y por consiguiente con la debida posibilidad de control de partes, recurrir a peritos del Cuerpo Médico Forense de la C.S.J.N..-
Contra dicha providencia la defensa interpuso recurso de reposición, dando los argumentos por los cuales pretendía la revocación por considerarla arbitraria., explicando además por qué entiendía que la participación del representante del Ministerio Público Fiscal resultaba contraria a derecho.-
El tribunal, luego de analizar y dar fundamentos en torno a la pretensión de la defensa dispuso no hacer lugar al recurso de revocatoria planteada y en consecuencia ratificar la providencia cuestionada.-
Enterada de la resolución, la defensa plantea su nulidad y de la providencia que le diera origen, pretendiendo darle el carácter de absoluta al interpretar que resulta contraria a expresas disposiciones de la Ley 24.660 y de la Constitución Nacional, además de considerar que fue dictada en franco exceso jurisdiccional; que lo que se dispone no está previsto en el ordenamiento legal -violación al principio de legalidad- y que lo resuelto constituye un trato cruel y degradante con clara afectación Salta, 22 Febrero de 2016.-
AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO:
Que tal como lo señala el Ministerio Público Fiscal el planteo de nulidad incoado por la defensa de R. L. no fue presentado en tiempo oportuno, con lo cual deviene extemporáneo; ello no obstante que se pretenda ver en la pretensión una nulidad de carácter absoluto y que en esos términos fuera planteada.-
Ahora bien, aún cuando no se da el requisito formal condicionante para habilitar la jurisdicción dentro del plazo de tiempo expresamente establecido, corresponde dar fundamentos en torno a que no estamos en presencia de un vicio con caracteres que conlleven a una afectación a derechos constitucionales, como lo pretende la defensa.-
El decreto cuestionado en lo formal aplica el Art. 33 de la Ley 24.660 procesal, vigente en cuanto al modo de cumplimiento de las prisiones preventivas y dispone -como medida para mejor proveer- a los fines de contar con los datos precisos para resolver el agravio de la apelación, con conocimiento y por consiguiente con la debida posibilidad de control de partes, recurrir a peritos del Cuerpo Médico Forense de la C.S.J.N..-
Contra dicha providencia la defensa interpuso recurso de reposición, dando los argumentos por los cuales pretendía la revocación por considerarla arbitraria., explicando además por qué entendía que la participación del representante del Ministerio Público Fiscal resultaba contraria a derecho.-
El tribunal, luego de analizar y dar fundamentos en torno a la pretensión de la defensa dispuso no hacer lugar al recurso de revocatoria planteada y en consecuencia ratificar la providencia cuestionada.-
Enterada de la resolución, la defensa plantea su nulidad y de la providencia que le diera origen, pretendiendo darle el carácter de absoluta al interpretar que resulta contraria a expresas disposiciones de la Ley 24.660 y de la Constitución Nacional, además de considerar que fue dictada en franco exceso jurisdiccional; que lo que se dispone no está previsto en el ordenamiento legal -violación al principio de legalidad- y que lo resuelto constituye un trato cruel y degradante con clara afectación a la dignidad, contraviniendo el derecho a la intimidad e integridad física y psicológica.-
Al contestar la vista, el Sr. Fiscal General pretende el rechazo del planteo por considerarlo extemporáneo, toda vez que entiende que la defensa, en el caso de considerar viciado de nulidad el decreto en cuestión, debió haberlo planteado de manera oportuna, cuanto menos de manera conjunta con el recurso de reposición, sin embargo ahora pretende utilizar una segunda vía procesal, otra oportunidad, para cuestionar el decreto que ordenó la pericial médica. En el análisis particular de los agravios, el representante del Ministerio Público Fiscal entiende, en cuanto al exceso jurisdiccional del tribunal y al sustento legal de la medida, alegados por la defensa, que conforme la legislación procesal de la época de los hechos se encuentra expresamente prevista la posibilidad de producir prueba y entre ellas, la pericial ordenada en autos. Agregó que en el caso se trata de una medida cautelar y por lo tanto modificable, sobre todo cuando refiere a cuestiones de salud que necesariamente evolucionan con el transcurso del tiempo.-
De la secuencia descripta en párrafos precedentes surge evidente que asiste razón al Sr. Fiscal General en cuanto a que aquí lo que se pretende es cuestionar mediante la utilización de otro instituto procesal -la nulidad- lo que ya se planteó y resultó adverso. Adviértase que los argumentos que alega en la nulidad ya fueron expuestos al interponer el recurso de reposición y fueron analizados y resueltos por el tribunal. Los vicios procesales que señala como perjuicio concreto para el ejercicio del derecho de defensa en juicio no son tales y fueron examinados y descartados en la resolución que motivara la reposición. Las alegaciones vagas en torno a que se trata de un exceso jurisdiccional y que lo dispuesto resulta ser un trato cruel o degradante por afectar la dignidad del testigo son meras argumentaciones sin sustento objetivo que tan sólo pretenden dilatar la producción de una pericial que otorgue los elementos necesarios para que se resuelvan los agravios de la apelación. Por otra parte, en lo formal no indica cuál o cuáles serían los pasos procesales que no se cumplieron o se aplicaron de manera errónea y que provocaron un estado de indefensión o un perjuicio concreto al ejercicio del derecho de defensa en juicio con una entidad capaz de afectar derechos constitucionales del imputado. Adviértase que un examen médico por parte de expertos en la materia para ilustrar al tribunal acerca del estado actual de salud que permita evaluar si está en condiciones de cumplir de determinada modalidad la prisión preventiva dispuesta en autos, no puede racionalmente ser considerada como afectaroria de la intimidad, y mucho menos que tal solución implique per se un trato cruel o inhumano.-
La defensa refiere a que no corresponde la aplicación de la Ley 24.660 sin indicar de qué manera produce en el caso concreto una colisión con derechos constitucionales. Tan sólo discrepa con la solución a la que arriban los jueces y a eso lo denomina exceso jurisdiccional sin que se advierta un recorrido lógico que permita concluir que estamos frente a una afectación concreta de los derechos esenciales del imputado.-
No advirtiendo el tribunal que estemos en presencia de los extremos invocados sino ante una discrepancia con los fundamentos dados por el tribunal al disponer una medida de mejor proveer, corresponde descartar cualquier hipótesis de nulidad absoluta en las actuaciones.-
Por lo expuesto, se
RESUELVE:
I) NO HACER LUGAR al planteo de nulidad incoado por la defensa de R. L. en relación a la providencia que dispone la pericia médica y a la resolución que la ratificada, por extemporánea, conforme se considera.-
II) PROTOCOLICESE – HÁGASE SABER.-
Firmado por: CARLOS ENRIQUE IGNACIO JIMÉNEZ MONTILLA, JUEZ DE CÁMARA AD HOC
Firmado por: JUAN CARLOS REYNAGA, JUEZ DE CÁMARA AD HOC
Firmado por: MARÍA ALEJANDRA CATALDI, JUEZA DE CÁMARA AD HOC
Firmado (ante mí) por: SANTIAGO FRENCH, SECRETARIO
006492E
