Corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 109, primer párrafo, in fine del Decreto 303/96, en cuanto ordena deducir un veinticinco (25%) del salario del interno procesado en concepto de reintegro de los gastos que causare al establecimiento penitenciario, puesto que la citada norma implica transferir al interno trabajador el costo de la obligación de su manutención que pesa por entero sobre el Estado, lo que descalifica la norma.
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