Se revoca la sentencia que había ordenado la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo, el pago de los salarios caídos y la indemnización del daño moral sufrido, producto de un despido por discriminación sindical. Para decidir así, el tribunal expresó que el actor no acreditó su alegada “representación sindical de hecho”, pues para que esta se configure es necesario que, por lo menos, su actuación haya involucrado intereses colectivos o que su labor haya tenido una incidencia de ese carácter puesto que, más allá de que el activismo que invoca hubiera sido ejercido a raíz de la situación padecida por los trabajadores de su sector, lo cierto es que para vincular el acto que se reputa discriminatorio con el factor sensible que se alega (activismo gremial), es necesario demostrar la calidad que erigiría al demandante en un sujeto especialmente vulnerable a eventuales actos segregatorios o peyorativos, lo que no es posible predicar en la especie, en tanto no se ha demostrado la naturaleza colectiva o de representación de la actividad desplegada y mucho menos, su carácter público.
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