Se confirma la decisión apelada en cuanto se desestimó la excepción de falta de habilitación de la instancia deducida por el Estado Nacional -en el entendimiento de que debió agotar la instancia administrativa- en el marco de la acción interpuesta por ex-trabajadores de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que estaban prestando servicios al momento en que se dispuso su privatización, y que se consideran con derecho al Programa de Propiedad Participada.
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