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JURISPRUDENCIAHaberes previsionales. Amparo. Reajuste. Reintegro de diferencias. Decreto provincial. Inconstitucionalidad
Se confirma la sentencia de grado, se acoge el amparo y se ordena el reajuste de los haberes previsionales y el reintegro de las diferencias devengadas en virtud de las liquidaciones efectuadas a partir del decreto declarado inconstitucional.
En la ciudad de Corrientes, a los veinte (20) días del mes de FEBRERO de dos mil dieciocho, encontrándose reunidas en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, la Sra. Presidente Dra. Nidia Alicia Billinghurst de Braun y las Sras. Vocales titulares, asistidas por la Secretaria Autorizante, tomaron en consideración los autos caratulados «GALES REINA ISABEL C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE CORRIENTES S/ AMPARO» EXPEDIENTE N° EDC 3265/17, venidos en apelación y que practicado el sorteo de la causa, resultó desinsaculada, en primer término, la bolilla Nº 1 correspondiente a la Dra. Nidia Alicia Billinghurst de Braun y, en segundo término, la bolilla Nº 2 correspondiente a la Dra. Martha Helia Altabe de Lértora.
A continuación, la Señora Vocal Doctora NIDIA ALICIA BILLINGHURST DE BRAUN formula la siguiente:
RELACION DE LA CAUSA
Como la practicada por el A-Quo se ajusta a las constancias de autos, a ella me remito a fin de evitar repeticiones.
Contra la sentencia Nº 12 emitida el 28.06.2017, por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad (fs. 50/54) -que dispone en su parte pertinente: “…1º) Declarar la inconstitucionalidad del Decreto Ley N° 22/00 y N° 167/01 (modificatorios de los arts. 35, 65 2° párrafo; 67 de la Ley N° 4917/95). 2) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por la Sra. Reina Isabel Gales M.I. N° 14.540.796 condenando al Estado de la Provincia de Corrientes y al Instituto de Previsión Social de la Provincia a reajustar los haberes previsionales de la actora en base al 82% móvil del cargo base (mejor remuneración percibida durante al menos 48 meses -art. 35 Ley 4917; sin las modificaciones introducidas por el art. 6 del Dto. Ley 22/00 y el art. 3 del Dto. Ley 167/01) y los cargos simultáneos, en su caso, debiendo actualizarse los haberes automáticamente, incluyendo los rubros no remunerativos (art. 67 de la ley 4917, sin las modificaciones introducidas por el art. 13 del Dto. Ley 22/00). 3) Ordenar se reintegre a la Sra. Reina Isabel Gales M.I. N° 14.540.796 las sumas adeudadas por diferencia de haberes, desde la interposición de la demanda -15.03.17- en virtud de lo dispuesto por el STJ en fallo N° 4 de 29/05/14, «Montenegro Héctor c/ Instituto de Previsión Social de Ctes. y Estado de la Provincia de Corrientes s/Amparo», Expte 1246/11, aplicándose la tasa pasiva promedio que para uso de la justicia publica el Banco Central de la República Argentina. 4) Costas a las accionadas vencidas….” – el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL dedujo recurso de apelación a fs. 57/61 y vta. y el ESTADO DE LA PROVINCIA a fs. 62/67.
Mediante la providencia Nº 1692 (fs. 68), el tribunal de origen tuvo por interpuesto los recursos en tiempo y forma, los concedió en relación y en ambos efectos y ordenó a las partes comparecer dentro del tercer día ante esta Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral a hacer valer sus derechos.
Ingresada la causa a esta Alzada (fs. 74), únicamente el ESTADO DE LA PROVINCIA sostiene su recurso a fs. 75 y, ordenados los traslados son contestados por la actora a fs. 77/80 y vta.
Por resolución Nº 4279 (fs. 79) se ordenan las medidas para mejor proveer, que conforme las constancias de fs. 87 y 92, se encuentran debidamente cumplidas.
Seguidamente, se llama a “AUTOS PARA SENTENCIA”, se integra el Tribunal con sus vocales titulares y se establece el orden de votación a fs. 93, todo lo cual se encuentra firme y consentido.
La Señora Vocal Doctora MARTHA HELIA ALTABE DE LÉRTORA presta conformidad con la precedente relación de la causa.
A continuación, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral formula las siguientes:
CUESTIONES
PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?
SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA VOCAL DOCTORA NIDIA ALICIA BILLINGHURST DE BRAUN DIJO:
El recurso no fue interpuesto ni sostenido y no advirtiéndose vicios de forma que pudieran invalidar la sentencia recurrida, no corresponde considerar la cuestión.
A LA MISMA CUESTION, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARTHA HELIA ALTABE DE LÉRTORA DIJO:
Me adhiero a lo expuesto por la Señora Vocal pre opinante, por compartir sus fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA VOCAL DOCTORA NIDIA ALICIA BILLINGHURST DE BRAUN DIJO:
I. Viene esta causa a consideración de la Alzada para resolver los recursos de apelación interpuestos por el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (fs. 57/61 y vta.) y por el ESTADO DE LA PROVINCIA (fs. 62/67) contra el fallo No. 12 del 28.06.2017.
La sentencia apelada declara la inconstitucionalidad de los Decretos- Leyes Nº 22/00 y 167/01, disponiendo que la liquidación de la jubilación de la amparista se adecúe a lo normado por la Ley Nº 4917, sin la reforma introducida por los citados decretos, ordenando la devolución de las sumas adeudadas desde la interposición de la demanda, incluyendo en el haber jubilatorio lo que hubiere percibido la actora como agente activo, en concepto de rubros no remunerativos, y con la aplicación de la tasa pasiva promedio que para el uso de la justicia utiliza el Banco de la Nación Argentina”.
Al respecto, señala que “la reforma introducida por decreto-ley 22/00 y 167/01 al sistema previsional, que para determinar los haberes jubilatorios, sustituye el cargo base para el cálculo de la movilidad por un promedio de haberes del agente, y además excluye de dicho cálculo las remuneraciones percibidas en servicios simultáneos, se presenta como evidentemente lesiva de los derechos de la seguridad social y de propiedad del amparista, reconocidos por los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Tales disposiciones no sólo alteran sustancialmente el sistema previsional que exige el reconocimiento de los servicios desempeñados en forma simultánea, sino que degradan sustancialmente el haber previsional al desconocer la proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad.”
Por otra parte, “Tampoco corresponde la aplicación de la Resolución N° 2314/04 del IPS, como pretende la demandada, utilizando como fundamento que el art. 67° de la ley 4917 (modificado por el Dcto. Ley 22/00), al disponer el mecanismo de movilidad no establece porcentaje alguno”, cita el fallo N° 86 de la corte provincial, dictado en la causa judicial caratulada “Centro de Jubilados y Pensionados de Corrientes c. IPS s. ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA”, que tiene efectos erga omnes.
Finalmente, ratifica la jurisprudencia uniforme y pacífica de que “ha sido reconocida la naturaleza sustitutiva que cabe asignar al haber previsional concedido, considerando que la jubilación constituye la prolongación de la remuneración, después del cese regular y definitivo en la actividad social laboral del individuo como débito de la comunidad por el servicio prestado, y tal concepción se inserta en el objetivo preeminente de la Constitución Nacional de lograr el bienestar general, cuya expresión más acabada es la justicia social. De este modo, el carácter alimentario de todo beneficio provisional -ya que tiende a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios y de allí su reconocida naturaleza de subsistencia- obliga a sostener el “principio de favorabilidad” y a rechazar toda fundamentación restrictiva. (Fallos: 289:430; 292:447; 293:26; entre otros).-“
II. En relación a los fundamentos que informan los recursos articulados por los demandados y atento a la similitud de las piezas recursivas, serán tratados conjuntamente.
En primer lugar, cuestionan la idoneidad de la vía de amparo, sosteniendo que la ley 4106 “establece trámites abreviados para el reclamo de derechos subjetivos (art. 22 y 94/100)”, aplicables al reclamo de actualización de los haberes previsionales, que son de “neto corte administrativo”.
En segundo lugar, impugnan la declaración de inconstitucionalidad de los decretos leyes 22/00 y 167/01 alegando que si bien el art. 14 bis de la Ley Fundamental consagra la garantía de la movilidad de las prestaciones previsionales, sin embargo, no establece el procedimiento para materializarla, razón por la cual, en ejercicio de las facultades no delegadas (reguladas en los arts. 121 y 123 de la Constitución Nacional), la Autoridad Local dictó la Ley 4917 -modificada luego por los referidos decretos emanados de la Intervención Federal- cuyo art. 67 establece la movilidad de los haberes del personal pasivo, razón por la cual el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL debe cumplirlo por ser “órgano de aplicación de leyes”.
En tercer lugar, precisan en el capítulo denominado “Confusión del cargo base con el haber inicial” que el A Quo yerra al sostener que la actora “no percibe lo que percibiría el personal activo” que reviste en la misma categoría y clase, pues se le han aplicado todos los aumentos del sector al que pertenece. Al respecto destacan que el encadenamiento (82% permanente del beneficio) que pretende la amparista “fue abandonado por la mayoría de las legislaciones con sistemas públicos y de reparto, no solo por la no sustentabilidad del sistema sino porque además la actualización de las prestaciones de acuerdo al salario de quien ocupa una función idéntica al del jubilado no se corresponde con las transformaciones de carácter estructural y tecnológica”.
Señalan que la Corte Federal ha puesto límite a la cuestión al aceptar la validez constitucional de los cambios en los regímenes de movilidad a fin de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad financiera al sistema de seguridad social, ya que lo que debe asegurar el sistema previsional es una pauta lógica de movilidad que tenga en mira la masa de jubilados y no intereses individuales, mediante leyes, como el D. 22/00, que plasma los criterios de sustentabilidad, equidad y solidaridad “para los beneficiarios previsionales, optimizando el sistema de reparto”, razón por la cual ha re-expresado el cargo-base y el cargo- simultáneo y se transforman en “haber jubilatorio” (“haber inicial”) y sobre éste se aplicarán los incrementos para cumplir con la movilidad de los haberes pasivos, conforme a pautas razonables.
También cuestionan la inclusión en el haber previsional de “montos no remunerativos” por los cuales no se han realizado aportes, precisando el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL que para que éstos sean computados y pagados es necesario que previamente se requiera “de la actora y del ente empleador que cumplan con los aportes personales y contribuciones patronales”, evitando de tal modo un grave perjuicio a su parte, cuya “sustentabilidad se basa en los aportes efectivamente percibidos”; mientras tanto, por el mismo tópico el ESTADO DE LA PROVINCIA expresa que “regular la situación previsional es carga exclusiva de la accionante” pues pretende incorporar a su beneficio rubros por los que no aportó “de lo contrario se afectaría el principio de igualdad colocándose a esta persona en una posición más ventajosa en relación al universo de beneficiarios del sistema que no han formulado reclamo.”
Por su parte el Estado de la Provincia impugna la orden de que se devuelvan los importes reconocidos a favor de la actora en un proceso de amparo por cuanto éste no es la vía idónea, afirmando que “estamos frente a una deuda previsional y no frente a un crédito ordinario”.
Finalmente, se agravian por la imposición de las costas, que solicita sean revocadas por las razones que esgrime a las que me remito en aras a la brevedad.
III. En cuanto a la admisibilidad formal y en lo que respecta los recursos articulados por partes, cabe hacer notar que -conforme a lo sostenido en la sentencia N° 01 dictada in re “RAMIREZ MARTA ELSA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CORRIENTES S/ AMPARO.” EXPTE Nº CAX 1010/12- ante la circunstancia que el IPS no cumpliera con lo ordenado por la providencia Nº 1692 a fs. 68, o sea, comparecer dentro del tercer día ante esta Cámara en los términos del art. 15 de la Ley 2903, no constituye óbice para su tratamiento desde que se encuentra debidamente fundado, contingencia que torna aplicable al caso el criterio sentado por la Corte Federal en los autos caratulados “RECURSO DE HECHO en autos: BENCHETRIT, Eduardo Alberto s/ RECURSO DE AMPARO”, que descalifica el “ritualismo” (entendido como “un predominio exagerado de las formalidades”), ratificado por el Superior Tribunal de Justicia en la causa rotulada “CANON VERÓN, Mirta Gladis c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA) S/ AMPARO” Expte. Nº C02- 48126/6, por lo que serán considerados los recursos de apelación oportuna y fundadamente interpuestos.
IV. Adelanto que los argumentos vertidos para sustentar los agravios invocados carecen de entidad para conmover la jurisprudencia sentada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en numerosos casos, a partir del fallo dictado en la causa “FAGNANI, Orfila c. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL s. AMPARO”, ratificada in re “GUTIERREZ, Manuela Antonia c. ESTADO PROVINCIAL e INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL s. AMPARO”, Expte. Nº EDL 279/9; “CAMERA, Beatriz Elvira
c. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s. AMPARO” Expte. 678/10; “ARAUJO, GRACIELA C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES S/ AMPARO” Expte. Nº “EXP 40300/9, entre otros, que deviene aplicable en la especie.
En efecto: El agravio vinculado a la idoneidad del amparo deberá ser desestimado porque, como bien lo reseñara el tribunal de origen, las demandadas no han demostrado como -a través de esta vía- se ha afectado el derecho de defensa que les asiste, ni se advierte que “otras pruebas” se han visto impedidas de producir, situación ante la cual la Corte Federal se pronunció a favor de su procedencia (Fallos 307:2174;313:1371; 314:1091; 315:2386; 316:1551; entre otros), criterio que comparto, pues si bien esta vía excepcional no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, “su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales tiene por objeto una protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencia” (C.S. marzo3-988 Arbonés, Mario Francisco c. Universidad Nacional de Córdoba, LL. 1990-A- 581; con nota de José Luis Lazzarini citado en expte. 678/10 rotulado “CAMERA c. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE CORRIENTES s. AMPARO”), ya que ” …en presencia de un acto u omisión que lesione o restrinja con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley y siempre, desde luego, que tales circunstancias sean alegadas y acreditadas por el interesado siquiera prima facie, el proceso ordinario no puede en ningún caso ser considerado un remedio judicial más idóneo que el amparo” (cfr: PALACIO, Lino E. “LA PRETENSION DE AMPARO EN LA REFORMA”).
A mayor abundamiento, constituye un despropósito a esta altura del proceso, pretender la descalificación de la vía elegida e íntegramente tramitada, máxime cuando resulta evidente que el derecho de la parte ha encontrado adecuada tutela, razón por la cual en los citados antecedentes jurisprudenciales se ha confirmado su idoneidad respecto sobre pretensiones de la índole y características de la articulada en esta causa.
En cuanto al agravio relacionado con la inconstitucionalidad de la normativa impugnada en la demanda, que constituye el núcleo de la cuestión, cabe efectuar una reseña de las leyes que han regido en materia previsional y sus consiguientes modificaciones, interpretación y efectos.
Sobre el particular, la Corte Provincial ha expresado que la última Intervención Federal a la Provincia de Corrientes reformó sustancialmente el art. 35 de la ley 4917 mediante los decretos- leyes Nº 22/00 y 167/01, estableciendo un “haber inicial” que conlleva a importes que afectan la debida proporcionalidad que debe garantizarse al agente pasivo.
Y ello es así porque durante la vigencia de la ley 4917 se tomaba como cargo base el mejor cargo remunerado desempeñado por el agente en cualquier momento de su vida laboral en una actividad comprendida en la presente ley durante un período mínimo de 48 meses y, para el supuesto de que no alcanzara en ningún cargo ese período mínimo, recién se procedía a promediar las remuneraciones pertinentes a los cargos mejor remunerados no simultáneos desempeñados durante 48 meses, en proporción al tiempo efectivo en cada uno de ellos, cuyo resultado determinaría el cargo base. Así, el haber jubilatorio era el resultado del 82% móvil de las remuneraciones correspondientes al cargo base determinado de acuerdo al referido procedimiento. (art. 65 de la ley 4917, no reformado).
Sin embargo, mediante el D. 22/00 se estableció que el haber inicial es el que resulta de calcular el 82% sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas sujetas a aportes jubilatorios de las escalas vigentes a la fecha de la determinación del beneficio correspondientes a los últimos 84 meses anteriores al cese provincial. Asimismo determina que dicha base se incrementará en DOCE (12) meses más en cada año calendario a partir del 1º de enero de 2001 y hasta alcanzar 180 meses (art. 6º del Dcto- Ley 22, derogado).
Posteriormente, con la emisión del D. 167/01, se dispuso que el referido haber inicial será el equivalente al 82% del promedio de las remuneraciones con aportes, efectivamente percibidas por el agente en cualquiera de los entes comprendidos en el art. 20 correspondientes a los últimos 120 meses anterior al cese provincial y que dicha base se incrementará en DOCE (12) meses por cada año calendario a partir del 1º de enero de 2002 hasta 240 meses (art. 3º del Dto. Ley 167 vigente).
La cuestión apelada esencialmente finca en resolver si, a raíz del régimen normativo impuesto por la Intervención Federal en la fijación del haber jubilatorio inicial, se afectan o no los derechos de la seguridad social tutelados por la Constitución Nacional.
Sin desconocer que el Poder Legislativo local tiene potestad para reglamentar los recaudos indispensables para la obtención de los beneficios de la seguridad social de los pasivos provinciales, así como los índices para asegurar la movilidad prevista en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, la razonabilidad en su ejercicio siempre se halla sujeta al control judicial.
En el caso, se encuentra debidamente acreditado que la actora, REINA ISABEL GALES, obtuvo el beneficio de jubilación por invalidez por la resolución Nº 0479/2016 (fs. 12) dictada en el expte. No. 840-27- 14540796-1 del registro del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, con arreglo a las previsiones de la ley 4917/95 y que los haberes previsionales a su favor liquidados en el mes de Febrero de 2017 (fs. 08) -calculados en base a las pautas del “haber inicial” jubilatorio establecido en la normativa impugnada, por los periodos y cargos desempeñados, evaluados en la resolución acordatoria del beneficio- resultan sustancialmente inferiores al 82% fijado por el art. 65 de la ley 4917, aún con las deducciones por edad y servicios faltantes, que se encuentra vigente por cuanto no ha sido derogado por los DL 22/00 y 167/01, en relación a lo que percibe un agente en actividad, considerando las certificaciones que obran a fs. 9/11, poniendo de manifiesto que es sensiblemente menor por no guardar la proporción porcentual que corresponde al cargo base.
De ello se colige que la observancia del nuevo régimen legal para la determinación del haber previsional, como expresan los fallos emanados del Superior Tribunal de Justicia ha “degradado la prestación previsional del amparista”, ya que el importe mensual que se obtiene carece de la necesaria proporcionalidad que debe primar entre el haber de pasividad y el de actividad, cuya naturaleza sustitutiva es indiscutible y, de esa manera, se vulneran ostensiblemente los derechos de la seguridad social y de la propiedad que asisten al amparista, tutelados en los arts. 14 bis, y 17 de la Constitución Nacional.
V. Respecto a la impugnación por la inclusión en el beneficio jubilatorio de los rubros “no remunerativos”, no tiene entidad para modificar el fallo, conforme al temperamento sentado por este Tribunal en las sentencias dictadas en los autos caratulados “GUZMAN, ELSA ESTER c. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CTES. Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE CTES. S. AMPARO.” EXPTE Nº EDL 1319/11 y “CARNEVALE, CARLOS HORACIO C. ESTADO DE LA PCIA. DE CTES. E INSTITUTO DE PREVISION DE LA PCIA. DE CTES. S. AMPARO.” EXPTE Nº EDL 228/09, dónde se sostuviera que tienen carácter remunerativo” aquellos rubros que son percibidos en forma normal y habitual por el agente en tanto integran regularmente y con habitualidad los haberes del personal en actividad y, por lo tanto, indudablemente deben reflejarse en los haberes de los pasivos, tal como la Corte Suprema de Justicia lo sostuviera al referir que “…La actora tiene derecho a que se tengan en cuenta todas las sumas efectivamente percibidas en actividad a los fines del cálculo del haber inicial del beneficio de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley Nº 18.037….”, disposición que debe ser interpretada en concordancia con el Artículo 10 de ese estatuto, que prevé que debe considerarse remuneración “todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal…”. (CSJN: “RAINONE DE RUFFO, JUANA TERESA BERTA C/ ANSES S/ REAJUSTES VARIOS”, BA; 2/03/2011).
Se ha precisado en el mencionado precedente que, de acuerdo a las normas vigentes, y a los fines previsionales, la «remuneración es todo ingreso que recibe un trabajador en retribución o compensación por su actividad personal prestados en relación de dependencia, incluidos los suplementos que tengan el carácter de habituales y regulares».
En función de ello y en la medida de que los rubros impugnados tengan carácter habitual y regular, indubitablemente tienen naturaleza remunerativa, por lo que deben ser computados para el cálculo porcentual del haber previsional.
VI. Tampoco tendrá andamiento la impugnación que el Estado Provincial formula a la utilización de la vía de amparo para obtener la devolución de los créditos reclamados, por las razones expuestas por la Corte Provincial in re «LENA, Rubén c/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) y ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s. AMPARO”, Expte. CAX 102/10, criterio que deviene aplicable en la especie donde, siguiendo los lineamientos dados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «BOLESO, Héctor H. c/ PROVINCIA DE CORRIENTES S/ AMPARO»(21/08/2003, La Ley Online), sostuvo que no resulta necesario iniciar otro proceso para la obtención del pago de las diferencias adeudadas, “pues se incurriría en un exceso ritual inadmisible, toda vez que reconocer un derecho pero negarle un remedio apropiado equivale a desconocerlo, y que la garantía de la defensa en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable (Cfr. CSJN, Fallos: 324-1944, consid. 5°)».
Cabe agregar que la devolución a la accionante de las referidas cuantías no obedece a la lógica de la condena por daños, sino al reconocimiento que se le hace de su derecho, vulnerado por la normativa declarada disvaliosa, siendo ciertamente superadora la tendencia actual en esta temática y, así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 327:3721, 330:4866, entre otros).
En cuanto al agravio sobre la imposición de las costas de la primera instancia, tampoco ha de prosperar, pues no existe motivo que autorice actuar de un modo diferente, dado que lo decidido es lógica consecuencia del principio objetivo de la derrota. (Art. 14 de la Ley N°2903).
Por las citadas razones, propicio desestimar los recursos deducidos por el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL a fs. 57/61 y vta. y por el ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES a fs. 62/67 y, en consecuencia, confirmar íntegramente el fallo N° 12 del 28.06.2017, con costas a las vencidas siguiendo el principio jurídico objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
Asimismo, se regulan los honorarios de la apoderada de la actora en el … POR CIENTO (… %) de lo que se fije en la instancia de origen (art. 2°,9°, 14° y cc de la Ley 5822), con más el porcentaje del IVA en el supuesto de que la profesional resulte responsable del pago de este tributo y con más el interés establecido en el art. 56 de la ley arancelaria hasta su efectivo pago. ASI VOTO.
A LA MISMA CUESTION, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARTHA HELIA ALTABE DE LÉRTORA DIJO:
Me adhiero a lo expuesto por la Sra. Vocal pre opinante, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.
Por lo que no siendo para más se da por finalizado el presente acuerdo, pasado y firmado todo por ante mí, Secretaria autorizante, que doy fe. Firmado: Doctoras Nidia Alicia Billinghurst de Braun – Martha Helia Altabe de Lértora. Ante mí, Dra. Carolina Daniela Vega Curi -Secretaria.- Concuerda fielmente con su original obrante en el Libro de Sentencias de Amparo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, expido el presente en la Ciudad de Corrientes, a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil dieciocho. Conste.
Dra. CAROLINA DANIELA VEGA CURI- Abogada – Secretaria Actuaria
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral
Poder Judicial – Provincia de Corrientes
SENTENCIA N° 16
Por los fundamentos de que instruye el precedente Acuerdo; SE RESUELVE: 1º) DESESTIMAR los recursos de apelación deducidos por el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL y por el ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, en consecuencia, confirmar íntegramente el fallo N° 12 del 28.06.2017; 2º) IMPONER las costas a los demandados vencidos en virtud del principio jurídico objetivo de la derrota. 3°) REGULAR los honorarios de la apoderada de la actora en el … POR CIENTO (… %) de lo que se fije en la instancia de origen (art. 2°,9°, 14° y cc de la Ley 5822), con más el porcentaje del IVA en el supuesto de que el profesional resulte r esponsable del pago de este tributo y con más el interés establecido en el art. 56 de la ley arancelaria hasta su efectivo pago. 4°) INSERTAR, registrar, notificar y archivar.
Dra. MARTHA HELIA ALTABE DE LERTORA- Jueza de Cámara
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral
Poder Judicial – Provincia de Corrientes
Dra. NIDIA ALICIA BILLINGHURST DE BRAUN – Presidente de Cámara
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral
Poder Judicial – Provincia de Corrientes
Dra. CAROLINA DANIELA VEGA CURI- Abogada – Secretaria Actuaria
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral
Poder Judicial – Provincia de Corrientes
027983E
