Se hace lugar a la demanda por despido iniciada por el trabajador, dado que el silencio de su empleadora frente a la intimación para que procediera a su registro constituyó una injuria suficiente para justificar su decisión de dar por finalizada la relación laboral en los términos de lo dispuesto en el art. 242 de la L.C.T. Asimismo, se extendió la responsabilidad solidaria a los administradores en los términos del art. 274 de la Ley de sociedades.
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