Tiempo estimado de lectura 5 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIATutela sindical. Descuentos salariales sin procedimiento de exclusión previo. Restitución cautelar
Se confirma el fallo que hizo lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el actor y, en consecuencia, ordenó a la accionada a abonar al demandante los salarios reclamados, pues arriba firme e incluso reconocido por la propia apelante la condición de delegado gremial del actor y por ende la tutela sindical que lo ampara, y que a los efectos de los descuentos salariales efectuados a partir del mes de octubre de 2016 no se promovió a tales efectos el procedimiento de exclusión de tutela sindical previsto por el art. 52 de la ley 23.551.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 23 días del mes de noviembre de 2017 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO dijo:
I) La sentencia interlocutoria de fs. 28/29 en la que se hace lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el actor y en consecuencia se le ordena a la accionada a abonar al demandante los salarios correspondientes desde el mes de octubre de 2016 -inclusive – bajo apercibimiento de imponer astreintes, recibe apelación de la demandada a tenor del memorial obrante a fs. 74/79. La parte actora contesta agravios a fs. 86/88.
II) Objeta la apelante que se acoja la medida cautelar precitada, pues afirma que tanto la invocación efectuada por el actor por falta de pago de los haberes con fundamento en una serie de reclamos por condiciones laborales, así como que la conducta de la accionada tendría motivaciones antisindicales, resulta falso y no se ajusta a la verdad. Señala que tampoco lo es que su parte guardase silencio ante la intimación cursada en noviembre de 2016. Solicita que la cautelar dictada sea revocada pues considera que Pacheco no aportó elemento alguno para acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho. Considera que no se indica de manera concreta y específica cuáles serían las condiciones o derechos que deberían ser resguardados cautelarmente. Afirma que la sentenciante de grado de forma genérica hace lugar a la medida cautelar de no innovar y ordena pagar los salarios “correspondientes”, cuando su parte los liquidó conforme la norma legal tal como surge – respecto del mes de octubre de 2016 – del recibo agregado en autos, pues el trabajador sin justificación alguna no prestó tareas ni tampoco puso su fuerza de trabajo a disposición del empleador y por ello la liquidación del salario atinente a octubre de 2016 resultó legalmente fundada y no puede implicar modificación alguna a las condiciones del trabajo ni tampoco exigirse la exclusión de tutela sindical a tal efecto, por lo que considera que en el presente caso no se encuentran sumariamente configurados los recaudos exigidos por el art. 195 y 230 del CPCCN. Entiende que la prueba aportada no luce suficiente para tener por configurada la verosimilitud en el derecho ni tampoco la existencia de modificaciones a condiciones esenciales de su labor ni que obedecieran a su condición de delegado gremial.
Considero que no puede obtener favorable recepción su queja, pues en primer lugar arriba firme e incluso reconocido por la propia apelante, la condición de delegado gremial del actor de la UTA y por ende la tutela sindical que lo ampara y que a los efectos de los descuentos salariales efectuados a partir del mes de octubre de 2016 no se promovió a tales efectos el procedimiento de exclusión de tutela sindical previsto por el art. 52 de la ley 23.551.
En efecto, al menos prima facie considero que -en este particular caso-, resulta procedente la medida precautoria solicitada, pues de la documental obrante a fs. 3 así como de las testimoniales que obran a fs. 17/24, puede considerarse, al menos sumariamente, corroborado tanto el desempeño sindical y cargo electivo que ostenta el accionante así como la ausencia de pago de sus haberes (octubre y noviembre) mediante el procedimiento de descontar el rubro “desc. Prem. Asistencia” y “desc. Ausencias” y la existencia de intimación cartular efectuada por el trabajador a efectos del pago íntegro de al menos su salario mes de octubre de 2016 (v. pieza postal adjuntada como prueba en el sobre glosado a fs. 3). Y si bien cierto es que la accionada a fs. 71 adjunta la pieza postal con la que habría respondido a dicha intimación y que conforme surge de ella no habría sido entregada por “cerrado/ausente” y que se dejó aviso de visita, en la que se le informa a Pacheco que el salario de octubre 2016 le fue liquidado conforme a derecho, no menos cierto es que en el prieto marco probatorio que impone este tipo de medidas precautorias, lo que sella la suerte de la quejosa y autoriza a considerar acreditada la verosimilitud en el derecho y el periculum mora, es la condición gremial del accionante, la ausencia del procedimiento de exclusión de tutela sindical y el carácter alimentario del salario. No se me escapa que el caso presenta aristas que deberán ser discutidas y acreditadas en el marco de un proceso de mayor amplitud probatoria, pero considerando que la medida cautelar de no innovar dispuesta no causa estado, he de propiciar – reitero – la confirmación de lo decidido a fs. 28/29.
III) Las costas en la alzada, propicio imponerlas a la apelante vencida (art. 68 CPCCN) y diferir la regulación de los estipendios correspondientes para la oportunidad en que queden fijados los correspondientes a la instancia de grado.
EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó: que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Juez de Cámara preopinante.
En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia interlocutoria de fs. 28/29 en cuanto fue objeto de agravios. 2) Imponer las costas de alzada y diferir la regulación de los honorarios correspondientes de conformidad con lo propuesto en el punto III) del primer voto del presente acuerdo. 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la Vocalía 2 se encuentra vacante (art.109 R.J.N.).
Graciela Elena Marino
Juez de Cámara
Enrique Néstor Arias Gibert
Juez de Cámara
023483E
