Se confirma el procesamiento del imputado en orden al delito de amenazas, en tanto se determinó -con el grado de convicción propio de esta etapa procesal- que el imputado era el usuario habitual del teléfono celular del cual se realizó la llamada contra el Presidente de la Nación y que el llamado tuvo la capacidad de poner en marcha las medidas de seguridad que rodeaban a la figura presidencial acorde a los protocolos correspondientes; es decir, no se descartó la capacidad dañosa de esas palabras desde el inicio.
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