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JURISPRUDENCIAExtensión de quiebra. Sociedad. Socios. Teoria del velo. Confusion. Registracion laboral. Contabilidad irregular
Se resuelve rechazar el recurso de apelación ya que una deficiente registración laboral de empleados y una contabilidad irregular no son considerados actos ilícitos cometidos por los socios a fin de utilizar una sociedad como un instrumento para perjudicar a terceros.
En la ciudad de Rosario, a los días del mes de . de 2017, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Integrada, Dres. Mario E. Chaumet, Jéssica M. Cinalli y Avelino J. Rodil, para dictar sentencia en los caratulados “DIAGNOSTICO POR IMAGEN SRL – QUIEBRA s/ EXTENSION DE QUIEBRA A MONIGHINI LAURA C.” EXPTE N° 308/2015 CUIJ 21-04966778-4, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la 1ra. Nominación de San Lorenzo, en apelación de la sentencia N° 79 de fecha 12 de Febrero de 2014 obrante a fs. 131/136, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:
PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?
SEGUNDA: Es ella justa?
TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Cinalli, Chaumet y Rodil.
A la primera cuestión, dijo la Dra. Cinalli: Atento no advertir vicio sustancial alguno que autorice o merezca la revisión de la causa, voto por la negativa.
A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: De conformidad con lo expuesto por la Sra. vocal preopinante, voto por la negativa.
A la segunda cuestión, dijo la Dra. Cinalli: 1. Los antecedentes del caso se pueden sintetizar de la siguiente manera:
1.1. La Sra. Gisela Bertolino, síndica designada dentro de los autos “Diagnóstico por imagen SRL s/ Pedido de quiebra”, Expte. Nº 59/04, vino a solicitar la extensión de la quiebra declarada a Diagnóstico por imagen SRL a la Sra. Laura C. Monighini en su calidad de socia originaria de la mencionada sociedad.
Manifestó que “…en fecha 9 de Febrero de 2004, el Sr. Raúl Eduardo Liaudat, acreedor laboral de la sociedad fallida, peticionó la quiebra de la misma fundado en la falta de pago de diversos rubros emergentes de la actividad laboral que lo vinculara…” y que “…así, en fecha 1 de Noviembre de 2004, por Resolución Nº 468 se declara la quiebra de Diagnóstico por imagen SRL…”.
Entendió necesario resaltar, asimismo, que los socios integrantes de la fallida, entre los que se encontraba la ahora accionada, eran a su vez accionistas miembros del directorio de Clínica San Lorenzo SA y que dichas sociedades funcionaban en la misma sede social, lo cual hacía surgir a su criterio una cierta confusión de infraestructura.
Como así también que “….esta Sindicatura ha intentado, en diversas oportunidades, haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley de Concursos y Quiebras, obtener alguna información contable, societaria, laboral, entre otras, con la cual deberían contar los socios y administradores de la fallida…”, pero que “…no se ha logrado resultado alguno al respecto…”, es decir que “…no se ha podido dar con ningún tipo de información contable…”.
Sobre esa base es que vino a pedir la extensión respecto de la demandada, explicitando que “…la extensión automática de la quiebra procede cuando el socio responde con todo su patrimonio por todo el pasivo, con independencia de la asunción originaria o derivada de la ilimitación de responsabilidad…” y que aquí se estaría ante un supuesto en el que “…las personas devienen responsables por vía de sanción legal, a posteriori de la constitución de la sociedad, perdiendo la responsabilidad limitada que pudieron haber tenido…”.
Concretamente, afirmó que la responsabilidad ilimitada de la accionada tiene carácter sancionatorio, debido a que resulta de aplicación al caso el art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales, conforme al cual “…se sanciona con la responsabilidad ilimitada la indebida utilización del contrato de sociedad para encubrir fines ilegítimos o contrarios al espíritu del legislador…”; siendo que “…respecto de Diagnóstico por imagen SRL, podemos advertir un considerable desorden en las registraciones contables, por no decir una falta de registración…” y que “…lo demandados eran socios de Diagnóstico por Imagen SRL y accionistas de Clínica San Lorenzo SA, y que ambas sociedades funcionaban en la misma sede social y aprovechaban para su funcionamiento la misma infraestructura, compartiendo recurso materiales y humanos, en sectores administrativo y contable…”.
Concluyó, pues, en que “…los socios, hoy demandados, han abusado de la forma jurídica que les permitió amparar su responsabilidad individual de los actos de la sociedad…”; en que “…en estos casos es propio sostener que existe un abuso de la personalidad de esa sociedad…”; y que “…el remedio está dado en nuestro ordenamiento jurídico por el apartamiento de la cobertura de responsabilidad limitada, descorriendo este ‘velo’ de la limitación de responsabilidad y extendiendo la quiebra a quienes abusaron de esa personalidad haciéndola caer en insolvencia cuando lo creyeron conveniente a sus intereses…”.
1.2. Al contestar la demanda, la accionada procede a negar todos y cada uno de los hechos expuestos por la sindicatura en la medida en que no fueran reconocidos expresamente.
Puntualmente sostuvo que “…la Sindicatura entiende que corresponde extender la quiebra principal a mi cliente, en razón de lo prescripto por el art. 160 y 161 L.C.Q., sin especificar hechos concretos que encuadren en dichas normas, dejando a la demandada en la obligación de ejercer una defensa superabundante ante la temeraria demanda. (…) “el hecho de que algunos socios de Clínica San Lorenzo S.A. sean los mismos a los de Diagnóstico por Imagen SRL, no es una ilegalidad, ni puede ser presunción de actividad antijurídica alguna.”
Agregó que: “Tampoco importa abusar de formas societarias ni ilegalidad alguna, utilizar un sector del mismo inmueble, tener el mismo domicilio legal, resaltado que el objeto social de las sociedades mencionadas estaban perfectamente delimitados y diferenciados.”
Manifestó, en definitiva, que “…nunca hubo de parte de mi representada, actuación simulada, ni abuso de control y mucho menos confusión patrimonial…” y que “…quien realizaba funciones de administrador era el Sr. Llaudat”.
1.3. Finalmente, mediante Sentencia N° 79 de fecha 12 de Febrero de 2014 (fs. 131/136), la jueza de grado falló: “…1) Rechazar la pretensión de extensión de la quiebra de DIAGNÓSTICO POR IMAGEN SRL a Laura Cristina Alejandra Monighini; 2) Imponer las costas del presente a cargo de la fallida…”.
Justificó su decisión alegando que “…la Sindicatura no ha distinguido la situación social de los demandados, en tanto se ha demandado a todos por aplicación del art. 160 (…), por lo que ha situado a todos ellos sin distinción en el supuesto del artículo 54 de dicha norma, o sea en el ilimitación propiamente dicha…”. Es decir, que “…no se demanda diferenciadamente a los directores, actores o representantes de la sociedad, lo que requeriría sólo la prueba de no haber actuado con lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, sino que se lo hace a todos de acuerdo al artículo señalado, lo que implica que debió haberse probado que Diagnóstico por Imagen se constituyó para encubrir la consecución de fines extrasocietarios, constituir un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, lo que desde ya adelanto que no se ha logrado siquiera mínimamente…”.
Indicó, asimismo, que “…debe tenerse en cuenta además que se trata de una sanción y por lo tanto su examen debe ser el resultado de una restrictiva y prudente apreciación del caso…”, porque “…no cualquier supuesto permite aplicar la doctrina del levantamiento del velo, sino que para ello debe constatarse el uso disfuncional o desviado de la persona ideal, o sea que se está en presencia de una “sociedad ficticia”…”.
En tal sentido, afirmó que “…el art. 54 ya señalado (…) es preciso en cuanto a lo que debe probarse, que es que la constitución de la sociedad tuvo como único fin violar la ley, el orden público o las buenas costumbres o para frustrar derechos de terceros, lo que en modo alguno siquiera se ha intentado…”; recordando el criterio sostenido por el máximo Tribunal de la nación en cuanto a que “…la extensión de la responsabilidad hacia los directores y socios es válida pero en atención al carácter excepcional de la misma el juez deberá recabar las pruebas necesarias tendientes a determinar con precisión la existencia del fraude, grado, tiempo del mismo, envergadura de la empresa y cantidad de trabajadores, para de esa manera, tener un panorama completo al emitir su sentencia…”.
Apuntó, al respecto, que “…en el presente queda claro que no existen otros acreedores además de Liaudar, sus abogados y el Banco, por lo que indudablemente no había otros trabajadores ni conductas fraudulentas que implicaran una cantidad de acreedores que justifique la existencia de un abuso de derecho ni la constitución de la sociedad con miras a perjudicar a terceros…”.
Expresó por último que “…el juez no puede identificar alegremente el concepto de sociedad comercial con el de asociación ilícita, imputando livianamente los actos de cualquier sociedad a los empresarios y gerentes sin demostrar que la actuación de éstos ha sido abusiva o delictiva y que ha perseguido fines extrasocietarios…”.
2. Contra dicho resolutorio se alzó la sindicatura interponiendo recurso de apelación a fs. 137.
Cumplida la carga de expresar sus agravios mediante la presentación del memorial obrante a fs. 157/171, pueden los mismos resumirse en la siguiente forma:
2.1. Comienza diciendo que se agravia porque “…el decisorio en crisis sostiene que en autos no se ha verificado y acreditado el abuso de la personalidad jurídica de la sociedad fallida por parte de los demandados por extensión, pese a que de las probanzas rendidas e incorporadas regularmente a estos obrados surge lo contrario…”; ya que a su entender “…la constitución de Diagnóstico por Imagen SRL como ente destinado a encubrir la consecución de fines extrasocietarios, y mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos (art. 54, LSC), ha quedado acreditada en autos, pese a que la sentencia atacada sostenga lo contrario…”.
2.2. Acto seguido, dice que le “…agravia que el A Quo de manera absolutamente arbitraria -vale decir, sin apoyatura en la ley o las probanzas rendidas en autos- pretenda supeditar el ejercicio de la presente extensión a la inacción de los acreedores que componen la masa, e impute a este órgano haberla entablado en exclusivo interés de uno de los acreedores -por caso, Sr. Raúl Liaudar-…”; puesto que “…la presente extensión de quiebra ha sido impetrada en beneficio de la masa pasiva toda, no solamente de la actual…”.
2.3. En tercer lugar, afirma que le “…agravia el fallo atacado, en cuanto condiciona el éxito de la presente acción a la circunstancia de que el acreedor peticionante de la quiebra no haya reclamado en sede laboral la extensión de responsabilidad en cabeza de los aquí demandados…”.
2.4. Luego considera que “…agravia a nuestra parte la sentencia atacada, en cuanto pretende enervar la responsabilidad que les cabe a los aquí demandados, amparándose en la circunstancia de que el Sr. Raúl Liaudat cumplía las funciones de administrador…”.
2.5. Asimismo, dice que le “…agravia el fallo en crisis en cuanto, respecto de la inexistencia de registraciones contables alegadas por esta parte, haciendo una interpretación absolutamente distorsiva de la ley, postula que dicha circunstancia no resulta causal de procedencia de la presente acción…”; cuando en realidad “…ese incumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad en legal forma implica una de las pruebas del uso abusivo de la persona jurídica, en los términos del art. 54, LSC…”.
2.6. Por último, sostiene que “…agravia a esta parte la sentencia en cuanto arbitrariamente concluye ‘Que todo ello juzgado en el marco de la época en que se produjo la cesación de pagos, en el marco de la más extendida crisis económica que afectara al cordón industrial, me lleva a la certeza de que ello se dio como resultado de un desafortunado giro económico…’…”; “…toda vez que, al no haber presentado los administradores aquí demandados por extensión en el expediente principal y/o entregado a éste órgano concursal la contabilidad correspondiente a la fallida, en modo alguno puede concluirse que el estado de falencia fue fruto de ‘un desafortunado giro económico’…”.
3. Llegado este punto, debo adelantar que el recurso de apelación interpuesto será rechazado.
3.1. Compartiendo los argumentos expuestos por este Tribunal que ahora integro, dentro de los autos conexos con los presentes; con relación al primero de los reproches vertidos por la recurrente, no me cabe ninguna duda de que el mismo gira en torno a una cuestión como lo es la valoración de la prueba rendida en autos por parte de la jueza de la causa.
Al respecto se ha dicho que “Por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido (…) y se trata de una actividad procesal exclusiva del juez” (Devis Echandía, Hernando, “Teoría General de la Prueba Judicial”, Tomo I, Victor P. de Zavalía, p. 287).
Se trata, pues, de una actividad propia de los jueces, que le pertenece sólo a ellos. Mas aún en una provincia como es la de Santa Fe, que cuenta con un código de procedimiento conforme al cual rigen las llamadas reglas de la sana crítica en lo atinente a la valoración de la prueba; método que, contrariamente a lo que acontece con el de la tarifa legal, se funda en la libertad y autonomía del juzgador para ponderar las pruebas y obtener su propio convencimiento, valiéndose para ello del sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia.
En otras palabras, se erige la libertad del sentenciante para razonar sobre la prueba producida en autos en un verdadero pilar de aquel sistema de la sana crítica, y puede aseverarse que en virtud del mismo goza el juez de soberanía en el ejercicio de tal labor a la hora de tomar una decisión, sin perder de vista que deberá la misma estar debidamente motivada (art. 244, inc. 4, CPCC), es decir, que el iter valorativo contenido en ella tendrá que consistir en la construcción de un razonamiento suficiente para que de los hechos que el juez percibió, un hombre sensato pueda sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva (Carnelutti, Francesco, “Estudios de derecho procesal”, Bs. As., 1952, t. 11, p. 321).
Razón por la cual, “Si considera el recurrente que existen errores cometidos por el juez en la apreciación de la prueba, debe analizarla destacando los errores que atribuye al juez en tal interpretación; no resultan suficientes las afirmaciones genéricas sobre la prueba, sin precisarse el yerro o desacierto en que incurre el juzgador en sus argumentos…” (Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Astrea, t. II, p. 159).
Asimismo, debe tenerse presente que: «Los jueces no están obligados a considerar una por una todas las pruebas de la causa, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, como tampoco están constreñidos a tratar minuciosamente todas las cuestiones expuestas por las partes ni a analizar los argumentos que a su juicio no posean relevancia. La exigencia constitucional de que los fallos judiciales se motiven, sólo requiere una fundamentación suficiente, no una fundamentación óptima por lo exhaustiva. La insuficiencia de motivación debe apreciarse con un enfoque mejor positivo que negativo; más que los tópicos que el tribunal omite, hay que atender a los asuntos que el mismo considera, ya que una cosa es prescindir de prueba conducente a la solución del pleito y otra, bien distinta, exigir al tribunal la evaluación analítica de todas y cada una de las aportadas como demostración de no haberse incurrido en causal de descalificación de lo resuelto, pues sabido es que el fallo, de acuerdo a las características del tema, puede fundamentarse en una adecuada síntesis del material probatorio para el desarrollo de su fundamento racional» (CSSF, 18.05.94, Perret, Omar c. Agencia Marítima Cristofersen, A. y S., 107-460/463).
Ahora bien, ateniéndonos concretamente a las constancias de autos, debe hacerse notar que el art. 54 de la Ley de Sociedades, al que echa mano la sindicatura para fundar normativamente su pedido de extensión de quiebra, consta en realidad de dos partes, aludiendo la actora en realidad a la segunda de ellas, que trata concretamente de los daños que los socios o controlantes causaren a terceros mediante el uso abusivo de la personalidad jurídica societaria.
Lo que estaría sosteniendo en estos obrados la peticionante de la extensión, entonces, es que la aquí demandada -en su calidad de socia de la fallida- se ha valido de esta última, en forma abusiva, para causar algún daño a terceras personas. Para lo cual, como lo expresa la propia autora del fallo en crisis: “…debió haberse probado que Diagnóstico por Imagen se constituyó para encubrir la consecución de fines extrasocietarios, constituir un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, lo que desde ya adelanto que no se ha logrado siquiera minimamente…”; coincidiendo mi opinión en este último sentido con la magistrada.
Puntualmente la apelante alude en su memorial a la falta de registración de la relación laboral habida entre la fallida y el Sr. Liaudat; al hecho de ser los socios de la fallida también socios de otra sociedad; como así también que la administración y contabilidad de la fallida era llevada de manera irregular por parte de los demandados.
Lo mismo en su momento al entablar la demanda que diera origen a este proceso, al afirmar la sindicatura que “…respecto de Diagnóstico por imágen SRL, podemos advertir un considerable desorden en las registraciones contables, por no decir una falta de registración, dado que esta Sindicatura ha intentado por todos los medios llegar a ella sin obtener resultado positivo alguno…”; llegándose a preguntar, incluso, si “…¿No es todo ello una presunción suficiente a los efectos de hacer efectiva la sanción dispuesta por el art. 54 LSC?…”.
A dicha pregunta debo responder que no, tal y como lo sostuviera también la jueza de grado. Porque no debe perderse de vista que el instituto relativo a la desestimación de la personalidad, tal y como se encuentra regulado en la Ley de Sociedades, opera cuando el o los actos ilícitos aislados cometidos por la sociedad son, en rigor, actos cometidos por los socios valiéndose de la sociedad como instrumento; situación totalmente diferenciada de la que es denunciada por la apelante con referencia al caso de autos, esto es la de una entidad regularmente constituida, con auténticos fines, que en su actividad social comete actos ilegales sancionados expresamente por la ley como podría ser el caso del desorden en las registraciones contables, o incluso el del empleo deficientemente registrado, en los que a mi entender no se evidencia que se hubiera utilizado la sociedad como instrumento para la comisión de dichas irregularidades, en perjuicio de terceros.
Así lo ha entendido, de hecho, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, al señalar que “…el instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria opera cuando el o los actos ilícitos aislados cometidos por la sociedad son, en rigor, actos cometidos por los socios valiéndose de la sociedad como instrumento, situación que no se configura cuando una entidad regularmente constituida, con auténticos fines, en su actividad social comete actos ilegales sancionados expresamente por la ley…” (SCBA, 31-08-2005, in re “Avila, Carlos A. c/ Benjamín Gurfein SA y otros s/ Despido”).
Incluso respecto de la falta de registración del Sr. Liaudat, cabe remitirse a lo resuelto oportunamente por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta misma ciudad en el sentido de que “…el hecho que una Sociedad de Responsabilidad Limitada no registrara una relación laboral no permite afirmar que aquélla se hubiera constituido para la comisión de ilícitos o que la finalidad de su creación haya sido la de violar la ley y los derechos a terceros, ya que según nuestra interpretación el art. 54 LS tipifica el caso de una sociedad comercial utilizada como pantalla para encubrir el objeto real ilícito cuyo enmascaramiento buscan los socios o controlantes a través de la personalidad jurídica diferenciada, supuesto que no se evidencia en el caso de autos…” (CLR, sala I, 22-12-2009, LegalDoc, ID 3671).
Por su parte, debe dejarse en claro que la confusión a la que hace alusión la sindicatura con relación a la sociedad fallida y otras de las cuales serían también socios los integrantes de aquella, puntualmente la denominada Clínica San Lorenzo SA, no resultaría un elemento sustancial a la hora de determinar la extensión de la quiebra con respecto a cada uno de esos individuos, es decir de los socios que integran ambas, sino en todo caso con respecto a las restantes personas jurídicas; y ésto teniendo en cuenta siempre las características propias de cada caso, porque como bien lo ha dicho algún Tribunal: “…aún cuando se admita que las dos sociedades constituyen un grupo económico, del cual una segunda sería controlante de la otra, y que ambas explotan bienes comunes para el ejercicio de sus actividades, ello, por sí sólo, no puede llevar a prescindir de la autonomía jurídica de cada uno de los sujetos, en tanto no se alegue y pruebe que se han instrumentado tales formas jurídicas para perjudicar con su actuación a la accionante en sus derechos…” (CCC de San Martín, Sala II, 02-09-1999, LLBA, 2000-86).
Resumiendo, tal y como surge de las constancias de autos no están dados los extremos necesarios para desestimar la personalidad jurídica de la sociedad fallida integrada por la demandada y extender la quiebra declarada a aquella respecto de ésta en los términos del art. 160 de la LCQ y del art. 54 de la LSC, porque no ha sido aportada ninguna prueba tendiente a demostrar que el ente era utilizado para encubrir la realización de actos extrasocietarios o constituyera un mero instrumento para violar la ley, el orden público, buena fe o frustrar derecho de terceros.
3.2. Luego acusa la sindicatura al resolutorio de grado de ser arbitrario en razón de imputarle a aquel órgano haber entablado la acción en cuestión en exclusivo interés de uno de los acreedores, concretamente el Sr. Raúl Liaudat.
Debo decir que aún en el supuesto hipotético de que la apelante tuviera razón en este punto, lo cierto es que el mismo no tiene la entidad suficiente para modificar la suerte que ha corrido su pretensión en la instancia de grado, ya que la razón del rechazo de la demanda se originó en la falta de acreditación de los presupuestos fácticos que harían viable la aplicación al caso del art. 54 de la LSC, tal y como fuera explicitado en el considerando 3.1, y no en el hecho de que el pedido de extensión de quiebra hubiera sido impetrado en beneficio de la masa pasiva toda o del aludido Sr. Liaudat.
Es de recordar, en este sentido, lo resuelto reiteradamente por el Tribunal cimero de la provincia en cuanto a que “…el agravio referido a la prescindencia, contradicción y malinterpretación de prueba por parte del a quo, debe demostrar en su planteamiento que ésta tiene relevancia para lograr una solución distinta, es decir, que se trate de prueba decisiva para revertir el resultado de la causa…” (CSJSF, Zeus 47, R 51, Nº 10.101).
Bastando para ello con sólo aplicar en el caso concreto, y con referencia a la denuncia formulada en este segundo reproche por la recurrente, el método llamado “de la supresión mental hipotética”, que aquí consistiría en verificar si el juicio habría sido resuelto en el mismo sentido -en su faz esencial y determinante- en el caso de que la jueza de primera instancia nunca hubiera imputado a la sindicatura haber dado inicio al presente proceso en exclusivo interés del Sr. Liaudat. A lo que entiendo que debería responder que sí, con lo cual se pone de manifiesto la falta de relevancia real que el planteo formulado tiene a la hora de arribar a una decisión final en torno de la cuestión sustancial que se ha debatido en estos autos.
3.3. Lo mismo que se acaba de decir con respecto al segundo de los agravios expresados por la recurrente puede decirse ahora con relación al tercero de los reproches por ella formulados, ya que se trata también la atinente al no reclamo del Sr. Liaudat en sede laboral de la extensión de responsabilidad de la fallida a la ahora demandada, de una cuestión que no reviste verdadera trascendencia a la hora de arribar a una decisión en torno de la extensión de la quiebra pretendida.
Reconociéndolo así la propia Sindicatura al afirmar de manera expresa “…que el acreedor peticionante de la quiebra, Sr. Raúl Liaudat no haya reclamado en sede laboral la extensión de la responsabilidad a los demandados por extensión, ninguna incidencia tiene respecto de la acción aquí intentada…”.
Con lo cual, no hace falta decir mucho más para que me incline claramente hacia el rechazo también de este agravio al igual que lo hiciera con el anterior.
3.4. Sin ánimo de resultar reiterativa, debo decir que lo mismo que se viene diciendo en los anteriores considerandos puede aplicarse, nuevamente, al agravio al que ahora se da respuesta jurisdiccional, puesto que tal y como también aquí lo ha afirmado la propia apelante en su memorial: “…que el Sr. Liaudat haya desempeñado en los hechos las funciones correspondientes a un administrador societario las cuales, recalcamos, debieron ser ejecutadas por los demandados de conformidad a lo estipulado en el contrato social, en nada impide imputarles a éstos las responsabilidad inherentes a dicha función…”.
Dicho de otra forma, acontece nuevamente que sin perjuicio de lo pertinente o no de la inclusión de tales dichos por parte de la magistrada autora del fallo en este último, lo cierto es que ello no es motivo suficiente para revocar el mismo, en la medida en que el rechazo de la demanda surgido de éste se apoya fundamentalmente en la falta de prueba aludida en el punto 3.1., careciendo de real trascendencia todo lo demás.
3.5. En este punto se aprecia la reiteración de algo que ya fuera planteado en el primero de los agravios, puesto que se refiere a la deficiente registración contable de la sociedad fallida cuya quiebra se pretende extender a quienes son sus socios, entre los que se encuentra la hoy demandada. Concretamente se agravia la Sindicatura de que para la jueza de grado “…dicha circunstancia no resulta causal de procedencia de la presente acción…”, de lo cual ya me he ocupado más arriba; remitiéndome -pues- a aquellos dichos.
3.6. Por último, hace alusión la apelante a lo arbitraria de la afirmación de la jueza a-quo en el sentido de que la crisis económica de la sociedad fallida fuera consecuencia de factores meramente económicos ajenos a la actuación de los demandados; en razón de que a su entender tal conclusión de la magistrada resulta sumamente infundada.
En primer término, debe hacerse notar que la cuestión atinente a la causa del estado de insolvencia en el que cayera la sociedad fallida de la que son socios los hoy demandados es una cuestión cuyo análisis y estudio corresponde que se lleve adelante en el procedimiento concursal respectivo, y no así en estos obrados en los que únicamente debe limitarse el órgano judicial a verificar que estén dados los extremos requeridos por las leyes tanto societarias como concursales en orden a decretar la extensión de la quiebra declarada a una sociedad a sus socios.
Puntualmente, atento la acusación formulada por la sindicatura en torno del art. 54 de la LSC, lo cierto es que en los presentes el caso gira en rededor de la existencia o no del abuso de la personalidad jurídica de la sociedad fallida por parte de los hoy demandados (independientemente de cual hubiera sido la causa de la cesación de pagos); lo que ya se ha dicho que no se encuentra debidamente probado en autos.
Además, nuevamente puede aseverarse que aún cuando se acreditare que el estado falencial de Diagnóstico por Imágen SRL no fue originado en la crisis económica que afectara al cordón industrial -como sostuvo la magistrada de grado-, ello tampoco supone per se que la causa de tal estado fuera consecuencia de los hechos aludidos por la Sindicatura, especialmente cuando reiteradamente se ha dejado en claro aquí que los mismos no se encuentran plenamente acreditados en la forma en que se requiere para decidir la extensión de una quiebra como la que se ha peticionado dentro de los presentes.
Finalmente, no puedo dejar de resaltar que según lo vienen entendiendo los autores, la jurisprudencia, “…se muestra conteste en interpretar que el instituto de la inoponibilidad de las sociedades debe ser aplicado en forma prudente, con criterio restrictivo y solo en casos excepcionales, cuando las pruebas producidas permitan tal conclusión…” (Roitman, Horacio, “Ley de Sociedades Comerciales. Comentada y anotada”, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2011, p. 173 y ss.).
Se ha resuelto, por ejemplo, que “…tal remedio debe ser adoptado con suma prudencia, pues una aplicación indiscriminada, ligera o no mensurada puede llevar a prescindir o aniquilar la estructura formal de las sociedades en supuestos en que no se justifique, con grave daño para el derecho, la certidumbre y la propia seguridad de las relaciones jurídicas y hasta la misma finalidad útil de su existencia legal…” (CNCom., Sala E, 16-12-2003, JA. 2004-III-575).
En suma, se puede coincidir con que no ha sido del todo prudente recurrir a la teoría del levantamiento del velo en orden a lograr la declaración de extensión de quiebra de la sociedad fallida de la que fuera socia la ahora accionada, ya que en virtud de lo apuntado recién; no caben dudas de que constituye aquél instituto un remedio excepcional que debe aplicarse con sumo cuidado y sólo cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse con total certeza que se ha abusado del esquema societario; lo que en estos obrados claramente no acontece.
A punto tal que la propia Fiscalía de Cámaras, al corrérsele vista del asunto se ha manifestado en el sentido de que “…es de destacar que la pretensión fue encuadrada en el art. 54 de la ley societaria; en consecuencia, debió probarse que la empresa devenida fallida se constituyó para encubrir la consecución de fines extraños al objeto social, para violar la ley, el orden público y la buena fe o para frustrar derechos de terceros; sin embargo, no se prueba.” (…) “Es así como del examen de autos no surge que la apelante consiga enervar la fundamentación de la sentencia recurrida, puesto que reproduce los argumentos vertidos en la demanda inicial y reenvía a la prueba colectada la que es, a la luz de lo dicho en el parágrafo precedente, insuficiente en orden a la pretensión extensiva.” Asimismo, expresó que: “…No se ha probado por ninguna vía la existencia de presupuestos que habilitan la extensión de quiebra por confusión patrimonial. Lo distintivo de la confusión patrimonial inescindible es que es comprensiva de activos y pasivos, una gestión común de patrimonios; debe configurarse, entonces, un fondo común como elemento vinculante. Es insuficiente la mera equivocidad de titularidad patrimonial. Sin embargo, nada de esto fue probado…”; con lo cual “…considero que la resolución apelada deberá ser confirmada…”.
Resultando de plena aplicación al caso de autos, en definitiva, lo dicho en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, en cuanto a que “…la teoría que permite correr el velo de la personalidad es de interpretación estricta y exige prueba acabada del abuso de la personalidad, no resultando suficiente las meras alegaciones de que SA habría sido constituida para defraudar los derechos de los terceros…” (SCJ de Mendoza, Sala I, 22-09-2000, en autos “Diaz Nicolás y otro c/ Airfrance SA y otros”); porque “…para que la extensión de responsabilidad sea aplicable, en los términos del art. 54 LS, deben comprobarse todos y cada uno de los supuestos de la norma…” (SCJ de Méndoza, Sala II, 09-09-2004, in re “Martín Eduardo c/ Payer SRL y otros”).
En definitiva, voto por la afirmativa.
A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Compartiendo los argumentos expuestos por la Dra. Cinalli, adhiero a su voto.
A la tercera cuestión, dijo la Dra. Cinalli: Corresponde en consecuencia: 1. Rechazar el recurso de apelación deducido, con costas a la vencida (art. 251 CPCC y art.278 LCQ). 2. Confirmar la Sentencia N° 79/14 (fs. 131/136). 3. Fijar los honorarios de Alzada en el 50% de los que resulten regulados en la instancia de origen.
A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula la Dra. Cinalli. En tal sentido voto.
Seguidamente, dijo el Dr. Rodil: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).
Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial integrada;
RESUELVE: 1. Rechazar el recurso de apelación deducido, con costas a la vencida (art. 251 CPCC y art.278 LCQ). 2. Confirmar la Sentencia N° 79/14 (fs. 131/136). 3. Fijar los honorarios de Alzada en el 50% de los que resulten regulados en la instancia de origen.
Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (“DIAGNOSTICO POR IMAGEN SRL – QUIEBRA s/ EXTENSION DE QUIEBRA A MONIGHINI LAURA C.” EXPTE N° 308/2015 CUIJ 2 1-04966778-4)
CINALLI
CHAUMET
RODIL
(Art. 26 L.O.P.J.)
SABRINA CAMPBELL
(Secretaria)
Nota:
(*) Sumarios elaborados por Juris online
025584E
