Se confirma el fallo en cuanto hizo lugar a la acción promovida por varios de los actores, declarando la inconstitucionalidad del art. 4° del decreto 395/92 y reconociendo una indemnización a su favor por haberse visto privados de los bonos de participación en las ganancias establecidos en el art. 29 de la ley 23.696; a su vez, se mantiene el rechazo con relación a los trabajadores que no fueron empleados de la empresa estatal ni fueron transferidos a la empresa privatizada, quedando excluidos del universo de trabajadores con derecho a acceder a los beneficios del Programa de Propiedad Participada, entre los que se incluye el bono de participación de las ganancias.
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