Se revoca la resolución que desestimó la pretensión cautelar consistente en designar un interventor administrador, pues la presencia de un tercero que inste a las partes a acordar la disolución y liquidación de la sociedad de hecho permitiría obtener una solución justa y equitativa, que sería inalcanzable en la hipótesis de una sentencia definitiva dictada luego del transcurso de un proceso judicial.
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