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JURISPRUDENCIAArbitraje. Alcances del laudo. Fraude a través de sociedades controladas
Se mantiene el laudo arbitral atacado de nulidad, pues la extralimitación invocada por las recurrentes, con fundamento en que el Tribunal Arbitral excedió sus facultades por no tener en cuenta que ellas fueron terceras no signatarias del contrato arbitral, resulta insuficiente para sustentar el planteo nulificante.
En Buenos Aires a los 18 días de julio del dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “POTT ALFREDO CARLOS CONTRA PATAGONIA FINANCIAL HOLDINGS LLC Y OTROS S/RECURSO DE QUEJA (OEX)” EXPTE. N° COM 6053/2019; en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Vocalías N° 17, N° 18 y N° 16.
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la decisión recurrida de fs. 141/196?
El Sr. Juez de Cámara Dr. Ernesto Lucchelli dice:
1. Llegan estos autos a resolver en virtud de las decisiones de este Tribunal de fs. 311/313 y fs. 13585/13586, que admitieron las quejas deducidas por Patagonia Financial Holdings LLC (Patagonia), Santiago Steed (Steed) y por Gonzalo López Jordán (Jordán), y concedieron -respectivamente- los recursos de nulidad interpuestos en fs. 197/228 y fs. 13443/13481 contra el “Laudo Parcial sobre las Excepciones de Jurisdicción y Falta de Personería” (Laudo Parcial), de fs. 141/196.
2. El Laudo Parcial
El Tribunal Arbitral designado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional decidió, en lo que aquí concierne, que tiene jurisdicción, respecto de Patagonia, Steed y Jordán, para entender sobre el fondo de las cuestiones planteadas bajo el arbitraje (fs. 141/196).
3. Recursos de nulidad
3. a. Preliminarmente, aclaro que en tanto los recursos sometidos a estudio revisten evidente similitud en lo que a sus planteos esenciales refieren, en pos de lograr mayor brevedad expositiva, los presentaré y trataré conjuntamente.
3. b. Las nulidicentes atacaron el “Laudo Parcial” por cuanto entendieron que: i) trató puntos no comprometidos; y ii) está afectado por faltas esenciales de procedimiento (cfr. art. 760 del Cpr.).
Con relación al primer punto, arguyeron -en sustancia- que el Tribunal Arbitral consideró que tiene jurisdicción sobre las recurrentes, pero soslayó que el acuerdo arbitral celebrado entre el Sr. Pott y WCP no puede proyectar efectos sobre ellas, por cuanto resultan terceras ajenas a tal convenio. En la misma línea, agregaron que tampoco consintieron someterse al arbitraje por ningún otro medio.
Respecto de la segunda cuestión, indicaron que el “Laudo Parcial” resultó arbitrario y violatorio del debido proceso por carecer de motivación suficiente. Adujeron que si bien el Tribunal Arbitral citó el art. 54 de la ley 19.550 a fin de fundar su jurisdicción, prescindió de su aplicación en el caso concreto.
Asimismo, criticaron que resolviera sobre la base de prueba obtenida sin el control de las nulidicentes y quebrantara, así, el “principio contradictorio” que debe regir en todo proceso.
Por otro lado, afirmaron que los defectos señalados no solo afectan la validez del “Laudo Parcial”, sino que también importan una seria lesión a sus derechos y garantías constitucionales, en tanto violan la “defensa en juicio” y la garantía del “juez natural”.
Por tales razones, solicitaron se declare la nulidad del fallo en cuanto decide que el Tribunal Arbitral tiene jurisdicción para entender sobre los reclamos efectuados por el demandante contra ellas, y se impongan al accionante las costas y costos del proceso arbitral y de esta instancia.
4. La solución
4. a. El art. 760 del Cpr. dispone que las partes podrán interponer recurso de nulidad contra un laudo arbitral aun cuando los recursos hubiesen sido renunciados.
En particular, la norma establece que el recurso de nulidad podrá fundarse en las siguientes tres causales: “falta esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos” (art. 760 del Cpr.).
En sub lite, las nulidicentes no alegaron que el Laudo Arbitral se haya dictado fuera del plazo. Por lo tanto, solo apuntaré, sucintamente, el marco conceptual relativo a las dos causales restantes, que sí fueron invocadas por las recurrentes.
Se entiende por “falta esencial del procedimiento” la violación de los principios básicos que se consideran inherentes a la función jurisdiccional, tales como la igualdad entre las partes, la defensa en juicio y las reglas relativas al debido proceso (CNCom., esta Sala, “Ricardo López y otros c/ Gemabiotech SA s/ organismos externos”, del 21.05.15; íd., “TCPSA SA c/ ADT Security Services SA s/ organismos externos”, del 31.10. 17).
Por otro lado, la causal vinculada al tratamiento de “puntos no comprometidos” comprende aquellos defectos que importen un quebrantamiento al principio de congruencia, en virtud de existir una decisión ultra petita, que resuelve cuestiones ajenas a la jurisdicción del Tribunal Arbitral (CNCom., esta Sala, “Ricardo López y otros c/ Gemabiotech SA s/ organismos externos”, del 21.05.15; íd., “TCPSA SA c/ ADT Security Services SA s/ organismos externos”, del 31.10. 17).
De todo lo anterior se colige que la impugnación por nulidad de un laudo arbitral no tiene por fin habilitar la revisión del fondo de lo resuelto por los árbitros, sino controlar que se haya dado cumplimiento a determinadas condiciones que están contenidas en normas de orden público, que deben ser respetadas bajo pena de nulidad (CNCom., esta Sala, “Ricardo López y otros c/ Gemabiotech SA s/ organismos externos”, del 21.05.15; íd., “TCPSA SA c/ ADT Security Services SA s/ organismos externos”, del 31.10.2017).
En tal contexto, aclarada y delimitada la facultad jurisdiccional de este Tribunal para tratar los recursos interpuestos, diré que solo me abocaré a aquellos agravios que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto de la causa (Cfr. CSJN: “Altamirano Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 11.11.1986; íd: “Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas”, del 12.2.1987; entre otros) y que encuadren dentro de alguna de las causales que, según el art. 760 del Cpr., habilitan el recurso de nulidad.
4. b. i. “Puntos no comprometidos”
Las recurrentes sostuvieron que el “Laudo Parcial” soslayó su falta de participación en el contrato arbitral que dio origen al caso. Así, manifestaron que ellas son terceras no signatarias de tal acuerdo y que no consintieron dicho pacto por ningún otro medio.
En especial, manifestaron que:
i) la jurisdicción arbitral solo puede derivar de la voluntad de las partes, y ellas no firmaron ni formaron parte del “Stock Option Agreement”, celebrado entre el Sr. Pott y World Capital Properties LTD (WCP), cuya cláusula cuarta dispone la jurisdicción del Tribunal Arbitral “para todas las controversias que surjan o se relacionen con el Contrato”;
ii) el Tribunal Arbitral solo puede juzgar conductas y responsabilidades contractuales, de manera que el argumento fundado en supuestas maniobras fraudulentas que habrían efectuado las recurrentes en carácter de “testaferros” de WCP, y por las cuales eventualmente se les podría atribuir responsabilidad, resultan una cuestión vinculada a conductas y responsabilidades extracontractuales, ajena a la jurisdicción del Tribunal Arbitral; y
iii) las nulidicentes jamás consintieron someterse a la jurisdicción del Tribunal Arbitral, circunstancia que expresamente dejaron asentada tanto en la solicitud de arbitraje como en el acta de Misión.
Adelanto que propiciaré el rechazo del planteo por cuanto entiendo que los cuestionamientos referidos no demuestran la verificación de la causal de nulidad que aquí se trata.
Los arbitrajes encuentran su causa en los acuerdos que otorgan poder a los árbitros para dirimir ciertas controversias. En principio, como todo contrato, tales convenios no proyectan efectos sobre terceros no signatarios.
Por ello, en los laudos arbitrales, no corresponde que el “tribunal acepte extender la legitimación activa o pasiva a una persona jurídica que no haya suscripto el acuerdo arbitral por el solo hecho de tener una relación societaria o formar parte del mismo grupo, salvo que exista una utilización patológica de la personalidad jurídica diferenciada o que se pueda probar que este otro sujeto prestó de algún modo su consentimiento al acuerdo bilateral” (Rivera, Julio César, “Arbitraje Comercial. Internacional y Doméstico”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 197. Subrayado agregado).
Ahora bien, en el caso, el Tribunal Arbitral fundó su decisión, precisamente, en los dos supuestos de excepción mencionados en el párrafo anterior. Por ello, su decisión resulta ajustada a derecho.
Con relación al primero de ellos, sostuvo que “las obligaciones contractuales consentidas en un contrato, incluyendo a las obligaciones emergentes de la cláusula arbitral, podrán ser imputadas a aquellos individuos, que en su condición de controlantes de una sociedad, ejecutaron una maniobra fraudulenta recurriendo a la creación y/o utilización de diversas sociedades con el propósito de violentar las obligaciones contractuales de una de las partes contratantes” (fs. 188vta., párr. 220).
Asimismo, indicó que “la aplicación del artículo 54 de la LGS no constituye una imputación en base al consentimiento sino al control de las acciones de una sociedad a la que se la somete al corrimiento del velo corporativo. Los supuestos controlantes de una sociedad pueden ser los mismos controlantes de otras sociedades involucradas y/o beneficiarias de los actos ilícitos alegados. Los actos ilícitos son presuntamente imputados a él o a las controlantes que han incurrido en la conducta o que sean él o los beneficiarios de la situación incriminada” (fs. 188vta., párr. 221).
En lo que al sub examine importa, consideró que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 54 de la ley 19.550, correspondía extender a las nulidicentes los efectos de la cláusula arbitral pactada entre el demandante y WCP en la cláusula cuarta del “Stock Option Agreement”. Fundó su decisión en la presunción iuris tantum de que los hecho alegados por el Sr. Pott se encuentran dentro de las exigencias requeridas por el derecho aplicable para extender la cláusula arbitral a terceros no signatarios (fs. 192vta./193, párr. 254).
Por otro lado, respecto del segundo supuesto de excepción mencionado supra, en virtud del cual un tercero no signatario de un acuerdo arbitral puede ser sometido a un arbitraje, el Tribunal Arbitral sostuvo que las recurrentes, en cierta forma, prestaron consentimiento al convenio arbitral.
Sobre el punto, expresamente señaló que, al suscribir las partes el Acta de Misión, reconocieron que el Tribunal Arbitral tenía competencia para decidir sobre la falta de jurisdicción planteada.
En efecto, remarco que en el punto octavo del citado instrumento, firmado por las nulidicentes, se dejó asentado que “[l]a competencia del Tribunal Arbitral para resolver ciertos puntos del litigio ofrecidos por López Jordán, Steed y Patagonia, queda supeditada a la decisión que el Tribunal Arbitral tome sobre: la (i) falta de jurisdicción” (fs. 595).
No se me escapa que, en tal ocasión, “López Jordán, Steed y Patagonia deja[ron] constancia que sus firmas no implica[ba] consentimiento en la intervención en este arbitraje” (fs. 596).
Sin embargo, tal circunstancia no enerva la previa anuencia prestada por las recurrentes para que el Tribunal Arbitral decidiera sobre la excepción de jurisdicción planteada. Es que, de las transcripciones efectuadas, queda clara la postura bifronte de las nulidicentes.
Aclaro, también, que las recurrentes no alegaron, y menos aun demostraron, razones por las cuales se hayan visto forzadas a intervenir en el arbitraje, lo cual hubiera sido esperable si, como ellas sostuvieron, el contrato suscripto entre el demandante y WCP les era inoponible.
Reitero que las nulidicentes, en consonancia con el principio Kompetenz-Kompetenz, receptado ampliamente por la doctrina y la jurisprudencia (CNCom., Sala A, “SP Relevamientos Catastrales S.A Recovery S.A v. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba”, del 16.09.08; Sala E, “De la Vega José A. y otro c/ America IN SA s/ inhibitoria”, del 26.10.18; Rivera, Julio César, Op. Cit., p. 109 y 110; Roque J. Caivano y Roberto A. Bianchi, “El exequátur de un laudo extranjero y la inhibitoria en relación con un arbitraje internacional”, Jurisprudencia Argentina 2003-III, p. 97-106, entre otros), reconocieron implícitamente que el Tribunal Arbitral tenía atribuciones para analizar su propia competencia en el caso que le fuera encomendado (fs. 595), tal como lo hizo.
En ese sentido, recalco que si propusieron que se decidiera si el Tribunal Arbitral tenía jurisdicción sobre ellas, tal proceder implicó su sometimiento voluntario al resultado de lo que se resolviera. Por ello, no cabe que cuestionen ahora la decisión de dicho cuerpo.
Una conducta coherente con la posición que pretenden asumir aquí las recurrentes, hubiese aconsejado plantear derechamente su oposición a ser incluidas en el arbitraje y no suscribir el Acta de Misión, ya que, según su modo de ver, no estaban vinculadas al accionante por el contrato que dio origen al proceso arbitral.
En este contexto, aceptar la interpretación que proponen las recurrentes implicaría tanto como ir contra la doctrina de los propios actos, ya que una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando tal pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente (cfr. Luis Diez de Picasso Ponce de León, La doctrina de los propios actos, ed., Bosch, Barcelona, pág. 42; CNCom., esta Sala, “Mendez Alicia Mabel c/ Gruas El Gallego SA s/ ordinario”, del 12.03.19 ).
Recuerdo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha receptado desde antiguo la doctrina de los actos propios, habiéndola formulado en época más reciente en el sentido de que es exigible a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiéndose desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que merced a sus actos anteriores, se ha suscitado en la otra parte (CSJN, Fallos: 312:1725; 315:158 y 890).
Por ello, resulta a todas luces inaceptable la actitud de las recurrentes, por cuanto optaron por defenderse ante un Tribunal Arbitral al cual le desconocen la jurisdicción para dirimir el conflicto en el que ellas mismas decidieron ejercer su derecho de defensa.
Asimismo, remarco que otra prueba de la inconsistencia en el obrar de las nulidicentes es que no han alegado y menos acreditado que hayan iniciado algún procedimiento por ante quien ellas consideraban su juez natural a efectos de que asuma la competencia que, eventualmente, tendría en esta causa.
Advierto, a todo evento y de modo hipotético, que si la solución hubiera sido distinta, las nulidicentes sin duda propiciarían la validez jurisdiccional del laudo y su carácter de cosa juzgada.
De todo lo expuesto, se colige que la extralimitación invocada por las recurrentes, con fundamento en que el Tribunal Arbitral excedió sus facultades por no tener en cuenta que ellas fueron terceras no signatarias del contrato arbitral, resulta insuficiente para sustentar el planteo de nulidad sobre la base de la causal aquí tratada.
Una solución contraria implicaría un dispendio de la jurisdicción arbitral, que no concuerda con la conducta activa que las recurrentes asumieron al plantear la excepción que les fue resuelta adversamente y que determinó el curso de este proceso.
4. b. ii. “Falta esencial del procedimiento”
Recuerdo que las recurrentes se quejaron por cuanto consideraron que el “Laudo Parcial”, en tanto careció de motivación suficiente, resultó arbitrario y violatorio del debido proceso.
Alegaron que el Tribunal Arbitral no solo se declaró competente y extendió la jurisdicción para someterlas a la jurisdicción arbitral, sino que también dijo sustentar su decisión en el art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales (LSC), mas no examinó si existieron las maniobras fraudulentas que justificarían la aplicación de la norma invocada.
Asimismo, criticaron que se fallara sobre prueba obtenida sin su control y que se transgrediera, por ello, el “principio contradictorio” que debe regir en todo juicio.
Anticipo que propiciaré el rechazo de esta queja, pues no encuentro demostrados los presupuestos necesarios para la procedencia de la causal de nulidad invocada.
Con relación al primer cuestionamiento, aclaro que no advierto que en la decisión cuestionada se halle configurado motivo alguno de arbitrariedad, tal como postulan los recurrentes.
Las nulidicentes fincan la supuesta ausencia de motivación en una presunta falta de aplicación del art. 54 de la ley 19.550 por parte del Tribunal, pero soslayan el restringido marco de análisis que cabía en el “Laudo Parcial”, en tanto sentencia interlocutoria que dirimía una excepción previa.
A título informativo, remarco que mientras el demandante resistió la bifurcación del proceso y el tratamiento previo de la excepción de jurisdicción -propuesto por el Tribunal Arbitral- las recurrentes lo consintieron sin objeción alguna (fs. 654vta./655, antecedentes de la Orden Procesal N° 2). Es decir, que su propia conducta determinó, en parte, el conocimiento y sustento acotado que cupo a la decisión recurrida, del que ahora se quejan.
Destaco, también, que del fallo recurrido se desprende que el Tribunal Arbitral intencionalmente no trató la cuestión referida a si, efectivamente, en el caso se le podía imputar a las nulidicentes las maniobras fraudulentas -invocadas por el actor- que permitirían correr el velo societario y condenarlas por aplicación del art. 54 de la ley 19.550.
En efecto, al describir los antecedentes del caso, el fallo pormenorizó el relato del Sr. Pott respecto del supuesto fraude perpetrado por las demandadas, mas aclarando que “[a]unque en esta etapa la Misión del Tribunal Arbitral radica exclusivamente [en] resolver sobre las excepciones de Jurisdicción y Falta de Personería de la Demandada No 1, resulta de gran auxilio para definir la probabilidad de extender el acuerdo de Arbitraje a las Demandadas N° 2 a 5 [entre las que se encuentran las nulidicentes] analizar los antecedentes de la operación, puesto que brindan un contexto a la participación que tuvieron las Partes en el proceso de negociación, ejecución y cumplimiento de los contratos suscriptos” (fs. 160/160vta. El subrayado me pertenece).
En dicha inteligencia, y dejando a salvo reiteradas veces que el análisis del fondo del asunto no era materia de estudio para el “Laudo Parcial” (v.gr. ver fs. 163, párr. 24; fs. 184, párr. 173; fs. 184, párr. 174; fs. 184vta., párr. 176; fs. 184vta., párr. 177; fs. 184vta., párr. 179; fs. 188vta., párr. 220), luego de detallar las “Peticiones de las partes” (fs. 163vta./165), la “posición de cada demandada” (fs. 165/174), y la “posición de la Demandante” (fs. 174/183vta), el Tribunal Arbitral analizó pormenorizadamente las cuestiones debatidas (fs. 183vta./fs. 192vta.).
En el subtítulo “Control de las Demandadas Nos. 4 [Jordán] y 5 [Steed] sobre las Demás Demandadas [entre ellas, Patagonia]” (cuyo análisis comenzó en fs. 188vta.), el Tribunal Arbitral expresamente asentó los motivos que lo llevaron a decidir como lo hizo respecto de las tres nulidicentes.
En particular, en tanto Patagonia arguye que el fallo ni siquiera alega que ella haya sido controlante de WCP (fs. 213vta), aclaro que el Tribunal Arbitral, más allá de las diversas alusiones que realizó en punto a Patagonia (v.gr. fs. 102/102vta., párr. 18, 19 y 20), específicamente fundó su decisión respecto de dicha parte en los puntos 231 in fine y 232 (fs. 190), y juzgó que como “puede desprenderse del análisis anterior, existió un control indudable por los señores López Jordán y Steed sobre no sólo BDA sino también sobre WCP y Patagonia durante las fechas relevantes de la operación de compraventa y posterior venta de las acciones de BDA” (fs. 192, párr. 248).
Y así, respetando el carácter preliminar del “Laudo Parcial” y su limitado campo de estudio, el Tribunal Arbitral precisó que “[e]l fraude en sí mismo no [era] objeto de análisis en la cuestión de la jurisdicción y por ende [la] prueba ofrecida por la Demandante permite hacer inferencias que deberán ser evaluadas al discutir el fondo del asunto, en los términos del art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales No. 19550, como está planteado, con sus consecuencias legales, al tratar el fondo del asunto” (fs. 188vta., párr. 220).
En suma, sobre la base de los antecedentes del caso y las demás constancias de autos, el Tribunal Arbitral estableció una presunción iuris tantum que le permitió extenderle la cláusula arbitral a las recurrentes (fs. 192vta./193, párr. 254).
Por lo dicho, entiendo que el cuestionamiento de las nulidicentes representa una mera discrepancia con lo resuelto y, por ello, no merece ser receptado. Es que el “Laudo Parcial” no resulta arbitrario, pues presenta un razonamiento lógico y, teniendo en cuenta su naturaleza preliminar, cuenta con argumentación suficiente para dar sustento a lo decidido.
Recuerdo que, como dije en el pto. “4. a.” de este voto, el tratamiento de los recursos de nulidad no resultan una instancia de apelación y, por tanto, no cabe aquí revisar el acierto o la equivocación del veredicto recurrido, sino solo verificar si se configura la causal de nulidad invocada.
Sentado lo anterior, aclaro que la misma suerte ha de seguir la segunda crítica ensayada por las nulidicentes, puesto que no encuentro motivos para juzgar que el “Laudo Parcial” violó el “principio contradictorio” que debía regir en el proceso.
De un estudio de las actuaciones, surge claramente que las litigantes tuvieron oportunidad para asentar sus posturas, y presentar memoriales y réplicas, donde manifestaron su posición en punto a la excepción de jurisdicción.
Asimismo, se llevó a cabo una audiencia en la cual las litigantes tuvieron oportunidad de exponer sus argumentos y examinar los testigos y peritos ofrecidos por su contraria.
Destaco, además, que las recurrentes arguyen, genéricamente, que “buen parte de la ‛prueba’ con la que el Tribunal Arbitral construye su teoría de ‛control’ fue obtenida en forma unilateral por la Demandante y a espaldas del proceso arbitral, sin que el Tribunal permitiera [ a las demandadas ] tomar parte del proceso de búsqueda sin controlar su producción” (fs. 226vta. y fs. 13463).
Sin embargo, no detallan las pruebas a las que refieren, ni especifican el perjuicio que efectivamente le produjo la supuesta desviación de los métodos de debate.
Aclaro que el único elemento convictivo que podría considerarse incluido en su argumentación es cierto requerimiento efectuado al Juez de la Corte Suprema de las Islas Vírgenes Británicas.
Sobre tal aspecto, señalaron que “sin informarlo siquiera al Tribunal Arbitral ni a mis representados, la Demandante llevó adelante un procedimiento de “discovery” en la jurisdicción de British Virgin Islands contra los agentes de registro, para obtener documentación de WCP (y de otras sociedades que ni siquiera son parte del arbitraje”) (fs. 226vta. y fs. 632).
No obstante, tal agravio soslaya que la cuestión en torno a la procedencia de dicha prueba fue puntualmente resuelta por el Tribunal Arbitral en la Orden Procesal N° 5, previo a escuchar a las partes (fs. 667/670, ver los antecedentes de dicha decisión, detallados en fs. 667vta.).
En tal ocasión, el Tribunal Arbitral manifestó “[n]ada impide que cualquiera de las Partes en este procedimiento esté en capacidad de acudir, entre otros, a un registro de acceso público (vgr., el registro público de comercio de una jurisdicción) para allegarse de información relativa a la contraparte. A manera de ejemplo, la Demandante puede solicitar información respecto de las Demandadas antes o durante o incluso después de concluido el proceso de producción documental, a pesar de que la información solicitada estuviere también en manos de las Demandadas. Mientras la Demandante (o cualquiera otra de las Partes en el presente arbitraje) procure la prueba por medios legítimos, está en su derecho de obtenerla y presentarla a consideración del Tribunal Arbitral. En su momento, el Tribunal Arbitral tendrá la facultad de evaluar la procedencia y valor de la prueba” (fs. 669vta., “pto. i)”).
Agregó que en “la medida en que la autoridad judicial en las Islas Vírgenes Británicas haya determinado como procedente ordenar la entrega de información, el Tribunal Arbitral debe respetar su decisión (…) Ahora bien, toda vez que la legislación en la jurisdicción de referencia requiere que el Tribunal Arbitral considere y resuelva sobre la procedencia de que sean presentadas las pruebas en el arbitraje, la Demandante ha solicitado del Tribunal Arbitral que dirija una petición al Juez señalado anteriormente [Juez Gerhard Wallbank de la Corte Suprema de las Islas Vírgenes Británicas] a fin de que permita que la prueba obtenida pueda ser ofrecida en el presente arbitraje. En aras de conocer la verdad, el Tribunal Arbitral no encuentra objeción alguna a esta petición (…)” (fs. 670, “ptos. K y l”).
Dijo, también, que aunque “las Demandadas Nos. 2 a 5 [entre las que se encuentran las nulidicentes] han manifestado que la Demandante haya hecho uso de la documentación sin que el tribunal Arbitral (o la Corte Suprema de las Islas Vírgenes Británicas) la hubiese autorizado, esta afirmación no aparenta tener fundamento, puesto que se desconoce cuál es la información que se ha conocido con motivo del acceso a los registros de los agentes en dicha jurisdicción” (fs. 670, “pto m)”. El subrayado me pertence).
Concluyó, por tanto, que “la solicitud de la Demandante para girar una comunicación al Juez Gerhard Wallbank de la Corte Suprema de las Islas Vírgenes Británicas es procedente en los términos solicitados” (fs. 670).
Así, luce evidente la falta de fundamento de la queja invocada y, nuevamente, la postura contradictoria de las nulidicentes, quienes primero expresaron su posición sobre un cierto tópico y lo sometieron a la resolución del Tribunal Arbitral y, tras un resultado adverso, desconocieron lo acontecido.
Recuerdo lo mencionado en el punto “4. b. i.” de este voto respecto de la doctrina de los propios actos, la importancia de mantener una actitud coherente a lo largo del proceso y el valor de ajustar la conducta al deber de obrar de buena fe en el pleito.
Por todo lo dicho hasta aquí, considero que los fundamentos de las recurrentes son incapaces de sustentar el planteo de nulidad sobre la existencia de “falta esencial en el procedimiento” y, por tanto, deben ser rechazados.
4. c. En suma, juzgo que los cuestionamientos de las nulidicentes resultan una disconformidad con lo decidido por el Tribunal Arbitral y se adentran en errores in iudicando, ajenos al ámbito cognitivo del recurso de nulidad aquí analizado.
Reitero que no pueden las partes que han renunciado al recurso de apelación pretender elípticamente una revisión judicial de una resolución adversa, pues en ese caso quedaría desnaturalizado y priva de sus más preciosos beneficios el instituto del arbitraje (CSJN, “Color SA c/ Max Factor Sucursal Argentina s/laudo arbitral s/pedido de nulidad de laudo”, del 17.11.94; CNCom., Sala C, 03/06/03, “Calles Ricardo y otros c/General Motors Corporation”, 03.06.03; esta Sala, “Ricardo López y otros c/ Gemabiotech SA s/ organismos externos”, del 21.05.15).
En conclusión, en tanto las recurrentes no lograron acreditar los vicios que le imputaron al “Laudo Parcial”, sus planteos de nulidad deben ser desestimados.
5. Conclusión
Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo: rechazar los recursos de nulidad interpuestos y confirmar el “Laudo Parcial”. Con costas a las demandadas vencidas (Cpr. 68).
Por análogas razones los doctores Rafael F. Barreiro y Alejandra N. Tevez adhieren al voto que antecede.
Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:
Alejandra N. Tevez
Ernesto Lucchelli
Rafael F. Barreiro
María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara
Buenos Aires, 18 de julio de 2019.
Y Vistos:
I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: rechazar los recursos de nulidad interpuestos y confirmar el “Laudo Parcial”. Con costas a las demandadas vencidas (Cpr. 68).
II. Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y devuélvase a la instancia de grado.
Alejandra N. Tevez
Ernesto Lucchelli
Rafael F. Barreiro
María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara
B., G. c/B., R. s/Arbitral – recurso de apelación – Cám. Civ. y Com. Córdoba 3ª Nom. – 01/07/2014 – Cita digital IUSJU222134D
041996E
