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JURISPRUDENCIAPrisión preventiva. Rechazo del recurso de apelación. Procesamiento. Excarcelación
Se declara erróneamente concedido el recurso de apelación interpuesto por el imputado contra la resolución que dispuso su prisión preventiva, pues el tribunal explicó que, conforme lo preceptuado en el artículo 311 del código ritual, solo es apelable el procesamiento, puesto que el dictado de la prisión preventiva es su consecuencia, en virtud de la valoración que efectúa el juez de conformidad con los artículos 312 y 319 del mismo cuerpo legal. Por tal motivo, el instituto objeto de crítica no puede ser apelado, y queda sujeto a revisión mediante el trámite de la excarcelación instituido por el ordenamiento adjetivo.
San Martín, 23 de julio de 2018.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de S., J. M. por considerarlo, en principio, autor penalmente responsable del delito de extorsión y mandó a trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos -200.000- (Arts. 45, 168, Cód. Penal; 306, 308, 312 y 518, Cód. Proc. Penal de la Nación; Fs. 1/16Vta., ptos. disp. XII y XIII).
Contra dicho pronunciamiento, la defensa del encausado dedujo recurso de apelación que, en la instancia, fue mantenido sin adhesiones (Fs. 18/32, 45 y 46/61).
II. Cuestiones preliminares.
En lo concerniente al planteo nulidicente introducido por el apelante, con relación a las intervenciones telefónicas practicadas en autos, dicho tópico fue objeto de examen en el marco del respectivo incidente de nulidad formado en el que, con fecha 4-06-2018, la magistrado a quo, rechazó la pretensión (csa. FSM 108261/2017/16, Fs. 1/15, 18/20 y 21/23Vta.). Esa decisión fue consentida y, por ende, adquirió firmeza (mismo legajo, Fs. 24). Circunstancia que exime al Tribunal de mayores consideraciones sobre la cuestión a que se alude en el libelo recursivo de Fs. 18/32.
III. De la arbitrariedad.
En relación a la tacha de arbitrariedad postulada, se señala que, conforme la jurisprudencia sentada por el Alto Tribunal, la decisión cuestionada, cumple con los estándares correspondientes para calificarla como acto jurisdiccional válido (CSJN, Fallos, 112:384; 306:1111; 306:1395; 311:1950; 312:2507; 321:3415; 329:1787; 330:4633; entre otros). En tal sentido, el juzgado interviniente expone las razones de hecho y de derecho que motivan el pronunciamiento criticado, con base en las circunstancias objetivas de la causa y las normas que se ajustan al asunto decidido. De modo que se verifica reunido suficientemente el requisito de fundamentación (Art. 123, Cód. Proc. Penal de la Nación).
IV. De la situación procesal.
Sentado lo anterior, el Tribunal estima que los elementos de juicio que informa el legajo principal, sustentan la imputación discernida, con el alcance propio de este segmento del proceso.
Ello así toda vez que, a partir del seguimiento efectuado al abonado N° …, perteneciente a C., S. B. -alias “T.” o “T.”-, se verificaron diálogos en los que aquella recibía demandas dinerarias “para la brigada”, a cambio de una presunta protección de la actividad ilícita comprobada en los domicilios donde se ofrecían servicios sexuales (Fs. 135/136, 218/223, 233, 234/235, 240, 383/384, 406/408, 426/427Vta., 454/455Vta., 553/554, 590/592Vta., 606/607, 615/616Vta., 635/636, leg. ppal. y legajo de transcripciones).
Conforme las averiguaciones realizadas por el personal preventor y los informes recabados, se encuentra probado el vínculo de S., J. M.con los números … y …, que fueron utilizados con el fin de consumar las negociaciones vinculadas a las sumas de dinero que eran requeridas ilegítimamente a C., S. B. -vgr. montos pedidos, lugar y horarios de encuentro, etc.- (Fs. 187, 188, 217, 230, 243/248, 250/253, 259/260, 262, 269, 272, 418/Vta., 517/519, 520/537, 588/589, 593/598, 601/605, 613/614).
Asimismo, no resulta un dato menor destacar que el abonado N° …, asociado a los pedimentos citados, fue hallado en poder del encartado, en oportunidad de la requisa domiciliaria efectuada en su domicilio particular (Fs. 898/901, Leg. ppal.).
En tanto que el restante abonado N° …, aparece registrado a nombre de S., J. M., informado por el mismo nocente ante el Registro Nacional de las Personas y publicado en la marquesina del local comercial de su propiedad (Fs. 230, 269, 593/594Vta., 595/598, Leg. ppal.).
De manera que, a esta altura, respecto a la intervención de S., J. M., se estima que las llamadas verificadas con las líneas utilizadas para obtener las entregas de dinero -abonados … y …-, contemporáneas a la ejecución de los hechos investigados de explotación de la prostitución ajena, lo ubican al nombrado dentro de la escena delictiva.
Por lo demás, en lo que hace al cuestionamiento del encuadre normativo legal seleccionado por la magistrado a quo, las circunstancias correctamente evaluadas en el pronunciamiento bajo estudio, llevan a confirmar el decisorio apelado así como la asignación jurídica dada, la autoría del encartado en la comisión del ilícito y su cabal conocimiento sobre el carácter delictivo de su actuación.
En este aspecto, sopesamos que, a esta altura, las comunicaciones mencionadas son demostrativas de que el encartado, simulando autoridad pública (Fs. 728, 734, 735, 736, leg. ppal.), decidió utilizar dicho engaño como procedimiento intimidatorio con el fin de obtener un beneficio pecuniario particular. Dicho mecanismo resultó suficientemente idóneo para que C., S. B., justamente, pagara el canon demandado por el imputado, con pleno convencimiento de que a través de esa dación, evitaba ser objeto de diligencias policiales (cf. D´Alessio, Andrés José, “Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado”, 2° edición, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 644 y ss.).
Así lo revela el diálogo transcripto a Fs. 221/223, cuando “T.” – C., S. B.- afirma que “los de la brigada me sirven para enterarme si va a haber allanamientos”.
Al respecto, también vale destacar que, en el abonado N° … del encausado, se registra un diálogo donde el interlocutor le pregunta “si está en la brigada”, a lo que S., J. M. responde “no… sí pero no, es complicado después te cuento” (Fs. 650/653). De lo que se deriva que, con habitualidad y frente a terceros, el nocente se arrogaba la calidad de agente policial, de la que en realidad adolecía.
Lo expuesto refleja que el encuadre típico penal preliminar seleccionado por la jueza instructora resulta ajustado a derecho y a las constancias del legajo. Todo lo cual autoriza a convalidar el auto de procesamiento definido con relación a S., J. M.
IV. De la prisión preventiva.
En lo que respecta al dictado de la medida de cautela personal censurado por la defensa de S., J. M., toca indicar que el agravio -fundamento de toda apelación- no puede convertirse en un argumento común para cuestionar por cualquier medio la legitimidad del encierro, cuando el propio ordenamiento procesal establece la vía excarcelatoria como régimen tuitivo del derecho constitucional a la libertad provisoria bajo caución, durante el trámite del proceso.
En tal dirección, conforme lo preceptuado en el Art. 311 del código ritual sólo es apelable el procesamiento, puesto que el dictado de la prisión preventiva es su consecuencia en virtud de la valoración que efectuará el juez de conformidad con los Arts. 312 y 319 del mismo cuerpo legal. Por tal motivo el instituto objeto de crítica no puede ser apelado, quedando sujeto a revisión mediante el trámite de la excarcelación instituido por el ordenamiento adjetivo (CFSM, Sala de Feria, Causa N° 7268, Reg. N° 6325, del 13/1/05; Sala I, Causa N° 7345, Reg. N° 7381, del 18/3/05, ambas de la Secretaría Penal N° 1; misma Sala, Causa N° 8986, Reg. N° 8111, del 27/10/09, de la Secretaría Penal ad hoc, y sus citas); por lo que, en definitiva, el recurso deducido al respecto ha sido erróneamente concedido.
V. Del embargo.
Finalmente, en cuanto al monto fijado en concepto de embargo, se estima adecuado a los parámetros establecidos en el Art. 518, primer párrafo, del Cód. Proc. Penal de la Nación, habida cuenta el grado de responsabilidad que prima facie se le atribuye, el ánimo de lucro en la comisión del delito, el eventual resarcimiento dinerario y a fin de garantizar el pago de las costas del proceso (Arts. 22 bis, Cód. Penal y 533, Cód. Proc. Penal de la Nación).
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1°) DECLARAR erróneamente concedido el recurso de apelación introducido por la defensa de S., J. M., respecto del dictado de su prisión preventiva.
2°) CONFIRMAR la resolución apelada de Fs. 1/16Vta., puntos dispositivos XII y XIII, en todo cuanto decide y es materia de recurso y agravios.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE (conf. Ley 26.856 y Acordada nº 24/13, CSJN), y DEVUÉLVASE.-
Fecha de firma: 23/07/2018
Alta en sistema: 25/07/2018
Firmado por: MARCELO DARÍO FERNÁNDEZ,
Firmado por: MARCOS MORÁN
Firmado(ante mi) por: MARCELO FERNANDO PASSERO, SECRETARIO DE CAMARA
L., R. Á. s/incidente de apelación del auto de prisión preventiva – Cám. Apel. y Garantías Penal San Isidro –
18/12/2012
031397E
