Se revoca la sentencia en cuanto había hecho lugar a la excepción de prescripción con fundamento en que no era aplicable el artículo 256 de la LCT porque no se trataba de un reclamo de diferencias salariales, sino de una acción de daños y perjuicios sufridos por el accionar ilegítimo de la administración que separó por un periodo de tiempo a los actores de sus funciones. Señaló que la sola mención de los rubros que compusieron la remuneración era a los efectos de tomarlos como base de cálculo para la cuantificación del reclamo pretendido.
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